La situación del Cabo Primero de la Policía Federal Argentina (PFA), Miguel Ángel Montiel, ha escalado a un nuevo nivel de gravedad. El suboficial, quien cobró notoriedad pública el pasado miércoles 4 de febrero tras encadenarse a las rejas de la Casa Rosada para denunciar una trama de corrupción sistémica en la fuerza, ha sido víctima de un robo en su domicilio particular. El hecho, denunciado por su familia, ocurre en un contexto de alta tensión institucional y persecución administrativa contra el denunciante.
El hecho delictivo y análisis de la evidencia
Según información difundida inicialmente por el periodista Pablo Sebastián Giles, desconocidos ingresaron a la vivienda familiar de Montiel en horas de la noche. El inventario de lo sustraído sugiere un interés específico en información sensible más que en bienes de consumo general: se llevaron una notebook, un pendrive, una carpeta con documentación y la suma de 200.000 pesos.
Las imágenes adjuntas al caso, que han circulado como prueba del siniestro, revelan la violencia del ingreso y la desesperación de la familia:"Mi familia está en peligro"
— Pablo Sebastián Giles (@pablosgilesok) February 12, 2026
El cabo primero de PFA, Miguel Angel Montiel, quien hace pocos días se encadenó en #CasaRosada para denunciar #Corrupción, sufrió un robo en su vivienda familiar.
Le sustrajeron 1 notebook, 1 pendrive, 1 carpeta con documentación y 200.000 Pesos. pic.twitter.com/SLVxJJDzwG
- Lugar del hecho: Una fotografía del dormitorio principal muestra un escenario de desorden total, típico de un registro exhaustivo. Se observa un cajón de un mueble arrancado y arrojado sobre la cama, la cual se encuentra cubierta de pilas de ropa, papeles y pertenencias revueltas, evidenciando la búsqueda frenética de objetos específicos.
- El pedido de auxilio: Capturas de pantalla de una conversación de "Ana", esposa del cabo Montiel, confirman la naturaleza del suceso. A las 10:40 am, Ana envió la fotografía del dormitorio revuelto acompañada de un mensaje contundente: "Mi familia está en peligro".
- Confirmación del robo: En un mensaje subsiguiente, la esposa detalla: "Hola soy esposa del cabo Montiel esposado en casa rosada anoche sufrimos un robo en mí casa se llevaron compu pendrive y mucho material". La sustracción de soportes digitales ("compu", "pendrive") y "material" documental refuerza la hipótesis de que el robo podría estar vinculado a las denuncias de corrupción que Montiel elevó ante la justicia federal.
La denuncia de "Planillas Fantasmas"
El robo ocurre pocos días después de que Montiel expusiera públicamente irregularidades graves en la ex Superintendencia de Transporte de la Policía Federal Argentina. Su protesta en Balcarce 50 apuntó directamente contra el titular de dicha área, el Comisario General Omar Farías.
El eje de la denuncia de Montiel, quien presta servicio en la Comisaría del Ferrocarril Belgrano Norte, radica en la existencia de "planillas fantasmas". Según su testimonio, existe un esquema de defraudación mediante el cual figuran asignaciones de personal y cobro de servicios adicionales que nunca se prestan, mientras que el personal operativo es obligado a cubrir brigadas sin remuneración y fuera de su horario laboral. Montiel señaló explícitamente que "se ve mucha corrupción de puestos fantasmas y de brigadas que no son pagadas", implicando que los fondos destinados a la seguridad ferroviaria serían desviados.
En su acusación, el cabo involucró a una cadena de mandos que, según él, tenían conocimiento de las maniobras: el Subcomisario Jesús Gabriel Gómez, el Subcomisario David Antonio Ramírez y el Subcomisario Sebastián Hernán Martínez, entre otros oficiales e inspectores de la división.
La causa judicial y la persecución administrativa
La denuncia de Montiel no quedó solo en lo mediático. Según consta en el registro interno N° 14/2026 de la División Operaciones Judiciales de la Dirección General de Asuntos Internos —firmado por la Principal Alejandra N. Marelli—, la causa ha sido radicada en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nro. 7, a cargo del Dr. Sebastián Casanello, con intervención de la Secretaría Nro. 13 del Dr. Pablo Lemos.
Sin embargo, paralelamente al carril judicial, se activaron mecanismos internos que sugieren una represalia institucional. Se detectó una maniobra para desacreditar al policía mediante una citación a una Junta de Reconocimiento Médico con una dirección falsa (General Hornos 168 en lugar de la dirección correcta, General Hornos 768). Este hecho, expuesto por el periodista Fabián Waldman y analizado por Ximena de Tezanos Pinto, fue interpretado como una táctica deliberada para fabricar una causa de ausentismo injustificado, patologizar al denunciante y forzar su exoneración.
Silencio oficial y responsabilidades políticas
A pesar de la gravedad institucional que implica el robo de pruebas a un denunciante de corrupción estatal, el silencio de las autoridades es absoluto. Hasta el momento, no ha habido pronunciamientos del Comisario General Luis Alejandro Rollé, jefe de la Policía Federal Argentina, ni de la Ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva.
La denuncia escala hacia responsabilidades políticas superiores debido a la naturaleza de los fondos y servicios involucrados. La supervisión del área afectada incluye a la Subsecretaría de Transporte Ferroviario, liderada por Martín Gabriel Ferreiro, y a la Secretaría de Transporte, a cargo de Fernando Herrmann. En última instancia, la vigilancia presupuestaria recae sobre el Ministerio de Economía, dirigido por Luis Caputo.
Cabe destacar que los procesos de adquisición de servicios adicionales efectuados por la Policía Federal Argentina, si bien formalmente parecen correctos adolecen de diversos elementos esenciales, transformándose los mismos en una mera "máscara de legalidad".
El cabo Montiel, quien se ha declarado partidario de la gestión del presidente Javier Milei pero crítico de la desprotección a la fuerza, advirtió durante su protesta: "Seguramente me van a sancionar... las denuncias nunca llegan a ningún lado porque se cubren entre todos". El robo en su vivienda, con la sustracción de documentación clave, parece confirmar sus temores más oscuros sobre la vulnerabilidad de quienes deciden romper el pacto de silencio.
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