En el marco del expediente N.º 27108/2025, actualmente en trámite ante el fuero Contencioso Administrativo Federal, se expuso una situación de especial gravedad institucional vinculada al uso prolongado y reiterado de sanciones disciplinarias administrativas como mecanismo de coerción, sin que exista hasta el momento una resolución judicial efectiva sobre el fondo del asunto.
El caso se origina en un sumario administrativo iniciado por la Policía Federal Argentina por hechos presuntamente ocurridos hace más de dos décadas, pese a que los plazos legales de prescripción habrían sido ampliamente superados. Aun así, el procedimiento disciplinario continuó activo durante años, con consecuencias concretas y actuales para la persona involucrada, incluyendo el riesgo de pérdida de derechos previsionales y de cobertura de salud.
La situación fue llevada a la justicia mediante una acción de amparo, solicitándose una medida cautelar de no innovar para evitar daños irreparables mientras se resolvía la cuestión de fondo. Sin embargo, tanto en primera instancia como en la Cámara Contencioso Administrativa Federal, la petición fue rechazada bajo el argumento reiterado de que no existe una sentencia definitiva ni equiparable a tal, y que el análisis solicitado implicaría adelantar el tratamiento del fondo de la causa.
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| Documento en PJN firmado por el Jefe de Policía Federal Luis Alejandro Rollé, con fundamentos de la División Asuntos Disciplinarios de la Dirección General de Asuntos Jurídicos |
Este criterio, sostenido de manera casi automática por el fuero contencioso administrativo, genera —según se desprende del expediente— una zona de indefinición judicial que en los hechos priva a los afectados de una tutela efectiva. La negativa sistemática a intervenir hasta que exista una decisión administrativa final permite que procesos disciplinarios prolongados en el tiempo produzcan efectos gravemente lesivos sin control jurisdiccional oportuno.
El expediente pone de relieve cómo las sanciones disciplinarias, aun cuando no han sido formalmente impuestas, operan como herramientas de presión, condicionamiento y castigo anticipado, afectando derechos de carácter alimentario y sanitario. Esta dinámica se ve agravada por la ausencia de plazos razonables, la extensión del sumario durante más de veinte años y la continuidad del accionar administrativo pese a la invocación expresa de prescripción.
Asimismo, el caso deja al descubierto una problemática estructural: la falta de control judicial efectivo sobre la actividad disciplinaria de las fuerzas de seguridad, en un contexto donde la justicia contencioso administrativa se declara impedida de intervenir por razones formales, aun frente a situaciones de daño actual y potencialmente irreparable.
La prolongación indefinida de los procedimientos, sumada a la negativa judicial a adoptar medidas preventivas, configura —según surge del planteo— un escenario de lesividad institucional, atribuible tanto al accionar de la Policía Federal Argentina como a un sistema judicial que, al ampararse en la inexistencia de una “sentencia definitiva”, termina consolidando una situación de hecho sin solución real.
Actualmente se encuentra en la Cámara Contencioso Administrativo Federal , Sala III siendo el secretario de cámara Federico Giacoia. El juzgado de origen del expediente fue el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo
Federal, número 4, Sec. 7.
El expediente 27108/2025 se encuentra actualmente a consideración de instancias superiores, donde se debate si este tipo de resoluciones, aun sin poner fin formal al proceso, pueden ser consideradas equiparables a sentencia definitiva cuando generan consecuencias de imposible o muy difícil reparación ulterior.
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