jueves, 24 de julio de 2025

Grave denuncia de persecución política en la Policía Bonaerense: acusan al ministro Javier Alonso de utilizar recursos del Estado para fines partidarios

La remoción de 24 jefes policiales y el uso político de la fuerza de seguridad generan alarma por presunto abuso de autoridad en la Provincia de Buenos Aires.

En medio de una profunda crisis interna que afecta a la Policía Bonaerense —con salarios deteriorados, deficiencias en la atención médica y un preocupante aumento de casos vinculados a la salud mental—, el ministro de Seguridad de la Provincia, Javier Alonso, enfrenta duras críticas por presunto uso arbitrario del poder disciplinario con fines partidarios.

La reciente decisión del gobierno de Axel Kicillof de desplazar a 24 altos mandos policiales por supuestos vínculos políticos con el ex comisario Maximiliano Bondarenko, actual candidato a legislador provincial por La Libertad Avanza (LLA), reavivó la polémica por el uso político de los organismos de control interno en la fuerza.

Según fuentes oficiales, la medida se basó en una supuesta denuncia anónima que acusaba a los efectivos de conspirar contra la conducción institucional de la Policía Bonaerense. No obstante, sectores opositores y voces especializadas en materia de seguridad denuncian una estrategia de persecución política con argumentos endebles y motivaciones ideológicas.

Promoción personal con recursos públicos

Mientras se imputa a los policías desplazados por el supuesto uso indebido de oficinas públicas, el propio ministro Javier Alonso ha sido señalado por utilizar su cuenta personal en redes sociales para realizar propaganda política personal, empleando imágenes, vehículos, personal e insignias de la Policía Bonaerense. Esta práctica, según especialistas, configura una apropiación de recursos estatales para la construcción de una imagen partidaria en el marco de una gestión pública.

En contraste, quienes integran la fuerza de seguridad provincial denuncian condiciones laborales extremadamente precarias. Los sueldos de los agentes se encuentran muy por debajo del promedio de las fuerzas de seguridad del país, la cobertura médica brindada por la obra social policial (IOMA) presenta serias falencias, y un creciente número de efectivos padece cuadros de estrés postraumático, ansiedad y depresión, sin respuesta institucional adecuada.

Persecución tras la candidatura de Bondarenko

Diversas fuentes coinciden en que la embestida disciplinaria contra los 24 oficiales comenzó inmediatamente después de oficializarse la candidatura del ex comisario Maximiliano Bondarenko por el espacio libertario. Bondarenko, concejal en Florencio Varela, fue propuesto por Karina Milei para encabezar la nómina de diputados provinciales en la Tercera Sección Electoral, un bastión histórico del peronismo.

La intervención de Asuntos Internos, promovida desde el Ministerio de Seguridad, y basada en supuestas pruebas recolectadas de dispositivos oficiales, es presentada por el oficialismo como una acción legal ante una infracción al reglamento de la fuerza. Sin embargo, desde la oposición —y particularmente desde el entorno de Bondarenko— sostienen que se trata de una operación sin sustento jurídico, orientada a silenciar cualquier expresión de pensamiento disidente dentro de la institución policial.

Denuncias por arbitrariedad y uso selectivo del poder

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, calificó la medida como una “persecución política” y denunció que el gobernador Axel Kicillof “toma partido siempre a favor de los delincuentes”. “El inútil de Kicillof cesantea a 24 policías solo porque cree que apoyan a Maximiliano Bondarenko. ¿La causa? Ninguna”, sostuvo la funcionaria nacional en sus redes sociales.

Además, desde distintos sectores se cuestiona la falta de transparencia del proceso. La utilización de una “denuncia anónima” como punto de partida, sin control judicial previo ni intervención de organismos independientes, abre la puerta a un preocupante escenario de discrecionalidad y abuso de autoridad en el manejo de la disciplina institucional.

El silencio ante otras irregularidades

La controversia se agrava ante el contraste con otras situaciones. Mientras se activa con celeridad un proceso contra policías acusados de “conspirar” políticamente, se guarda silencio ante denuncias públicas sobre los frecuentes viajes del ex ministro de Seguridad Sergio Berni a la ciudad de Bariloche, presuntamente utilizando los pasajes asignados por el cargo legislativo de su esposa, la diputada Agustina Propato. La falta de rendición de cuentas y el uso privado de recursos oficiales, según denuncias públicas, se mantiene impune. Berni, cumple funciones en el Ministerio de Seguridad de la Provincia, al menos en los papeles, porque sus frecuentes viajes implican una ausencia en su lugar de trabajo. A lo que Alonso no dice nada, mientras sigue auto-promocionandose y usando recursos públicos para acrecentar su cuenta personal en redes sociales con spots realizados con personal de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.

Un clima de hostigamiento político

Analistas del sector señalan que esta situación marca un retroceso institucional peligroso: se criminaliza el pensamiento político de los integrantes de las fuerzas, se aplica el reglamento con discrecionalidad y se amedrenta a quienes pudieran tener una postura diferente a la línea del oficialismo.

Bondarenko, por su parte, asegura que su candidatura busca representar a quienes “ya no pueden seguir mirando para otro lado” frente a la inseguridad y el narcotráfico. “Es momento de enfrentar al poder político que ha abandonado a los bonaerenses”, afirmó en declaraciones recientes.

En medio de un proceso electoral clave para la Provincia, la persecución interna en la Policía Bonaerense pone en evidencia las tensiones entre el poder político y quienes, desde dentro del sistema, comienzan a cuestionar el estado de las cosas. El uso de recursos públicos para la propaganda personal, la falta de respuesta a demandas laborales urgentes y la sanción arbitraria a quienes piensan distinto, dibujan un cuadro que va más allá de la disciplina institucional: exhibe un modelo de control político que muchos ya comienzan a denunciar como autoritario.

Las autoridades del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires son JAVIER ALONSO, NÉSTOR NAZABAL, DARÍO RUÍZ, ANDRÉS ESCUDERO, FEDERICO SEBASTIÁN MONTERO, DARIO RICARDO DIAZ. 

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