Investigación federal destapa un entramado de lavado en el Puerto de Rosario vinculando la corrupción catalana y el narcotráfico

El Ministerio Público Fiscal imputó al empresario Gustavo Shanahan y a Jordi Pujol Ferrusola por utilizar la concesión de Terminal Puerto Rosario (TPR) para blanquear divisas ilícitas durante 16 años. Solicitan embargos por 100 millones de dólares.

Una extensa investigación llevada adelante por los fiscales federales Diego Velasco, Matías Scilabra, Juan Argibay Molina, Federico Reynares Solari y Matías Mené reveló que la terminal de Terminal Puerto Rosario (TPR S.A.) funcionó durante casi dos décadas como una plataforma para el blanqueo de capitales provenientes de la corrupción política española y, posteriormente, del narcotráfico local.

 

El Ministerio Público Fiscal (MPF) solicitó una serie de detenciones y dictó un embargo preventivo por 152.000 millones de pesos (equivalentes a unos 100 millones de dólares) destinado a garantizar el decomiso de los activos involucrados y la aplicación de multas.

Las personas, empresas e instituciones involucradas

El esquema investigado conecta el cobro de sobornos en Europa con la principal salida agroexportadora de la Argentina y estructuras financieras ilegales.

 

Principales imputados

• Gustavo Pedro Shanahan: Contador público de 67 años y expresidente de TPR S.A. Actuó como el operador local y testaferro clave de la maniobra. En 2023 fue condenado a siete años de prisión por financiar las operaciones de compra de cocaína para la organización criminal encabezada por el peruano Julio Rodríguez Granthon, utilizando una cueva financiera en Rosario.

• Jordi Pujol Ferrusola: Hijo de Jordi Pujol Soley (expresidente de la Generalitat de Cataluña). Según fallos de la Audiencia Nacional de Madrid, inyectó en Argentina fondos ilícitos provenientes de comisiones y sobornos adjudicados en obras públicas en España.

• Entorno familiar de Shanahan: Su esposa, Graciela Niobe Tuero, y sus hijos Esteban Gustavo Shanahan (quien asumió la presidencia de la firma Pro Puerto S.A. en 2020) y Lucila Olga Shanahan, imputados por actuar en la transferencia simulada de inmuebles, vehículos de alta gama, lotes en barrios privados y contratos ficticios para ocultar el origen del dinero.

• Iván Ferrarons ("Iván Dólar"): Exrugbier con pedido de captura internacional, señalado como el nexo operativo encargado de receptar, contabilizar y bancarizar el efectivo del narcotráfico en la cueva financiera de Shanahan.

Sociedades pantalla y firmas relacionadas

• Brantridge Holdings Ltd.: Firma offshore utilizada por Pujol Ferrusola para la inyección inicial de 1.850.000 euros en 2005 hacia la firma argentina Loster Company S.A.

• Pro Puerto S.A., Interlogística Portuaria S.A. e Inter Rosario Port Services S.A.: Sociedades constitutivas del paquete accionario de TPR. Salvo la primera, fueron radicadas en Tarragona (España) y compartían el mismo domicilio fiscal ficticio en Buenos Aires.

• Vicentin: Grupo agroexportador argentino que adquirió tramos del paquete accionario de TPR entre 2010 y 2012, convirtiendo el capital invertido por la corrupción española en dinero legitimado por compraventa de acciones.

• Increase S.A., Natural Food S.R.L. y Los Araucos S.R.L.: Empresas receptoras de falsos contratos de mutuo (préstamos intersocietarios) por más de $35 millones entre 2018 y 2019, diseñados para fragmentar y retirar el efectivo por ventanilla sin dejar rastro contable.

• Bank of New York Mellon: Entidad financiera receptora en Estados Unidos de giros por USD 850.000 mediante falsos convenios de "reconocimiento de deuda" a favor de Shanahan.

La mecánica del blanqueo: de Cataluña y el narcotráfico a la hidrovía

 

La maniobra criminal se dividió en tres etapas operativas continuadas entre 2004 y 2020:

1. Inyección inicial (2004-2005): Pujol Ferrusola ingresó euros de la corrupción catalana a través de la offshore Brantridge Holdings Ltd. para financiar la ampliación de capital requerida por la concesión portuaria.

2. Transformación del activo (2010-2012): El paquete accionario de TPR se vendió de forma escalonada a firmas vinculadas al grupo Vicentin. El dinero ilícito original adquirió apariencia legítima bajo el concepto de "precio de venta de acciones".

3. Confluencia narco y triangulación (2015-2020): Shanahan reinsertó ganancias del narcotráfico mediante compras sistemáticas de fichas en salas VIP del Casino de Rosario por más de $23 millones. Asimismo, mediante simulaciones de deuda, repatrió capitales hacia Estados Unidos y movilizó cuotas restantes en el mercado local con prestamos simulados (mutuos).

Falencias institucionales y fallas de control estatal

La investigación expone graves vacíos de control institucional que permitieron la continuidad del esquema durante 16 años dentro de un puerto bajo concesión pública:

Organismo / Entidad	Falencia / Inacción detectada
Ente Administrador del Puerto de Rosario (ENAPRO)	Omitió verificar la capacidad técnico-financiera real de las empresas adjudicatarias. Ignoró las alertas iniciales sobre la falta de vinculación institucional real con la Autoridad Portuaria de Tarragona.
Unidad de Información Financiera (UIF) y Control Bancario	Ausencia de monitoreo sobre las transferencias offshore entrantes y los fraccionamientos bancarios por ventanilla.
Banco de la Nación Argentina	Pese a que un informe técnico de 2020 detectó "valuaciones contables erráticas" e inconsistencias no declaradas en la valuación de TPR, la advertencia no generó denuncias ni investigaciones administrativas inmediatas.
Justicia Federal de Rosario	Ausencia de cruce de datos preventivo entre expedientes comerciales, bancarios y causas penales por narcotráfico en la jurisdicción.

Mecanismos de control preventivo y pautas de no repetición

Para evitar la instrumentalización de infraestructura pública estratégica por parte de redes de delincuencia organizada, se sugieren las siguientes medidas de control:

• Identificación obligatoria del Beneficiario Final (UBO): Imponer por pliego concesionario la obligación de auditar hasta el último eslabón de personas humanas detrás de cualquier estructura jurídica local o extranjera, prohibiendo la participación de firmas radicadas en guaridas fiscales o sin actividad comercial comprobable.

• Auditorías externas continuas en el ENAPRO: Reestructurar los organismos de administración portuaria incorporando unidades técnicas independientes de auditoría contable e informática, desvinculadas de la política local.

• Sistema de Alertas Cruzadas e Integración con la UIF: Implementar un protocolo de reporte automático obligando a los entes reguladores a cruzar datos de balances, mutuos comerciales e ingresos de capitales extranjeros con la UIF y los organismos de administración tributaria.

• Supervisión en tiempo real de contratos de concesión: Disponer la caducidad automática de la concesión ante cualquier alteración accionaria opaca o cesión de cuotas no notificada formalmente al Estado.

• Trazabilidad sobre flujos del sector de entretenimiento y casinos: Endurecer los montos máximos operativos y el seguimiento nominativo de divisas cambiadas por fichas en salones VIP de apuestas, vinculándolos directamente con las declaraciones juradas patrimoniales de los apostadores.

La ruleta invisible: El ecosistema del juego online como la nueva gran lavandería del narcotráfico latinoamericano

El paradigma financiero de las organizaciones criminales ha mutado drásticamente. Atrás quedó la figura del narcotraficante que ingresa a una financiera clandestina con bolsos repletos de dinero físico. Hoy, los ingresos derivados del tráfico de estupefacientes y la violencia armada se blanquean a través de una red transnacional de casinos online, billeteras virtuales y pitufeo digital.

Una investigación basada en recientes expedientes judiciales de Argentina, México y Brasil revela cómo los cárteles han integrado las apuestas digitales como una línea de financiamiento orgánica. Mientras que en Argentina el fenómeno se encuentra en una fase de desarrollo inicial pero acelerado, en Brasil y México las estructuras criminales ya operan en simbiosis con el sistema financiero formal, desnudando la incapacidad de los Estados para regular y perseguir el flujo de capitales en la era digital.

De los bolsos a los clics: La caída del dinero físico

El dinero, en la economía criminal contemporánea, ha perdido su materialidad. La expansión de la economía virtual ofreció a las organizaciones ilícitas una herramienta de opacidad sin precedentes. El capital ilícito ya no requiere bóvedas kilométricas ni transporte blindado; se ha transformado en un crédito dentro de un casino virtual, en transferencias fraccionadas hacia múltiples alias de billeteras electrónicas, y en dominios web que desaparecen ante una orden judicial para reaparecer al día siguiente bajo una nueva extensión.

La justicia de la región persigue esta arquitectura financiera de manera fragmentada, abordando los síntomas tecnológicos pero sin lograr desarticular el núcleo del modelo de negocios. Lo que en países como México y Brasil constituye una industria paralela de miles de millones de dólares plenamente integrada a los mercados formales, en Argentina representa un fenómeno incipiente, aunque con una curva de profesionalización alarmante.

El contraste histórico es evidente. En 2020, la organización narcocriminal "Los Monos" se apropió de la red de salas clandestinas de Leonardo Peiti en Rosario mediante balaceras y extorsiones, un entramado de violencia física que culminó con legisladores acusados y fiscales encarcelados. Apenas un lustro después, las nuevas estructuras delictivas prescinden de los locales físicos, las máquinas tragamonedas y la recaudación en efectivo. El modelo de negocios actual, tal como lo expone la reciente investigación sobre la banda de "Los Menores", es completamente inmaterial, ubicuo y, sobre todo, silencioso.

El ecosistema argentino: Una lavandería en cuatro pasos

El expediente judicial a cargo de la fiscal provincial Georgina Pairola, quien alcanzó un acuerdo con Ornella Dipietri —expareja de Lisandro "Limón" Contreras, presunto líder de Los Menores—, resulta una radiografía precisa de esta maquinaria de blanqueo a escala sudamericana. Según se desprende del caso, la organización criminal (responsable de sostener su control territorial mediante homicidios y balaceras) no adoptó los casinos virtuales como un ingreso lateral, sino como su caja principal.

 

De acuerdo con el análisis de la operatoria en la provincia de Santa Fe, el sistema de lavado se estructura en cuatro peldaños fundamentales, diseñados específicamente para evadir el escrutinio financiero y judicial:

1. La barrera de entrada como herramienta de control

El primer eslabón radica en una restricción técnica que las plataformas implicadas (como Casino Zeus, Bet32, Jugalodos y Pulpo) imponen deliberadamente: no permiten que un usuario se registre de forma autónoma. Mientras que un casino legal busca masificar su acceso para captar clientes, un casino diseñado para el lavado de activos requiere intermediarios de confianza. Fernando Cappelletti (alias "Colo"), actualmente prófugo con captura internacional, ostentaba el monopolio para crear usuarios y cargar créditos. Esta imposibilidad de registro libre fuerza la creación de una cadena humana de "cajeros", garantizando que el dinero ilícito fluya únicamente a través de canales controlados.

2. El esquema piramidal de las fichas

El segundo nivel funciona como un esquema de comercialización multinivel. Cappelletti proveía "fichas ilimitadas" a cambio de una franquicia mensual, reteniendo un margen de ganancia ("al 15%", según se constata en los peritajes de sus comunicaciones). Él vendía estos créditos a intermediarios como Dipietri, quien a su vez los revendía a cajeras de menor jerarquía, como Jezabel D. Este mecanismo asegura que, mientras el dinero fluye hacia la cúpula, la trazabilidad del mismo se diluye en las bases de la pirámide.

3. El "pitufeo" digital mediante billeteras virtuales

El corazón del lavado se encuentra en las plataformas de pago electrónico, particularmente mediante transferencias a alias de Mercado Pago. Este instrumento cumple un triple propósito criminal:

• Fraccionamiento (Smurfing): Sustituye una única inyección millonaria de dinero por miles de transferencias de montos insignificantes (por ejemplo, 50.000 pesos), diluyendo el volumen y eludiendo los umbrales de alerta del sistema bancario.

• Despersonalización: El uso de un alias enmascara la identidad real durante la transacción ágil. Los operadores utilizan cuentas a nombre de familiares, testaferros o personas vulnerables que vendieron sus datos biométricos.

• Evasión del perímetro bancario: Al operar mediante Proveedores de Servicios de Pago (PSP) con miles de movimientos "hormiga", se evita detonar los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) que rigen para las entidades financieras tradicionales.

4. La resiliencia de los dominios web

El último escalón es la garantía de supervivencia operativa. Plataformas como Zeus operaban simultáneamente bajo el dominio .io en Rosario y .club en Buenos Aires. Cuando la justicia ordena un bloqueo, la restricción recae sobre el dominio específico y no sobre los servidores o los administradores. Cambiar la extensión del dominio permite a la organización volver a operar en menos de 24 horas. La ineficacia de este enfoque estatal queda expuesta en las cifras: solo en 2024, la Lotería de Santa Fe denunció 385 sitios de juego ilegal.

Por encima de este andamiaje, los peritajes descubrieron una estructura superior: paneles de administración mayoristas (admin.agentesbet.com, admin.pulpobet.com) y un soporte técnico centralizado. Múltiples sitios derivaban a sus usuarios a un mismo número de WhatsApp. Según fuentes judiciales, esta línea pertenece a Compu Tools SRL, una firma radicada en pleno microcentro porteño (Florida al 500). Este proveedor ofrece un servicio "llave en mano" a diversas marcas como ganaencasa.io y celuapuestas.net. Para otorgarle una fachada de legalidad internacional, plataformas como Bet32 exhiben licencias otorgadas por las autoridades de Curazao, un paraíso fiscal recurrente para el juego "gris" global.

Pese a estos avances, el lavado en Argentina aún se encuentra en una etapa de capitalización física. El caso de Roberto Zuco, procesado con prisión preventiva en la mayor causa federal de juego ilegal del país, lo demuestra. Detenido en octubre en el exclusivo barrio privado Terralagos de Canning, la red de Zuco (que operaba la familia de dominios celuapuestas) utilizó 31 sociedades pantalla y más de 200 vehículos. La fiscalía estima un blanqueo superior a los 7 millones de dólares y 17.000 millones de pesos. Sin embargo, su resguardo final seguía siendo físico: en una caja de seguridad le incautaron 2,5 millones de dólares en efectivo y un lingote de oro.

México: Robo de identidad y el amparo del Estado

Si en Argentina el sistema depende de "cajeros" conscientes de su rol, en México el modelo se asienta sobre víctimas involuntarias, alcanzando una escala corporativa que se infiltra en las concesiones del propio Estado.

En noviembre de 2025, la procuradora fiscal Grisel Galeano García detalló un esquema de lavado sostenido en seis pasos. El mecanismo comienza con el robo de datos bancarios o el engaño a sectores vulnerables (estudiantes, jubilados, amas de casa). A estas personas se les envían tarjetas prepagas o códigos cargados con dinero de origen ilícito. Al apostar en línea o en sucursales físicas, el sistema registra que el usuario "ganó" sumas millonarias. El apostador jamás recibe el premio; es un simple "ganador fantasma" utilizado para fabricar una justificación contable que permita a los cárteles retirar el dinero con apariencia de legalidad.

La penetración del narcotráfico en esta industria provocó la reacción de las más altas esferas gubernamentales. Tras detectar una red de lavado en trece casinos distribuidos en ocho estados, la Secretaría de Gobernación canceló los establecimientos y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó sus cuentas.

El 14 de abril de este año, la intervención internacional dejó al descubierto la gravedad institucional. El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (mediante la OFAC) incluyó en su lista de Nacionales Especialmente Designados al Casino Centenario de Nuevo Laredo (Tamaulipas), operado por Comercializadora y Arrendadora de México (CAMSA). Washington señaló que el Cártel del Noreste no solo utilizaba las operaciones de juego para integrar ganancias ilícitas al sistema financiero, sino que las instalaciones del casino servían como depósito logístico de cocaína y pastillas de fentanilo. Un detalle macabro del expediente estadounidense revela que las trastiendas del casino funcionaban como centros de tortura e intimidación.

La impunidad del sistema radica en su disfraz legal. CAMSA también administra el Diamante Casino en Tampico y su versión virtual, diamantecasino.com.mx. De los diez sitios web suspendidos recientemente por la Dirección General de Juegos y Sorteos de México, dos operaban bajo permisos formales otorgados a la firma Atracciones y Emociones Vallarta. Es decir, los vehículos de lavado designados por el Tesoro estadounidense por vínculos con el Cártel del Noreste funcionaban con licencias oficiales vigentes, operando dentro del sistema y no en la marginalidad.

Las estadísticas evidencian un descontrol sistémico. Durante los primeros cinco meses de 2026, el sector financiero mexicano emitió 202.045 reportes de operaciones sospechosas vinculadas al juego, abarcando al menos 825 millones de dólares. Cabe destacar que la obligación de reporte solo se activa a partir de transacciones considerables (superiores a 645 Unidades de Medida y Actualización), dejando fuera del radar el pitufeo de bajo monto. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sintetizó la falla institucional: el Estado reguló el edificio físico, pero dejó en la anomia a la plataforma digital con dominio web.

Brasil: La cooptación del sistema financiero formal

El escenario brasileño representa la fase superior del lavado de activos en América Latina. A diferencia de Argentina, donde los millones terminan en bóvedas y lingotes de oro, en Brasil el capital ilícito trasciende las plataformas de apuestas para inyectarse directamente en corporaciones financieras de alto nivel.

En abril de 2024, la Policía Federal desmanteló en Ceará una red de, al menos, seis plataformas de apuestas ("bets") dedicadas a lavar dinero para el Primer Comando de la Capital (PCC) y el Comando Vermelho, deteniendo a familiares directos de "Marcola", máximo líder del PCC. Estas facciones utilizan el juego online para licuar fondos provenientes del narcotráfico y el tráfico de armas.

 

Los volúmenes financieros de las investigaciones brasileñas exponen la magnitud del problema. La Operación Primma Migratio demostró que el PCC canalizó más de 55 millones de dólares a través del tradicional "jogo do bicho" y apuestas digitales, destinando una fracción explícita a la corrupción de agentes estatales. Aún más grave fue la Operación Contenção, la cual comprobó que la empresa de tecnología financiera (fintech) 4TBank lavó la exorbitante cifra de 1.100 millones de dólares para ambos cárteles en apenas doce meses. Esto se logró mediante la constitución de empresas fantasma y esquemas contables clandestinos que burlaron completamente la supervisión del Banco Central de Brasil.

El corolario de esta infiltración institucional quedó plasmado en un extenso documento de 220 páginas presentado el 14 de abril por el senador Alessandro Vieira, en el marco de la Comisión Parlamentaria de Investigación del Crimen Organizado. El informe mapeó la existencia de 90 organizaciones criminales que ejercen control territorial sobre el 26% de Brasil, afectando la vida de 28,5 millones de personas.

El texto redactado por Vieira expuso el "Caso Master", una radiografía de cómo facciones territoriales han logrado una simbiosis perfecta con operadores del mercado formal. Según el documento, el crimen organizado utiliza actualmente gestoras de activos, fondos de inversión e instituciones bancarias para lavar miles de millones de reales y capturar porciones clave del aparato regulatorio del Estado.

Pese a la contundencia de las pruebas probatorias, el informe fue rechazado políticamente por la comisión con seis votos en contra y cuatro a favor, culminando su mandato sin aprobar la resolución. La controversia radicó en las omisiones deliberadas del documento original; diversos senadores denunciaron que se protegió la identidad de altos ejecutivos. Entre los nombres que exigían incluir se encontraba el de Daniel Vorcaro, dueño del Banco Master, a quien el Ministerio Público paulista acusa de haber adquirido parte del club de fútbol de primera división Atlético Mineiro utilizando fondos bajo severa sospecha de origen ilícito.

Análisis de las implicancias: El Estado analógico frente al delito digital

La lectura transversal de los tres países revela una economía criminal que ha dejado obsoletas las herramientas jurídicas y operativas de los Estados. Las agencias gubernamentales continúan reaccionando con lógicas analógicas frente a esquemas netamente digitales. El bloqueo de direcciones URL en Argentina es un esfuerzo estéril frente a un modelo de "marca blanca" que puede replicar su infraestructura de servidores en jurisdicciones opacas en cuestión de horas.

Mientras que en México se requirió la presión geopolítica y las sanciones directas del Departamento del Tesoro de EE.UU. para actuar contra casinos que ostentaban permisos gubernamentales, en Brasil el dinero negro ya cruzó el umbral del sistema financiero, comprando voluntades políticas y activos sociales de inmenso arraigo popular, como los clubes de fútbol.

La fiscal argentina Georgina Pairola resumió en su dictamen la atracción fatal de este modelo delictivo: a diferencia de las disputas territoriales clásicas, el juego online "no pone en peligro la integridad física de terceros, al menos de forma directa". Para las bandas criminales, el retorno sobre la inversión es equiparable al narcomenudeo, la eficiencia del blanqueo supera ampliamente a las cuevas financieras tradicionales, y la generación de expedientes judiciales es ínfima en proporción a los volúmenes transaccionados.

Conclusión

El narcotráfico ha mutado hacia una corporación financiera de base tecnológica. Las apuestas online, los dominios offshore, el pitufeo algorítmico y la cooptación de fintechs configuran una arquitectura diseñada específicamente para que los capitales fluyan sin revelar sus manchas de sangre.

El abismo de madurez entre las redes que guardan oro en bóvedas argentinas y las que compran instituciones deportivas de primera división en Brasil representa el pronóstico ineludible para toda la región. Si la legislación y las unidades de información financiera no abandonan su enfoque reactivo territorial para adoptar estrategias de ciberinteligencia financiera integrada, el Estado continuará clausurando la fachada de un casino mientras la verdadera ruleta sigue girando en los teléfonos de millones de ciudadanos.

Información pendiente de corroboración

• Titularidad corporativa real: Identidad de los accionistas y beneficiarios finales de firmas proveedoras de infraestructura como Compu Tools SRL y las empresas detrás de las licencias expedidas en Curazao.

• Destino final de los fondos en Argentina: El paradero y los mecanismos de inserción formal de los 17.000 millones de pesos vinculados a la organización de Roberto Zuco, más allá de los activos físicos incautados.

• Protección política en Brasil: Las negociaciones, acuerdos parlamentarios o posibles coacciones que derivaron en el rechazo por mayoría del informe de la Comisión Parlamentaria de Investigación del Crimen Organizado en el Senado brasileño.

Preguntas abiertas

1. ¿Por qué los Proveedores de Servicios de Pago (PSP) y billeteras virtuales no cuentan con algoritmos preventivos de bloqueo ante patrones de miles de microtransferencias provenientes de usuarios sin verificación biométrica rigurosa?

2. ¿Existen servidores físicos alojados en territorio nacional que brindan soporte y alojamiento a los dominios alternativos generados tras los bloqueos judiciales?

3. ¿Qué nivel de trazabilidad internacional existe para obligar a jurisdicciones laxas, como Curazao, a revocar las licencias de sitios comprobados judicialmente como lavanderías narco?

4. ¿Qué rol están jugando los órganos fiscalizadores del Estado a la hora de auditar los permisos vigentes, considerando que cárteles como el del Noreste operaban mediante concesionarias legales?

Cronología de los hechos

• 2020: La banda narcocriminal "Los Monos" toma el control mediante la violencia de las salas de juego físico clandestino de Leonardo Peiti en la provincia de Santa Fe, Argentina.

• Abril de 2024: La Policía Federal de Brasil despliega operativos en Ceará contra al menos seis plataformas de apuestas digitales acusadas de lavar activos para el PCC y el Comando Vermelho.

• 2024: La Caja de Asistencia Social-Lotería de Santa Fe (Argentina) presenta denuncias judiciales contra 385 sitios de apuestas ilegales.

• Noviembre de 2025: Autoridades de México (Secretaría de Gobernación y Unidad de Inteligencia Financiera) detectan y bloquean cuentas de una red de lavado en trece casinos distribuidos en ocho estados.

• Enero a Mayo de 2026: El sistema financiero mexicano emite 202.045 reportes por operaciones sospechosas vinculadas al sector de apuestas, sumando un mínimo de 825 millones de dólares.

• 14 de abril de 2026: La OFAC (Departamento del Tesoro de EE.UU.) sanciona al Casino Centenario y a la empresa CAMSA en México, vinculándolos con el lavado de activos y narcotráfico del Cártel del Noreste.

• 14 de abril de 2026: El Senado brasileño rechaza (por seis votos contra cuatro) el informe de la Comisión Parlamentaria que detallaba la cooptación del sistema financiero formal por parte del crimen organizado.

• Octubre (año no especificado en la fuente): Roberto Zuco es detenido en el country Terralagos (Argentina) con 2,5 millones de dólares en su poder, acusado de liderar una mega red de lavado mediante sitios como celuapuestas.com.

• 2 de agosto de 2026: Se hace público el avance del expediente de la fiscal Georgina Pairola, quien expone el acuerdo judicial que detalla el uso orgánico de billeteras virtuales y casinos online por parte de la banda narcocriminal argentina "Los Menores".

El trágico saldo de la improvisación operacional en el Plan Bandera de Rosario

El violento episodio registrado la noche del pasado 11 de junio de 2026 en el asentamiento conocido como Villa Banana, en la zona oeste de la ciudad de Rosario, ha vuelto a encender las alarmas sobre la efectividad real de los despliegues federales en el territorio. 

El hecho, que culminó con el asesinato del agente de la Policía Federal Argentina (PFA) Rodolfo Manfredi y con heridas de extrema gravedad para el cabo Emilio Miguel Gómez Villafañe, expone de manera dramática las falencias operativas y la falta de planificación estratégica en las intervenciones conjuntas coordinadas por el Ministerio de Seguridad de la Nación bajo el denominado Plan Bandera.

De acuerdo con diversas informaciones, el suceso tuvo lugar aproximadamente a las 22:00 horas en la intersección de las calles 27 de Febrero y Gutenberg. En ese punto, tres efectivos a bordo de un móvil identificable de la fuerza federal se aproximaron al acceso de uno de los pasillos más conflictivos del asentamiento. Mientras el conductor del vehículo —debidamente uniformado— permaneció apostado dentro de la unidad, Manfredi y Gómez Villafañe descendieron con vestimenta de civil y cubiertos apenas por camperones institucionales, adentrándose en el pasillo con la supuesta directiva de realizar tareas de identificación de personas y patrullaje preventivo.

La reconstrucción del hecho revela que, al internarse unos metros en el pasaje, los dos efectivos se toparon de frente con un grupo de aproximadamente quince personas apostadas en las inmediaciones de un búnker de venta de estupefacientes. Sin mediar palabra y ante la evidente vulnerabilidad de los uniformados, varios de los sospechosos abrieron fuego a mansalva. El agente Manfredi fue acribillado de once disparos en diversas partes del cuerpo, falleciendo de forma casi instantánea en el lugar, tras lo cual sus agresores le sustrajeron el arma reglamentaria antes de darse a la fuga entre los intrincados pasadizos del barrio.

Por su parte, el cabo Gómez Villafañe recibió dos impactos de bala, uno en el brazo y otro en la zona abdominal, logrando sobrevivir inicialmente gracias a que fue evacuado de urgencia por sus propios compañeros hacia el Hospital Italiano. Allí fue sometido a una intervención quirúrgica de alta complejidad y permanece internado bajo pronóstico reservado en la Unidad de Terapia Intensiva. Durante el mismo enfrentamiento, uno de los presuntos atacantes, identificado como Luis Miguel M., resultó herido en el tórax y fue trasladado al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA) por su hermano, Juan Carlos M., quien posteriormente quedó aprehendido por orden de las autoridades policiales santafesinas.

Este trágico desenlace pone de relieve severos interrogantes respecto de la gestión del Ministerio de Seguridad Nacional, evidenciando graves problemas de conducción, control y diseño táctico. Existiendo cuestionamientos con dureza la decisión de enviar a personal de tan baja jerarquía y escasa experiencia territorial a realizar tareas de saturación de civil en zonas de altísima peligrosidad. 

Mandar a un agente que obtuvo el alta institucional recién en el año 2024 y a un cabo trasladado provisionalmente desde la División Unidad Operativa Federal (DUOF) de Santiago del Estero a uno de los búnkeres más hostiles del país refleja una alarmante desconexión operativa por parte de las cadenas de mando.

Los problemas de control se hacen patentes al constatar que las víctimas ingresaron a un pasillo dominado por el narcotráfico organizado sin portar los chalecos antibalas provistos para operaciones de alto riesgo. 

La falta de supervisión directa en el terreno permitió que se ejecutara un procedimiento improvisado, carente de cobertura táctica periférica o de un anillo de seguridad que resguardara la vida de los suboficiales.

La conducción institucional parece priorizar el cumplimiento formal de cuadrículas de patrullaje asignadas para sostener la narrativa estadística de la cartera de seguridad, descuidando los protocolos mínimos de preservación de la integridad del personal.

El impacto humano de esta desatención en la gestión ministerial se traduce en la pérdida de una vida joven y el desamparo de una familia. El agente Manfredi, de tan solo 30 años de edad y oriundo del barrio porteño de Villa Lugano, era padre de dos niños de 5 y 9 años. 

De forma paralela a las deficiencias logísticas, el personal de las fuerzas de seguridad convive con una severa depreciación salarial que ha deteriorado su calidad de vida.

Esta situación económica precaria ha desencadenado una preocupante crisis psicosocial entre los efectivos, quienes acumulan deudas insostenibles para afrontar necesidades cotidianas mientras padecen el virtual colapso de los servicios de salud y de las obras sociales institucionales.

La complejidad del teatro de operaciones donde se dispuso el envío de los efectivos subalternos no era un elemento desconocido para la inteligencia criminal. Villa Banana, una de las zonas más populosas y complejas de Rosario, se encuentra atravesada por una histórica disputa territorial entre clanes narco. 

El búnker específico donde ocurrió el ataque es manejado por los denominados hermanos Muñoz, quienes operan como un eslabón local conectado con estructuras de mayor envergadura, tales como las organizaciones comandadas por Francisco Riquelme, el ciudadano peruano Julio Rodríguez Granthon y, fundamentalmente, la facción de Leonardo Dalmacio Saravia, alias "Leo Rey", un engranaje clave del violento clan de "Los Monos".

Asimismo, las investigaciones judiciales dirigidas ahora por la Justicia Federal y la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) a cargo del fiscal Matías Scilabra, señalan que el sector ha experimentado una escalada de violencia en las últimas semanas debido a la irrupción de segundones que responden a Nelson "Pandu" Aguirre. Este último, un exaliado de Los Monos que cumple una condena de 14 años en el penal de Piñero, mantiene su influencia en la comercialización de estupefacientes en la zona oeste. 

La total subestimación de estas variables de riesgo criminal al momento de ordenar el patrullaje preventivo ratifica las críticas hacia una gestión ministerial que delega el control territorial en el eslabón más débil de la jerarquía policial.

En el plano laboral e institucional, la precariedad material y el ahogo financiero minan de forma invisible la moral de los efectivos que son enviados a la primera línea de combate contra el delito. 

La falta de cobertura médica de calidad y el estrés derivado de salarios desfasados configuran un cuadro de vulnerabilidad latente que las autoridades políticas evitan sistemáticamente discutir en sus apariciones públicas. En este contexto de fragilidad estructural, la exigencia de cumplir misiones de alto impacto en territorios hostiles sin el equipamiento logístico básico o la contención financiera mínima se percibe internamente como un desamparo absoluto del Estado hacia sus propios funcionarios.

En respuesta al homicidio, el secretario de Seguridad de la Nación, Martín Ferlauto, se trasladó de urgencia a Rosario para coordinar acciones con las autoridades provinciales y emitir un mensaje de firmeza institucional, ratificando la continuidad de las directivas del Plan Bandera junto a la ministra Alejandra Monteoliva.  

Sin embargo, las declaraciones oficiales que catalogaron a los agentes como "héroes" y afirmaron apresuradamente que contaban con "todos los elementos de seguridad provistos" generaron cortocircuitos con los datos recabados en la escena por los peritos de la Comisaría 19na y la fiscalía provincial originaria de María Laura Riccardo, los cuales confirmaron la ausencia de chalecos antibalas y el uso de vestimenta civiles.

Para muchos sectores de la comunidad y analistas especializados, las estrategias de saturación implementadas por el Ministerio de Seguridad nacional adolecen de un sesgo que prioriza la imagen política y el impacto mediático por sobre la eficacia táctica real. 

La urgencia de mostrar presencia federal en los barrios vulnerables suele derivar en órdenes de servicio genéricas que exponen a los de menor rango a emboscadas previsibles. Los trágicos resultados en Villa Banana exigen una profunda revisión interna de los mecanismos de comando que evite que el marketing político se financie con la vida de los cuadros policiales.

La paradoja de la jornada se profundizó al constatarse que los hechos sangrientos coincidieron cronológicamente con la visita a Rosario del embajador de los Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas, quien se encontraba reunido con el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, evaluando las políticas de seguridad locales. Mientras en los despachos oficiales se elogiaba el "liderazgo, decisión y compromiso" de la gestión gubernamental, las calles de la zona oeste daban cuenta de una realidad inconexa, sumando además esa misma noche el homicidio de un joven de 24 años, Alexis Juan Pablo Yniguez, acribillado por sicarios en moto a pocas cuadras de distancia del búnker de los Muñoz.

La causa judicial ha quedado formalmente bajo la órbita de la Justicia Federal de Rosario debido a la naturaleza de las funciones de las víctimas y las características de las organizaciones criminales involucradas. Los operativos de saturación posteriores y los allanamientos ordenados en la madrugada permitieron asegurar la escena para los peritajes del comisario inspector Pablo Germán Sánchez, jefe del Departamento Investigaciones Federales Rosario. 

No obstante, el esclarecimiento de las responsabilidades materiales no exime a la conducción política de dar explicaciones precisas sobre las severas fallas de control y el desamparo estratégico al que permanecen expuestos los hombres y mujeres de las fuerzas federales en el territorio.

La muerte del suboficial Valdez expone un sistema de "fraude salarial" y abuso de autoridad que quebró la cadena de mando policial en Santa Fe

El trágico suicidio del agente oriundo de Vera fue el detonante de una protesta que trasciende lo económico. Los efectivos denuncian una ingeniería contable diseñada para evadir aportes mediante sumas en negro, un régimen de sanciones arbitrarias y una epidemia de salud mental silenciada por el poder político.

ROSARIO. – La crisis de seguridad pública en la provincia de Santa Fe ha entrado en una fase crítica e inédita. Tras el fracaso de las negociaciones de la madrugada de este miércoles, el conflicto policial se ha agudizado con un acuartelamiento de hecho y protestas frente a la Jefatura de Rosario. Sin embargo, detrás de los patrulleros parados y el humo de las cubiertas, subyace una problemática estructural mucho más profunda que un reclamo paritario: el colapso de un modelo de gestión basado en la precarización laboral y el hostigamiento administrativo.

El punto de quiebre fue la muerte del suboficial Oscar Valdez, de 32 años. Su deceso, ocurrido tras un intento de suicidio en las puertas de la misma Jefatura de la Unidad Regional II, visibilizó la desesperación de un sector que se siente descartable. Valdez, oriundo de Vera, encarnaba la realidad de miles de agentes que deben recorrer más de 500 kilómetros para prestar servicio en Rosario, sometidos a jornadas extenuantes y condiciones de desarraigo que el Estado provincial no ha logrado resolver.

La ingeniería del "fraude salarial"

El malestar en las filas policiales encuentra su raíz técnica en la composición de los haberes. Documentación y recibos de sueldo a los que se ha tenido acceso revelan una distorsión contable sistemática avalada por el Ministerio de Economía y Seguridad. En la actualidad, el "Sueldo Básico" de un agente representa, en muchos casos, menos del 10% del total de sus ingresos brutos.

El grueso del salario policial se compone de ítems "No Remunerativos" y "No Bonificables". Esta arquitectura financiera no es un error, sino una política de Estado que funciona, en la práctica, como una evasión de cargas sociales por parte del propio fisco. Al pagar mediante sumas fijas o códigos "parche" (como asignaciones especiales o refuerzos no bonificables), el gobierno evita que los aumentos impacten en la antigüedad y en los adicionales por título, achatando la pirámide jerárquica.

Esta maniobra tiene consecuencias devastadoras a largo plazo: desfinancia la Caja de Jubilaciones y vacía la obra social IAPOS. El policía activo percibe dinero de bolsillo que desaparece al momento del retiro, condenando al personal pasivo a la indigencia y obligando al personal en actividad a depender de "bonos" discrecionales que no generan derechos adquiridos. Juristas consultados advierten que el manejo discrecional de estas partidas presupuestarias para evitar obligaciones patronales podría encuadrarse en figuras de malversación de caudales públicos y fraude a la administración fraudulenta.

El abuso de autoridad como método de control

Más allá de lo económico, la protesta ha sacado a la luz un mecanismo perverso de disciplinamiento interno. Los efectivos denuncian que cualquier intento de reclamar por estas irregularidades o por las condiciones inhumanas de trabajo (regímenes de 12 horas de labor por 36 de descanso que no contemplan los tiempos de viaje) es sofocado mediante el abuso de autoridad.

El sistema de sanciones, particularmente los "pases a disponibilidad" y los sumarios administrativos, se utiliza como herramienta de censura. A esto se suma una práctica denunciada recurrentemente: el uso punitivo de la psiquiatría. Agentes que exponen su agotamiento o disconformidad son enviados compulsivamente a carpetas psiquiátricas y desarmados, no como una medida de cuidado, sino como una forma de estigmatización y congelamiento de carrera, anulando cualquier posibilidad de ascenso.

Fracaso político y ruptura de la jerarquía

La respuesta del gobierno de Maximiliano Pullaro ha sido, hasta el momento, endurecer la postura. El ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni, atribuyó el conflicto a "maniobras políticas" y "fake news" impulsadas por policías exonerados, llegando a ordenar la represión de familiares de los uniformados con gas pimienta, un hecho que terminó de romper la confianza entre la tropa y la conducción política.

A pesar del anuncio de un plus salarial de $500.000 para efectivos de calle, la medida fue rechazada por las bases. Los policías entienden que aceptar sumas fijas "en negro" es perpetuar el mismo sistema que destruye su futuro previsional. La cadena de mando se ha cortado: las órdenes de los jefes policiales, desautorizados por sus subordinados, no se cumplen, y la información no fluye hacia la cúpula gubernamental.

Un drama silencioso

El caso de Valdez no es aislado. Según datos del Ministerio Público de la Acusación (MPA), en 2025 se registraron 17 suicidios de efectivos solo en la jurisdicción de Rosario, una cifra que supera estadísticamente a las bajas producidas por enfrentamientos con el crimen organizado. El mayor riesgo para el policía santafesino hoy no parece estar solo en las balas del narcotráfico, sino en la presión interna de una institución que no ofrece contención real.

Mientras el gobierno insiste en teorías conspirativas sobre perfiles falsos en redes sociales y manipulación política, la realidad en las calles muestra patrulleros detenidos y familias exigiendo dignidad. La falta de una solución de fondo a la estructura salarial ilegal y el cese de los abusos de autoridad prometen extender un conflicto que mantiene en vilo la seguridad de toda la provincia.

El salario policial en Santa Fe: Un laberinto contable que esconde un "Sueldo Básico" de apenas el 9,8% del total

Un recibo de sueldo perteneciente a un efectivo de la Policía de la Provincia de Santa Fe, fechado en enero de 2026, ha puesto en evidencia la profunda distorsión que atraviesa la estructura salarial de las fuerzas de seguridad. El documento revela no solo la precariedad de los haberes básicos, sino una ingeniería administrativa diseñada para evitar el impacto de los aumentos reales en la carrera policial.

El análisis detallado del comprobante, correspondiente a un titular con 10 años de antigüedad, muestra un "Sueldo Básico" (Código 0010-0) de $135.140,12. Sin embargo, el total de haberes brutos asciende a $1.374.524,66. Esta disparidad arroja un dato alarmante: el salario real, legal y escalafonario representa menos del 10% del dinero que percibe el agente (específicamente un 9,8%).

El resto del ingreso se compone de una interminable lista de suplementos, sumas fijas y códigos específicos (como el 1000, 1010, 1020, 1400 y 1670). Si bien muchos de estos ítems figuran nominalmente como "Remunerativos", la mayoría lleva la etiqueta de "No Bonificables".

Esta distinción semántica es la clave del mecanismo de evasión de costos por parte del Estado provincial. Al otorgar aumentos mediante sumas "No Bonificables", el gobierno evita que dichos incrementos impacten en los multiplicadores automáticos, como la antigüedad o los adicionales por título.

En una estructura salarial sana, el Sueldo Básico debería representar la mayor porción del ingreso, haciendo que la antigüedad (que se calcula como un porcentaje del básico) tenga un peso real. En este caso, al mantener el básico "congelado" o irrisorio, un policía con 20 años de servicio apenas se diferencia salarialmente de uno con 5, produciendo lo que se conoce como "achatamiento de la pirámide".

El documento expone ítems como el "Min. Garantizado Rem/N. Bon" (Código 1670) por $125.457. Este tipo de conceptos actúan como parches para alcanzar un piso salarial de bolsillo sin tener que reestructurar la escala legal. Es, en la práctica, una admisión del Estado de que la escala salarial oficial está por debajo de la línea de pobreza.

La gravedad de esta ingeniería financiera radica en su impacto directo sobre el sistema previsional y de salud. Aunque el recibo muestra descuentos para la Caja de Jubilaciones y el IAPOS (Obra Social), la base de cálculo suele ser motivo de litigio.

Históricamente, el uso de sumas "No Remunerativas" (o sumas "grises" que no integran el núcleo del salario) desfinancia a la Obra Social IAPOS. Al no aumentar el básico, los aportes porcentuales crecen a un ritmo menor que la inflación médica, resultando en una prestación de servicios deficiente y copagos elevados para los afiliados.

Más dramática es la situación de cara al retiro. La jubilación policial móvil debe reflejar el salario del activo. Sin embargo, cuando el sueldo está compuesto por una decena de ítems "parche", el Estado a menudo argumenta que ciertos códigos no forman parte del haber "permanente" sujeto a movilidad jubilatoria.

Esto genera que, al momento del retiro, el policía perciba un haber significativamente menor al que cobraba en actividad, condenando al personal retirado a una caída abrupta en su calidad de vida y obligándolos a iniciar juicios contra la Caja de Jubilaciones para que se reconozca la totalidad de los rubros.

Desde el punto de vista jurídico, esta práctica estatal podría constituir un "Fraude a la Ley Laboral". El Estado, que debe velar por la legalidad, actúa como el principal evasor, utilizando figuras administrativas para eludir la responsabilidad de pagar un salario digno y estructurado conforme a la jerarquía.

En cuanto a la responsabilidad de los funcionarios, la autorización y diseño de este esquema podría encuadrarse en el delito de "Incumplimiento de los Deberes de Funcionario Público" (Art. 248 del Código Penal), al dictar resoluciones contrarias a las leyes de personal y presupuesto que exigen transparencia y legalidad en los haberes.

Asimismo, podría investigarse la figura de "Abuso de Autoridad", dado que se utiliza el poder del Estado para imponer condiciones laborales unilaterales que vulneran derechos adquiridos de los trabajadores, alterando la naturaleza remunerativa del salario para beneficio de las arcas fiscales en detrimento del agente.

Incluso, juristas especializados advierten sobre una posible "Malversación de Caudales Públicos" en sentido impropio, si se demuestra que partidas presupuestarias destinadas a recomposiciones salariales formales fueron desviadas hacia estos mecanismos de pagos discrecionales para evitar el impacto en los pasivos (jubilados).

La distorsión es tal que el ítem por "Riesgo Profesional" ($162.168) es apenas superior al básico. Se paga casi lo mismo por poner la vida en juego que por el sueldo base que define la categoría del agente, una contradicción que resume el descalabro administrativo.

En conclusión, el recibo de sueldo de enero de 2026 no es solo un comprobante de pago, sino la prueba documental de una política de precarización laboral institucionalizada.

Mientras el "Básico" siga siendo una ficción contable del 9,8%, los policías de Santa Fe continuarán cobrando sueldos que no construyen futuro previsional, atrapados en un sistema donde el Estado provincial opera al margen de la lógica y la ética laboral que exige al sector privado.

Pablo Cococcioni, ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, y el gobernador de Santa Fe Maximiliano Pullaro no dan una resolución efectiva respecto de esta situación.

Las máximas autoridades de la policía de Santa Fe, Luis Pablo Martín Maldonadao, Daniel Fernando Filchel, también tienen responsabilidad ante estas irregularidades. 

Tras un triple crimen en Rosario, el Ministerio de Seguridad disolvió el Grupo Especial Antinarcotráfico

El Ministerio de Seguridad Nacional dispuso el desmantelamiento del Grupo Especial Antinarcotráfico Rosario (GEANRO), una unidad federal creada en 2024 en el marco del denominado Plan Bandera para intervenir de manera específica contra el narcotráfico y la criminalidad organizada en la ciudad de Rosario. La medida fue oficializada mediante una resolución publicada en el Boletín Oficial (Resolución 4/2026), que derogó formalmente el acto administrativo que había dado origen al grupo especial.

La decisión se conoció en un contexto de alta sensibilidad institucional y social, marcado por un triple crimen ocurrido en la zona sur de Rosario, un hecho que volvió a poner en evidencia la persistencia de la violencia letal asociada a disputas criminales en el territorio. El episodio, que incluyó el asesinato de dos hombres y una mujer -Erica Tamara Ayala, Sergio Fabio Roldán, Lisandro Roque A.- y dejó además personas gravemente heridas, reavivó los cuestionamientos sobre la capacidad de prevención, investigación y disuasión del Estado frente a estructuras delictivas complejas. Sucedió en inmediaciones de Lirio y España, en barrio Las Flores.

De acuerdo con los fundamentos oficiales, el Ministerio sostuvo que el GEANRO había cumplido su función inicial como herramienta extraordinaria y transitoria, orientada a reforzar las capacidades federales en una etapa de emergencia. En ese sentido, se argumentó que la continuidad de las tareas antidrogas y de investigación criminal quedará a cargo de otros dispositivos permanentes, con una redistribución del personal y los recursos hacia las fuerzas federales de origen, sin que ello implique —según la versión oficial— una reducción del esfuerzo estatal en Rosario.

No obstante, la disolución del grupo especial inmediatamente después de un hecho de extrema gravedad generó interrogantes sobre la oportunidad y el impacto concreto de la medida. En un escenario donde la violencia armada sigue siendo un problema estructural, el desarme de una unidad específicamente dedicada al narcotráfico plantea dudas respecto de la coherencia entre las decisiones administrativas y la realidad operativa en el territorio, así como sobre la capacidad de sostener respuestas coordinadas y especializadas frente a organizaciones criminales activas.

Desde el congreso legisladores han solicitado pedidos de informes al ministerio de seguridad nacional, dirigido por Alejandra Monteoliva, sobre la decisión adoptada, instando a que presenten informes técnicos que avalen dicha medida.

Condenan a nueve años de prisión al exjefe de fiscales de Rosario por corrupción vinculada al juego clandestino

El exjefe de fiscales de Rosario, Patricio Serjal, fue condenado este viernes a la pena de nueve años de prisión efectiva, tras ser hallado culpable de liderar una asociación ilícita y cometer graves actos de corrupción. En un fallo unánime, el tribunal penal de primera instancia de Rosario, integrado por los jueces Nicolás Foppiani, Facundo Becerra y Hebe Marcogliese, impuso también al exfuncionario la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

Serjal, quien había sido destituido de su cargo por la Legislatura de Santa Fe en 2020, fue encontrado responsable de los delitos de asociación ilícita en carácter de jefe, cohecho pasivo agravado (recibir sobornos) e incumplimiento de los deberes de funcionario público. La investigación demostró que Serjal utilizaba su posición jerárquica para brindar protección judicial a una red de juego clandestino.

Según la acusación probada en el juicio, Serjal cobraba sobornos mensuales, estimados entre cuatro mil y cinco mil dólares, al empresario del juego ilegal Leonardo Peiti. A cambio de estos pagos, el entonces jefe de fiscales filtraba información confidencial sobre futuras investigaciones o allanamientos, garantizando impunidad a la organización de Peiti. Para la recolección del dinero, Serjal utilizaba como intermediario al entonces fiscal Gustavo Ponce Asahad.

En este mismo juicio también fue condenado Nelson Ugolini, un exempleado del Ministerio Público de la Acusación (MPA) que se desempeñaba como secretario de Ponce Asahad. Ugolini recibió una pena de cinco años de prisión y diez años de inhabilitación para ejercer cargos públicos, por su participación activa en la filtración de información sensible a la red delictiva.

Tanto Ponce Asahad como el empresario Leonardo Peiti ya habían sido condenados previamente mediante juicios abreviados, tras acogerse a la figura de "imputado colaborador". Ponce Asahad recibió una pena de tres años de prisión condicional, mientras que Peiti, considerado el "banquero" de la red, recibió una condena similar de tres años en suspenso y el pago de una multa significativa, gracias a la información que aportaron para desmantelar la cúpula de la organización.

Durante el juicio, el tribunal consideró como pruebas agravantes el borrado de conversaciones por parte de Serjal en momentos clave de la investigación y la confirmación de una reunión en un hotel de Buenos Aires entre Serjal y Peiti. Según declaró el propio Peiti, en dicho encuentro el exfiscal le exigió un aumento en el monto del soborno para mantener la cobertura.

Un aspecto central de la causa, que se mantiene sin resolución judicial, es la presunta participación de una "pata política" en la organización. Las declaraciones de los colaboradores Ponce Asahad y Peiti señalaron reiteradamente al senador provincial por el departamento de San Lorenzo, Armando Traferri, como el presunto organizador político de la red. Sin embargo, los múltiples pedidos de los fiscales para imputar a Traferri han sido sistemáticamente bloqueados por el Senado de Santa Fe, que se ha negado a retirarle sus fueros parlamentarios.

Graves declaraciones de Pablo Olivares, ministro de Economía de Santa Fe: preocupación por el impacto institucional y económico

Las recientes afirmaciones del ministro de Economía de la Provincia de Santa Fe, Pablo Olivares, han desatado una profunda preocupación en sectores empresariales, jurídicos y económicos. En un intento de responder a la decisión de Mercado Libre de visibilizar la carga impositiva provincial en sus plataformas, Olivares sostuvo que “las fotos de los allanamientos en la provincia de Santa Fe muestran una escena cada vez más frecuente: armas, droga y dispositivos de Mercado Pago”, vinculando de forma directa a herramientas legales de pago digital con el narcotráfico.

Esta declaración, además de ser impropia para un funcionario de alto rango, carece de rigurosidad y afecta gravemente los principios básicos de responsabilidad institucional. La sola mención de un instrumento financiero lícito y ampliamente extendido en el comercio formal como un elemento vinculado a la criminalidad implica una estigmatización sin fundamentos que pone en riesgo el vínculo de cooperación entre el sector privado y las autoridades estatales.

Las empresas proveedoras de servicios de pago digital, entre ellas Mercado Pago, mantienen desde hace años canales formales de colaboración con la Justicia y las fuerzas de seguridad. En numerosas investigaciones judiciales, estos actores han brindado información valiosa que permitió el avance de causas complejas, incluyendo delitos financieros y crimen organizado. Vincular sin distinción a estas plataformas con delitos penales no solo resulta irresponsable: debilita esa cooperación y desalienta la inversión tecnológica en un país que necesita con urgencia fortalecer su economía formal.

La controversia se encuadra en un contexto de tensión creciente entre la empresa y el gobierno santafesino, luego de que Mercado Libre anunciara que comenzará a desglosar en sus plataformas los tributos nacionales y provinciales que gravan las operaciones, buscando una mayor transparencia para consumidores y comerciantes. Esta decisión responde a las disparidades crecientes en las alícuotas de Ingresos Brutos entre provincias, un impuesto regresivo y distorsivo cuya acumulación encarece los precios finales y resta competitividad a las economías locales.

En lugar de abrir un diálogo productivo sobre el impacto de la presión fiscal provincial, el gobierno santafesino optó por una respuesta confrontativa, que intenta instalar en la opinión pública una relación falaz entre tecnología financiera y criminalidad. Las consecuencias de este tipo de discursos son múltiples: generan inseguridad jurídica, atentan contra el clima de negocios y profundizan la desconfianza en la política como herramienta para resolver problemas concretos.

Los desafíos que enfrenta Santa Fe, y el país en general, en materia de seguridad y desarrollo económico, requieren de responsabilidad, diálogo y articulación público-privada. Declaraciones como las de Olivares van en sentido contrario: desinforman, dañan la reputación de empresas que cumplen con la ley, y alejan las soluciones. La gravedad del problema del narcotráfico no se combate con acusaciones ligeras ni con discursos punitivistas vacíos, sino con inteligencia, coordinación y confianza institucional.

El Subinspector de Policía Enzo Sosa egresó como Licenciado en Seguridad Ciudadana

"El actual subjefe de la Comisaría IV de Villa Ocampo - Subinspector Enzo Sosa- es flamante egresado universitario, con el título de Licenciado en Seguridad Ciudadana, carrera de 3 años cursada en la Universidad FASTA (Fraternidad de Agrupaciones Santo Tomás de Aquino) ubicada en la ciudad de La Plata."

Villa Ocampo (Santa Fe)

“Espionaje ilegal” en Santa Fe: la Justicia provincial seguirá al frente de la causa contra Marcelo Sain

"El ex ministro de Seguridad y otros ex funcionarios son investigados por recabar información y armar “perfilamientos” de distintas personas.

El juez de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Jorge Andrés, confirmó a la Fiscalía de Delitos Complejos de Santa Fe al frente de la causa por espionaje ilegal y armado de perfiles que compromete al exministro Marcelo Sain y otros exfuncionarios mientras estaban en el Ministerio de Seguridad de Santa Fe.

De esta manera, el camarista confirmó un fallo de primera instancia que rechazó el planteo para que la causa pase al fuero federal y otorgó la razón a los defensores de los ex funcionarios del Ministerio de Seguridad en cuanto a que los únicos funcionarios que pueden violar la Ley 25.520 contra el “espionaje ilegal” son aquellos que integran el Sistema de Inteligencia Nacional.

En esa línea, sostuvo que pudieron ocurrir delitos de la Justicia provincial vinculados estrictamente a la función pública vinculadas a sus figuras: como, por ejemplo, abuso de autoridad, peculado o malversación de caudales públicos."

Vía País

Armstrong: el pueblo santafesino que se organizó y logró que su energía provenga de paneles solares

"“La gente se entusiasmó, se adueñó del proyecto y eso permitió que todo lo que generamos se reinvierta en más generación y en nuevos desafíos”, cuentan con orgullo los impulsores del proyecto.

En medio de la Pampa húmeda, en la provincia de Santa Fe, hay un pueblo de 15.000 habitantes que puso el compromiso de la transición energética en manos de los ciudadanos y se convirtió en un modelo a seguir.

El lugar se llama Armstrong y es ahí donde una cooperativa inauguró la primera planta de energía fotovoltaica de la provincia. ¿Los resultados? Los vecinos se abastecen con la luz del sol, ahorran dinero y cuidan el ambiente.

Contra la creencia de que solo las grandes empresas pueden impulsar proyectos de energía renovable, la cooperativa de Armstrong demuestra lo contrario: “Más allá de las corporaciones, los usuarios también pueden apropiarse de los nuevos modos de producir energía y hay entusiasmo. Todo lo que se genera en Armstrong a partir de la planta solar es energía que dejamos de comprar al sistema, y ese ahorro queda en la ciudad para reinvertirlo”, explicó Pablo Bertinat, director de la cooperativa.

Jazmín Rocco Predassi, coordinadora del área de Política Climática de FARN -que publicó un documental sobre este caso- expresó en diálogo con TN: “El caso de Armstrong es un ejemplo de transición energética porque incorpora energías renovables a una matriz argentina altamente dependiente de los combustibles fósiles. Además, debemos destacar que hubo una participación de la comunidad en instancias tempranas del proyecto y eso permitió alcanzar un modelo de gestión solidario”."

TN

Vallan el frente de comisarías por miedo a atentados en barrios de Rosario

"Sin información oficial, una tensa calma se siente en el Barrio Ludueña en las inmediaciones de la Comisaría 12º. También se encuentras escudadas las dependencias policias 20º y Sub 24º.

La dependencia policial está ubicada en calle Solís al 300 bis, Barrio Ludueña en el oeste rosarino y se encuentra totalmente vallada desde hace algunas horas.

Otras dos comisarías es encuentran en la misma situación y en zonas aledañas, la dependencia policial 20º en el barrio Empalme Graneros y la Sub 24º, la misma que sufrió un atentado de una balacera de una persona en bicicleta.

La valla consiste en una especie de escudos metálicos con la identificación de la Policía de la Provincia de Santa Fe, característicos a los que se utilizan para grandes disturbios públicos, que se separan dos metros del edificio y antes de llegar al interior de la comisaría se encuentra un oficial con un arma larga en situación de guardia."

Cadena 3

Le quitaron a L-Gante el título de «visitante distinguido» de Rosario por su vínculo con Los Monos

"El Concejo municipal votó de forma unánime la derogación de la distinción entregada en 2021 al músico. La iniciativa surgió luego de que se filtraran conversaciones con miembros de la banda narcocriminal.

Las autoridades de Rosario decidieron en las últimas horas retirarle el título de «visitante distinguido» a L-Gante, luego de conocerse sus vinculaciones con la banda criminal de Los Monos. El propio Concejo municipal votó un proyecto para derogar la distinción que en 2021 le entregaron al músico.

Según informaron los medios rosarinos, la propuesta de quitarle el galardón obedeció a la relación que el creador de la cumbia 420 mantiene con distintos integrantes de la citada banda y, de hecho, durante su paso por Rosario, a los pocos días de ser distinguido, se sacó una foto con Máximo Ariel “El Viejo” Cantero (fundador histórico de la organización narcocriminal).

El proyecto que acordaron votar todos los bloques en labor parlamentaria es el que presentó Miguel Tessandori en noviembre de 2022 cuando marcó un error técnico al momento de distinguir al cantante. Según destacó en los argumentos, en la ordenanza que reglamenta los reconocimientos por parte del Concejo no existe la categoría de “Visitante distinguido”, ya que el mecanismo apunta a destacar la labor de ciudadanos rosarinos sobre los que se precisan una serie de características que deben cumplir.

“Podría decirse que el espíritu de la norma no apunta a visitantes fugaces o eventuales”, remarcó Tessandori haciendo alusión a que la distinción de L-Gante se dio con motivo de su visita a la ciudad para dar un show.

“Si bien uno podría forzar exageradamente las supuestas acciones altruistas de Elián Ángel Valenzuela, difícilmente se pueda obviar el hecho de que no reside en la ciudad de Rosario”, detalló el titular del bloque Volver a Rosario en los argumentos del proyecto.

(...)

Además, en junio de 2022 el músico fue mencionado en la causa contra Cantero: entre las pruebas que presentaron los fiscales para acreditar la relación del Viejo con Nelson “Pandu” Aguirre, otro preso de Coronda, apareció un audio que L-Gante le habría mandado por WhatsApp.

“Le mando un saludo a Pandu de parte de L-Gante. Pasála bien, turro. Mandale cumbia 420 pa’ los negros”. Ese audio apareció en el teléfono que fue secuestrado durante una requisa en la cárcel de Coronda, donde está Aguirre y desde donde se presumía que digitaba hechos delictivos, mientras que a eso se le sumaron los mensajes que le envió a Cristian Nicolás “Pupito” Avalle, otro preso de Los Monos acusado de ordenar dos crímenes y una balacera a TVL.

“Qué onda prima, ¿todo piola? Te deseo pronta libertad, vos sabés, prima, al toque. Cumbia 420 pa’ los negros”, le dice en un mensaje de voz que dura siete segundos. Luego, en otro audio de 27 segundos, canta a capella un tema y lo cierra con el siguiente saludo: “Para vos, Pupito. De parte de L-Gante. Cumbia 420 pa’ los negros”."

 

Rio Negro