Condenaron a 18 años de prisión al exjuez federal Walter Bento por corrupción y lavado de activos

El Tribunal Oral Federal (TOF) N°2 de Mendoza condenó al exjuez federal Walter Bento a 18 años de prisión, una multa de 540 millones de pesos, inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y el decomiso de bienes, entre ellos siete departamentos, locales comerciales y cuatro vehículos. Bento fue hallado culpable de liderar una asociación ilícita, cohecho reiterado, lavado de activos y enriquecimiento ilícito, en una de las causas más relevantes contra un magistrado de la Justicia Federal.

El veredicto fue dictado por las juezas Gretel Diamante (presidenta del tribunal), Eliana Rattá y Carolina Pereira, tras un debate que se extendió durante casi dos años, con la declaración de alrededor de 300 testigos. Según la sentencia, las maniobras ilícitas se habrían iniciado desde 2007, con un monto estimado de al menos 1,7 millones de dólares en sobornos. Bento se encuentra detenido desde noviembre de 2023 en el complejo penitenciario federal de Cacheuta.

En la misma causa, el tribunal condenó a Marta Boiza, esposa del exjuez, a seis años de prisión por lavado de activos, enriquecimiento ilícito y falsedad ideológica, y a Nahuel Bento, hijo mayor del exmagistrado, a cinco años de prisión por lavado de activos. De acuerdo con el fallo, la estructura patrimonial fue diseñada para ocultar el origen ilícito de los fondos mediante la interposición de familiares como titulares de bienes.

Al fundamentar la decisión, la jueza Diamante calificó el expediente como “la causa más compleja” y remarcó “la dificultad en una circunstancia excepcional, ya que tocó juzgar a un par”. Sostuvo además que “la acción de Bento constituyó una planificación sostenida para diseñar una estructura patrimonial”, y subrayó que “el poder judicial no está por encima de la ley”, destacando la prudencia, profesionalidad y seriedad institucional del tribunal en el proceso.

La investigación contó con la intervención de organismos como la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) y se inscribe en el marco de los controles del Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación, en un caso que marcó un precedente por la magnitud de las condenas y el alcance de los hechos juzgados.