Desde la asunción del presidente Javier Milei, en diciembre de 2023, las Fuerzas Armadas registraron 18.659 bajas voluntarias. Así lo informó el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en un reporte oficial presentado ante la Cámara de Diputados, con datos suministrados por el Ministerio de Defensa.
Según el detalle, dejaron su cargo 840 oficiales, 2398 suboficiales y 15.421 soldados voluntarios. La mayor parte de las renuncias provino del Ejército (14.614), seguido por la Fuerza Aérea (2971) y la Armada (1074). Actualmente, las Fuerzas Armadas cuentan con unos 83.000 efectivos desplegados en todo el país.
Causas de las bajas
Fuentes castrenses señalan que los principales factores son el atraso salarial, la falta de equipamiento moderno y la escasez de incentivos profesionales. Muchos oficiales y suboficiales manifiestan dificultades para sostener económicamente a sus familias, ya que las remuneraciones en varios casos se encuentran por debajo de la línea de pobreza establecida por el INDEC.
Un capitán o teniente de navío percibe alrededor de $1.109.913, mientras que un subteniente o guardiamarina recibe unos $806.045. Entre los suboficiales, los ingresos rondan entre $765.596 y $853.088, cifras que, según fuentes militares, no guardan relación con las responsabilidades ni con las exigencias de la función.
La situación salarial se combina con carencias en el equipamiento y entrenamiento. Varios testimonios indican que se siguen utilizando fusiles FAL con más de 70 años de antigüedad y que la artillería y los morteros disponen de una cantidad mínima de municiones, insuficiente para prácticas regulares.
Comparaciones y desmotivación
La comparación con países vecinos agrava el malestar: mientras en otras fuerzas armadas de la región se entregan uniformes y botas en buen estado, en Argentina el abastecimiento alcanza solo el 20% de las necesidades anuales. Esto, según fuentes consultadas, impacta en la moral y en la decisión de abandonar la carrera militar.
Situación similar en fuerzas federales
Un cuadro comparable se observa en las fuerzas federales dependientes del Ministerio de Seguridad, conducido por Patricia Bullrich. Allí también se registran reclamos por salarios, condiciones laborales y falta de recursos. Sin embargo, tanto en las Fuerzas Armadas como en las fuerzas de seguridad, los canales de reclamo institucionales son prácticamente inexistentes.
Cualquier manifestación de descontento puede ser considerada como una falta disciplinaria, pasible de sanción administrativa. Esto genera un escenario en el que la renuncia aparece como el único camino posible para quienes no desean continuar bajo esas condiciones.
Perspectiva oficial y debate interno
Desde sectores de conducción militar relativizan la magnitud del problema. Señalan que las cifras incluyen personal retirado y que las bajas se compensan parcialmente con los egresos de institutos de formación. Sin embargo, dentro de las propias filas crece la preocupación por el impacto en la operatividad y la falta de estímulos para sostener la vocación militar.
La cuestión reabre el debate sobre la equiparación salarial con las fuerzas de seguridad y sobre las políticas de defensa y seguridad nacional en un contexto marcado por la crisis económica y el descontento del personal uniformado.
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