La jornada del miércoles 4 de febrero quedó marcada por una imagen inusual en las puertas del poder ejecutivo: el cabo Miguel Ángel Montiel, perteneciente a la Policía Federal Argentina (PFA), se esposó a las rejas de la Casa Rosada a las 10:40 horas para denunciar una trama sistémica de corrupción dentro de la fuerza.
La protesta, realizada de manera pacífica junto a sus familiares y bajo una pancarta que señalaba directamente a la Superintendencia de Transporte, ha destapado no solo presuntas irregularidades financieras, sino también un inquietante mecanismo institucional destinado a silenciar y desacreditar a quienes exponen estas fallas.
La gravedad de las acusaciones ha derivado en la intervención inmediata de la justicia federal, poniendo bajo la lupa tanto a la cúpula policial como a los responsables políticos del área de transporte.
El eje central de la denuncia de Montiel, apunta contra el titular de la Superintendencia de Transporte de la PFA, el Comisario General Omar Farías.
Según el testimonio del cabo, existe un esquema de defraudación mediante "puestos fantasmas", "planillas fantasmas" y el cobro de servicios de policía adicional que nunca se prestan. Montiel aseguró que "se ve mucha corrupción de puestos fantasmas y de brigadas que no son pagadas", describiendo un sistema donde los recursos destinados a la seguridad en el ámbito ferroviario serían desviados.
El denunciante fue categórico al señalar la connivencia en las altas esferas, afirmando que "Farías maneja todo", a pesar de que el comisario habría negado estar al tanto de las irregularidades. A su vez ha manifestado que tanto el Subcomisario Jesús Gabriel Gómez cómo el Subcomisario Sebastián Hernán Martínez estaban al tanto de las maniobras, siendo estas personas denunciadas en la causa conjuntamente con otros integrantes del área.
Esta situación se agrava por el contexto de precariedad que atraviesan los suboficiales, con salarios que oscilan entre los 700.000 y 800.000 pesos, muy por debajo de un RIPTE de 1.600.000 pesos, lo que obliga al personal a realizar "changas" y deriva en el desfinanciamiento de servicios esenciales como el complejo médico Churruca.
Sin embargo, el aspecto más alarmante que ha surgido en las últimas horas no es solo la denuncia de corrupción, sino la presunta maniobra administrativa orquestada para "atacar al mensajero".
🚨Novedades Cabo Montiel
— Fabian Waldman ⭐️⭐️⭐️ (@FabianWaldman) February 4, 2026
1. Presentó la denuncia en el juzgado del Dr. Casanello
2. Además fue citado a una revisión psiquiátrica mañana las 10 hs.
3.Recibió mensajes de agradecimiento por su valentía.
"Todo lo que dice @edufeiok es mentira, me extraña de él que siempre apoya… https://t.co/IxeWeMYjLo pic.twitter.com/6zsVu69VxC
Tras hacer públicas las irregularidades, se detectó que Montiel fue citado a una Junta de Reconocimiento Médico con una dirección errónea. Este hecho, validado y expuesto públicamente por el periodista Fabián Waldman mediante la exhibición del documento oficial, revela un modus operandi burocrático destinado a fabricar una causa de despido.
Al consignar datos falsos en la citación, la institución se asegura de que el agente no se presente en el lugar correcto, lo que permite labrar un acta por inasistencia injustificada y proceder a sanciones que deslegitiman su reclamo y ponen en riesgo su carrera. Esta táctica busca desviar el foco de la corrupción denunciada hacia una supuesta indisciplina del denunciante.
Me huele que fue adrede.
— Ximena de Tezanos Pinto (@XTezanosP) February 6, 2026
Me cuesta mucho aceptar que fue un error de tipeo, el 1 esta muy lejos del 7 en el teclado, en una computadora tanto como un teléfono.
Tampoco creo que hoy dia haya gente que escribe a mano un borrador, para entregarlo a un subalterno para que lo…
Así lo describe Ximena de Tezanos Pinto, quién sostiene que la citación al Cabo Maciel en una dirección inexistente (General Hornos 168) no fue un simple error material, sino una maniobra deliberada, ya que resulta inverosímil confundir un “1” con un “7” en un teclado, más aún cuando la dirección correcta es General Hornos 768. Señala además que es poco creíble que el error provenga de un subalterno o de un borrador manuscrito, y considera inaceptable que la principal firmante no haya revisado el documento, dado que se trataba de una citación de extrema gravedad, como someter a un oficial a una evaluación psiquiátrica tras denunciar públicamente presuntos hechos de corrupción interna.
La causa ha recaído en el Juzgado Federal a cargo del doctor Sebastián Casanello, con la intervención de la secretaría de Pablo Lemos. Esto se desprende de la denuncia realizada en la División Operaciones Judiciales de la Dirección General de Asuntos Internos de la Policía Federal Argentina, certificó la denuncia con registro interno N° 14/2026. Firmado por la principal Alejandra N. Marelli.
La actuación de la justicia es ahora determinante, no solo para investigar el fraude en la prestación del servicio ferroviario y el manejo de fondos públicos, sino para garantizar la integridad física y laboral de Montiel.
En su declaración, el cabo expresó su desconfianza hacia los mecanismos internos, aseverando que las denuncias previas "nunca llegan a ningún lado" porque "se cubren entre todos".
La intervención del juez Casanello es vista como la única garantía para romper el círculo de encubrimiento que, según Montiel, permite que "el personal de ferrovía entre a la oficina del jefe como si fuera su casa", evidenciando una promiscuidad administrativa inaceptable.
El escándalo escala necesariamente hacia las responsabilidades políticas y administrativas, dado que la Superintendencia de Transporte opera prestando servicios a áreas nacionales de transporte. Lo cual implica que existe una supervisión que incluye a la Subsecretaría de Transporte Ferroviario, liderada por Martín Gabriel Ferreiro, y a la Secretaría de Transporte, a cargo de Fernando Herrmann.
En última instancia, la supervisión presupuestaria recae sobre el Ministerio de Economía, dirigido por Luis Caputo.
Hasta el momento, el silencio oficial ha sido la respuesta predominante: ni el Comisario General Luis Alejandro Rollé, jefe de la Policía Federal Argentina, ni la Ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, han emitido comunicados al respecto.
La falta de pronunciamiento de las máximas autoridades de seguridad ante una denuncia de fraude al Estado y persecución laboral dentro de sus propias filas genera un vacío institucional que la investigación judicial deberá llenar con urgencia.
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