Denuncian posibles irregularidades en la contratación de tobilleras electrónicas adjudicada a empresa de Mario Montoto

Empresas internacionales y legisladores denunciaron presuntas irregularidades en la licitación del servicio de tobilleras electrónicas que se encamina a adjudicar el Ministerio de Justicia a Surely S.A., firma propiedad de Mario Montoto, por un monto de US$110.970.000, cifra superior a los valores de referencia estimados.

El proceso de contratación, que también abastecería al Ministerio de Seguridad, enfrenta cuestionamientos debido a que Surely fue la única empresa confirmada en competencia en una de las licitaciones, mientras que en la otra, la adjudicación ya se encuentra disponible para su oficialización. Según fuentes oficiales, el costo esperado rondaba los US$15 por día y por tobillera, pero la oferta de Surely ascendió a US$20,25 diarios, lo que representa un incremento significativo respecto a los valores inicialmente previstos.

Comparaciones con el mercado internacional reflejan que el costo en Argentina sería considerablemente más alto. En Colombia, servicios similares cuestan cerca de US$5 diarios, mientras que en Portugal ascienden a aproximadamente €7, de acuerdo con especialistas consultados.

Además del precio, se criticó la tecnología ofrecida por Surely, considerada obsoleta en comparación con los estándares actuales. A diferencia de los dispositivos modernos con GPS incorporado, el sistema propuesto utiliza radiofrecuencia para transmitir datos a un dispositivo intermedio, que luego conecta con la plataforma de monitoreo.

Mario Montoto, titular de Surely S.A., fue integrante del grupo armado Montoneros durante la década de 1970. Esta organización, junto al Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), protagonizó numerosos atentados y acciones armadas en Argentina en el marco de una lucha revolucionaria que derivó en una escalada de violencia política en el país. Montoto ocupó un rol cercano a Mario Firmenich, uno de los máximos líderes de Montoneros.

La empresa brasileña Synergye, que presta servicios en países como Chile, Uruguay y Portugal, denunció ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia la existencia de una “grave situación de irregularidad”, al considerar que los pliegos de licitación estarían direccionados para favorecer a Surely, imposibilitando una competencia real. Synergye también advirtió que las garantías exigidas para impugnar los pliegos —US$3.501.720 en el caso del Ministerio de Justicia— resultaron prohibitivas para otros oferentes.

Por su parte, la diputada nacional Mónica Frade, de la Coalición Cívica, presentó un reclamo formal en el que señaló la reiterada adjudicación de licitaciones a Surely desde 2015 en distintas provincias como Buenos Aires, CABA, Río Negro y Mendoza. Frade alertó sobre posibles prácticas restrictivas de la competencia y solicitó medidas cautelares para evitar daños mayores.

En tanto, Geostatis, firma de origen suizo con operaciones en 14 países, también manifestó objeciones sobre los requisitos técnicos de la licitación, que consideró orientados a favorecer exclusivamente a Surely. Representantes de la empresa indicaron que, debido a la exigencia de experiencia local en monitoreo, se redujo sustancialmente la posibilidad de competencia real, favoreciendo a quien ha prestado el servicio en Argentina durante las últimas dos décadas.

Hasta el momento, el Ministerio de Justicia no oficializó la adjudicación, aunque el proceso avanza mientras las denuncias continúan acumulándose en distintas instancias administrativas y judiciales.