La problemática del control disciplinario en las fuerzas de seguridad y policiales de Argentina ha generado preocupación en diversos ámbitos jurídicos y sociales, evidenciando debilidades significativas en el sistema de sanciones tanto leves como graves. La falta de un debido proceso efectivo y la aplicación de sanciones basadas en fundamentos vagos o genéricos plantean serios interrogantes sobre la protección de los derechos del personal policial y el funcionamiento del Estado de Derecho.
Las resoluciones disciplinarias en muchos casos se sustentan en fórmulas genéricas y ambiguas como "haber puesto en crisis el deber de confidencialidad y transparencia exigible a todo funcionario policial", "poner en duda su integridad profesional" o "generar un manto de sospecha". Estas expresiones, frecuentemente utilizadas de manera estandarizada en diferentes casos, revelan una práctica administrativa que prescinde de la especificidad necesaria para fundamentar adecuadamente una sanción.
El caso "CIV 57861/2023" ilustra claramente esta problemática. El personal policial cesanteado por la institución fue posteriormente sobreseído en las causas penales correspondientes, exponiendo una disonancia entre la decisión disciplinaria y el pronunciamiento judicial. Esta situación genera múltiples consecuencias negativas: daños personales y profesionales injustificados, mayor carga de trabajo para el sistema judicial y pérdida de recursos humanos capacitados para las fuerzas de seguridad.
La utilización de resoluciones pre-elaboradas o "copiadas y pegadas" sugiere que, en algunos casos, las decisiones disciplinarias responden a conclusiones predeterminadas más que a una evaluación objetiva de los hechos. Este procedimiento podría configurar, según el Código Penal, abuso de autoridad o incumplimiento de deberes de funcionario público, especialmente cuando se omite el respeto al debido proceso administrativo.
El Ministerio de Seguridad Nacional dirigido por Patricia Bullrich y Carlos Alberto Manfroni, órgano rector encargado de supervisar el funcionamiento de las fuerzas federales, tiene la responsabilidad de garantizar que las sanciones disciplinarias se apliquen con respeto a los derechos del personal y conforme a la ley. Sin embargo, la evidencia sugiere que este control es, en la práctica, insuficiente o inexistente.
Las deficiencias en el control administrativo generan consecuencias sistémicas que afectan no solo a los individuos sancionados, sino también a la eficiencia institucional. La judicialización de resoluciones administrativas mal fundamentadas produce un desgaste innecesario de recursos tanto en el ámbito judicial como en el administrativo.
Para abordar esta problemática, se requiere implementar mecanismos más rigurosos de control interno y supervisión externa. Estos deberían incluir:
- Establecimiento de criterios específicos y fundamentos detallados para cada sanción.
- Revisión independiente de las resoluciones disciplinarias.
- Capacitación obligatoria para quienes participan en los procesos disciplinarios.
- Auditorías periódicas de los procedimientos sancionatorios.
- Establecimiento de un sistema efectivo de reparación para casos de sanciones arbitrarias o mal fundamentadas.
La reforma del sistema disciplinario en las fuerzas de seguridad no es solo una cuestión de justicia administrativa, sino un requisito fundamental para fortalecer la institucionalidad democrática y garantizar la protección efectiva de los derechos de todos los ciudadanos, incluidos aquellos que integran las fuerzas policiales.
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