Escándalo de reaseguros vinculado a Alberto Fernández: Comisiones millonarias y fuga de dólares en el centro de la investigación judicial

El juez Julián Ercolini ha solicitado un detallado listado de las empresas que actuaron como reaseguradoras en contratos con Nación Seguros, así como la identificación de las compañías locales que coaseguraron y los nombres de los productores involucrados en la trama. Este pedido surge en el contexto de una causa judicial que implica al ex presidente Alberto Fernández, su histórica secretaria María Cantero y Héctor Martínez Sosa, un broker con monopolio en los seguros del Estado.

La denuncia inicial provino de la abogada Silvina Martínez, respaldada por una investigación del editor general adjunto de Clarín, Ricardo Roa, que reveló un negocio anual de 20.000 millones de pesos y 300 millones en comisiones mensuales relacionadas con seguros e intermediarios en la ANSES. La Coalición Cívica, a través de los diputados Juan Manuel López y Paula Oliveto, también presentó una denuncia.

El fiscal Ramiro González imputó al ex presidente y a Alberto Pagliano, ex titular de Nación Seguros. Posteriormente, el juez Ercolini solicitó informes a diversas entidades gubernamentales, ahora bajo la administración actual, y movimientos migratorios de personas vinculadas al caso.

Ercolini fue preciso al solicitar a Nación Seguros la lista de empresas que actuaron como coaseguradoras o reaseguradoras, así como la nómina de productores asesores de seguros involucrados en operaciones a partir del decreto 823/2021, que vincula a todas las reparticiones públicas con Nación Seguros.

En el marco de la investigación, se destaca la relación entre María Cantero, la secretaria de Fernández, y Héctor Martínez Sosa, el broker con monopolio en los seguros del Estado, quien también prestó dinero al ex presidente. La deuda, según Fernández, se mantuvo invariable durante su mandato.

La trama involucra el uso de herramientas como coaseguro y reaseguro. El coaseguro redistribuye la responsabilidad de la cobertura de riesgos locales entre aseguradoras, mientras que el reaseguro, involucrando a empresas internacionales, se presenta como un seguro para el seguro. En este caso, se señala que la utilización del reaseguro podría haber sido aprovechada para la fuga de dólares y la obtención de comisiones millonarias.

Empresarios del sector advierten sobre la desnaturalización de estas herramientas, generando millonarias comisiones y favoreciendo a intermediarios. La investigación también se centra en la presunta manipulación de la normativa, como el decreto 823/2021, para favorecer ciertos negocios.

Alberto Fernández, aunque ha defendido su postura públicamente, aún no se ha presentado en Comodoro Py. En cambio, Juan Manuel Manganaro, presidente del Grupo Gaman, mencionado en la investigación, negó vínculos comerciales con el Estado.

La empresa de Martínez Sosa, con más de 50 años en el mercado, ha sido clave en el ámbito de los seguros, obteniendo monopolios en distintas gestiones gubernamentales. La Justicia se encuentra investigando la relación entre el broker y Alberto Fernández, destacándolo entre los principales negociadores del sector con el Estado.

La investigación, centrada en los reaseguros, busca determinar posibles maniobras financieras controvertidas. Empresarios del sector sostienen que, aunque los reaseguros son necesarios para mantener la solvencia de las aseguradoras, también pueden convertirse en vehículos para prácticas cuestionables.