Investigación federal destapa un entramado de lavado en el Puerto de Rosario vinculando la corrupción catalana y el narcotráfico

El Ministerio Público Fiscal imputó al empresario Gustavo Shanahan y a Jordi Pujol Ferrusola por utilizar la concesión de Terminal Puerto Rosario (TPR) para blanquear divisas ilícitas durante 16 años. Solicitan embargos por 100 millones de dólares.

Una extensa investigación llevada adelante por los fiscales federales Diego Velasco, Matías Scilabra, Juan Argibay Molina, Federico Reynares Solari y Matías Mené reveló que la terminal de Terminal Puerto Rosario (TPR S.A.) funcionó durante casi dos décadas como una plataforma para el blanqueo de capitales provenientes de la corrupción política española y, posteriormente, del narcotráfico local.

 

El Ministerio Público Fiscal (MPF) solicitó una serie de detenciones y dictó un embargo preventivo por 152.000 millones de pesos (equivalentes a unos 100 millones de dólares) destinado a garantizar el decomiso de los activos involucrados y la aplicación de multas.

Las personas, empresas e instituciones involucradas

El esquema investigado conecta el cobro de sobornos en Europa con la principal salida agroexportadora de la Argentina y estructuras financieras ilegales.

 

Principales imputados

• Gustavo Pedro Shanahan: Contador público de 67 años y expresidente de TPR S.A. Actuó como el operador local y testaferro clave de la maniobra. En 2023 fue condenado a siete años de prisión por financiar las operaciones de compra de cocaína para la organización criminal encabezada por el peruano Julio Rodríguez Granthon, utilizando una cueva financiera en Rosario.

• Jordi Pujol Ferrusola: Hijo de Jordi Pujol Soley (expresidente de la Generalitat de Cataluña). Según fallos de la Audiencia Nacional de Madrid, inyectó en Argentina fondos ilícitos provenientes de comisiones y sobornos adjudicados en obras públicas en España.

• Entorno familiar de Shanahan: Su esposa, Graciela Niobe Tuero, y sus hijos Esteban Gustavo Shanahan (quien asumió la presidencia de la firma Pro Puerto S.A. en 2020) y Lucila Olga Shanahan, imputados por actuar en la transferencia simulada de inmuebles, vehículos de alta gama, lotes en barrios privados y contratos ficticios para ocultar el origen del dinero.

• Iván Ferrarons ("Iván Dólar"): Exrugbier con pedido de captura internacional, señalado como el nexo operativo encargado de receptar, contabilizar y bancarizar el efectivo del narcotráfico en la cueva financiera de Shanahan.

Sociedades pantalla y firmas relacionadas

• Brantridge Holdings Ltd.: Firma offshore utilizada por Pujol Ferrusola para la inyección inicial de 1.850.000 euros en 2005 hacia la firma argentina Loster Company S.A.

• Pro Puerto S.A., Interlogística Portuaria S.A. e Inter Rosario Port Services S.A.: Sociedades constitutivas del paquete accionario de TPR. Salvo la primera, fueron radicadas en Tarragona (España) y compartían el mismo domicilio fiscal ficticio en Buenos Aires.

• Vicentin: Grupo agroexportador argentino que adquirió tramos del paquete accionario de TPR entre 2010 y 2012, convirtiendo el capital invertido por la corrupción española en dinero legitimado por compraventa de acciones.

• Increase S.A., Natural Food S.R.L. y Los Araucos S.R.L.: Empresas receptoras de falsos contratos de mutuo (préstamos intersocietarios) por más de $35 millones entre 2018 y 2019, diseñados para fragmentar y retirar el efectivo por ventanilla sin dejar rastro contable.

• Bank of New York Mellon: Entidad financiera receptora en Estados Unidos de giros por USD 850.000 mediante falsos convenios de "reconocimiento de deuda" a favor de Shanahan.

La mecánica del blanqueo: de Cataluña y el narcotráfico a la hidrovía

 

La maniobra criminal se dividió en tres etapas operativas continuadas entre 2004 y 2020:

1. Inyección inicial (2004-2005): Pujol Ferrusola ingresó euros de la corrupción catalana a través de la offshore Brantridge Holdings Ltd. para financiar la ampliación de capital requerida por la concesión portuaria.

2. Transformación del activo (2010-2012): El paquete accionario de TPR se vendió de forma escalonada a firmas vinculadas al grupo Vicentin. El dinero ilícito original adquirió apariencia legítima bajo el concepto de "precio de venta de acciones".

3. Confluencia narco y triangulación (2015-2020): Shanahan reinsertó ganancias del narcotráfico mediante compras sistemáticas de fichas en salas VIP del Casino de Rosario por más de $23 millones. Asimismo, mediante simulaciones de deuda, repatrió capitales hacia Estados Unidos y movilizó cuotas restantes en el mercado local con prestamos simulados (mutuos).

Falencias institucionales y fallas de control estatal

La investigación expone graves vacíos de control institucional que permitieron la continuidad del esquema durante 16 años dentro de un puerto bajo concesión pública:

Organismo / Entidad	Falencia / Inacción detectada
Ente Administrador del Puerto de Rosario (ENAPRO)	Omitió verificar la capacidad técnico-financiera real de las empresas adjudicatarias. Ignoró las alertas iniciales sobre la falta de vinculación institucional real con la Autoridad Portuaria de Tarragona.
Unidad de Información Financiera (UIF) y Control Bancario	Ausencia de monitoreo sobre las transferencias offshore entrantes y los fraccionamientos bancarios por ventanilla.
Banco de la Nación Argentina	Pese a que un informe técnico de 2020 detectó "valuaciones contables erráticas" e inconsistencias no declaradas en la valuación de TPR, la advertencia no generó denuncias ni investigaciones administrativas inmediatas.
Justicia Federal de Rosario	Ausencia de cruce de datos preventivo entre expedientes comerciales, bancarios y causas penales por narcotráfico en la jurisdicción.

Mecanismos de control preventivo y pautas de no repetición

Para evitar la instrumentalización de infraestructura pública estratégica por parte de redes de delincuencia organizada, se sugieren las siguientes medidas de control:

• Identificación obligatoria del Beneficiario Final (UBO): Imponer por pliego concesionario la obligación de auditar hasta el último eslabón de personas humanas detrás de cualquier estructura jurídica local o extranjera, prohibiendo la participación de firmas radicadas en guaridas fiscales o sin actividad comercial comprobable.

• Auditorías externas continuas en el ENAPRO: Reestructurar los organismos de administración portuaria incorporando unidades técnicas independientes de auditoría contable e informática, desvinculadas de la política local.

• Sistema de Alertas Cruzadas e Integración con la UIF: Implementar un protocolo de reporte automático obligando a los entes reguladores a cruzar datos de balances, mutuos comerciales e ingresos de capitales extranjeros con la UIF y los organismos de administración tributaria.

• Supervisión en tiempo real de contratos de concesión: Disponer la caducidad automática de la concesión ante cualquier alteración accionaria opaca o cesión de cuotas no notificada formalmente al Estado.

• Trazabilidad sobre flujos del sector de entretenimiento y casinos: Endurecer los montos máximos operativos y el seguimiento nominativo de divisas cambiadas por fichas en salones VIP de apuestas, vinculándolos directamente con las declaraciones juradas patrimoniales de los apostadores.

El trágico saldo de la improvisación operacional en el Plan Bandera de Rosario

El violento episodio registrado la noche del pasado 11 de junio de 2026 en el asentamiento conocido como Villa Banana, en la zona oeste de la ciudad de Rosario, ha vuelto a encender las alarmas sobre la efectividad real de los despliegues federales en el territorio. 

El hecho, que culminó con el asesinato del agente de la Policía Federal Argentina (PFA) Rodolfo Manfredi y con heridas de extrema gravedad para el cabo Emilio Miguel Gómez Villafañe, expone de manera dramática las falencias operativas y la falta de planificación estratégica en las intervenciones conjuntas coordinadas por el Ministerio de Seguridad de la Nación bajo el denominado Plan Bandera.

De acuerdo con diversas informaciones, el suceso tuvo lugar aproximadamente a las 22:00 horas en la intersección de las calles 27 de Febrero y Gutenberg. En ese punto, tres efectivos a bordo de un móvil identificable de la fuerza federal se aproximaron al acceso de uno de los pasillos más conflictivos del asentamiento. Mientras el conductor del vehículo —debidamente uniformado— permaneció apostado dentro de la unidad, Manfredi y Gómez Villafañe descendieron con vestimenta de civil y cubiertos apenas por camperones institucionales, adentrándose en el pasillo con la supuesta directiva de realizar tareas de identificación de personas y patrullaje preventivo.

La reconstrucción del hecho revela que, al internarse unos metros en el pasaje, los dos efectivos se toparon de frente con un grupo de aproximadamente quince personas apostadas en las inmediaciones de un búnker de venta de estupefacientes. Sin mediar palabra y ante la evidente vulnerabilidad de los uniformados, varios de los sospechosos abrieron fuego a mansalva. El agente Manfredi fue acribillado de once disparos en diversas partes del cuerpo, falleciendo de forma casi instantánea en el lugar, tras lo cual sus agresores le sustrajeron el arma reglamentaria antes de darse a la fuga entre los intrincados pasadizos del barrio.

Por su parte, el cabo Gómez Villafañe recibió dos impactos de bala, uno en el brazo y otro en la zona abdominal, logrando sobrevivir inicialmente gracias a que fue evacuado de urgencia por sus propios compañeros hacia el Hospital Italiano. Allí fue sometido a una intervención quirúrgica de alta complejidad y permanece internado bajo pronóstico reservado en la Unidad de Terapia Intensiva. Durante el mismo enfrentamiento, uno de los presuntos atacantes, identificado como Luis Miguel M., resultó herido en el tórax y fue trasladado al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA) por su hermano, Juan Carlos M., quien posteriormente quedó aprehendido por orden de las autoridades policiales santafesinas.

Este trágico desenlace pone de relieve severos interrogantes respecto de la gestión del Ministerio de Seguridad Nacional, evidenciando graves problemas de conducción, control y diseño táctico. Existiendo cuestionamientos con dureza la decisión de enviar a personal de tan baja jerarquía y escasa experiencia territorial a realizar tareas de saturación de civil en zonas de altísima peligrosidad. 

Mandar a un agente que obtuvo el alta institucional recién en el año 2024 y a un cabo trasladado provisionalmente desde la División Unidad Operativa Federal (DUOF) de Santiago del Estero a uno de los búnkeres más hostiles del país refleja una alarmante desconexión operativa por parte de las cadenas de mando.

Los problemas de control se hacen patentes al constatar que las víctimas ingresaron a un pasillo dominado por el narcotráfico organizado sin portar los chalecos antibalas provistos para operaciones de alto riesgo. 

La falta de supervisión directa en el terreno permitió que se ejecutara un procedimiento improvisado, carente de cobertura táctica periférica o de un anillo de seguridad que resguardara la vida de los suboficiales.

La conducción institucional parece priorizar el cumplimiento formal de cuadrículas de patrullaje asignadas para sostener la narrativa estadística de la cartera de seguridad, descuidando los protocolos mínimos de preservación de la integridad del personal.

El impacto humano de esta desatención en la gestión ministerial se traduce en la pérdida de una vida joven y el desamparo de una familia. El agente Manfredi, de tan solo 30 años de edad y oriundo del barrio porteño de Villa Lugano, era padre de dos niños de 5 y 9 años. 

De forma paralela a las deficiencias logísticas, el personal de las fuerzas de seguridad convive con una severa depreciación salarial que ha deteriorado su calidad de vida.

Esta situación económica precaria ha desencadenado una preocupante crisis psicosocial entre los efectivos, quienes acumulan deudas insostenibles para afrontar necesidades cotidianas mientras padecen el virtual colapso de los servicios de salud y de las obras sociales institucionales.

La complejidad del teatro de operaciones donde se dispuso el envío de los efectivos subalternos no era un elemento desconocido para la inteligencia criminal. Villa Banana, una de las zonas más populosas y complejas de Rosario, se encuentra atravesada por una histórica disputa territorial entre clanes narco. 

El búnker específico donde ocurrió el ataque es manejado por los denominados hermanos Muñoz, quienes operan como un eslabón local conectado con estructuras de mayor envergadura, tales como las organizaciones comandadas por Francisco Riquelme, el ciudadano peruano Julio Rodríguez Granthon y, fundamentalmente, la facción de Leonardo Dalmacio Saravia, alias "Leo Rey", un engranaje clave del violento clan de "Los Monos".

Asimismo, las investigaciones judiciales dirigidas ahora por la Justicia Federal y la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) a cargo del fiscal Matías Scilabra, señalan que el sector ha experimentado una escalada de violencia en las últimas semanas debido a la irrupción de segundones que responden a Nelson "Pandu" Aguirre. Este último, un exaliado de Los Monos que cumple una condena de 14 años en el penal de Piñero, mantiene su influencia en la comercialización de estupefacientes en la zona oeste. 

La total subestimación de estas variables de riesgo criminal al momento de ordenar el patrullaje preventivo ratifica las críticas hacia una gestión ministerial que delega el control territorial en el eslabón más débil de la jerarquía policial.

En el plano laboral e institucional, la precariedad material y el ahogo financiero minan de forma invisible la moral de los efectivos que son enviados a la primera línea de combate contra el delito. 

La falta de cobertura médica de calidad y el estrés derivado de salarios desfasados configuran un cuadro de vulnerabilidad latente que las autoridades políticas evitan sistemáticamente discutir en sus apariciones públicas. En este contexto de fragilidad estructural, la exigencia de cumplir misiones de alto impacto en territorios hostiles sin el equipamiento logístico básico o la contención financiera mínima se percibe internamente como un desamparo absoluto del Estado hacia sus propios funcionarios.

En respuesta al homicidio, el secretario de Seguridad de la Nación, Martín Ferlauto, se trasladó de urgencia a Rosario para coordinar acciones con las autoridades provinciales y emitir un mensaje de firmeza institucional, ratificando la continuidad de las directivas del Plan Bandera junto a la ministra Alejandra Monteoliva.  

Sin embargo, las declaraciones oficiales que catalogaron a los agentes como "héroes" y afirmaron apresuradamente que contaban con "todos los elementos de seguridad provistos" generaron cortocircuitos con los datos recabados en la escena por los peritos de la Comisaría 19na y la fiscalía provincial originaria de María Laura Riccardo, los cuales confirmaron la ausencia de chalecos antibalas y el uso de vestimenta civiles.

Para muchos sectores de la comunidad y analistas especializados, las estrategias de saturación implementadas por el Ministerio de Seguridad nacional adolecen de un sesgo que prioriza la imagen política y el impacto mediático por sobre la eficacia táctica real. 

La urgencia de mostrar presencia federal en los barrios vulnerables suele derivar en órdenes de servicio genéricas que exponen a los de menor rango a emboscadas previsibles. Los trágicos resultados en Villa Banana exigen una profunda revisión interna de los mecanismos de comando que evite que el marketing político se financie con la vida de los cuadros policiales.

La paradoja de la jornada se profundizó al constatarse que los hechos sangrientos coincidieron cronológicamente con la visita a Rosario del embajador de los Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas, quien se encontraba reunido con el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, evaluando las políticas de seguridad locales. Mientras en los despachos oficiales se elogiaba el "liderazgo, decisión y compromiso" de la gestión gubernamental, las calles de la zona oeste daban cuenta de una realidad inconexa, sumando además esa misma noche el homicidio de un joven de 24 años, Alexis Juan Pablo Yniguez, acribillado por sicarios en moto a pocas cuadras de distancia del búnker de los Muñoz.

La causa judicial ha quedado formalmente bajo la órbita de la Justicia Federal de Rosario debido a la naturaleza de las funciones de las víctimas y las características de las organizaciones criminales involucradas. Los operativos de saturación posteriores y los allanamientos ordenados en la madrugada permitieron asegurar la escena para los peritajes del comisario inspector Pablo Germán Sánchez, jefe del Departamento Investigaciones Federales Rosario. 

No obstante, el esclarecimiento de las responsabilidades materiales no exime a la conducción política de dar explicaciones precisas sobre las severas fallas de control y el desamparo estratégico al que permanecen expuestos los hombres y mujeres de las fuerzas federales en el territorio.

Un sector de la policía se acuarteló tras una nueva protesta frente a la jefatura en Rosario

Un grupo de efectivos de la Policía de Santa Fe se acuarteló este martes por la mañana tras una nueva protesta frente a la Unidad Regional II de Rosario, luego de incidentes registrados durante la madrugada. Al menos 20 patrulleros se negaron a salir a patrullar a partir de las 6, y hacia las 9 la medida había sido acompañada por unos 60 móviles policiales.

Ante esa situación, el gobierno provincial ordenó retirarles las armas reglamentarias y los chalecos antibala a los efectivos involucrados y dispuso que fueran pasados a disponibilidad. Medidas similares se reprodujeron en otras localidades de la provincia.

El gobierno de Santa Fe trasladó a Rosario a uniformados de otras zonas santafesinas y solicitó el refuerzo de las fuerzas federales en el marco del plan Bandera, implementado a comienzos de 2024 para contener la violencia vinculada al narcotráfico en la ciudad.

El conflicto se profundizó tras una nueva marcha de familiares y allegados de policías frente a la jefatura rosarina. La protesta había comenzado el miércoles pasado, luego de la muerte del suboficial Oscar Valdez, de 32 años, quien dos días antes había intentado suicidarse en la puerta de la Unidad Regional II.

Valdez era oriundo de Vera, en el norte de la provincia de Santa Fe. Su fallecimiento se convirtió en el detonante de los reclamos, ya que muchos efectivos se identificaron con su situación laboral y personal.

Entre los principales reclamos figuran los extensos traslados —de hasta 500 kilómetros— para prestar servicio en Rosario, y un régimen laboral de 12 horas de trabajo por 36 de descanso. Estas condiciones fueron señaladas como factores de desgaste físico y mental.

Durante el fin de semana, las protestas continuaron pese a que el gobernador Maximiliano Pullaro anunció el pago de un plus salarial de $500.000 para los uniformados que trabajen en las principales ciudades y de $250.000 para los choferes de patrulleros.

El anuncio no logró descomprimir el conflicto. Durante la noche del lunes y la madrugada del martes se produjeron enfrentamientos entre policías que custodiaban la jefatura de Rosario y familiares de efectivos que participaban de la manifestación. Algunas personas fueron reprimidas con gas pimienta.

A las seis de la mañana, los patrulleros permanecieron estacionados frente a la Unidad Regional II y no salieron a realizar recorridos de prevención del delito. La decisión derivó en una rápida intervención del Poder Ejecutivo provincial.

En conferencia de prensa, el ministro de Seguridad, Pablo Coccocioni, confirmó las sanciones y sostuvo que, junto a reclamos genuinos, se detectaron maniobras de policías exonerados por hechos de corrupción que buscaban generar malestar a través de redes sociales.

“A partir de anoche se fueron sumando determinados grupos con acciones violentas y antijurídicas, también sembrando fake news, buscando desestabilizar la seguridad de la provincia de Santa Fe”, afirmó Coccocioni.

Según el gobierno, en redes sociales como Facebook se desplegó una estrategia con perfiles falsos que utilizaban fotos reales de agentes activos. También se difundieron imágenes trucadas con inteligencia artificial, como supuestos pasacalles contra Pullaro, y se viralizaron fotos de cuatro agentes que se suicidaron el año pasado.

La muerte de Valdez expuso un problema más amplio dentro de las fuerzas de seguridad. De acuerdo con datos de la Fiscalía de Rosario, en 2025 se suicidaron 17 efectivos. En la provincia de Santa Fe, según fuentes del Ministerio Público de la Acusación, el número también resulta significativo.

Más de un efectivo por mes decidió quitarse la vida, en un contexto en el que no se registraron bajas ni heridos por enfrentamientos con el crimen organizado. El principal riesgo, según las autoridades, es de carácter interno.

La mayoría de los policías que patrullan Rosario y Santa Fe capital son oriundos del norte provincial. Pese a distintos intentos, nunca se logró revertir ese esquema mediante incentivos para que habitantes locales se incorporen a la fuerza.

El gobierno provincial financia diariamente el traslado de agentes en 12 ómnibus desde el norte santafesino. El viaje entre Rosario y Vera, de 501 kilómetros, puede superar las ocho horas debido a paradas y al estado de las rutas, consumiendo gran parte del tiempo de descanso.

Muchos policías jóvenes, menores de 30 años, optan por permanecer en Rosario. Hasta el jueves pasado, el alojamiento y la comida debían ser solventados por los propios efectivos. A ello se suman problemas de salud mental, desarraigo, jornadas prolongadas —en algunos casos de 24 horas— y situaciones de adicciones.

Tras las exequias de Valdez, se multiplicaron protestas en Rosario, Santa Fe, Reconquista, Vera y otras unidades regionales del norte provincial, protagonizadas mayoritariamente por familiares y amigos de los uniformados.

El malestar también se dirigió hacia parte de los medios de comunicación, a los que los manifestantes acusaron de omitir el conflicto. En paralelo, enero fue un mes de alta exigencia operativa: nueve homicidios se registraron en Rosario en los primeros 30 días de 2026, frente a 22 en el mismo período de 2025, aunque los heridos por arma de fuego superaron los 45.

Pese a la protesta, el gobierno de Pullaro destacó que los homicidios descendieron en los últimos dos años y que, en seis zonas críticas de Rosario, se registró en 2025 una baja del 22% respecto del año anterior, según estadísticas del Ministerio de Seguridad Nacional.

Tras un triple crimen en Rosario, el Ministerio de Seguridad disolvió el Grupo Especial Antinarcotráfico

El Ministerio de Seguridad Nacional dispuso el desmantelamiento del Grupo Especial Antinarcotráfico Rosario (GEANRO), una unidad federal creada en 2024 en el marco del denominado Plan Bandera para intervenir de manera específica contra el narcotráfico y la criminalidad organizada en la ciudad de Rosario. La medida fue oficializada mediante una resolución publicada en el Boletín Oficial (Resolución 4/2026), que derogó formalmente el acto administrativo que había dado origen al grupo especial.

La decisión se conoció en un contexto de alta sensibilidad institucional y social, marcado por un triple crimen ocurrido en la zona sur de Rosario, un hecho que volvió a poner en evidencia la persistencia de la violencia letal asociada a disputas criminales en el territorio. El episodio, que incluyó el asesinato de dos hombres y una mujer -Erica Tamara Ayala, Sergio Fabio Roldán, Lisandro Roque A.- y dejó además personas gravemente heridas, reavivó los cuestionamientos sobre la capacidad de prevención, investigación y disuasión del Estado frente a estructuras delictivas complejas. Sucedió en inmediaciones de Lirio y España, en barrio Las Flores.

De acuerdo con los fundamentos oficiales, el Ministerio sostuvo que el GEANRO había cumplido su función inicial como herramienta extraordinaria y transitoria, orientada a reforzar las capacidades federales en una etapa de emergencia. En ese sentido, se argumentó que la continuidad de las tareas antidrogas y de investigación criminal quedará a cargo de otros dispositivos permanentes, con una redistribución del personal y los recursos hacia las fuerzas federales de origen, sin que ello implique —según la versión oficial— una reducción del esfuerzo estatal en Rosario.

No obstante, la disolución del grupo especial inmediatamente después de un hecho de extrema gravedad generó interrogantes sobre la oportunidad y el impacto concreto de la medida. En un escenario donde la violencia armada sigue siendo un problema estructural, el desarme de una unidad específicamente dedicada al narcotráfico plantea dudas respecto de la coherencia entre las decisiones administrativas y la realidad operativa en el territorio, así como sobre la capacidad de sostener respuestas coordinadas y especializadas frente a organizaciones criminales activas.

Desde el congreso legisladores han solicitado pedidos de informes al ministerio de seguridad nacional, dirigido por Alejandra Monteoliva, sobre la decisión adoptada, instando a que presenten informes técnicos que avalen dicha medida.

Precariedad laboral en las fuerzas federales conducidas por Patricia Bullrich: personal obligado a buscar empleos paralelos para subsistir

La reciente noticia de un gendarme que debió repeler un intento de robo mientras trabajaba como chofer de aplicación en Rosario vuelve a poner en evidencia la situación crítica que atraviesan los integrantes de las fuerzas federales en Argentina. El hecho, que ocurrió cuando el efectivo era asaltado por una pareja de delincuentes que simuló ser pasajera, refleja no solo la inseguridad general, sino también la necesidad de que muchos uniformados busquen fuentes de ingreso alternativas para poder sostener a sus familias.

Según distintos relevamientos internos y cálculos, la gran mayoría del personal de las fuerzas federales percibe salarios que no alcanzan los dos tercios del RIPTE (Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables), parámetro que mide los ingresos promedio registrados. Esto ubica a gendarmes, prefectos, policías federales y miembros de la PSA muy por debajo de la media salarial del país, obligándolos a asumir trabajos extra, muchas veces informales y en condiciones riesgosas, como el caso del agente en Rosario.

Condiciones laborales deficitarias

A la baja remuneración se suman condiciones laborales consideradas deficientes. Los efectivos suelen enfrentar extensas jornadas, disponibilidad permanente, sanciones frecuentes y discrecionales sin un mecanismo de control real, y ausencia de derechos laborales reconocidos en otros sectores.

El Ministerio de Seguridad de la Nación, que debería velar por las condiciones de trabajo, es señalado por personal activo y retirado como un ente meramente burocrático, que tramita reclamos siguiendo únicamente la información provista por las jefaturas institucionales, sin instancias de contralor independiente ni mecanismos eficaces de defensa de los subordinados.

Impacto psicosocial

El deterioro económico y la presión interna también repercuten en el plano psicosocial. Diversos informes señalan que el personal de las fuerzas federales enfrenta altos niveles de estrés, ansiedad y frustración, en algunos casos derivando en episodios de autolesiones o intentos de suicidio. Estos hechos, aunque escasamente difundidos de manera oficial, han sido registrados en distintas unidades y revelan la falta de políticas de contención psicológica adecuadas.

Un problema estructural

El episodio en Rosario, en el que un gendarme debió utilizar su arma de fuego para defender su vida mientras intentaba obtener ingresos extra, funciona como un símbolo de una problemática más amplia: la precariedad económica y laboral de quienes integran las fuerzas federales.
La situación plantea un desafío urgente para el Estado: garantizar condiciones salariales y laborales acordes con la responsabilidad que implica el servicio de seguridad pública, en un contexto donde la inseguridad y la crisis social demandan mayor profesionalismo y dedicación.

Grupo Especial Antinarcotráfico Rosario (GEANRO): Conflicto con la Autonomía de Fuerzas de Seguridad

El Ministerio de Seguridad (MINSEG) anunció la creación del Grupo Especial Antinarcotráfico Rosario (GEANRO) mediante la RESOL-2024-360-APN-MSG, con el objetivo de colaborar con el Ministerio Público Fiscal en investigaciones de tráfico de drogas y delitos conexos. Esta unidad estará integrada por personal experimentados de la Policía Federal Argentina (PFA), Policía Nacional Argentina (PNA), Gendarmería Nacional (GN), Policía Aeroportuaria y Servicio Penitenciario Federal.

Sin embargo, esta iniciativa no está exenta de controversia. Se ha señalado que la creación de estas unidades especiales, como el GEANRO, y su posterior ubicación en áreas del Ministerio de Seguridad, generan contradicciones administrativas de competencia y abren la puerta a la intervención política en asuntos operativos de las fuerzas de seguridad.

CREAMOS EL GRUPO ESPECIAL ANTINARCOTRÁFICO ROSARIO: UNA NUEVA HERRAMIENTA PARA DARLE BATALLA AL NARCOTERRORISMO

A partir de hoy, el Grupo Especial Antinarcotráfico va a funcionar para dar soporte a las fuerzas que trabajan en el Plan Bandera de Rosario.

Formado por…

— Patricia Bullrich (@PatoBullrich) May 14, 2024

Es importante destacar que la creación de estas áreas suelen ser utilizadas por políticos de diferentes partidos como un recurso estándar, sin una evaluación exhaustiva de su efectividad real. Su creación se percibe más como una estrategia de marketing político que como una medida efectiva de combate al delito.

En el 2022 se creó un área similar, el CICAT mediante la RESOL-2022-139-APN-MSG, la cual tiene un esquema sumamente similar.

La autonomía de las fuerzas de seguridad y policiales federales, al ser organismos desconcentrados, es fundamental para garantizar su eficacia e imparcialidad en el cumplimiento de sus funciones. Sin embargo, la ubicación de estas unidades especiales en el ámbito del Ministerio de Seguridad plantea interrogantes sobre el grado de control y supervisión que realmente se ejerce sobre ellas.

Un aspecto preocupante es la atribución del Ministerio de Seguridad de un rol operativo al Ministerio de Seguridad que no le corresponde, lo cual podría comprometer la independencia de las investigaciones y generar conflictos de competencia. Además, la designación de funcionarios del Ministerio de Seguridad que tácitamente para acceder a las investigaciones podría afectar la integridad y la imparcialidad de los procesos. Tal los casos del Secretaría de Lucha contra el Narcotráfico y la Criminalidad Organizada (Martín Verrier) y el Subsecretaría de Lucha contra el Narcotráfico (Ignacio Ernesto Cichello).

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, así como el asesor de la unidad de gabinete del ministro, Carlos Alberto Manfroni, deben considerar estos aspectos con seriedad. La intervención política en las labores policiales puede socavar la efectividad de las fuerzas de seguridad y poner en riesgo la legitimidad de sus acciones. Es crucial establecer un equilibrio entre la coordinación interinstitucional y el respeto a la autonomía de las fuerzas de seguridad para garantizar una lucha eficaz contra el crimen organizado.

“Espionaje ilegal” en Santa Fe: la Justicia provincial seguirá al frente de la causa contra Marcelo Sain

"El ex ministro de Seguridad y otros ex funcionarios son investigados por recabar información y armar “perfilamientos” de distintas personas.

El juez de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Jorge Andrés, confirmó a la Fiscalía de Delitos Complejos de Santa Fe al frente de la causa por espionaje ilegal y armado de perfiles que compromete al exministro Marcelo Sain y otros exfuncionarios mientras estaban en el Ministerio de Seguridad de Santa Fe.

De esta manera, el camarista confirmó un fallo de primera instancia que rechazó el planteo para que la causa pase al fuero federal y otorgó la razón a los defensores de los ex funcionarios del Ministerio de Seguridad en cuanto a que los únicos funcionarios que pueden violar la Ley 25.520 contra el “espionaje ilegal” son aquellos que integran el Sistema de Inteligencia Nacional.

En esa línea, sostuvo que pudieron ocurrir delitos de la Justicia provincial vinculados estrictamente a la función pública vinculadas a sus figuras: como, por ejemplo, abuso de autoridad, peculado o malversación de caudales públicos."

Vía País

Vallan el frente de comisarías por miedo a atentados en barrios de Rosario

"Sin información oficial, una tensa calma se siente en el Barrio Ludueña en las inmediaciones de la Comisaría 12º. También se encuentras escudadas las dependencias policias 20º y Sub 24º.

La dependencia policial está ubicada en calle Solís al 300 bis, Barrio Ludueña en el oeste rosarino y se encuentra totalmente vallada desde hace algunas horas.

Otras dos comisarías es encuentran en la misma situación y en zonas aledañas, la dependencia policial 20º en el barrio Empalme Graneros y la Sub 24º, la misma que sufrió un atentado de una balacera de una persona en bicicleta.

La valla consiste en una especie de escudos metálicos con la identificación de la Policía de la Provincia de Santa Fe, característicos a los que se utilizan para grandes disturbios públicos, que se separan dos metros del edificio y antes de llegar al interior de la comisaría se encuentra un oficial con un arma larga en situación de guardia."

Cadena 3

Le quitaron a L-Gante el título de «visitante distinguido» de Rosario por su vínculo con Los Monos

"El Concejo municipal votó de forma unánime la derogación de la distinción entregada en 2021 al músico. La iniciativa surgió luego de que se filtraran conversaciones con miembros de la banda narcocriminal.

Las autoridades de Rosario decidieron en las últimas horas retirarle el título de «visitante distinguido» a L-Gante, luego de conocerse sus vinculaciones con la banda criminal de Los Monos. El propio Concejo municipal votó un proyecto para derogar la distinción que en 2021 le entregaron al músico.

Según informaron los medios rosarinos, la propuesta de quitarle el galardón obedeció a la relación que el creador de la cumbia 420 mantiene con distintos integrantes de la citada banda y, de hecho, durante su paso por Rosario, a los pocos días de ser distinguido, se sacó una foto con Máximo Ariel “El Viejo” Cantero (fundador histórico de la organización narcocriminal).

El proyecto que acordaron votar todos los bloques en labor parlamentaria es el que presentó Miguel Tessandori en noviembre de 2022 cuando marcó un error técnico al momento de distinguir al cantante. Según destacó en los argumentos, en la ordenanza que reglamenta los reconocimientos por parte del Concejo no existe la categoría de “Visitante distinguido”, ya que el mecanismo apunta a destacar la labor de ciudadanos rosarinos sobre los que se precisan una serie de características que deben cumplir.

“Podría decirse que el espíritu de la norma no apunta a visitantes fugaces o eventuales”, remarcó Tessandori haciendo alusión a que la distinción de L-Gante se dio con motivo de su visita a la ciudad para dar un show.

“Si bien uno podría forzar exageradamente las supuestas acciones altruistas de Elián Ángel Valenzuela, difícilmente se pueda obviar el hecho de que no reside en la ciudad de Rosario”, detalló el titular del bloque Volver a Rosario en los argumentos del proyecto.

(...)

Además, en junio de 2022 el músico fue mencionado en la causa contra Cantero: entre las pruebas que presentaron los fiscales para acreditar la relación del Viejo con Nelson “Pandu” Aguirre, otro preso de Coronda, apareció un audio que L-Gante le habría mandado por WhatsApp.

“Le mando un saludo a Pandu de parte de L-Gante. Pasála bien, turro. Mandale cumbia 420 pa’ los negros”. Ese audio apareció en el teléfono que fue secuestrado durante una requisa en la cárcel de Coronda, donde está Aguirre y desde donde se presumía que digitaba hechos delictivos, mientras que a eso se le sumaron los mensajes que le envió a Cristian Nicolás “Pupito” Avalle, otro preso de Los Monos acusado de ordenar dos crímenes y una balacera a TVL.

“Qué onda prima, ¿todo piola? Te deseo pronta libertad, vos sabés, prima, al toque. Cumbia 420 pa’ los negros”, le dice en un mensaje de voz que dura siete segundos. Luego, en otro audio de 27 segundos, canta a capella un tema y lo cierra con el siguiente saludo: “Para vos, Pupito. De parte de L-Gante. Cumbia 420 pa’ los negros”."

 

Rio Negro

Es el narcotráfico, Aníbal (Héctor Gambini - Clarín)

"La inacción alcanza al ministro de Justicia Martín Soria, jefe de María Garrigós de Rébori, quien a su vez maneja las cárceles federales.

Desde esos penales se ordenan los ataques narcos en Rosario y el flujo de cocaína en el conurbano bonaerense.

Un trabajo de la Procuraduría de Narcocriminalidad denunció que al menos 19 jefes narcos mueven sus hilos desde la cárcel.

En agosto de 2021, policías entraron al penal de Marcos Paz por orden de la justicia rosarina y hallaron un teléfono fijo en la celda de Guille Cantero, el líder de Los Monos.

Un mes después, hubo una nueva requisa. El teléfono estaba allí otra vez.

El Departamento de Inteligencia del Servicio Penitenciario, que debía detectar ese tipo de situaciones, fue disuelto por Garrigós -fundadora de Justicia Legítima- cuando asumió, en 2020.

La Asociación de Magistrados acaba de pedir que esa área clave para controlar a los presos vuelva a funcionar.

Hace 10 meses, la jueza María Servini de Cubría acusó al ministro Soria y a la funcionaria Garrigós de ser cómplices del narcotráfico.

Los denunció por obstruir una causa que tenía sospechosos dentro del penal de Devoto."

Clarín

Celulares desde las cárceles: Procuración le pidió al Gobierno que tome medidas urgentes

" Lo hizo tras una reunión de fiscales federales que calificaron la situación como de “extrema gravedad”. Le volvieron a enviar a las autoridades un informe de 2021 para que se instalen inhibidores, haya más requisas en los pabellones y menos beneficios para los presos de alto riesgo

La Procuración General de la Nación le pidió hoy al Gobierno Nacional que “de manera urgente” tome medidas para evitar que desde las cárceles federales los jefes narcos sigan manejando el negocio de la droga y ordenen crímenes, secuestros y amenazas, como se detectó en investigaciones judiciales. Para eso le volvió a enviar una serie de propuestas que le había remitido en octubre de 2021, como la instalación de inhibidores de celulares, más requisas en los pabellones y menos beneficios.

El pedido surgió después de una reunión que se realizó esta mañana en la Procuración en la que participaron distintos fiscales que analizaron el estado de situación después de los hechos ocurridos en las últimas semanas en la ciudad de Rosario y fue dirigido al ministro de Justicia de la Nación, Martín Soria, de quien depende el Servicio Penitenciario Federal —a cargo de la ex jueza María Laura Garrigós de Rébori— en cuyas cárceles de máxima seguridad están detenidos los principales jefes narcos del país.

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“En función de la extrema gravedad y relevancia de la problemática expuesta, reitérense al Poder Ejecutivo Nacional, por intermedio del señor Ministro de Justicia y Derechos Humanos, las recomendaciones formuladas por este Ministerio Público Fiscal el 12 de octubre de 2021, para que, de manera urgente, todos los organismos de la Administración Pública Nacional, extremen las medias”, señala la nota de la Procuración a la que accedió Infobae.

Los fiscales agregaron que así se debe “evitar los diversos factores que facilitan o promueven este tipo de maniobras y mitigar los serios deterioros que estos delitos representan para la sociedad, la seguridad interna dentro de los establecimientos penitenciarios y los distintos actores del proceso penal (jueces, fiscales, funcionarios y agentes de los poderes judiciales y ministerios públicos, víctimas, testigos y personal policial), atendiendo a la finalidad de la prevención general y, eventualmente, que informe las acciones que se hayan adoptado a esos fines”. "

Infobae

Brindarán un curso sobre prevención de adicciones para líderes deportivos

" Entre el 24 y el 25 de marzo, el licenciado en Seguridad Omar Díaz brindará un curso de prevención de las adicciones para líderes deportivos. Será en el salón Aonikenk (Sáenz Peña 239), durante la primera jornada de 16.30 a 20.30 y en la segunda de 8.30 a 12.30.

En diálogo con La Portada, Díaz que nació en Esquel y recuerda con afecto su paso por el club Belgrano, resaltó que la idea es en conjunto con esa institución deportiva. “La idea es que el deporte es prevención por excelencia. Por eso queremos interiorizar a los líderes barriales y de cualquier orden, sobre esta problemática de las adicciones en este momento”, resaltó.

De este modo, abordarán los puntos principales de las adicciones y en particular “dos grandes temas”: “Primero, las que son por sustancia, como el tabaco, la cocaína, la marihuana, y después las adicciones por conducta, que ahí está el juego, la pornografía o las compras”.

Díaz prosiguió explicando que intentarán conectar “el trabajo de los líderes deportivos en los barrios, los clubes, la familia y la escuela, que es el núcleo por excelencia de la prevención”. Consideró que es importante tener conocimiento de estas cuestiones sobre todo porque “en este momento no hay políticas de Estado para prevenir”. Puso como ejemplo la situación de Rosario donde ya hubo más de 70 homicidios en lo que va del 2023."

Diario La Portada

Violencia en Rosario: asesinaron a un nene de 11 años en una balacera cuando salía de un cumpleaños

El chico estaba acompañado de sus primos. Una nena de 13 y un nene de 2 estan heridos en estado reservado
http://dlvr.it/SkQnW1

Teodoro Ponce fue asesinado por Montoneros el 21 de febrero de 1975. Secretario adjunto de la UOM y miembro del Secretariado de la CGT de Rosario, fue acribillado con total alevosía en plena ciudad de Rosario (Gorriti y Alberdi).

Teodoro Ponce fue asesinado por Montoneros el 21 de febrero de 1975.

Secretario adjunto de la UOM y miembro del Secretariado de la CGT de Rosario, fue acribillado con total alevosía en plena ciudad de Rosario (Gorriti y Alberdi).

Dos hombres fueron acribillados en Rosario

A uno lo fueron a buscar a su casa y al otro lo encontraron tirado en la calle, atacados por sicarios.
http://dlvr.it/SjpHV0

Tribunales orales en crisis: falta uno de cada tres jueces que deben resolver condenas por corrupción y narcotráfico

" Esta semana, los presidentes de los tribunales orales federales se reunieron con la presidenta de Casación Ana María Figueroa para plantear el grave problema de las vacantes y las subrogancias. Los jueces de Rosario también plantearon el problema de la seguridad

Debe haber 150 jueces en los tribunales orales federales repartidos en todo el país, pero un tercio de esas sillas está vacía. Según el relevamiento al que accedió Infobae, faltan 47 jueces en esos estrados desde donde se juzga delitos de corrupción, lavado de dinero, fraudes tributarios y narcortráfico. En algunos casos, la situación es tan absurda que faltan todos los magistrados de ese tribunal: sucede en lugares claves como Comodoro Py 2002, La Plata, Comodoro Rivadavia o Rosario, donde el delito se agiganta.

El escenario no es nuevo pero se fue agravando con el correr de los años y la grieta. Es que en varios casos ya no es un problema de la paralización en el Consejo de la Magistratura. “Hay ternas que hace años están trabadas en el Ejecutivo o en el Senado”, dice a Infobae un juez con años de experiencia en los tribunales orales federales.

Esa fue la preocupación que más de 40 presidentes de tribunales orales le llevaron esta semana a la jueza Ana María Figueroa, presidenta de la Cámara Federal de Casación Penal. “Estamos colapsados”, dijeron en una reunión que se desarrollo en el primer piso de los tribunales de Retiro, con conexión vía zoom con los magistrados del resto del país. "

Infobae

Violencia en Rosario: Pablo Javkin pidió que Nación priorice a la ciudad y dijo que “hace falta que la cárcel no domine la calle”

" El intendente habló con el Presidente luego de mantener una reunión con el nuevo ministro de seguridad comunal. La escalada de la violencia no se detiene y el poder político parece no encontrarle solución al problema que aqueja a la ciudad y amenaza con extenderse a otras áreas

La violencia en Rosario escala días tras día y todas las medidas tomadas hasta el momento parecen insuficientes. El miércoles pasado el gobernador de Santa Fe echó al ministro de Seguridad, Rubén Rimoldi, y en su lugar asumió Claudio Brilloni, un comandante retirado de la Gendarmería.

Los cambios ocurrieron en medio de una seguidilla de atentados en el último mes contra sindicatos, comercios y dependencias policiales de Rosario.

Febrero comenzó con un ataque que sorprendió a las autoridades políticas y policiales. Un grupo armado secuestró a una persona que caminaba en la calle y la asesinaron de tres tiros frente a la cancha de Newell’s para enviarle un mensaje a una parte de la barra brava del club.

Es en este contexto que el intendente de Rosario, Pablo Javkin pidió al gobierno nacional que priorice a la ciudad y dijo que “hace falta que la cárcel no domine la calle”.

El mandatario comunal aseguró, tras reunirse con Brilloni en el palacio municipal, que “lo que hay que recuperar es el territorio”.

“El Ministro conoce la ciudad, lo hemos dicho y lo vamos a ratificar, estuvimos trabajando sobre el mapa en algunas cuestiones muy específicas que le hemos planteado que requieren acción, una actitud muy firme de las fuerzas que tienen armas para realizar tareas preventivas en el territorio”, sostuvo el intendente tras la reunión.

Durante la reunión, añadió, “pusimos el mapa de la ciudad para ver los lugares donde entendemos que está la prioridad, y que eso tenga un reflejo inmediato en la sensación, en la visibilidad y en el control efectivo que se haga en las calles de la ciudad”.

“Los hechos son muy claros, hubo un desafío a la institucionalidad, sostuvo el jefe comunal al explicar que “balear en bicicleta o caminando a una institución pública o a un lugar de concurrencia masiva, como un banco, habla demasiado”. "

Infobae

Balearon un bar en Rosario y mataron a un familiar del dueño y un policía: los narcos habrían usado una ametralladora

" Encontraron 37 vainas servidas en el lugar. Los sicarios dispararon desde un auto, también hirieron a una cliente y a una custodia

Sicarios que dispararon desde un auto contra un complejo de la zona noroeste de Rosario mataron a un policía, a un familiar del dueño, e hirieron al titular del local, a un cliente y a una agente que hacía adicionales como custodia. En la escena del doble homicidio se secuestraron 37 vainas servidas, por lo que se cree que los atacantes utilizaron una ametralladora.

La investigación quedó a cargo del fiscal de Homicidios Dolosos Alejandro Ferlazzo, que se dirigió al lugar “De Taquito” ubicado en la intersección de Juan B. Justo y Olmos, en barrio Stella Maris, y ordenó relevar las cámaras y tomar testimonios. En ese local funciona un resto bar que tiene shows en vivo y también canchas de fútbol cinco.

Por los datos que pudo recolectar la Policía, se sospecha que el dueño del complejo baleado previamente recibió intimidaciones de una banda narco para que les permita vender estupefacientes dentro del establecimiento, situación a la que se habría negado.

El titular del local, de 58 años, fue trasladado hasta el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez, donde se encuentra internado por un tiro en el hombro derecho. Al mismo hospital fue llevado un cliente, de 28 años, con heridas en el flanco izquierdo y en las piernas, por lo que tuvo que ser intervenido quirúrgicamente.

Un familiar del dueño, del que no trascendieron datos por el momento, murió en el Policlínico San Martín por múltiples impactos de bala.

El policía asesinado era Rodrigo Medini, que junto a Silvana C., una agente que se desempeña en la subcomisaría 21 –estaba actualmente de licencia y también sufrió heridas de arma de fuego–, hacían horas adicionales como custodios. En el caso de la uniformada, fue derivada al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez y está fuera de peligro.

De acuerdo a datos que recibió Infobae, Silvana C. está a tres meses de poder retirarse de la Policía. Una fuente cercana a la víctima agregó que ella estaba de espalda al momento de la balacera y su compañero Medini la empujó y tiró al piso para resguardarla de los disparos, que terminaron impactando en él "

Infobae

Violencia narco: en medio del clima de tensión en Santa Fe, amenazaron a un juez, un fiscal, un senador y un intendente en Venado Tuerto

 " Las intimidaciones llegaron pocas horas después de que fuese indagado Nahuel Novellino, líder de un clan de drogas

ROSARIO.-Un juez, un fiscal, un senador provincial y un intendente recibieron fuertes amenazas de un narco de Venado Tuerto, en el sur de Santa Fe, que advertía que iba a atacarlos con “balas y granadas”. “El que avisa no traiciona”, alertaba el mensaje intimidatorio que tenía como destinatarios una extensa lista de funcionarios judiciales y políticos de esa localidad.

Las sospechas apuntan a Nahuel Novelino, que sumó en los últimos años cinco causas por narcotráfico y que ya estaba siendo investigado por amenazar al senador provincial Lisandro Enrico y el intendente de Venado Tuerto Leonel Chiarella.

En diálogo con LA NACION, el fiscal federal Arzubi Calvo detalló que el jueves Novelino fue indagado por el juez federal de Venado Tuerto Aurelio Cuello Murúa, como acusado de ordenar las amenazas contra el legislador provincial, al intendente y la fiscal Susana Pepino. Estas intimidaciones las habría ejecutado otro preso, Matías Álvarez, alojado en la cárcel de Rawson, pero por orden de Novelino,

“Desde que se creó el juzgado federal de Venado Tuerto Novelino empezó a acumular causas por narcotráfico: enfrenta cuatro que están por llegar a juicio oral y una que se originó en diciembre por amenazas”, advirtió el fiscal federal.

Las últimas amenazas llegaron por un mensaje de WhatsApp, cuyo número proviene del penal federal de Rawson, donde está alojado Matías Álvarez. Novelino fue trasladado por pedido de la fiscalía a la cárcel de Marcos Paz, porque en Chubut se detectó que seguía con el manejo de la organización criminal. "

La Nación

Hoy recordamos a María Leonor Berardi, que tenía 15 años cuando la asesinaron. ¿Su crimen? Pasar caminando por el lugar equivocado. El 25 de enero de 1977, a las 9.30, estalló una bomba vietnamita destinada a la Comisaría 14 de Rosario, Santa Fe, y María Leonor, +

Hoy recordamos a María Leonor Berardi, que tenía 15 años cuando la asesinaron. ¿Su crimen? Pasar caminando por el lugar equivocado.
El 25 de enero de 1977, a las 9.30, estalló una bomba vietnamita destinada a la Comisaría 14 de Rosario, Santa Fe, y María Leonor, +