Un recibo de sueldo perteneciente a un efectivo de la Policía de la Provincia de Santa Fe, fechado en enero de 2026, ha puesto en evidencia la profunda distorsión que atraviesa la estructura salarial de las fuerzas de seguridad. El documento revela no solo la precariedad de los haberes básicos, sino una ingeniería administrativa diseñada para evitar el impacto de los aumentos reales en la carrera policial.
El análisis detallado del comprobante, correspondiente a un titular con 10 años de antigüedad, muestra un "Sueldo Básico" (Código 0010-0) de $135.140,12. Sin embargo, el total de haberes brutos asciende a $1.374.524,66. Esta disparidad arroja un dato alarmante: el salario real, legal y escalafonario representa menos del 10% del dinero que percibe el agente (específicamente un 9,8%).
El resto del ingreso se compone de una interminable lista de suplementos, sumas fijas y códigos específicos (como el 1000, 1010, 1020, 1400 y 1670). Si bien muchos de estos ítems figuran nominalmente como "Remunerativos", la mayoría lleva la etiqueta de "No Bonificables".
Esta distinción semántica es la clave del mecanismo de evasión de costos por parte del Estado provincial. Al otorgar aumentos mediante sumas "No Bonificables", el gobierno evita que dichos incrementos impacten en los multiplicadores automáticos, como la antigüedad o los adicionales por título.
En una estructura salarial sana, el Sueldo Básico debería representar la mayor porción del ingreso, haciendo que la antigüedad (que se calcula como un porcentaje del básico) tenga un peso real. En este caso, al mantener el básico "congelado" o irrisorio, un policía con 20 años de servicio apenas se diferencia salarialmente de uno con 5, produciendo lo que se conoce como "achatamiento de la pirámide".
El documento expone ítems como el "Min. Garantizado Rem/N. Bon" (Código 1670) por $125.457. Este tipo de conceptos actúan como parches para alcanzar un piso salarial de bolsillo sin tener que reestructurar la escala legal. Es, en la práctica, una admisión del Estado de que la escala salarial oficial está por debajo de la línea de pobreza.
La gravedad de esta ingeniería financiera radica en su impacto directo sobre el sistema previsional y de salud. Aunque el recibo muestra descuentos para la Caja de Jubilaciones y el IAPOS (Obra Social), la base de cálculo suele ser motivo de litigio.
Históricamente, el uso de sumas "No Remunerativas" (o sumas "grises" que no integran el núcleo del salario) desfinancia a la Obra Social IAPOS. Al no aumentar el básico, los aportes porcentuales crecen a un ritmo menor que la inflación médica, resultando en una prestación de servicios deficiente y copagos elevados para los afiliados.
Más dramática es la situación de cara al retiro. La jubilación policial móvil debe reflejar el salario del activo. Sin embargo, cuando el sueldo está compuesto por una decena de ítems "parche", el Estado a menudo argumenta que ciertos códigos no forman parte del haber "permanente" sujeto a movilidad jubilatoria.
Esto genera que, al momento del retiro, el policía perciba un haber significativamente menor al que cobraba en actividad, condenando al personal retirado a una caída abrupta en su calidad de vida y obligándolos a iniciar juicios contra la Caja de Jubilaciones para que se reconozca la totalidad de los rubros.
Desde el punto de vista jurídico, esta práctica estatal podría constituir un "Fraude a la Ley Laboral". El Estado, que debe velar por la legalidad, actúa como el principal evasor, utilizando figuras administrativas para eludir la responsabilidad de pagar un salario digno y estructurado conforme a la jerarquía.
En cuanto a la responsabilidad de los funcionarios, la autorización y diseño de este esquema podría encuadrarse en el delito de "Incumplimiento de los Deberes de Funcionario Público" (Art. 248 del Código Penal), al dictar resoluciones contrarias a las leyes de personal y presupuesto que exigen transparencia y legalidad en los haberes.
Asimismo, podría investigarse la figura de "Abuso de Autoridad", dado que se utiliza el poder del Estado para imponer condiciones laborales unilaterales que vulneran derechos adquiridos de los trabajadores, alterando la naturaleza remunerativa del salario para beneficio de las arcas fiscales en detrimento del agente.
Incluso, juristas especializados advierten sobre una posible "Malversación de Caudales Públicos" en sentido impropio, si se demuestra que partidas presupuestarias destinadas a recomposiciones salariales formales fueron desviadas hacia estos mecanismos de pagos discrecionales para evitar el impacto en los pasivos (jubilados).
La distorsión es tal que el ítem por "Riesgo Profesional" ($162.168) es apenas superior al básico. Se paga casi lo mismo por poner la vida en juego que por el sueldo base que define la categoría del agente, una contradicción que resume el descalabro administrativo.
En conclusión, el recibo de sueldo de enero de 2026 no es solo un comprobante de pago, sino la prueba documental de una política de precarización laboral institucionalizada.
Mientras el "Básico" siga siendo una ficción contable del 9,8%, los policías de Santa Fe continuarán cobrando sueldos que no construyen futuro previsional, atrapados en un sistema donde el Estado provincial opera al margen de la lógica y la ética laboral que exige al sector privado.
Pablo Cococcioni, ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, y el gobernador de Santa Fe Maximiliano Pullaro no dan una resolución efectiva respecto de esta situación.
Las máximas autoridades de la policía de Santa Fe, Luis Pablo Martín Maldonadao, Daniel Fernando Filchel, también tienen responsabilidad ante estas irregularidades.
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