Denuncian posibles irregularidades en la contratación de tobilleras electrónicas adjudicada a empresa de Mario Montoto

Empresas internacionales y legisladores denunciaron presuntas irregularidades en la licitación del servicio de tobilleras electrónicas que se encamina a adjudicar el Ministerio de Justicia a Surely S.A., firma propiedad de Mario Montoto, por un monto de US$110.970.000, cifra superior a los valores de referencia estimados.

El proceso de contratación, que también abastecería al Ministerio de Seguridad, enfrenta cuestionamientos debido a que Surely fue la única empresa confirmada en competencia en una de las licitaciones, mientras que en la otra, la adjudicación ya se encuentra disponible para su oficialización. Según fuentes oficiales, el costo esperado rondaba los US$15 por día y por tobillera, pero la oferta de Surely ascendió a US$20,25 diarios, lo que representa un incremento significativo respecto a los valores inicialmente previstos.

Comparaciones con el mercado internacional reflejan que el costo en Argentina sería considerablemente más alto. En Colombia, servicios similares cuestan cerca de US$5 diarios, mientras que en Portugal ascienden a aproximadamente €7, de acuerdo con especialistas consultados.

Además del precio, se criticó la tecnología ofrecida por Surely, considerada obsoleta en comparación con los estándares actuales. A diferencia de los dispositivos modernos con GPS incorporado, el sistema propuesto utiliza radiofrecuencia para transmitir datos a un dispositivo intermedio, que luego conecta con la plataforma de monitoreo.

Mario Montoto, titular de Surely S.A., fue integrante del grupo armado Montoneros durante la década de 1970. Esta organización, junto al Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), protagonizó numerosos atentados y acciones armadas en Argentina en el marco de una lucha revolucionaria que derivó en una escalada de violencia política en el país. Montoto ocupó un rol cercano a Mario Firmenich, uno de los máximos líderes de Montoneros.

La empresa brasileña Synergye, que presta servicios en países como Chile, Uruguay y Portugal, denunció ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia la existencia de una “grave situación de irregularidad”, al considerar que los pliegos de licitación estarían direccionados para favorecer a Surely, imposibilitando una competencia real. Synergye también advirtió que las garantías exigidas para impugnar los pliegos —US$3.501.720 en el caso del Ministerio de Justicia— resultaron prohibitivas para otros oferentes.

Por su parte, la diputada nacional Mónica Frade, de la Coalición Cívica, presentó un reclamo formal en el que señaló la reiterada adjudicación de licitaciones a Surely desde 2015 en distintas provincias como Buenos Aires, CABA, Río Negro y Mendoza. Frade alertó sobre posibles prácticas restrictivas de la competencia y solicitó medidas cautelares para evitar daños mayores.

En tanto, Geostatis, firma de origen suizo con operaciones en 14 países, también manifestó objeciones sobre los requisitos técnicos de la licitación, que consideró orientados a favorecer exclusivamente a Surely. Representantes de la empresa indicaron que, debido a la exigencia de experiencia local en monitoreo, se redujo sustancialmente la posibilidad de competencia real, favoreciendo a quien ha prestado el servicio en Argentina durante las últimas dos décadas.

Hasta el momento, el Ministerio de Justicia no oficializó la adjudicación, aunque el proceso avanza mientras las denuncias continúan acumulándose en distintas instancias administrativas y judiciales.

Grave retroceso en la seguridad pública por la inhabilitación del sistema de reconocimiento facial en CABA

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires enfrenta actualmente un serio retroceso en materia de seguridad pública a raíz de la suspensión del Sistema de Reconocimiento Facial de Prófugos (SRFP). Esta medida, dispuesta por el juez en lo Contencioso Administrativo N° 2 de la Ciudad, Roberto Andrés Gallardo, responde a un amparo promovido por el Observatorio de Derecho Informático Argentino (ODIA), una organización no gubernamental cuya intervención y motivaciones han suscitado interrogantes en diversos sectores.

El SRFP, activo desde 2019, formaba parte del Sistema Integral de Seguridad Pública establecido por la Ley 5688 y su modificatoria 6395. Basado en tecnologías de deep learning e inteligencia artificial, el sistema había logrado identificar y poner a disposición de la Justicia a más de 2.000 prófugos de distintas jurisdicciones, reforzando así la seguridad tanto en la Ciudad como a nivel federal.

La suspensión, dictada en un contexto de crecientes cuestionamientos sobre la neutralidad del proceso judicial, genera preocupación. Si bien ODIA alega riesgos de violaciones a la privacidad, el SRFP operaba exclusivamente en base a datos biométricos ya judicializados, cotejados contra registros oficiales como el CoNaRC y el RENAPER, bajo estrictos controles de legalidad y transparencia.

Especialistas advierten que el accionar del Juzgado N° 2, más que fundarse en comprobaciones técnicas fehacientes, parece apoyarse en hipótesis no corroboradas sobre supuestas intervenciones indebidas en bases nacionales de datos. Esto pone en cuestión no solo la razonabilidad del fallo, sino también el grado de objetividad del magistrado interviniente.

Adicionalmente, se ha planteado la inquietud respecto a los eventuales vínculos de las organizaciones demandantes con fuentes de financiamiento extranjeras, un factor que podría comprometer la imparcialidad de su accionar en temas de alta sensibilidad institucional como la seguridad pública.

Mientras la Ciudad de Buenos Aires pierde el acceso a herramientas eficaces de identificación de prófugos, otros países avanzan en el uso del reconocimiento facial. Estados Unidos, Reino Unido, Rusia y al menos 109 naciones incorporan actualmente esta tecnología, ya sea para vigilancia fronteriza, control aeroportuario, prevención de delitos o seguridad carcelaria. Incluso organismos internacionales como Interpol emplean activamente este tipo de sistemas en la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado.

La inactividad forzada del SRFP no solo afecta la prevención del delito, sino que incrementa el riesgo de impunidad, exponiendo a la ciudadanía a nuevas victimizaciones. En un contexto de creciente complejidad en materia criminal, la judicialización ideologizada de tecnologías eficaces puede tener consecuencias irreparables para la seguridad y la convivencia social.

Frente a este escenario, resulta imprescindible un debate serio y equilibrado que garantice tanto el respeto de los derechos fundamentales como el fortalecimiento de los mecanismos de protección de la vida y la integridad de las personas.

Críticas a la ministra Patricia Bullrich por declaraciones erróneas sobre el patrono de la Ciudad de Buenos Aires

 En las últimas horas, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, recibió fuertes críticas en redes sociales tras brindar una respuesta incorrecta durante un breve intercambio con un periodista. Al ser consultada, Bullrich afirmó erróneamente que el Papa Francisco era el patrono de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuando en realidad lo es San Martín de Tours.

Falsa, impostada y bruta que no tiene ni idea que el patrono de la ciudad de Bs As es San Martín de Tours y no el Papa Francisco!!! Si no conocés tu Patria y su Religión, como la vas a amar montonera abortera multipartidaria!!!🤦‍♂️ https://t.co/BUF9bWgJyu

— Marcelo Llambías (@MarceloLlambia2) April 26, 2025

 

El error rápidamente generó reacciones en plataformas como X (ex Twitter), donde numerosos usuarios cuestionaron la falta de precisión de la funcionaria. Entre los mensajes que se viralizaron, se destacaron comentarios que calificaron a Bullrich de "falsa", "impostada" y "bruta", señalando su desconocimiento sobre figuras centrales de la tradición religiosa y cultural de la ciudad.

En otro de los mensajes replicados, un usuario ironizó: "Roma, parece un chiste de mal gusto. La abortera Bullrich asistiendo al funeral de Francisco y diciendo que 'fue el patrono de CABA'. Ni idea tiene esta pobre mujer."

Hasta el momento, la ministra no ha emitido aclaraciones públicas sobre sus declaraciones.

Avanzan las investigaciones en la causa seguros: 40 teléfonos aún bloqueados mientras surgen nuevas líneas de indagación

En el marco de la investigación judicial sobre la trama de los seguros durante el gobierno de Alberto Fernández, más de 40 dispositivos móviles continúan sin poder ser desbloqueados, según confirmaron fuentes cercanas al caso. Esta situación se da a pesar de que han transcurrido ya trece meses desde el inicio de la causa, durante los cuales se han secuestrado un total de 107 teléfonos celulares.

Entre los dispositivos que todavía no han podido ser accedidos se encuentra el de Daniel Rodríguez, conocido como "El Gordo", quien fuera intendente de la quinta de Olivos y considerado un hombre de máxima confianza del ex presidente. Según informaron las fuentes consultadas, 30 de estos teléfonos se encuentran actualmente en poder de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) para intentar su desbloqueo, mientras que otros 10 esperan actualizaciones de software del programa UFED para poder ser analizados.
El juez Sebastián Casanello, quien tomó la causa a principios de febrero tras vencerse la subrogancia del juez Julián Ercolini, aguarda los resultados de estas pericias técnicas mientras continúa recolectando información en diversos organismos antes de decidir si procesa a los principales imputados.

Los investigadores han señalado que los teléfonos celulares han resultado determinantes desde el comienzo de esta causa. El dispositivo de María Cantero, secretaria de Alberto Fernández, aportó conversaciones clave donde se mencionaban los seguros de la Cancillería y donde el ex presidente respondía "Ya me ocupo", frase que luego intentó explicar durante su declaración.

En el marco de estas nuevas líneas de investigación, el juez Casanello ha solicitado información adicional a la Cancillería sobre la decisión tomada el 7 de junio de 2023, cuando se dejó sin efecto la designación de Net Broker ante Provincia ART. También ha requerido datos a Provincia Seguros y Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo sobre posibles pólizas emitidas con intermediación de "Héctor Martínez Sosa y Compañía SA".

El contenido de varios teléfonos, incluido el del broker Héctor Martínez Sosa, amigo de Alberto Fernández, ha sido resguardado en un legajo reservado, lo que ha limitado la difusión de su contenido. Fuentes judiciales indicaron que en estos dispositivos "no se encontró nada relevante".

La causa investiga presuntas irregularidades en la contratación de seguros durante la administración anterior, con foco en comisiones millonarias. Entre los hallazgos se menciona la empresa Bachellier, presidida por Osvaldo Alfredo Tortora, que habría cobrado más de 1.665 millones de pesos en comisiones durante el gobierno de Fernández.

Atropello masivo en el festival Lapu Lapu en Vancouver

Un hombre de 30 años fue detenido y la Policía confirmó que el conductor era un “sospechoso solitario” conocido de las fuerzas de seguridad “bajo ciertas circunstancias”. El jefe en funciones de la Policía de Vancouver, Steve Rai, no ha querido concretar un número exacto de víctimas porque han sido “enviadas a diferentes hospitales de la región”.

Varias personas murieron y otras resultaron heridas el sábado por la noche luego de que un conductor embistiera a una multitud durante un festival en la ciudad canadiense de Vancouver, según informaron las autoridades locales.

La policía confirmó que 9 personas perdieron la vida en el ataque. “Hasta el momento, podemos confirmar la muerte de nueve personas después de que un hombre atropellara a una multitud en el Festival de Lapu Lapu de anoche. Acompañamos en nuestros pensamientos a todos los afectados por este trágico incidente”, escribió la policía en X..

En el mismo mensaje, han señalado que el conductor del vehículo, según testigos un Audi SUV color negro, se encuentra ya detenido y han asegurado que irán proporcionando más detalles sobre el incidente “a medida que avance la investigación”.

El incidente ocurrió en el barrio Sunset on Fraser, mientras miembros de la comunidad filipina se congregaban para celebrar el Día de Lapu Lapu, según publicó el alcalde de Vancouver, Ken Sim, en redes sociales.

“Nuestros pensamientos están con todos los afectados y con la comunidad filipina de Vancouver en este momento increíblemente difícil”, escribió Sim.

En la primera rueda de prensa tras el incidente, el jefe en funciones de la Policía de Vancouver, Steve Rai, ha identificado al detenido como un hombre de unos 30 años, oriundo de la ciudad, conocido por las fuerzas de seguridad “bajo ciertas circunstancias”. Rai no ha querido concretar un número exacto de víctimas porque han sido “enviadas a diferentes hospitales de la región”.

La Policía, no obstante, sí ha descartado que lo ocurrido haya sido un acto de terrorismo, según un mensaje publicado por las fuerzas de seguridad de Vancouver en su cuenta de la red social X.

Por su parte, el primer ministro de Canadá, Mark Carney, también manifestó su pesar a través de un mensaje en X: “Estoy devastado al escuchar sobre los horribles acontecimientos en el festival Lapu Lapu en Vancouver esta noche. Ofrezco mis más profundas condolencias a los seres queridos de los fallecidos y heridos, a la comunidad filipino-canadiense y a todos en Vancouver. Estamos de luto con ustedes. Estamos siguiendo de cerca la situación y agradecidos a nuestros socorristas por su rápida acción.”

También, el primer ministro de la provincia de Columbia Británica, David Eby, expresó en un mensaje su conmoción y dolor ante el trágico suceso. Asimismo, el líder del Nuevo Partido Democrático (NDP), Jagmeet Singh, envió sus condolencias a las víctimas y a la comunidad filipina.

Una guardia de seguridad del festival, Jen Idaba-Castaneto, relató al medio local Vancouver Is Awesome que la escena era caótica. “Había cuerpos por todas partes. No sabías a quién ayudar, aquí o allá. Es muy impactante”, describió.

Un testigo relató a CTV News que observó un vehículo negro circulando de manera errática en las inmediaciones del festival momentos antes de que la multitud fuera atropellada. Según informó el Vancouver Sun, miles de personas se encontraban en la zona en el momento del incidente.

“Yo no pude ver al conductor, lo único que escuché fue el ruido del motor”, declaró Yoseb Vardeh, operador de un camión de comida, en una entrevista con Postmedia.

“Salí de mi food truck, miré hacia la calle y vi cadáveres por todas partes”, añadió Vardeh. “El vehículo recorrió toda la cuadra y se dirigió directamente hacia el centro del festival”.

“Había una señora con los ojos mirando hacia arriba, una de sus piernas ya estaba rota. Una persona la sostenía de la mano tratando de consolarla”, dijo otro de los testigos en su declaración.

Fotografías difundidas por la emisora CBC mostraron la presencia de equipos de emergencia en la escena, donde más temprano se habían reunido grandes multitudes para participar en un desfile, proyecciones de cine, bailes y un concierto en el que se presentaban dos miembros de Black Eyed Peas.

El festival, que conmemora al líder indígena filipino Lapulapu, quien derrotó al explorador portugués Fernando de Magallanes en 1521, coincidía este año con el fin de semana previo a las elecciones federales en Canadá. El incidente mortal se produce un año después de que el canadiense Nathaniel Veltman fuera condenado a cadena perpetua por atropellar a una familia musulmana con su camión en Ontario en 2021.

El incidente ha ocurrido a pocas horas de las elecciones parlamentarias que se celebrarán este próximo lunes en Canadá. El rival de Carney, Pierre Poilievre, se ha declarado “conmocionado por las terribles noticias que surgieron del Festival del Día de Lapu Lapu en Vancouver esta noche”.

“Mis condolencias están con la comunidad filipina y todas las víctimas de este ataque sin sentido. Gracias a los socorristas que se encuentran en el lugar mientras esperamos más información”, ha añadido Poilievre.

Grave crisis institucional en las fuerzas federales por salarios de miseria y abandono estructural

Las fuerzas federales de seguridad atraviesan una profunda crisis institucional marcada por salarios insuficientes, condiciones laborales degradadas y una creciente ola de renuncias. El personal que egresa de las escuelas de formación percibe sueldos que oscilan entre los 600.000 y 700.000 pesos mensuales, cifras que resultan notoriamente insuficientes frente al costo de vida actual, especialmente para quienes deben afrontar gastos de alquiler o sostener a sus familias. A esto se suma una cobertura de salud deficitaria y un aparato de contención estatal prácticamente ausente.

El descontento se ha hecho visible en las redes sociales, en manifestaciones espontáneas por parte de familiares y en las numerosas renuncias que se publican a diario en los boletines internos. En el Hospital Churruca —históricamente símbolo de la asistencia sanitaria para la Policía Federal— la situación es crítica: faltan médicos, enfermeros, técnicos en imágenes y laboratorio. Los concursos para cubrir vacantes quedan desiertos por los bajos salarios ofrecidos, y muchos profesionales optan por abandonar el sistema ante la falta de insumos, estructura y reconocimiento económico.

La atención médica ha sido reemplazada, en muchos casos, por un sistema de telemedicina tercerizado que, según denuncias internas, ofrece respuestas superficiales y recetas generales, sin la atención especializada que requieren los cuadros clínicos más complejos.

El malestar no se limita a la Policía Federal. En otras fuerzas como Gendarmería Nacional, Prefectura Naval y Policía de Seguridad Aeroportuaria, la situación no difiere. Muchos agentes destinados a operativos federales, como el “Plan Bandera” en Rosario, se enfrentan a destinos inciertos sin cobertura habitacional ni condiciones mínimas para sostener a sus familias.

Durante una visita a Aguas Blancas, en Salta, un padre de un gendarme expuso ante la ministra Patricia Bullrich la dramática situación de su hijo: con un sueldo de $750.000, debe destinar $450.000 al pago de alquiler, y vive junto a sus dos hijos en la casa paterna por imposibilidad de mantener un hogar propio. La ministra, en respuesta, pidió confianza y mencionó medidas habitacionales bajo el Plan Procrear, eliminado por decreto en noviembre de 2023. También hizo referencia a aumentos salariales que, según el Ministerio, alcanzan un 7,89%, aunque estos son considerados irrisorios por los efectivos.

Los responsables políticos de esta situación han sido identificados dentro del Ministerio de Seguridad de la Nación, encabezado por Martín Siracusa, y por la Comisión Técnica Asesora de Política Salarial del Sector Público. Este equipo, conformado por Fernanda Ferreyra, Nicolás Farías, Benjamín Larsen, Carlos Guberman, Maximiliano Farina y Enrique Pinedo, opera bajo la órbita del Ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, y es quien define los parámetros salariales que afectan directamente a miles de trabajadores del sector.

A este cuadro se suma el problema de las obras sociales obligatorias. Los integrantes de las fuerzas se encuentran atados institucionalmente a la Superintendencia de Bienestar y a IOSFA, sin posibilidad de elegir otra cobertura ni derivar aportes a otro sistema, dado que la Superintendencia de Servicios de Salud no permite la portabilidad para este sector. Esta situación genera una suerte de cautiverio sanitario y administrativo, en el que los efectivos no pueden optar por alternativas que les garanticen atención médica adecuada.

La descomposición del sistema no solo pone en riesgo la integridad física y emocional de quienes integran las fuerzas, sino que también amenaza la operatividad misma del aparato de seguridad federal. Mientras desde el gobierno se reiteran anuncios de “revalorización del personal”, en los hechos, las condiciones laborales, salariales y sanitarias continúan deteriorándose, y crece el temor a una pérdida irreversible de recursos humanos esenciales para la seguridad pública.

Dificultades en la Producción Agropecuaria en Daireaux: La Importancia de las Obras Básicas para la Circulación en Caminos Rurales

En el partido bonaerense de Daireaux, los productores agropecuarios enfrentan una situación crítica debido al estado de los caminos rurales. La falta de mantenimiento de estas vías ha llevado a una situación en la que la producción está lista, las máquinas están operativas y el clima ha mejorado después de semanas de lluvias intensas. Sin embargo, los caminos rurales destruidos impiden el transporte de la cosecha, afectando gravemente la productividad y la economía local.

Problemas Actuales

Los productores de Daireaux han expresado su frustración por la imposibilidad de sacar sus granos del campo. María Susana Azzi, una de las productoras afectadas, describió la situación como una "desidia y abandono de años". Los caminos están inundados y en mal estado, lo que dificulta el transporte de la producción. Esto no solo afecta la salida de la cosecha, sino también la vida cotidiana en el campo, ya que los caminos solo se pueden transitar en camioneta, no en camiones o autos comunes.

La situación se repite en todo el partido, con más de 1.300 kilómetros de caminos rurales sin mantenimiento adecuado. Los productores han intentado comunicarse con el municipio sin éxito, y la falta de respuesta ha llevado a una acumulación de problemas. Desde febrero, no ha salido ni un solo camión con cosecha, lo que afecta tanto a los productores como a los exportadores.

Impacto Económico y Social

La falta de infraestructura básica no solo afecta la economía agropecuaria, sino también la vida de las familias rurales. Los niños no pueden asistir a las escuelas rurales y los adultos mayores con problemas de salud tienen dificultades para movilizarse. La situación ha llevado a algunos productores a suspender el pago de la tasa vial, argumentando que no reciben los servicios correspondientes a cambio de sus impuestos.

Posibles Soluciones

Para resolver esta situación, es crucial que las autoridades locales y provinciales trabajen en conjunto con los productores para mejorar la infraestructura de los caminos rurales. Esto incluye la asignación de fondos para el mantenimiento y la reparación de las vías, así como la adquisición de maquinaria adecuada y la capacitación de personal. Además, es necesario fomentar la participación de la comunidad en la toma de decisiones y la implementación de soluciones.

Autoridades Involucradas

Las autoridades de Daireaux, incluyendo el intendente Esteban Alejandro Acerbo y su equipo, deben tomar medidas inmediatas para abordar esta crisis. La colaboración con entidades como la Sociedad Rural de Daireaux y la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) puede ser crucial para encontrar soluciones efectivas y sostenibles.

A la vez surgen diversos cuesitonamientos dado que se han utilizando dinero público para financiar espectáculos culturales, cómo el Festival Fortinera Deroense (donde asiste por ejemplo la banda Los Cafres, La Kuppe, Las Nazarenas, Ulises Bueno, entre otros), bajo el lema "entrada libre y gratuita". Planteando si existe un uso poco prioritario de los recursos públicos en desmedro de los aspectos productivos.

Conclusión

Asegurar condiciones básicas para la productividad agropecuaria es esencial para el desarrollo económico y social de Daireaux. La mejora de los caminos rurales no solo facilitará el transporte de la cosecha, sino que también mejorará la calidad de vida de las familias rurales. Es imperativo que las autoridades actúen con prontitud y eficacia para resolver esta situación y garantizar un futuro próspero para la comunidad agropecuaria de Daireaux.

Millonaria adquisición de licencias Microsoft por adjudicación directa en el Ministerio de Seguridad

Por un monto total de 3.748.082,76 dólares estadounidenses, el Ministerio de Seguridad de la Nación aprobó la adquisición de un conjunto de licencias de software de la empresa MSLI Latam Inc., afiliada directa de Microsoft Corporation, mediante un procedimiento de "Adjudicación Simple por Exclusividad". La operación, encuadrada en el expediente EX-2025-32576993- -APN-DCO#MSG, fue formalizada a través del proceso 347-0003-CDI25 y contempla la provisión de licencias para el Ministerio y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).

 El pliego de bases y condiciones, elaborado por el Director General de Tecnología Informática Jorge Adolfo Teodoro, fue promovido bajo el argumento de exclusividad, citando un convenio marco firmado en 2010 entre la Jefatura de Gabinete de Ministros y MSLI Latam Inc. Según el documento, esta empresa es la única autorizada para otorgar licencias Microsoft bajo el esquema de “Enterprise” en Argentina.

La iniciativa fue refrendada sin objeciones por otros altos funcionarios con poder decisorio en el proceso, entre ellos:

• Dra. Patricia Bullrich (Ministra de Seguridad Nacional),

• Mag. Martín Siracusa (Secretario de Coordinación Administrativa),

• Cdor. Gustavo Luis Gavassa (Subsecretario de Gestión Administrativa),

• Cdora. Silvia M. E. Turetzky (Directora General de Administración),

• Dra. Ayelén Mussi Mayan (a cargo de la Dirección de Compras).

El contenido del pliego revela que gran parte del monto está destinado a licencias de ofimática (Microsoft 365 E3, E5 y F3), sistemas operativos, herramientas de analítica (Power BI), bases de datos (SQL Server) y otras soluciones corporativas como Azure y Dynamics 365.

Pese a los fundamentos esgrimidos en favor de la contratación directa, diversos especialistas y sectores críticos alertan sobre el riesgo de cartelización y dependencia tecnológica que implica este tipo de adquisiciones exclusivas, más aún en un contexto donde existen alternativas libres y de código abierto que podrían cumplir funciones equivalentes a una fracción del costo. Suites ofimáticas como LibreOffice, sistemas operativos como Linux, y plataformas de analítica de datos como Metabase o Superset, entre otras, han demostrado eficacia en entornos gubernamentales de múltiples países.

La ausencia de un análisis comparativo o estudio de factibilidad tecnológica en el expediente, así como la falta de evidencia sobre una evaluación seria de alternativas de menor costo o licenciamiento abierto, despierta sospechas sobre la transparencia del proceso y refuerza la percepción de una adjudicación dirigida y sin controles reales.

La decisión de renovar licencias por tres años con cláusulas de pago en cuotas anuales y condiciones que derivan en licencias perpetuas para algunos productos, refuerza además la noción de una estructura diseñada para asegurar una relación prolongada y dependiente con un único proveedor, en un sector altamente dinámico y competitivo.

Situación similar sucede con la Resolución N.º 140/ASINF/24 publicada en el Boletín Oficial, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por una contratación directa por USD 8,1 millones para la renovación de licencias de Microsoft para el período 2024-2027. Situación similar sucede en México con la adjudicación directa, identificado como 41100100-AD063-21-063 por la licencia de productos de software Microsoft bajo el esquema Enterprise Agreement Servidor y Nube. Este contrato se hizo por un monto de 362 mil dólares para la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) según reporta Diario Basta.

En paralelo a estas decisiones de gasto millonario en licencias de software privativo, las fuerzas federales enfrentan una profunda crisis salarial. El personal policial y de seguridad cobra haberes muy por debajo de la media salarial nacional, lo que ha generado situaciones de endeudamiento masivo entre los efectivos, quienes muchas veces deben recurrir a créditos personales o préstamos informales para cubrir gastos básicos.

Esta precariedad económica ha provocado un creciente malestar interno y un fenómeno cada vez más notorio: un aumento sostenido en las solicitudes de baja voluntaria y renuncias. La falta de incentivos, sumada a condiciones laborales exigentes y al deterioro del poder adquisitivo, ha hecho que muchos agentes opten por dejar la fuerza, lo que compromete seriamente la operatividad y continuidad institucional de las fuerzas federales.

A su vez han crecido los reclamos por falta de servicios de salud, por ejemplo la Superintendencia de Bienestar de la Policía Federal Argentina, organismo que depende del Ministerio de Seguridad Nacional, cada vez se enfrenta a más  reclamos y demandas por falta de atención y pago a proveedores, cómo también la Caja de Retiros que continuamente debe responder en tribunales por falta de respuesta a reclamos.

Desde una perspectiva institucional, esta operación genera preocupación respecto al uso de recursos públicos en contrataciones que podrían revisarse, diversificarse y transparentarse. El llamado a evitar la concentración y promover la soberanía tecnológica en la administración pública vuelve a resonar con fuerza ante este tipo de decisiones que consolidan el poder de las grandes corporaciones en detrimento del desarrollo de soluciones locales y abiertas.

El Control de las Sanciones Disciplinarias en las Fuerzas de Seguridad y Policiales de Argentina: Un Sistema que Requiere Mayor Transparencia

La problemática del control disciplinario en las fuerzas de seguridad y policiales de Argentina ha generado preocupación en diversos ámbitos jurídicos y sociales, evidenciando debilidades significativas en el sistema de sanciones tanto leves como graves. La falta de un debido proceso efectivo y la aplicación de sanciones basadas en fundamentos vagos o genéricos plantean serios interrogantes sobre la protección de los derechos del personal policial y el funcionamiento del Estado de Derecho.

Las resoluciones disciplinarias en muchos casos se sustentan en fórmulas genéricas y ambiguas como "haber puesto en crisis el deber de confidencialidad y transparencia exigible a todo funcionario policial", "poner en duda su integridad profesional" o "generar un manto de sospecha". Estas expresiones, frecuentemente utilizadas de manera estandarizada en diferentes casos, revelan una práctica administrativa que prescinde de la especificidad necesaria para fundamentar adecuadamente una sanción.

El caso "CIV 57861/2023" ilustra claramente esta problemática. El personal policial cesanteado por la institución fue posteriormente sobreseído en las causas penales correspondientes, exponiendo una disonancia entre la decisión disciplinaria y el pronunciamiento judicial. Esta situación genera múltiples consecuencias negativas: daños personales y profesionales injustificados, mayor carga de trabajo para el sistema judicial y pérdida de recursos humanos capacitados para las fuerzas de seguridad.

La utilización de resoluciones pre-elaboradas o "copiadas y pegadas" sugiere que, en algunos casos, las decisiones disciplinarias responden a conclusiones predeterminadas más que a una evaluación objetiva de los hechos. Este procedimiento podría configurar, según el Código Penal, abuso de autoridad o incumplimiento de deberes de funcionario público, especialmente cuando se omite el respeto al debido proceso administrativo.

El Ministerio de Seguridad Nacional dirigido por Patricia Bullrich y Carlos Alberto Manfroni, órgano rector encargado de supervisar el funcionamiento de las fuerzas federales, tiene la responsabilidad de garantizar que las sanciones disciplinarias se apliquen con respeto a los derechos del personal y conforme a la ley. Sin embargo, la evidencia sugiere que este control es, en la práctica, insuficiente o inexistente.

Las deficiencias en el control administrativo generan consecuencias sistémicas que afectan no solo a los individuos sancionados, sino también a la eficiencia institucional. La judicialización de resoluciones administrativas mal fundamentadas produce un desgaste innecesario de recursos tanto en el ámbito judicial como en el administrativo.

Para abordar esta problemática, se requiere implementar mecanismos más rigurosos de control interno y supervisión externa. Estos deberían incluir:

1. Establecimiento de criterios específicos y fundamentos detallados para cada sanción.
2. Revisión independiente de las resoluciones disciplinarias.
3. Capacitación obligatoria para quienes participan en los procesos disciplinarios.
4. Auditorías periódicas de los procedimientos sancionatorios.
5. Establecimiento de un sistema efectivo de reparación para casos de sanciones arbitrarias o mal fundamentadas.

La reforma del sistema disciplinario en las fuerzas de seguridad no es solo una cuestión de justicia administrativa, sino un requisito fundamental para fortalecer la institucionalidad democrática y garantizar la protección efectiva de los derechos de todos los ciudadanos, incluidos aquellos que integran las fuerzas policiales.

Contaminación del Río Uruguay: Impacto de las Viviendas Sociales y Cloacas sin Tratar

La contaminación del río Uruguay ha alcanzado niveles alarmantes, especialmente debido a la presencia de bacterias fecales provenientes de viviendas sociales que carecen de tratamiento adecuado de cloacas. Este problema no solo afecta la calidad del agua, sino también la salud de las comunidades ribereñas y el ecosistema en general.

Aumento de Bacterias Fecales

De las 14 playas argentinas analizadas sobre el río Uruguay, 12 superan el nivel máximo de enterococos, y en cinco la Escherichia coli es mayor al límite permitido. Estos indicadores de contaminación fecal permiten valorar la calidad sanitaria del agua, destinada al consumo humano, la agricultura, la industria y la recreación.

La contaminación fecal puede ser de origen humano y animal, proveniente de los pobladores asentados en las orillas del río, así como de efluentes y residuos arrojados en dichos cursos de agua. La presencia de enterococos en cuencas hídricas tiene importancia epidemiológica debido a su posible origen en el tracto intestinal y su capacidad para desarrollar resistencia antimicrobiana.

Monitoreo y Resultados

La Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) realiza monitoreos semanales en varias playas del río Uruguay para medir la calidad del agua. Los resultados más recientes indican que en 12 de las 14 playas argentinas, la presencia de enterococos supera el máximo establecido, e incluso en algunos lugares es siete veces mayor. Además, cinco registros fueron superiores al límite de E. coli, y otros tantos quedaron cerca del máximo.

Las playas y balnearios de Chajarí, Federación, Salto Grande, Concordia, Puerto Yeruá, San José, Colón y Concepción del Uruguay presentan los niveles más altos de contaminación. En estos lugares, la calidad del agua se ve seriamente comprometida, afectando tanto a los bañistas como a la fauna local.

Impacto en la Salud y el Medio Ambiente

La contaminación del río Uruguay no solo afecta la calidad del agua, sino también la salud de las comunidades ribereñas. La presencia de bacterias fecales puede causar enfermedades gastrointestinales, infecciones de la piel y otros problemas de salud. Además, la contaminación afecta la biodiversidad del río, poniendo en riesgo a especies acuáticas y alterando el equilibrio del ecosistema.

Reclamos Ambientalistas

Ambientalistas y comunidades ribereñas han expresado su preocupación por la contaminación del río Uruguay. Grupos como Brote Nativo han presentado solicitudes formales al municipio, invocando leyes de acceso a la información pública, para conocer las políticas ambientales relacionadas con el fenómeno. Se busca detalles sobre la regulación de agrotóxicos, el tratamiento de efluentes cloacales y la contaminación industrial, principales factores que contribuyen al crecimiento de las cianobacterias.

Medidas Necesarias

Para mitigar esta problemática, es crucial implementar políticas activas que aborden la contaminación del río Uruguay. Esto incluye mejorar el tratamiento de efluentes cloacales, regular el uso de agrotóxicos y controlar la contaminación industrial. Además, es necesario promover prácticas sostenibles entre las comunidades ribereñas y fomentar la educación ambiental para prevenir la contaminación.

La contaminación del río Uruguay es un problema complejo que requiere la colaboración de gobiernos, comunidades y organizaciones ambientales. Solo a través de un enfoque integral y sostenible se podrá garantizar la salud del río y de las comunidades que dependen de él.

El control judicial como garantía del Estado de Derecho ante resoluciones ministeriales de dudosa legalidad (o porqué Patricia Bullrich debe controlar sus resoluciones)

La justicia suspendió parcialmente una resolución del Ministerio de Seguridad que restringía el derecho a la educación en contexto de encierro. El caso expone la necesidad de un control estricto sobre actos administrativos que afectan derechos fundamentales.

En una decisión reciente de alto impacto institucional, el juez Mariano Iturralde resolvió suspender de forma provisoria el artículo 2 de la Resolución 372/2025 del Ministerio de Seguridad de la Nación, firmada por la ministra Patricia Bullrich. Dicha norma prohibía a las personas privadas de libertad permanecer en los centros educativos carcelarios fuera del horario de clases, limitando así el acceso a actividades esenciales para su formación académica. La intervención judicial no sólo tuvo efectos concretos en defensa del derecho a la educación, sino que puso en evidencia las incongruencias que pueden surgir en resoluciones administrativas emitidas sin un adecuado control de legalidad.

La resolución judicial fue motivada por una medida cautelar presentada por la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN), junto a organismos de derechos humanos. El juez consideró que la aplicación del artículo en cuestión tenía la potencialidad de afectar de manera irreparable los derechos de los estudiantes detenidos, en tanto imposibilitaba el estudio autónomo, el acceso a bibliografía, el uso de computadoras y otras prácticas esenciales en la vida académica.

Más allá del caso concreto, el episodio revela un patrón preocupante: la emisión de resoluciones ministeriales que, bajo el pretexto de mejorar la eficiencia institucional, generan restricciones desproporcionadas a derechos reconocidos constitucional e internacionalmente. La normativa suspendida, por ejemplo, no fue acompañada de un estudio de impacto, ni contó con instancias de consulta con organismos especializados en educación o derechos humanos. A ello se suma el hecho de que, según argumentó el propio Ministerio, la decisión respondía a supuestas observaciones administrativas sobre el uso extendido de los espacios educativos, sin considerar el valor pedagógico ni el contexto de encierro.

El control judicial de estas medidas resulta entonces no sólo pertinente, sino necesario para preservar el equilibrio entre las facultades del Poder Ejecutivo y el respeto al principio de legalidad. En un Estado de Derecho, toda actuación administrativa debe estar sujeta a la Constitución y a los tratados internacionales vigentes, especialmente cuando afectan derechos humanos de poblaciones vulnerables, como las personas privadas de libertad.

La falta de control previo en este tipo de decisiones no es un hecho aislado. En los últimos años, diversas resoluciones ministeriales en materia de seguridad han sido cuestionadas en sede judicial por contradecir normativas superiores, carecer de fundamentos suficientes o restringir derechos sin proporcionalidad ni razonabilidad. En muchos casos, estas normas no pasan por el Congreso ni por órganos de control, lo que amplifica los riesgos institucionales.

La justicia, en este sentido, no usurpa funciones del Ejecutivo, sino que actúa como garante de que las decisiones se ajusten al marco jurídico vigente. Como advirtió el juez Iturralde, la limitación impuesta por la resolución ministerial “tenía entidad para ocasionar serios obstáculos y retrasos en la carrera académica” de los estudiantes, lo que justificó su suspensión inmediata.

En su decisión, el magistrado también instó al Servicio Penitenciario Federal y a las autoridades académicas a elaborar un plan de contingencia que regule adecuadamente el uso de los espacios de estudio. Esta articulación entre poderes y organismos especializados representa un ejemplo de cómo es posible compatibilizar el orden institucional con la protección efectiva de los derechos.

Por último, el caso evidencia que el ejercicio del poder administrativo no puede desentenderse de sus consecuencias sociales y jurídicas. La legalidad no es una formalidad burocrática: es la base del respeto a los derechos y del control democrático sobre quienes ejercen funciones públicas. En tiempos donde las decisiones ministeriales pueden impactar de forma directa en libertades esenciales, el rol del Poder Judicial se reafirma como un pilar del sistema republicano.

Pese al avance de la digitalización, la Policía Federal adquiere impresoras mediante licitación privada

A través del expediente PLIEG-2025-26205957-APN-DGF#PFA, la Policía Federal Argentina inició un proceso de Licitación Privada para la adquisición de impresoras multifunción, láser monocromáticas y de etiquetas. Esta compra se da en un contexto donde diferentes organismos del Estado impulsan políticas de despapelización y reducción del uso de insumos físicos.

 

La contratación, tramitada conforme al Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional (Decreto 1023/01 y modificatorias), busca proveer impresoras destinadas a diversas dependencias operativas. Según el pliego, las impresoras deberán contar con funciones de red, control de impresión y mecanismos de uso racional.

Sin embargo, la decisión de adquirir impresoras en medio del proceso de transformación digital y reducción del papel genera interrogantes sobre el rumbo institucional. A nivel nacional, diversos organismos han adoptado plataformas digitales para trámites, notificaciones y expedientes electrónicos, con el objetivo de reducir costos operativos y el impacto ambiental del uso de papel.

Papel y contradicciones: el impacto ambiental

La producción y el descarte del papel representan un costo ambiental significativo. Según estimaciones ambientales, el proceso de fabricación de papel implica consumo de agua, energía y la tala de árboles, además de generar residuos no reciclados en muchas oficinas públicas.

En ese sentido, organismos públicos han adoptado normas que fomentan la eliminación progresiva del papel y su reemplazo por documentos digitales con firma electrónica. La adquisición de impresoras, aunque pueda justificarse por necesidades operativas específicas, parece tensionar con estos lineamientos generales.

Detalles de la licitación

El procedimiento contempla la adquisición de equipos nuevos, con requisitos técnicos precisos, garantía y entrega a distintas jurisdicciones de la fuerza. Las empresas proveedoras deben presentar sus propuestas a través del sistema COMPR.AR, que centraliza y publica los procesos licitatorios de la administración nacional.

Un proceso que plantea preguntas

Aunque la compra se enmarca en procedimientos legales y transparentes, el momento y la naturaleza del gasto llaman la atención: ¿es coherente invertir en impresoras en plena etapa de digitalización del Estado? ¿Cuáles son las necesidades operativas que justifican esta adquisición?

La Policía Federal no ha emitido, hasta el momento, una declaración pública sobre cómo esta compra se inserta en la estrategia institucional frente a la despapelización y la reducción del impacto ambiental.

 

Tragedia en General La Madrid: Vuelco de un Micro Deja al Menos Cuatro Muertos y Más de 20 Heridos

Un trágico accidente ocurrió este domingo por la mañana en el partido bonaerense de General La Madrid, dejando un saldo de al menos cuatro personas fallecidas y más de 20 heridas. El incidente tuvo lugar en el cruce de las rutas 51 y 76, cuando un micro de la empresa "Vía Tac" que se dirigía hacia La Plata volcó, llevando a bordo a 33 pasajeros.

El micro, que había pasado recientemente por Bahía Blanca, se dirigía hacia la ciudad de La Plata cuando ocurrió el fatal accidente. Según las primeras informaciones, varios pasajeros sufrieron heridas de gravedad y fueron trasladados a diferentes hospitales de la zona. Los heridos leves, un total de 25, fueron derivados a General La Madrid y 4 a Laprida, mientras que los casos más graves fueron llevados a Olavarría.

Entre las víctimas fatales se encuentran dos hombres y dos mujeres, todos mayores de edad. Hasta el momento, no se ha revelado la identidad de los fallecidos. El conductor del micro resultó ileso.

En el lugar del accidente, trabajaron Bomberos Voluntarios de La Madrid y Laprida, junto con efectivos policiales de ambas jurisdicciones, para asistir a las víctimas y controlar la situación.

El accidente sucedió en el ómnibus de marca Marcopolo con patente AD588LI, de la empresa Vía Tac.

Este trágico suceso recuerda la importancia de la seguridad vial y la necesidad de mantener las rutas en buenas condiciones para evitar accidentes similares en el futuro. Las autoridades continúan investigando las causas del vuelco para determinar las responsabilidades y tomar las medidas necesarias para prevenir futuras tragedias.

El ajuste invisible: 42 mil despidos en el Estado y contrataciones por “excepción”

En los primeros 15 meses de gestión del presidente Javier Milei, el gobierno nacional eliminó más de 42 mil puestos de trabajo en el sector público, según el informe oficial difundido por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado. Esta reducción representa un 8,4% del total del personal estatal y un ahorro estimado de 1.635 millones de dólares anuales, que el gobierno presenta como una muestra de eficiencia y austeridad.

Sigue la motosierra. La reducción de personal, usando los valores de febrero, permite un ahorro anual de unos 1650 millones de dólares que son menos impuestos para todos nosotros. Como pregona el presidente @JMilei menos Estado es menos impuestos y más libertad.

Este trabajo,… pic.twitter.com/Ix4IURr5O1

— Fede Sturzenegger (@fedesturze) April 4, 2025

La reestructuración afectó particularmente a la Administración Pública Nacional (APN) y a las empresas estatales, donde la caída del empleo fue del 11,8% y 15% respectivamente. Los contratos más precarizados —como los regidos por la Ley Marco (Ley 25.164) y los conocidos como LOYS (monotributistas bajo el Decreto 1109/17)— sufrieron las reducciones más agresivas: 18,6% y 50,7% respectivamente.

En el caso del personal con "planta permanente" simplemente generan una drástica reducción salarial, para que las personas opten por irse, esto se ve claramente en los salarios de las fuerzas de seguridad y policiales impuestas por el Ministerio de Economía, y gestionadas por parte de Martín Siracusa cómo responsable en el Ministerio de Seguridad gestionado por Patricia Bullrich. En ese caso la "COMISIÓN TÉCNICA ASESORA DE POLÍTICA SALARIAL DEL SECTOR PÚBLICO" conformada por Fernanda Ferreyra, Nicolás Farias, Benjamin Larsen, Carlos Guberman, Maximiliano Fariña, Enrique Pinedo, han usado la drástica reducción salarial para instar a que el personal de las fuerzas simplemente decida irse. Tal se puede en la siguiente comparativa:

Aunque las cifras económicas ocupan el centro del mensaje oficial, las consecuencias humanas de esta política permanecen ausentes en el informe. La eliminación de decenas de miles de empleos públicos no solo representa una disminución estadística, sino que implica el corte abrupto de ingresos para miles de personas, muchas de las cuales no cuentan con cobertura ni indemnización al tratarse de contratos precarios. Esta fragilidad contractual ha sido utilizada como una herramienta para facilitar despidos sin costo, desplazando la estabilidad laboral en nombre de la eficiencia.

Más aún, mientras se recorta el empleo en nombre del ahorro, en el Boletín Oficial se registran designaciones por "excepción" en diversos organismos estatales. Lejos de una reducción uniforme, el proceso parece estar orientado a reemplazar trabajadores por nuevos nombramientos vinculados al oficialismo. Así, lo que se presenta como una política de ajuste termina configurando una reestructuración política del aparato estatal, desplazando a unos para ubicar a otros.

Este accionar plantea serias preocupaciones respecto al Estado de Derecho. El uso de la inestabilidad laboral como herramienta para eliminar opositores y colocar personas afines no solo es éticamente cuestionable, sino que configura una forma de violencia institucional. Las decisiones de gobierno que impactan directamente sobre la vida de las personas —dejándolas sin empleo ni sustento— no pueden ser tomadas sin responsabilidad ni rendición de cuentas.

El presidente Javier Milei, junto a los funcionarios de su gabinete que avalan esta política, debe responder por las consecuencias sociales, políticas y humanas de esta "transformación del Estado". Lo que hoy se presenta como eficiencia administrativa puede estar debilitando los cimientos mismos de una administración pública democrática, plural y al servicio de la ciudadanía.

Diputada Vanina Biasi enfrenta a la Policía Federal en un presunto atentado a la autoridad

En un incidente ocurrido durante una manifestación frente al Congreso de la Nación, la Diputada Nacional Vanina Biasi (bloque Partido Obrero - FIT) protagonizó un tenso enfrentamiento con efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA), quienes realizaban un cordón de contención. 

Miren como la zurda roñosa Vanina Biassi agarra al policía: Despues lloran represión🤣 pic.twitter.com/gGkDydq0TD

— INDIGNADO (@indignadoxd) March 13, 2025

Testigos y registros visuales captaron el momento en que la legisladora, vestida con una campera roja y blanca, forcejeó con los agentes mientras gritaba: "Soy diputada nacional, déjenme pasar".

 

Según las imágenes difundidas, Biasi se apoyó y sujetó con fuerza a uno de los policías, generando una situación de altercado físico. En una secuencia, se observa a la diputada agarrando al funcionario policial del uniformado, quien mostraba gestos de incomodidad, mientras otros efectivos intentaban mediar. El episodio se desarrolló en medio de una protesta, con civiles y periodistas registrando la escena, incluido un fotógrafo que captó el momento clave. Vanina Biasi gritando denigraba con epítetos de "estupido" , "idiota" al personal de las fuerzas.

El Código Penal argentino tipifica como "atentado a la autoridad" (artículo 237) cualquier acción que impida o dificulte el ejercicio de las funciones de un funcionario público, incluyendo a las fuerzas de seguridad. Este delito no está exceptuado

por los fueros parlamentarios, por lo que, de comprobarse la flagrancia, Biasi podría enfrentar acciones judiciales. Expertos consultados subrayan que la inmunidad constitucional de los legisladores no los exime de responsabilidad penal en casos de delitos in fraganti.

-Es diputada Nacional, estás tocando a una DIPUTADA NACIONAL !

Policía Chad:
-No sé quién es.. pic.twitter.com/JeVhJdOZab

— Leonel Gomez Rovenzon (@Leoogomez_) April 4, 2025

El Ministerio de Seguridad y la Cámara de Diputados podrían intervenir en las próximas horas para esclarecer los hechos. Mientras tanto, el material audiovisual circula en redes sociales, generando debates sobre los límites de la investidura política y el respeto a las fuerzas de seguridad.

El incidente ocurre en un clima de alta tensión política, marcado por diversas protestas ante reclamos por jubilaciones y salarios bajos.

La diputada VANINA BIASI cuenta con tres empleados en la cámara de diputados, los cuales son LUNA EILEEN ASIS DELLA NAVE, JULIANA CABRERA y FERNANDA TOLEDO.

Se esperan las correspondientes disculpas y rendición de responsabilidades por la agresión a tajadores de la seguridad pública por parte de estos empleados del Congreso de la Nación.

Se aguarda la posible difusión de más testimonios o videos que aporten detalles sobre lo ocurrido.