Procurador General de la Nación solicita condena para empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa por fraude millonario al Estado en caso Oil Combustibles

En un reciente desarrollo del caso conocido como Oil Combustibles, el Procurador General de la Nación, Eduardo Casal, ha emitido un contundente dictamen solicitando la condena de los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa por su presunta participación en un millonario fraude al Estado.

La causa, que ha captado la atención pública, se centra en las acusaciones de evasión fiscal contra López y De Sousa, quienes son ex inquilinos de la expresidenta Cristina Kirchner y propietarios del Grupo Indalo. La deuda generada por esta supuesta evasión asciende a más de 5.600 millones de pesos.

El Tribunal Oral Federal 3 emitió su fallo el 17 de marzo de 2022, con la sorprendente absolución de los empresarios K y la condena exclusiva al ex titular de la AFIP, Ricardo Echegaray. Ante la apelación y revisión del caso por parte de la Cámara de Casación, la resolución original fue confirmada, generando descontento y posterior recurso ante la Corte Suprema de Justicia.

El procurador Casal respalda la apelación del fiscal Mario Villar, argumentando que la conducta de López y De Sousa va más allá de la simple solicitud de facilidades de pago ante la AFIP. Según Casal, la maniobra delictiva involucra una "trama densa de relaciones personales" que beneficiaron económicamente a los empresarios en detrimento del Estado.

El dictamen destaca que la decisión del Tribunal Oral Federal 3 de absolver a los empresarios fue basada en un "recorte arbitrario de una trama mucho más compleja", según Casal. El procurador sostiene que la evaluación de las pruebas fue realizada de manera individual y fuera de contexto, prescindiendo de la visión integral necesaria para inferencias razonables.

Casal enfatiza que la conducta de López y De Sousa no se limitó a la mera solicitud de facilidades de pago, como sugirieron algunos jueces, sino que involucró prácticas empresariales que minaron la capacidad de control de la AFIP. Además, señala la existencia de una red de relaciones personales y comerciales entre los empresarios y altos funcionarios de la administración pública.

En conclusión, el Procurador General de la Nación respalda la posición de la Corte Suprema de Justicia para reevaluar el caso, subrayando la complejidad de la trama y la necesidad de analizar las pruebas de manera integral. Este desarrollo agrega un nuevo capítulo a un caso que ha generado gran interés y debate en la sociedad.