En el marco de la investigación judicial sobre la trama de los seguros durante el gobierno de Alberto Fernández, más de 40 dispositivos móviles continúan sin poder ser desbloqueados, según confirmaron fuentes cercanas al caso. Esta situación se da a pesar de que han transcurrido ya trece meses desde el inicio de la causa, durante los cuales se han secuestrado un total de 107 teléfonos celulares.
Entre los dispositivos que todavía no han podido ser accedidos se encuentra el de Daniel Rodríguez, conocido como "El Gordo", quien fuera intendente de la quinta de Olivos y considerado un hombre de máxima confianza del ex presidente. Según informaron las fuentes consultadas, 30 de estos teléfonos se encuentran actualmente en poder de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) para intentar su desbloqueo, mientras que otros 10 esperan actualizaciones de software del programa UFED para poder ser analizados.
El juez Sebastián Casanello, quien tomó la causa a principios de febrero tras vencerse la subrogancia del juez Julián Ercolini, aguarda los resultados de estas pericias técnicas mientras continúa recolectando información en diversos organismos antes de decidir si procesa a los principales imputados.
Los investigadores han señalado que los teléfonos celulares han resultado determinantes desde el comienzo de esta causa. El dispositivo de María Cantero, secretaria de Alberto Fernández, aportó conversaciones clave donde se mencionaban los seguros de la Cancillería y donde el ex presidente respondía "Ya me ocupo", frase que luego intentó explicar durante su declaración.
En el marco de estas nuevas líneas de investigación, el juez Casanello ha solicitado información adicional a la Cancillería sobre la decisión tomada el 7 de junio de 2023, cuando se dejó sin efecto la designación de Net Broker ante Provincia ART. También ha requerido datos a Provincia Seguros y Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo sobre posibles pólizas emitidas con intermediación de "Héctor Martínez Sosa y Compañía SA".
El contenido de varios teléfonos, incluido el del broker Héctor Martínez Sosa, amigo de Alberto Fernández, ha sido resguardado en un legajo reservado, lo que ha limitado la difusión de su contenido. Fuentes judiciales indicaron que en estos dispositivos "no se encontró nada relevante".
La causa investiga presuntas irregularidades en la contratación de seguros durante la administración anterior, con foco en comisiones millonarias. Entre los hallazgos se menciona la empresa Bachellier, presidida por Osvaldo Alfredo Tortora, que habría cobrado más de 1.665 millones de pesos en comisiones durante el gobierno de Fernández.
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