Gobierno anuncia cierre de 59 Centros de Referencia y reformas en programas sociales para optimizar gastos y transparentar la gestión pública

El Gobierno anunció el cierre de 59 Centros de Referencia en todo el país, argumentando que funcionan como "cajas de la política y refugios de ñoquis del Estado". Según el comunicado del Ministerio de Capital Humano, se espera lograr un ahorro anual de 5.000 millones de pesos con estas medidas, que incluyen la desvinculación de más de 600 empleados públicos, cuyos salarios sumaban un total de 4.000 millones de pesos al año.

Los Centros de Referencia, originalmente establecidos para facilitar la gestión de trámites y acercar las políticas públicas a la población, han sido señalados por el Gobierno de Javier Milei como ejemplos claros de la burocracia estatal. Según el Ministerio de Capital Humano, muchos de estos centros reciben pocas consultas diarias, no resuelven trámites y simplemente derivan a los ciudadanos a otros organismos.

La medida también contempla el cierre de 300 Unidades de Gestión a cargo de movimientos sociales, cooperativas y beneficiarios del programa Potenciar Trabajo, con el objetivo de reducir la influencia de los punteros políticos y disminuir el poder de las organizaciones sociales y piqueteros. Se prevé que esta acción contribuirá a una mayor transparencia en la distribución de fondos destinados a programas sociales.

El Gobierno argumenta que estas decisiones buscan modernizar y eficientizar la gestión pública, promoviendo trámites digitales y eliminando gastos innecesarios, como el alquiler de espacios (con un ahorro de 88 millones de pesos anuales), 50 autos (con un gasto anual de más de 20 millones de pesos) y 42 teléfonos celulares.

Adicionalmente, se anunciaron cambios en el programa Potenciar Trabajo, dividiéndolo en dos nuevos programas: "Volver al Trabajo" y "Acompañamiento Social". Estos programas se centrarán en el desarrollo de competencias sociolaborales y la promoción de la inclusión social para mejorar las condiciones de vida de los beneficiarios.

La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, destacó la intención de evitar intermediarios en la distribución de alimentos para comedores comunitarios, anunciando licitaciones transparentes en colaboración con Naciones Unidas. En una entrevista, la ministra reiteró la postura del Gobierno de evitar negocios en la política alimentaria y cuestionó la metodología de distribución de las organizaciones piqueteras, destacando la planificación de su cartera para abordar la situación de manera diferente.