Reestructuraciones en Seguridad Nacional: nuevas agencias, cambios formales y tensiones presupuestarias, todo cambia para nada cambiar

La reciente confirmación de la creación de la Agencia de Seguridad Migratoria, que funcionará bajo la órbita del Ministerio de Seguridad Nacional, volvió a poner en agenda una práctica recurrente dentro de la administración pública: la creación y reestructuración de áreas como mecanismo para reorganizar poder, personal y presupuesto. La nueva agencia se suma a otras estructuras del Ministerio, como la Agencia Federal de Emergencia y el Registro Nacional de Armas (RENAR), en un contexto de cambios institucionales impulsados por decreto.

Según explicó la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, la transformación de la Dirección Nacional de Migraciones en una agencia con perfil de seguridad responde a un "cambio de paradigma" (verso si los hay), que busca integrar la política migratoria a la estrategia de seguridad nacional. Sin embargo, especialistas en administración pública advierten que este tipo de reconfiguraciones no siempre implica modificaciones sustantivas en las funciones operativas, sino que muchas veces mantiene las mismas tareas bajo una nueva denominación.

En el ámbito estatal, estas estructuras intermedias suelen ser denominadas informalmente como “ravioles”: capas administrativas creadas entre niveles jerárquicos, que habilitan nuevos cargos de conducción y asesoramiento. La reestructuración de áreas es, en la práctica, uno de los pocos mecanismos legales que permite desplazar personal existente y designar cuadros propios, aun cuando las funciones de fondo permanezcan prácticamente sin cambios.

La creación de nuevas agencias también tiene impacto presupuestario. Al redefinir organigramas, se habilita la reasignación de partidas y la justificación de nuevos gastos operativos. Este proceso facilita, además, la utilización de mecanismos de compra por “urgencia” o “necesidad”, figuras previstas en la normativa vigente que reducen plazos y controles administrativos, especialmente en etapas iniciales de funcionamiento.

Este escenario contrasta con la situación salarial y social del personal de las fuerzas federales. Actualmente, los ingresos promedio del personal en actividad rondan los 700.000 pesos mensuales, muy por debajo del RIPTE (Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables), que se ubica en torno a los 1.600.000 pesos. A esta brecha se suma el deterioro de los sistemas de cobertura social y previsional. Recientemente se esposó un policía en la Casa Rosada para denunciar corrupción en la Superintendencia de Transporte de la Policía Federal Argentina y bajos salarios. Situación similar que hace meses sucedió con una mujer que se encadenó en la puerta del complejo hospitalario Churruca.

La obra social de las fuerzas, IOSFA, atraviesa un proceso de disolución y transición hacia un esquema de contratación de servicios privados, en un contexto de desfinanciamiento que afecta tanto a efectivos en actividad como a personal retirado. El sistema de retiros y pensiones también presenta dificultades estructurales, con demoras y pérdida de poder adquisitivo.

Como consecuencia de esta situación, fuentes del propio sector señalan que numerosos integrantes de las fuerzas federales recurren a actividades complementarias para subsistir, como la venta de bienes por internet o el trabajo en plataformas de transporte, una realidad que contrasta con el discurso oficial de fortalecimiento institucional y profesionalización.

Mientras el Ministerio avanza en la creación de nuevas agencias y en la reorganización formal de estructuras, persiste la tensión entre el crecimiento administrativo en los niveles superiores y las condiciones materiales de quienes sostienen la operatividad cotidiana del sistema de seguridad. La evolución de estas reformas y su impacto real en la gestión, el gasto público y el personal de las fuerzas seguirá siendo un punto central del debate público en los próximos meses.