Del “fin de la casta” a las sospechas de corrupción: el Gobierno bajo presión por la crisis en discapacidad

El Gobierno nacional atraviesa un nuevo frente de tensión tras la difusión de audios atribuidos al director de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Diego Spagnuolo, en los que se mencionan presuntos sobornos vinculados a laboratorios y droguerías que trabajan con el Estado. El episodio se produce en un contexto de fuerte malestar social por la caída de salarios y subsidios que golpea principalmente a militares, policías, docentes, médicos, jubilados y personas con discapacidad.

La difusión de las grabaciones, cuyo origen se desconoce y que circularon en redes sociales y canales de streaming, generó preocupación en el Congreso. Legisladores opositores solicitaron explicaciones formales y se promovió una cuestión de privilegio contra Spagnuolo. Sin embargo, tanto en la Andis como en la Casa Rosada optaron por el silencio: no confirmaron ni desmintieron la autenticidad de los audios ni se pronunciaron sobre el eventual involucramiento de figuras cercanas al oficialismo, como Eduardo “Lule” Menem y Karina Milei.

El malestar político coincidió con un nuevo revés parlamentario. La oposición logró revertir el veto presidencial a la ley que declara la emergencia en el área de discapacidad, en una votación donde incluso legisladores de La Libertad Avanza se desmarcaron del oficialismo. El episodio evidenció la creciente debilidad política del Gobierno, que había llegado al poder con la promesa de “ir contra la casta” pero que, a casi dos años de gestión, enfrenta acusaciones de corrupción en organismos sensibles mientras aplica ajustes que impactan de lleno en los sectores más vulnerables.

La crisis se profundiza en un área ya debilitada por el retraso en los aranceles de prestadores, la suspensión de pensiones por invalidez y la falta de definiciones sobre un aumento en las prestaciones. Spagnuolo, designado por su cercanía personal con el presidente Javier Milei y sin antecedentes en el campo de la discapacidad, es uno de los funcionarios con mayor acceso a la Quinta de Olivos. Ahora, su gestión está bajo la lupa tanto por la auditoría pendiente de las pensiones como por los audios que comprometen su credibilidad.

Mientras la justicia federal deberá investigar las denuncias presentadas, en la Casa Rosada se evalúa si avanzar con la separación de funcionarios o mantener el silencio. La falta de una respuesta oficial alimenta la incertidumbre y suma tensión en un Gobierno que enfrenta crecientes cuestionamientos por la contradicción entre su discurso de lucha contra la corrupción y el ajuste que ya afecta a quienes dependen de subsidios y salarios estatales.