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Fue hace casi 20 años y llegó a ser un escándalo debatido en el Senado Nacional, con Cristina Kirchner encabezando las reuniones. Pero allí no pasó nada y la Justicia tuvo sus tiempos: la Cámara Federal de Casación Penal confirmó días atrás las condenas a seis años de prisión para dos ex funcionarios de San Luis acusados de presionar jueces durante la primera gobernación de Alberto Rodríguez Saá. El mecanismo era el siguiente: los jueces eran elegidos, pero apenas se los nombraba se les hacía firmar sus renuncias en blanco. Unos meses después, a una de esas magistradas la llamaron para exigirle una campaña de desprestigio contra sus colegas, que eran críticos del Poder Ejecutivo local. Cuando ella se negó, la echaron utilizando su carta de renuncia.
La condena recayó sobre el entonces ministro de Legalidad de San Luis, Sergio Freixes, y a su viceministro Mario Zabala. Si, apelaciones mediante, la Corte Suprema de Justicia rechaza el recurso de las defensas, los acusados tendrán que ir presos. Curiosidades al margen: uno de ellos sigue, al día de hoy, siendo funcionario provincial.
Fue la fiscal provincial Gretel Diamante, hoy una de las juezas que está a cargo del tribunal oral que tiene en sus manos el juicio oral contra el suspendido juez federal de Mendoza Walter Bento, la que hizo la denuncia penal en San Luis. Eso le valió no solo no poder tener éxito en la decena de concursos en los que se anotó, también que entraran a su fiscalía y le dejaran pintada una esvástica por su origen judío, del lado de adentro de la puerta.
Para la principal víctima también hubo amenazas. A Marina Ziliotto, la jueza a la que pidieron el escrache a sus compañeros y a la que echaron por negarse, también la seguían, la visitaban patrulleros y entraron a su estudio de abogada y le escribieron con aerosol verde en su escrito: “Cuidate”.
“Al principio no me animé a denunciar. Yo tenía hijos chiquitos. No fue fácil. Pero la valentía de la fiscal Diamante y la ayuda de organizaciones como Poder Ciudadano nos ayudaron a visibilizarlo. Hasta fuimos a declarar, con mucho miedo, a la comisión de Asuntos Constitucionales en el Senado -le dice hoy a Infobae-. En el Senado no quedó en nada, pero la visibilidad tuvo un efecto protector para las personas que denunciaban. Las amenazas se tranquilizaron. En ese momento no era fácil denunciar. Y pasó mucho tiempo...”.
“Yo tenía 35 años y hoy tengo 52... Si ha pasado el tiempo... Pero hoy siento que valió la pena, aunque sea para los que siguen adentro del Poder Judicial. Yo quedé afuera, mi carrera judicial se terminó. Pero también se terminó con una práctica, es un precedente enorme para las provincias en donde los gobiernos son fuertes. ¿Por qué? Porque la denuncia fue hecha cuando sucedieron los hechos, cuando era muy difícil hacerla. Tal es así que mucha gente se calló la boca, se acomodó y siguen ahí en el Poder Judicial. Pero hay otros que rescato, que después que hicieron eso, pudieron hablar... No es lo mismo seguir siendo cómplice que contar lo que pasó”.
La carrera judicial de Ziliotto terminó y “en ese momento era muy difícil trabajar”. Es más, uno de los hoy condenados le advirtió que “la calle estaba dura para los desocupados”. Pero Ziliotto siguió su carrera como abogada, del otro lado de los estrados. No pudo ser querellante en este proceso. La Justicia le dijo que su pedido era extemporáneo. Pero sus declaraciones la transformaron en víctima."
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