El control judicial como garantía del Estado de Derecho ante resoluciones ministeriales de dudosa legalidad (o porqué Patricia Bullrich debe controlar sus resoluciones)

La justicia suspendió parcialmente una resolución del Ministerio de Seguridad que restringía el derecho a la educación en contexto de encierro. El caso expone la necesidad de un control estricto sobre actos administrativos que afectan derechos fundamentales.

En una decisión reciente de alto impacto institucional, el juez Mariano Iturralde resolvió suspender de forma provisoria el artículo 2 de la Resolución 372/2025 del Ministerio de Seguridad de la Nación, firmada por la ministra Patricia Bullrich. Dicha norma prohibía a las personas privadas de libertad permanecer en los centros educativos carcelarios fuera del horario de clases, limitando así el acceso a actividades esenciales para su formación académica. La intervención judicial no sólo tuvo efectos concretos en defensa del derecho a la educación, sino que puso en evidencia las incongruencias que pueden surgir en resoluciones administrativas emitidas sin un adecuado control de legalidad.

La resolución judicial fue motivada por una medida cautelar presentada por la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN), junto a organismos de derechos humanos. El juez consideró que la aplicación del artículo en cuestión tenía la potencialidad de afectar de manera irreparable los derechos de los estudiantes detenidos, en tanto imposibilitaba el estudio autónomo, el acceso a bibliografía, el uso de computadoras y otras prácticas esenciales en la vida académica.

Más allá del caso concreto, el episodio revela un patrón preocupante: la emisión de resoluciones ministeriales que, bajo el pretexto de mejorar la eficiencia institucional, generan restricciones desproporcionadas a derechos reconocidos constitucional e internacionalmente. La normativa suspendida, por ejemplo, no fue acompañada de un estudio de impacto, ni contó con instancias de consulta con organismos especializados en educación o derechos humanos. A ello se suma el hecho de que, según argumentó el propio Ministerio, la decisión respondía a supuestas observaciones administrativas sobre el uso extendido de los espacios educativos, sin considerar el valor pedagógico ni el contexto de encierro.

El control judicial de estas medidas resulta entonces no sólo pertinente, sino necesario para preservar el equilibrio entre las facultades del Poder Ejecutivo y el respeto al principio de legalidad. En un Estado de Derecho, toda actuación administrativa debe estar sujeta a la Constitución y a los tratados internacionales vigentes, especialmente cuando afectan derechos humanos de poblaciones vulnerables, como las personas privadas de libertad.

La falta de control previo en este tipo de decisiones no es un hecho aislado. En los últimos años, diversas resoluciones ministeriales en materia de seguridad han sido cuestionadas en sede judicial por contradecir normativas superiores, carecer de fundamentos suficientes o restringir derechos sin proporcionalidad ni razonabilidad. En muchos casos, estas normas no pasan por el Congreso ni por órganos de control, lo que amplifica los riesgos institucionales.

La justicia, en este sentido, no usurpa funciones del Ejecutivo, sino que actúa como garante de que las decisiones se ajusten al marco jurídico vigente. Como advirtió el juez Iturralde, la limitación impuesta por la resolución ministerial “tenía entidad para ocasionar serios obstáculos y retrasos en la carrera académica” de los estudiantes, lo que justificó su suspensión inmediata.

En su decisión, el magistrado también instó al Servicio Penitenciario Federal y a las autoridades académicas a elaborar un plan de contingencia que regule adecuadamente el uso de los espacios de estudio. Esta articulación entre poderes y organismos especializados representa un ejemplo de cómo es posible compatibilizar el orden institucional con la protección efectiva de los derechos.

Por último, el caso evidencia que el ejercicio del poder administrativo no puede desentenderse de sus consecuencias sociales y jurídicas. La legalidad no es una formalidad burocrática: es la base del respeto a los derechos y del control democrático sobre quienes ejercen funciones públicas. En tiempos donde las decisiones ministeriales pueden impactar de forma directa en libertades esenciales, el rol del Poder Judicial se reafirma como un pilar del sistema republicano.

Pese al avance de la digitalización, la Policía Federal adquiere impresoras mediante licitación privada

A través del expediente PLIEG-2025-26205957-APN-DGF#PFA, la Policía Federal Argentina inició un proceso de Licitación Privada para la adquisición de impresoras multifunción, láser monocromáticas y de etiquetas. Esta compra se da en un contexto donde diferentes organismos del Estado impulsan políticas de despapelización y reducción del uso de insumos físicos.

 

La contratación, tramitada conforme al Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional (Decreto 1023/01 y modificatorias), busca proveer impresoras destinadas a diversas dependencias operativas. Según el pliego, las impresoras deberán contar con funciones de red, control de impresión y mecanismos de uso racional.

Sin embargo, la decisión de adquirir impresoras en medio del proceso de transformación digital y reducción del papel genera interrogantes sobre el rumbo institucional. A nivel nacional, diversos organismos han adoptado plataformas digitales para trámites, notificaciones y expedientes electrónicos, con el objetivo de reducir costos operativos y el impacto ambiental del uso de papel.

Papel y contradicciones: el impacto ambiental

La producción y el descarte del papel representan un costo ambiental significativo. Según estimaciones ambientales, el proceso de fabricación de papel implica consumo de agua, energía y la tala de árboles, además de generar residuos no reciclados en muchas oficinas públicas.

En ese sentido, organismos públicos han adoptado normas que fomentan la eliminación progresiva del papel y su reemplazo por documentos digitales con firma electrónica. La adquisición de impresoras, aunque pueda justificarse por necesidades operativas específicas, parece tensionar con estos lineamientos generales.

Detalles de la licitación

El procedimiento contempla la adquisición de equipos nuevos, con requisitos técnicos precisos, garantía y entrega a distintas jurisdicciones de la fuerza. Las empresas proveedoras deben presentar sus propuestas a través del sistema COMPR.AR, que centraliza y publica los procesos licitatorios de la administración nacional.

Un proceso que plantea preguntas

Aunque la compra se enmarca en procedimientos legales y transparentes, el momento y la naturaleza del gasto llaman la atención: ¿es coherente invertir en impresoras en plena etapa de digitalización del Estado? ¿Cuáles son las necesidades operativas que justifican esta adquisición?

La Policía Federal no ha emitido, hasta el momento, una declaración pública sobre cómo esta compra se inserta en la estrategia institucional frente a la despapelización y la reducción del impacto ambiental.

 

Tragedia en General La Madrid: Vuelco de un Micro Deja al Menos Cuatro Muertos y Más de 20 Heridos

Un trágico accidente ocurrió este domingo por la mañana en el partido bonaerense de General La Madrid, dejando un saldo de al menos cuatro personas fallecidas y más de 20 heridas. El incidente tuvo lugar en el cruce de las rutas 51 y 76, cuando un micro de la empresa "Vía Tac" que se dirigía hacia La Plata volcó, llevando a bordo a 33 pasajeros.

El micro, que había pasado recientemente por Bahía Blanca, se dirigía hacia la ciudad de La Plata cuando ocurrió el fatal accidente. Según las primeras informaciones, varios pasajeros sufrieron heridas de gravedad y fueron trasladados a diferentes hospitales de la zona. Los heridos leves, un total de 25, fueron derivados a General La Madrid y 4 a Laprida, mientras que los casos más graves fueron llevados a Olavarría.

Entre las víctimas fatales se encuentran dos hombres y dos mujeres, todos mayores de edad. Hasta el momento, no se ha revelado la identidad de los fallecidos. El conductor del micro resultó ileso.

En el lugar del accidente, trabajaron Bomberos Voluntarios de La Madrid y Laprida, junto con efectivos policiales de ambas jurisdicciones, para asistir a las víctimas y controlar la situación.

El accidente sucedió en el ómnibus de marca Marcopolo con patente AD588LI, de la empresa Vía Tac.

Este trágico suceso recuerda la importancia de la seguridad vial y la necesidad de mantener las rutas en buenas condiciones para evitar accidentes similares en el futuro. Las autoridades continúan investigando las causas del vuelco para determinar las responsabilidades y tomar las medidas necesarias para prevenir futuras tragedias.

El ajuste invisible: 42 mil despidos en el Estado y contrataciones por “excepción”

En los primeros 15 meses de gestión del presidente Javier Milei, el gobierno nacional eliminó más de 42 mil puestos de trabajo en el sector público, según el informe oficial difundido por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado. Esta reducción representa un 8,4% del total del personal estatal y un ahorro estimado de 1.635 millones de dólares anuales, que el gobierno presenta como una muestra de eficiencia y austeridad.

Sigue la motosierra. La reducción de personal, usando los valores de febrero, permite un ahorro anual de unos 1650 millones de dólares que son menos impuestos para todos nosotros. Como pregona el presidente @JMilei menos Estado es menos impuestos y más libertad.

Este trabajo,… pic.twitter.com/Ix4IURr5O1

— Fede Sturzenegger (@fedesturze) April 4, 2025

La reestructuración afectó particularmente a la Administración Pública Nacional (APN) y a las empresas estatales, donde la caída del empleo fue del 11,8% y 15% respectivamente. Los contratos más precarizados —como los regidos por la Ley Marco (Ley 25.164) y los conocidos como LOYS (monotributistas bajo el Decreto 1109/17)— sufrieron las reducciones más agresivas: 18,6% y 50,7% respectivamente.

En el caso del personal con "planta permanente" simplemente generan una drástica reducción salarial, para que las personas opten por irse, esto se ve claramente en los salarios de las fuerzas de seguridad y policiales impuestas por el Ministerio de Economía, y gestionadas por parte de Martín Siracusa cómo responsable en el Ministerio de Seguridad gestionado por Patricia Bullrich. En ese caso la "COMISIÓN TÉCNICA ASESORA DE POLÍTICA SALARIAL DEL SECTOR PÚBLICO" conformada por Fernanda Ferreyra, Nicolás Farias, Benjamin Larsen, Carlos Guberman, Maximiliano Fariña, Enrique Pinedo, han usado la drástica reducción salarial para instar a que el personal de las fuerzas simplemente decida irse. Tal se puede en la siguiente comparativa:

Aunque las cifras económicas ocupan el centro del mensaje oficial, las consecuencias humanas de esta política permanecen ausentes en el informe. La eliminación de decenas de miles de empleos públicos no solo representa una disminución estadística, sino que implica el corte abrupto de ingresos para miles de personas, muchas de las cuales no cuentan con cobertura ni indemnización al tratarse de contratos precarios. Esta fragilidad contractual ha sido utilizada como una herramienta para facilitar despidos sin costo, desplazando la estabilidad laboral en nombre de la eficiencia.

Más aún, mientras se recorta el empleo en nombre del ahorro, en el Boletín Oficial se registran designaciones por "excepción" en diversos organismos estatales. Lejos de una reducción uniforme, el proceso parece estar orientado a reemplazar trabajadores por nuevos nombramientos vinculados al oficialismo. Así, lo que se presenta como una política de ajuste termina configurando una reestructuración política del aparato estatal, desplazando a unos para ubicar a otros.

Este accionar plantea serias preocupaciones respecto al Estado de Derecho. El uso de la inestabilidad laboral como herramienta para eliminar opositores y colocar personas afines no solo es éticamente cuestionable, sino que configura una forma de violencia institucional. Las decisiones de gobierno que impactan directamente sobre la vida de las personas —dejándolas sin empleo ni sustento— no pueden ser tomadas sin responsabilidad ni rendición de cuentas.

El presidente Javier Milei, junto a los funcionarios de su gabinete que avalan esta política, debe responder por las consecuencias sociales, políticas y humanas de esta "transformación del Estado". Lo que hoy se presenta como eficiencia administrativa puede estar debilitando los cimientos mismos de una administración pública democrática, plural y al servicio de la ciudadanía.

Diputada Vanina Biasi enfrenta a la Policía Federal en un presunto atentado a la autoridad

En un incidente ocurrido durante una manifestación frente al Congreso de la Nación, la Diputada Nacional Vanina Biasi (bloque Partido Obrero - FIT) protagonizó un tenso enfrentamiento con efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA), quienes realizaban un cordón de contención. 

Miren como la zurda roñosa Vanina Biassi agarra al policía: Despues lloran represión🤣 pic.twitter.com/gGkDydq0TD

— INDIGNADO (@indignadoxd) March 13, 2025

Testigos y registros visuales captaron el momento en que la legisladora, vestida con una campera roja y blanca, forcejeó con los agentes mientras gritaba: "Soy diputada nacional, déjenme pasar".

 

Según las imágenes difundidas, Biasi se apoyó y sujetó con fuerza a uno de los policías, generando una situación de altercado físico. En una secuencia, se observa a la diputada agarrando al funcionario policial del uniformado, quien mostraba gestos de incomodidad, mientras otros efectivos intentaban mediar. El episodio se desarrolló en medio de una protesta, con civiles y periodistas registrando la escena, incluido un fotógrafo que captó el momento clave. Vanina Biasi gritando denigraba con epítetos de "estupido" , "idiota" al personal de las fuerzas.

El Código Penal argentino tipifica como "atentado a la autoridad" (artículo 237) cualquier acción que impida o dificulte el ejercicio de las funciones de un funcionario público, incluyendo a las fuerzas de seguridad. Este delito no está exceptuado

por los fueros parlamentarios, por lo que, de comprobarse la flagrancia, Biasi podría enfrentar acciones judiciales. Expertos consultados subrayan que la inmunidad constitucional de los legisladores no los exime de responsabilidad penal en casos de delitos in fraganti.

-Es diputada Nacional, estás tocando a una DIPUTADA NACIONAL !

Policía Chad:
-No sé quién es.. pic.twitter.com/JeVhJdOZab

— Leonel Gomez Rovenzon (@Leoogomez_) April 4, 2025

El Ministerio de Seguridad y la Cámara de Diputados podrían intervenir en las próximas horas para esclarecer los hechos. Mientras tanto, el material audiovisual circula en redes sociales, generando debates sobre los límites de la investidura política y el respeto a las fuerzas de seguridad.

El incidente ocurre en un clima de alta tensión política, marcado por diversas protestas ante reclamos por jubilaciones y salarios bajos.

La diputada VANINA BIASI cuenta con tres empleados en la cámara de diputados, los cuales son LUNA EILEEN ASIS DELLA NAVE, JULIANA CABRERA y FERNANDA TOLEDO.

Se esperan las correspondientes disculpas y rendición de responsabilidades por la agresión a tajadores de la seguridad pública por parte de estos empleados del Congreso de la Nación.

Se aguarda la posible difusión de más testimonios o videos que aporten detalles sobre lo ocurrido.