Un grupo de efectivos de la Policía de Santa Fe se acuarteló este martes por la mañana tras una nueva protesta frente a la Unidad Regional II de Rosario, luego de incidentes registrados durante la madrugada. Al menos 20 patrulleros se negaron a salir a patrullar a partir de las 6, y hacia las 9 la medida había sido acompañada por unos 60 móviles policiales.
Ante esa situación, el gobierno provincial ordenó retirarles las armas reglamentarias y los chalecos antibala a los efectivos involucrados y dispuso que fueran pasados a disponibilidad. Medidas similares se reprodujeron en otras localidades de la provincia.
El gobierno de Santa Fe trasladó a Rosario a uniformados de otras zonas santafesinas y solicitó el refuerzo de las fuerzas federales en el marco del plan Bandera, implementado a comienzos de 2024 para contener la violencia vinculada al narcotráfico en la ciudad.
El conflicto se profundizó tras una nueva marcha de familiares y allegados de policías frente a la jefatura rosarina. La protesta había comenzado el miércoles pasado, luego de la muerte del suboficial Oscar Valdez, de 32 años, quien dos días antes había intentado suicidarse en la puerta de la Unidad Regional II.
Valdez era oriundo de Vera, en el norte de la provincia de Santa Fe. Su fallecimiento se convirtió en el detonante de los reclamos, ya que muchos efectivos se identificaron con su situación laboral y personal.
Entre los principales reclamos figuran los extensos traslados —de hasta 500 kilómetros— para prestar servicio en Rosario, y un régimen laboral de 12 horas de trabajo por 36 de descanso. Estas condiciones fueron señaladas como factores de desgaste físico y mental.
Durante el fin de semana, las protestas continuaron pese a que el gobernador Maximiliano Pullaro anunció el pago de un plus salarial de $500.000 para los uniformados que trabajen en las principales ciudades y de $250.000 para los choferes de patrulleros.
El anuncio no logró descomprimir el conflicto. Durante la noche del lunes y la madrugada del martes se produjeron enfrentamientos entre policías que custodiaban la jefatura de Rosario y familiares de efectivos que participaban de la manifestación. Algunas personas fueron reprimidas con gas pimienta.
A las seis de la mañana, los patrulleros permanecieron estacionados frente a la Unidad Regional II y no salieron a realizar recorridos de prevención del delito. La decisión derivó en una rápida intervención del Poder Ejecutivo provincial.
En conferencia de prensa, el ministro de Seguridad, Pablo Coccocioni, confirmó las sanciones y sostuvo que, junto a reclamos genuinos, se detectaron maniobras de policías exonerados por hechos de corrupción que buscaban generar malestar a través de redes sociales.
“A partir de anoche se fueron sumando determinados grupos con acciones violentas y antijurídicas, también sembrando fake news, buscando desestabilizar la seguridad de la provincia de Santa Fe”, afirmó Coccocioni.
Según el gobierno, en redes sociales como Facebook se desplegó una estrategia con perfiles falsos que utilizaban fotos reales de agentes activos. También se difundieron imágenes trucadas con inteligencia artificial, como supuestos pasacalles contra Pullaro, y se viralizaron fotos de cuatro agentes que se suicidaron el año pasado.
La muerte de Valdez expuso un problema más amplio dentro de las fuerzas de seguridad. De acuerdo con datos de la Fiscalía de Rosario, en 2025 se suicidaron 17 efectivos. En la provincia de Santa Fe, según fuentes del Ministerio Público de la Acusación, el número también resulta significativo.
Más de un efectivo por mes decidió quitarse la vida, en un contexto en el que no se registraron bajas ni heridos por enfrentamientos con el crimen organizado. El principal riesgo, según las autoridades, es de carácter interno.
La mayoría de los policías que patrullan Rosario y Santa Fe capital son oriundos del norte provincial. Pese a distintos intentos, nunca se logró revertir ese esquema mediante incentivos para que habitantes locales se incorporen a la fuerza.
El gobierno provincial financia diariamente el traslado de agentes en 12 ómnibus desde el norte santafesino. El viaje entre Rosario y Vera, de 501 kilómetros, puede superar las ocho horas debido a paradas y al estado de las rutas, consumiendo gran parte del tiempo de descanso.
Muchos policías jóvenes, menores de 30 años, optan por permanecer en Rosario. Hasta el jueves pasado, el alojamiento y la comida debían ser solventados por los propios efectivos. A ello se suman problemas de salud mental, desarraigo, jornadas prolongadas —en algunos casos de 24 horas— y situaciones de adicciones.
Tras las exequias de Valdez, se multiplicaron protestas en Rosario, Santa Fe, Reconquista, Vera y otras unidades regionales del norte provincial, protagonizadas mayoritariamente por familiares y amigos de los uniformados.
El malestar también se dirigió hacia parte de los medios de comunicación, a los que los manifestantes acusaron de omitir el conflicto. En paralelo, enero fue un mes de alta exigencia operativa: nueve homicidios se registraron en Rosario en los primeros 30 días de 2026, frente a 22 en el mismo período de 2025, aunque los heridos por arma de fuego superaron los 45.
Pese a la protesta, el gobierno de Pullaro destacó que los homicidios descendieron en los últimos dos años y que, en seis zonas críticas de Rosario, se registró en 2025 una baja del 22% respecto del año anterior, según estadísticas del Ministerio de Seguridad Nacional.
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