La protesta extrema del cabo Miguel Montiel, quien se encadenó a las rejas de la Casa Rosada, marcó un punto de inflexión al visibilizar presuntas prácticas de corrupción, abusos de poder y deterioro operativo dentro de la Policía Federal Argentina (PFA).
Montiel ratificó públicamente sus denuncias por maniobras irregulares en la ex Superintendencia de Transporte, mientras que Total News Agency (TNA) recibió dos extensas presentaciones anónimas desde dependencias federales del interior. Fuentes policiales indicaron que los hechos fueron corroborados en líneas generales en un 90 %.
- Presuntas maniobras irregulares sostenidas en el tiempo: Según el suboficial, existiría un mecanismo reiterado de sobrefacturación y pedidos operativos inflados, avalados por la cadena jerárquica. Afirmó que hay audios y documentación interna, y que denuncias previas no prosperaron.
- Señalamientos jerárquicos y falta de controles: Montiel apuntó al comisario general Omar Farías como responsable de aprobar los pedidos cuestionados y describió un alarmante nivel de informalidad en áreas sensibles. Tras la exposición pública, se produjeron contactos desde Presidencia y se evaluó una reunión con la ministra de Seguridad.
- Denuncias en Córdoba por desvío de funciones: Una presentación anónima compromete a la Agencia Regional Federal Centro Córdoba, señalando al comisario mayor Fabio Ramón Andrés Ascona y al comisario inspector Diego Ivach. Se los acusa de relegar investigaciones federales complejas para priorizar procedimientos de narcomenudeo con fines estadísticos.
- Servicios abusivos y condiciones indignas: El escrito describe la obligación de cubrir eventos masivos durante jornadas excesivas, sin viáticos ni descanso adecuado, en condiciones precarias de alojamiento y alimentación, realizando tareas propias de policías provinciales.
- Riesgos operativos y traslados inseguros: Se relatan traslados en vehículos particulares y móviles oficiales en mal estado, incluyendo un caso en el que ocho efectivos viajaron hacinados en una camioneta, en abierta contradicción con normas de seguridad.
- Hostigamiento y presión jerárquica: También se denuncian servicios “interfuerzas” con fines propagandísticos, órdenes coercitivas para garantizar asistencia del personal y un clima de temor ante amenazas de sanciones y represalias.
- Abandono de recursos y personal: Las denuncias incluyen la falta total de cuidado de canes detectores, carencias graves de equipamiento, móviles en condiciones deficientes, encubrimiento de hechos graves y gastos operativos afrontados por el propio personal.
- Deterioro laboral y psicológico: Se señala un aumento de licencias médicas y psiquiátricas, pedidos de baja, salarios insuficientes y pluriempleo forzado, junto con la falta de capacitación y el uso de chalecos antibalas vencidos.
- Relaciones impropias y criterios desiguales: Las presentaciones mencionan presuntas relaciones personales no declaradas entre jefes y subalternos, con aplicación selectiva del reglamento interno y sanciones desiguales. Algunos de estos vínculos no pudieron ser confirmados, aunque sí la existencia de rumores persistentes.
- Acusaciones en Misiones y presunta apropiación de bienes: Otra denuncia apunta a la DUOF Eldorado, acusando a su jefe de beneficiar a una subalterna con privilegios indebidos, aplicar normas de manera discrecional y tolerar presuntas apropiaciones de material secuestrado.
Un escenario de gravedad institucional
La acumulación de denuncias, sumada al caso Montiel, configura un cuadro de crisis profunda en la PFA, con señalamientos de corrupción, favoritismos, abusos de poder y abandono del personal, que requieren una intervención urgente de Asuntos Internos y del Ministerio de Seguridad.
Hasta el momento desde la Policía Federal Argentina, a cargo de Luis Rollé, no se ha emitido ninguna comunicación, tampoco desde el Ministerio de Seguridad Nacional a cargo de Alejandra Monteoliva.
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