La falta de resolución por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina en casos de sentencias favorables a jubilados y pensionados, apeladas por la ANSeS, está generando una profunda preocupación en la sociedad. Estos retrasos no solo afectan a los afectados directos, sino que también ponen en entredicho la seguridad jurídica en el país.
Desde 2009, numerosos recursos extraordinarios han llegado al alto tribunal y continúan sin resolverse, dejando en suspenso decisiones judiciales cruciales para miles de ciudadanos argentinos. La falta de plazos definidos para las resoluciones, incluso en casos que involucran a personas de la tercera edad, agrava la incertidumbre y la vulnerabilidad de los afectados.
Luis Herrero, ex Presidente de la Cámara de la Seguridad Social (CFSS), ha expresado su preocupación, calificando la demora de la Corte Suprema como inexplicable desde una perspectiva humana y grave desde un punto de vista jurídico. Según Herrero, esta inacción perjudica a la parte más débil, que busca proteger sus derechos a través de la justicia, mientras que beneficia a aquellos que incumplen con dichos derechos.
Algunos de los recursos extraordinarios pendientes ante la Corte incluyen casos fundamentales como el reclamo del Defensor del Pueblo para aplicar la movilidad de Badaro a todos los jubilados, que ingresó en 2009 y aún no ha sido resuelto, así como el caso "Hartman Gabriel", que establece un haber jubilatorio mínimo, y otros relacionados con la modificación de la fórmula de movilidad jubilatoria.
Guillermo Jauregui, abogado especializado en la materia, ha destacado que en la Corte Suprema se encuentran pendientes de resolución cuestiones previsorias de relevancia, como la definición del índice de actualización de la prestación básica universal (PBU). Además, enfatizó que el Pacto de San José de Costa Rica, al que Argentina está suscrita, obliga a los estados a dictar sentencias en un "plazo razonable", un principio que la Corte parece estar olvidando.
La dilación en la resolución de estos casos no solo genera incertidumbre entre los justiciables, sino que también sobrecarga al sistema judicial, lo que podría llevar a acciones legales inconducentes y una mayor saturación de los tribunales.
En resumen, la falta de acción de la Corte Suprema en estos asuntos no solo deja en la incertidumbre a miles de jubilados y pensionados, sino que también pone en tela de juicio la seguridad jurídica en Argentina. Es crucial que se tomen medidas para agilizar estos procesos y garantizar el acceso a una justicia oportuna y equitativa para todos los ciudadanos.
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