Jueza de La Plata da curso a acción contra aumento desmedido del Impuesto Inmobiliario Rural en Buenos Aires

La decisión de la jueza María Fernanda Bisio del Juzgado en lo Contencioso Administrativo Nº 1 del Departamento Judicial La Plata, de dar curso a la acción presentada por Agustín Arechavala contra el aumento del Impuesto Inmobiliario Rural en la provincia de Buenos Aires, refleja la creciente preocupación entre los productores agrícolas y ganaderos por el incremento exorbitante de las cargas impositivas.

Agustín Arechavala, un productor ganadero de San Vicente y abogado, ha interpuesto esta acción legal argumentando que el aumento del impuesto supera el límite del 200% estipulado por la legislatura bonaerense. Este incremento desproporcionado, según Arechavala, afecta gravemente la viabilidad económica de su actividad, especialmente tras las pérdidas ocasionadas por la reciente sequía.

La jueza Bisio ha decidido tramitar el caso como juicio ordinario, otorgando a la Fiscalía del Estado Provincial un plazo de 45 días para responder a la demanda. Además, ha solicitado un informe a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) para fundamentar su decisión.

La preocupación por el aumento del impuesto inmobiliario rural no se limita a Arechavala. Productores agrícolas y ganaderos de diversas localidades como Azul, Cacharí y Chillar están organizando manifestaciones para expresar su rechazo a estas medidas impositivas. Cristina Boubee, una de las productoras afectadas, denuncia un incremento del 426% en el impuesto entre el año pasado y 2024, y asegura que algunos casos han experimentado aumentos del 500%.

Este aumento desmedido del impuesto inmobiliario rural se suma a una serie de incrementos impositivos que están afectando severamente a los productores de la provincia. La situación económica se torna insostenible para muchos, amenazando la capacidad de generar empleo y mantener la actividad productiva en un contexto ya complicado por factores climáticos adversos.

En resumen, el caso de Arechavala y la movilización de otros productores reflejan la creciente preocupación y descontento ante un sistema impositivo que, lejos de incentivar la producción y el desarrollo rural, está poniendo en riesgo la sustentabilidad económica de los productores agropecuarios en la provincia de Buenos Aires.