El trágico suicidio del agente oriundo de Vera fue el detonante de una protesta que trasciende lo económico. Los efectivos denuncian una ingeniería contable diseñada para evadir aportes mediante sumas en negro, un régimen de sanciones arbitrarias y una epidemia de salud mental silenciada por el poder político.
ROSARIO. – La crisis de seguridad pública en la provincia de Santa Fe ha entrado en una fase crítica e inédita. Tras el fracaso de las negociaciones de la madrugada de este miércoles, el conflicto policial se ha agudizado con un acuartelamiento de hecho y protestas frente a la Jefatura de Rosario. Sin embargo, detrás de los patrulleros parados y el humo de las cubiertas, subyace una problemática estructural mucho más profunda que un reclamo paritario: el colapso de un modelo de gestión basado en la precarización laboral y el hostigamiento administrativo.
El punto de quiebre fue la muerte del suboficial Oscar Valdez, de 32 años. Su deceso, ocurrido tras un intento de suicidio en las puertas de la misma Jefatura de la Unidad Regional II, visibilizó la desesperación de un sector que se siente descartable. Valdez, oriundo de Vera, encarnaba la realidad de miles de agentes que deben recorrer más de 500 kilómetros para prestar servicio en Rosario, sometidos a jornadas extenuantes y condiciones de desarraigo que el Estado provincial no ha logrado resolver.
La ingeniería del "fraude salarial"
El malestar en las filas policiales encuentra su raíz técnica en la composición de los haberes. Documentación y recibos de sueldo a los que se ha tenido acceso revelan una distorsión contable sistemática avalada por el Ministerio de Economía y Seguridad. En la actualidad, el "Sueldo Básico" de un agente representa, en muchos casos, menos del 10% del total de sus ingresos brutos.
El grueso del salario policial se compone de ítems "No Remunerativos" y "No Bonificables". Esta arquitectura financiera no es un error, sino una política de Estado que funciona, en la práctica, como una evasión de cargas sociales por parte del propio fisco. Al pagar mediante sumas fijas o códigos "parche" (como asignaciones especiales o refuerzos no bonificables), el gobierno evita que los aumentos impacten en la antigüedad y en los adicionales por título, achatando la pirámide jerárquica.
Esta maniobra tiene consecuencias devastadoras a largo plazo: desfinancia la Caja de Jubilaciones y vacía la obra social IAPOS. El policía activo percibe dinero de bolsillo que desaparece al momento del retiro, condenando al personal pasivo a la indigencia y obligando al personal en actividad a depender de "bonos" discrecionales que no generan derechos adquiridos. Juristas consultados advierten que el manejo discrecional de estas partidas presupuestarias para evitar obligaciones patronales podría encuadrarse en figuras de malversación de caudales públicos y fraude a la administración fraudulenta.
El abuso de autoridad como método de control
Más allá de lo económico, la protesta ha sacado a la luz un mecanismo perverso de disciplinamiento interno. Los efectivos denuncian que cualquier intento de reclamar por estas irregularidades o por las condiciones inhumanas de trabajo (regímenes de 12 horas de labor por 36 de descanso que no contemplan los tiempos de viaje) es sofocado mediante el abuso de autoridad.
El sistema de sanciones, particularmente los "pases a disponibilidad" y los sumarios administrativos, se utiliza como herramienta de censura. A esto se suma una práctica denunciada recurrentemente: el uso punitivo de la psiquiatría. Agentes que exponen su agotamiento o disconformidad son enviados compulsivamente a carpetas psiquiátricas y desarmados, no como una medida de cuidado, sino como una forma de estigmatización y congelamiento de carrera, anulando cualquier posibilidad de ascenso.
Fracaso político y ruptura de la jerarquía
La respuesta del gobierno de Maximiliano Pullaro ha sido, hasta el momento, endurecer la postura. El ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni, atribuyó el conflicto a "maniobras políticas" y "fake news" impulsadas por policías exonerados, llegando a ordenar la represión de familiares de los uniformados con gas pimienta, un hecho que terminó de romper la confianza entre la tropa y la conducción política.
A pesar del anuncio de un plus salarial de $500.000 para efectivos de calle, la medida fue rechazada por las bases. Los policías entienden que aceptar sumas fijas "en negro" es perpetuar el mismo sistema que destruye su futuro previsional. La cadena de mando se ha cortado: las órdenes de los jefes policiales, desautorizados por sus subordinados, no se cumplen, y la información no fluye hacia la cúpula gubernamental.
Un drama silencioso
El caso de Valdez no es aislado. Según datos del Ministerio Público de la Acusación (MPA), en 2025 se registraron 17 suicidios de efectivos solo en la jurisdicción de Rosario, una cifra que supera estadísticamente a las bajas producidas por enfrentamientos con el crimen organizado. El mayor riesgo para el policía santafesino hoy no parece estar solo en las balas del narcotráfico, sino en la presión interna de una institución que no ofrece contención real.
Mientras el gobierno insiste en teorías conspirativas sobre perfiles falsos en redes sociales y manipulación política, la realidad en las calles muestra patrulleros detenidos y familias exigiendo dignidad. La falta de una solución de fondo a la estructura salarial ilegal y el cese de los abusos de autoridad prometen extender un conflicto que mantiene en vilo la seguridad de toda la provincia.
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