En el ámbito de las fuerzas policiales y de seguridad en Argentina, se han evidenciado una serie de falencias alarmantes en los controles respecto de las faltas administrativas (sanciones en el régimen disciplinario). Instituciones como la Policía Federal Argentina, Gendarmería Nacional Argentina, Policía de Seguridad Aeroportuaria y Prefectura Naval Argentina, han sido escenario de prácticas arbitrarias que afectan no solo el debido proceso, sino también la integridad laboral de sus miembros.
La falta de un control efectivo y transparente sobre estas faltas administrativas ha permitido que muchas sean llevadas a cabo de manera discrecional, sin respetar los derechos fundamentales de los involucrados. Lo que es aún más preocupante es que estas acciones, lejos de perseguir el objetivo de mantener el orden y la disciplina, parecen servir como mecanismo de control por parte de los superiores hacia el personal, generando severos perjuicios en las carreras laborales de quienes se ven afectados.
El Ministerio de Seguridad, entidad responsable de supervisar y regular estas instituciones, debería desempeñar un papel fundamental en la protección de los derechos de los agentes de seguridad. Sin embargo, en la práctica, los órganos supuestamente encargados de esta tarea, como la Subsecretaría Legal a cargo de Diego Hernán Goldman, la Unidad de Gabinete de Asesores liderada por Carlos Alberto Manfroni, o la Secretaría de Coordinación Administrativa dirigida por Martín Siracusa, han demostrado ser poco más que una fachada.
Particularmente la "Secretaría de Coordinación, Bienestar, Control y Transparencia Institucional" de la cual depende el área "Subsecretaría de Control y Transparencia Institucional" y a su vez "Dirección de Control de Actuaciones Administrativas y Disciplinarias". En la práctica estos organismos no realizan un análisis exhaustivo ni nada similar, sino simplemente validan el accionar de las fuerzas o envían informes a las mismas, generando graves conflictos al denunciante.
No existen datos públicos disponibles para evaluar por parte de la sociedad el accionar de estas áreas ni tampoco un informe de auditoría externa.
Bajo la gestión de la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se ha perpetuado una situación en la que las denuncias por faltas administrativas son recibidas con escepticismo y desconfianza por parte de las autoridades. En lugar de investigar de manera imparcial, se opta por cuestionar a las personas que se atreven a denunciar, generando un clima de temor y desamparo entre los miembros de las fuerzas de seguridad.
Es evidente que se requiere una reforma integral en los mecanismos de control y supervisión de las faltas administrativas en las fuerzas policiales y de seguridad. Es fundamental establecer procesos claros y transparentes que garanticen el respeto por los derechos de todos los involucrados, así como la imparcialidad en las investigaciones. Además, se deben fortalecer los órganos de protección de derechos dentro del Ministerio de Seguridad, dotándolos de los recursos necesarios para llevar a cabo su labor de manera efectiva.
La situación actual no solo afecta la integridad y el bienestar de los agentes de seguridad, sino que también socava la confianza de la ciudadanía en estas instituciones. Es hora de abordar estas falencias de manera urgente y trabajar hacia un sistema de seguridad más justo, transparente y respetuoso de los derechos humanos.
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