Un documento recientemente presentado ante la Justicia Federal detalla una serie de presuntas maniobras fraudulentas que involucran a figuras destacadas del ámbito político y empresarial en Argentina. La denuncia, firmada por los abogados Yamil Darío Santoro y José Lucas Magioncalda, en representación de la Fundación Apolo Bases para el Cambio, se enfoca en prácticas presuntamente ilícitas en el sector de seguros, tanto en la Provincia de Buenos Aires como en el ámbito nacional.
Los principales implicados y el entramado denunciado
El escrito señala al expresidente de la Nación Alberto Fernández, al exgerente de Provincia Seguros y Nación Seguros Alberto Pagliano, y al empresario Héctor Martínez Sosa como los principales responsables de un esquema que habría operado durante más de 20 años, desviando fondos públicos mediante la utilización de intermediarios en contrataciones monopólicas de seguros.
El esquema, que habría tenido su origen en la década de 1990, se consolidó en el Grupo BAPRO bajo la dirección de Fernández como vicepresidente. Durante su gestión, el grupo absorbió la empresa Vanguardia S.A., propiedad de la familia Martínez Sosa, en una operación que resultó ruinosa y que presuntamente dejó al Banco Provincia con deudas millonarias.
El decreto 785/2004 y su presunta violación
En 2004, el gobierno de la Provincia de Buenos Aires promulgó el decreto 785, que establecía que las contrataciones de seguros por parte de entes provinciales debían realizarse exclusivamente con Provincia Seguros S.A., prohibiendo explícitamente la participación de intermediarios como agentes institorios. Sin embargo, según la denuncia, esta normativa fue sistemáticamente ignorada, y agentes institorios vinculados a Martínez Sosa fueron contratados, cobrando comisiones de hasta un 15%.
Estas maniobras habrían sido replicadas a nivel nacional durante la presidencia de Alberto Fernández, mediante un decreto que obligaba a los organismos estatales a contratar seguros exclusivamente con Nación Seguros S.A., facilitando el uso de brokers o intermediarios, en contravención a los principios establecidos en el decreto provincial.
Documentación y pruebas presentadas
El documento incluye referencias a casos judiciales, como las causas laborales de los exagentes institorios Roberto Paulo Astudiano y Víctor Hugo González, que evidencian la existencia de intermediarios en municipios de la provincia. Además, la denuncia solicita medidas de prueba como allanamientos, auditorías contables y la recopilación de documentos de Provincia Seguros S.A. y de los municipios involucrados.
Consecuencias económicas y sociales
El daño económico acumulado se estima en montos millonarios, afectando gravemente al erario público. La denuncia argumenta que el sistema de intermediarios no solo contraviene las leyes vigentes, sino que también representa una forma de malversación de fondos públicos y fraude a la administración.
¿Qué sigue?
La denuncia solicita que la Justicia investigue estos hechos, dado que, según los denunciantes, el delito es de carácter continuado y no ha prescrito. Además, se resalta la necesidad de identificar a todos los responsables, incluidos quienes facilitaron o participaron en la implementación de este esquema.
La causa podría marcar un precedente significativo en la lucha contra la corrupción en el ámbito de la administración pública, particularmente en sectores estratégicos como los seguros, donde la transparencia y la eficiencia son fundamentales.
Este caso expone la importancia de una gestión pública responsable y de la vigilancia ciudadana para evitar que maniobras fraudulentas perjudiquen a la sociedad. La Justicia tendrá ahora la tarea de esclarecer los hechos y, de ser cierto lo denunciado, sancionar a los responsables.
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