Reestructuraciones en Seguridad Nacional: nuevas agencias, cambios formales y tensiones presupuestarias, todo cambia para nada cambiar

La reciente confirmación de la creación de la Agencia de Seguridad Migratoria, que funcionará bajo la órbita del Ministerio de Seguridad Nacional, volvió a poner en agenda una práctica recurrente dentro de la administración pública: la creación y reestructuración de áreas como mecanismo para reorganizar poder, personal y presupuesto. La nueva agencia se suma a otras estructuras del Ministerio, como la Agencia Federal de Emergencia y el Registro Nacional de Armas (RENAR), en un contexto de cambios institucionales impulsados por decreto.

Según explicó la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, la transformación de la Dirección Nacional de Migraciones en una agencia con perfil de seguridad responde a un "cambio de paradigma" (verso si los hay), que busca integrar la política migratoria a la estrategia de seguridad nacional. Sin embargo, especialistas en administración pública advierten que este tipo de reconfiguraciones no siempre implica modificaciones sustantivas en las funciones operativas, sino que muchas veces mantiene las mismas tareas bajo una nueva denominación.

En el ámbito estatal, estas estructuras intermedias suelen ser denominadas informalmente como “ravioles”: capas administrativas creadas entre niveles jerárquicos, que habilitan nuevos cargos de conducción y asesoramiento. La reestructuración de áreas es, en la práctica, uno de los pocos mecanismos legales que permite desplazar personal existente y designar cuadros propios, aun cuando las funciones de fondo permanezcan prácticamente sin cambios.

La creación de nuevas agencias también tiene impacto presupuestario. Al redefinir organigramas, se habilita la reasignación de partidas y la justificación de nuevos gastos operativos. Este proceso facilita, además, la utilización de mecanismos de compra por “urgencia” o “necesidad”, figuras previstas en la normativa vigente que reducen plazos y controles administrativos, especialmente en etapas iniciales de funcionamiento.

Este escenario contrasta con la situación salarial y social del personal de las fuerzas federales. Actualmente, los ingresos promedio del personal en actividad rondan los 700.000 pesos mensuales, muy por debajo del RIPTE (Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables), que se ubica en torno a los 1.600.000 pesos. A esta brecha se suma el deterioro de los sistemas de cobertura social y previsional. Recientemente se esposó un policía en la Casa Rosada para denunciar corrupción en la Superintendencia de Transporte de la Policía Federal Argentina y bajos salarios. Situación similar que hace meses sucedió con una mujer que se encadenó en la puerta del complejo hospitalario Churruca.

La obra social de las fuerzas, IOSFA, atraviesa un proceso de disolución y transición hacia un esquema de contratación de servicios privados, en un contexto de desfinanciamiento que afecta tanto a efectivos en actividad como a personal retirado. El sistema de retiros y pensiones también presenta dificultades estructurales, con demoras y pérdida de poder adquisitivo.

Como consecuencia de esta situación, fuentes del propio sector señalan que numerosos integrantes de las fuerzas federales recurren a actividades complementarias para subsistir, como la venta de bienes por internet o el trabajo en plataformas de transporte, una realidad que contrasta con el discurso oficial de fortalecimiento institucional y profesionalización.

Mientras el Ministerio avanza en la creación de nuevas agencias y en la reorganización formal de estructuras, persiste la tensión entre el crecimiento administrativo en los niveles superiores y las condiciones materiales de quienes sostienen la operatividad cotidiana del sistema de seguridad. La evolución de estas reformas y su impacto real en la gestión, el gasto público y el personal de las fuerzas seguirá siendo un punto central del debate público en los próximos meses.

Un efectivo de la Policía Federal denuncia una trama de "planillas fantasmas" y denuncia corrupción en la Superintendencia de Transporte de la PFA tras encadenarse en Casa Rosada

En un episodio de alta tensión institucional que tuvo lugar en la mañana del miércoles 4 de febrero de 2026, el Cabo de la Policía Federal Argentina (PFA), Miguel Ángel Montiel, protagonizó una protesta en la entrada principal de la Casa Rosada para denunciar una presunta red de corrupción sistémica dentro de la Superintendencia de Transporte de la fuerza. 

El efectivo, quien presta servicio en la Comisaría del Ferrocarril Belgrano Norte, se presentó uniformado y portando su arma reglamentaria —la cual entregó posteriormente al personal de custodia— para esposarse a las rejas perimetrales de Balcarce 50 cerca de las 10:40 horas. Acompañado por su esposa y sus tres hijos pequeños, Montiel desplegó una bandera con la inscripción "PFA. Corrupción Superintendencia de Transporte", exponiendo un conflicto que trasciende el reclamo salarial y apunta a graves irregularidades administrativas y penales.

El núcleo de la denuncia, profundizado durante una entrevista realizada en el lugar por el periodista Fabián Waldman para la radio FM La Patriada, se centra en la existencia de un mecanismo de defraudación conocido como "planillas fantasmas". Según el testimonio de Montiel, la cúpula de su división obliga al personal subalterno a cubrir servicios de brigadas de prevención en los trenes y estaciones fuera de su horario laboral y sin remuneración alguna, bajo la amenaza de sanciones administrativas o la instrucción de sumarios. 

El cabo explicó que mientras él y sus compañeros realizan estas tareas "gratis" y en condiciones de extrema vulnerabilidad —yendo solos a requisar furgones con presencia de estupefacientes—, en los registros oficiales figuran otros efectivos que no prestan el servicio pero sí cobran los adicionales, dinero que terminaría alimentando una "caja negra" manejada por los jefes. Montiel detalló situaciones específicas, como recibir órdenes a las 2 de la mañana para desplazarse desde su puesto en la estación Munro hasta Morón, tras haber cumplido su jornada de 18:00 a 00:00 horas, exponiendo su integridad física y mental sin descanso.

La gravedad de las acusaciones vertidas por Montiel quedó plasmada formalmente tras su traslado. Documentación judicial que accedió y publicó el periodista Fabián Waldman a la que se tuvo acceso confirma que se iniciaron actuaciones bajo el registro interno N° 14/2026 en la División Operaciones Judiciales de la Dirección General de Asuntos Internos. 

El "Certificado de Denuncia" emitido el mismo 4 de febrero detalla que la causa, caratulada "SU DENUNCIA", ha quedado radicada en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nro. 7, a cargo del Dr. Sebastián Casanello, con intervención de la Secretaría Nro. 13 del Dr. Pablo Lemos. En dicho documento, el cabo Montiel señala como imputados a una extensa lista de superiores y pares de la División Comisaría FF.CC. Belgrano Norte: el Subcomisario Jesús Gabriel Gómez (D.N.I. 26.818.290), el Subcomisario David Antonio Ramírez (D.N.I. 30.425.493), el Subcomisario Sebastián Hernán Martínez (D.N.I. 28.513.123), el Principal Miguel Ángel Gómez (D.N.I. 32.872.211), la Subinspector Cecilia Beatriz Rejas (D.N.I. 39.481.714), el Subinspector Facundo Emanuel Cabañas (D.N.I. 37.801.069), el Ayudante Lautaro Nicolás Fernández (D.N.I. 43.667.858), el Ayudante Lucas Eduardo Guzmán (D.N.I. 41.971.599) y la Ayudante Luciana Anahí Ocampo (D.N.I. 41.858.496). Específicamente, ante los medios, Montiel había señalado previamente al subcomisario Martínez y al principal Gómez como conocedores directos de las maniobras de recaudación ilegal.

Paralelamente a la vía judicial, la respuesta administrativa de la fuerza sugiere un intento de deslegitimar el reclamo mediante la patologización del denunciante. Fuentes de la Policía Federal indicaron a la prensa que Montiel presentaba "un cuadro de alteración psicológica", el cual consideraban exacerbado por la influencia de su esposa. 

Esta narrativa se materializó en una notificación oficial firmada por la Principal Alejandra Marelli, Jefe de Servicio de la División Operaciones Judiciales de Asuntos Internos. 

En el documento, se notifica a Montiel que deberá presentarse con carácter obligatorio el jueves 5 de febrero a las 10:00 horas ante la División Junta Permanente de Reconocimientos Médicos, situada en la Avenida Gral. Hornos 168, C.A.B.A., esto según surge de la publicación en la red social X que accedió Fabián Waldman.

Este procedimiento es interpretado por sectores de la fuerza como una maniobra estandarizada para "pasar por loco" al efectivo, forzar una licencia psiquiátrica y eventualmente justificar su exoneración, desacreditando así la veracidad de la denuncia de corrupción institucional. 

El propio Montiel anticipó esta represalia durante la protesta, declarando: "Seguramente me van a sancionar, me voy a quedar sin mi vocación de servicio... tomé la decisión de que todos los camaradas, los que vienen detrás mío, tengan un cambio".

El contexto del reclamo también abarca la precariedad salarial. Montiel reveló que percibe un sueldo de 700.000 pesos, monto que considera insuficiente dadas las exigencias y riesgos de su labor. Pese a la contundencia de su medida de fuerza, el cabo se definió como "apolítico" y aclaró su postura ideológica: "He votado a Javier Milei y lo volvería a votar porque su gestión me gusta, pero no se tiene que olvidar de nosotros", reclamando al Gobierno nacional que atienda la destrucción de la institución y la falta de herramientas y cobertura de salud. 

La protesta concluyó luego de casi una hora, tras la intervención de un equipo de psicólogos del Hospital Churruca y la mediación del Superintendente de Asuntos Internos, Néstor Zoya, y el comisario inspector de Casa Rosada, Federico Guarrochena.

Este incidente no es un hecho aislado, sino que se inscribe en un clima de malestar generalizado en las fuerzas de seguridad, exacerbado por una reciente ola de suicidios que incluyó a un cabo de 21 años en la Quinta de Olivos, un gendarme en Salta y un suboficial del Ejército, entre otros casos ocurridos desde diciembre pasado. 

Mientras la Ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, aseguró horas antes del incidente que "se está trabajando" en la mejora de salarios y el sistema de salud, la situación de Montiel expone la grieta entre el discurso oficial y la realidad operativa de los agentes, quienes denuncian ser utilizados como mano de obra barata para esquemas de recaudación ilícita mientras enfrentan la persecución interna si deciden hablar.