En una reciente iniciativa de la Legislatura de Córdoba para abordar la problemática de la seguridad, se constituyó una mesa de trabajo integrada por diversos expertos en la materia. Sin embargo, la exclusión (o baja participación) de profesionales graduados universitarios en seguridad, como licenciados en la disciplina, ha generado un debate sobre la falta de representación de estos actores en espacios gubernamentales clave y, más preocupante aún, ha resaltado una posible contravención al artículo 16 de la Constitución Nacional Argentina, el cual hace hincapié en la idoneidad como requisito fundamental en la ocupación de cargos públicos.
La ausencia de estos profesionales graduados en seguridad en las mesas de trabajo gubernamentales no solo constituye una omisión lamentable, sino que también subraya una brecha evidente entre la formación universitaria especializada y la práctica institucional. La Ley 24521 de Educación Superior establece claramente los parámetros para la formación de profesionales en seguridad, otorgando títulos que certifican la competencia en el campo. Sin embargo, la falta de convocatoria a estos especialistas en ámbitos de toma de decisiones gubernamentales socava el principio mismo de la idoneidad y desestima el valor de la formación académica específica.
Es importante destacar que la exclusión de estos profesionales no solo afecta el desarrollo y reconocimiento de su labor, sino que también tiene consecuencias directas en la efectividad de las políticas públicas de seguridad. La formación universitaria en seguridad proporciona un enfoque integral y fundamentado en la comprensión de los problemas de seguridad, así como en la implementación de soluciones basadas en evidencia y mejores prácticas.
La Asociación de Profesionales en Seguridad de Córdoba (ASPROSEG) ha manifestado su preocupación ante esta situación, señalando que la recurrente elección de supuestos "expertos" en seguridad, en detrimento de los licenciados y graduados universitarios en la materia, genera descontento y afecta el desarrollo profesional de estos últimos. Además, esta exclusión reduce el campo laboral de los egresados de las universidades locales, limitando sus oportunidades en un mercado laboral dominado por actores sin la formación específica requerida.
Resulta imperativo que las políticas de seguridad gubernamentales reconozcan y respeten los alcances profesionales y disciplinarios dados por la formación universitaria en seguridad. La inclusión de licenciados y graduados en mesas de trabajo como la creada por la Legislatura de Córdoba no solo enriquecerá el debate con perspectivas especializadas, sino que también garantizará una mayor eficacia en la formulación e implementación de políticas públicas orientadas a abordar los desafíos de seguridad de manera integral y efectiva.
En resumen, es fundamental que las instancias gubernamentales respeten los principios constitucionales de idoneidad y reconozcan la importancia de la formación universitaria en seguridad para promover una verdadera mejora en las políticas de seguridad y, por ende, en la protección y bienestar de la sociedad en su conjunto.
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