Grave retroceso en la seguridad pública por la inhabilitación del sistema de reconocimiento facial en CABA

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires enfrenta actualmente un serio retroceso en materia de seguridad pública a raíz de la suspensión del Sistema de Reconocimiento Facial de Prófugos (SRFP). Esta medida, dispuesta por el juez en lo Contencioso Administrativo N° 2 de la Ciudad, Roberto Andrés Gallardo, responde a un amparo promovido por el Observatorio de Derecho Informático Argentino (ODIA), una organización no gubernamental cuya intervención y motivaciones han suscitado interrogantes en diversos sectores.

El SRFP, activo desde 2019, formaba parte del Sistema Integral de Seguridad Pública establecido por la Ley 5688 y su modificatoria 6395. Basado en tecnologías de deep learning e inteligencia artificial, el sistema había logrado identificar y poner a disposición de la Justicia a más de 2.000 prófugos de distintas jurisdicciones, reforzando así la seguridad tanto en la Ciudad como a nivel federal.

La suspensión, dictada en un contexto de crecientes cuestionamientos sobre la neutralidad del proceso judicial, genera preocupación. Si bien ODIA alega riesgos de violaciones a la privacidad, el SRFP operaba exclusivamente en base a datos biométricos ya judicializados, cotejados contra registros oficiales como el CoNaRC y el RENAPER, bajo estrictos controles de legalidad y transparencia.

Especialistas advierten que el accionar del Juzgado N° 2, más que fundarse en comprobaciones técnicas fehacientes, parece apoyarse en hipótesis no corroboradas sobre supuestas intervenciones indebidas en bases nacionales de datos. Esto pone en cuestión no solo la razonabilidad del fallo, sino también el grado de objetividad del magistrado interviniente.

Adicionalmente, se ha planteado la inquietud respecto a los eventuales vínculos de las organizaciones demandantes con fuentes de financiamiento extranjeras, un factor que podría comprometer la imparcialidad de su accionar en temas de alta sensibilidad institucional como la seguridad pública.

Mientras la Ciudad de Buenos Aires pierde el acceso a herramientas eficaces de identificación de prófugos, otros países avanzan en el uso del reconocimiento facial. Estados Unidos, Reino Unido, Rusia y al menos 109 naciones incorporan actualmente esta tecnología, ya sea para vigilancia fronteriza, control aeroportuario, prevención de delitos o seguridad carcelaria. Incluso organismos internacionales como Interpol emplean activamente este tipo de sistemas en la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado.

La inactividad forzada del SRFP no solo afecta la prevención del delito, sino que incrementa el riesgo de impunidad, exponiendo a la ciudadanía a nuevas victimizaciones. En un contexto de creciente complejidad en materia criminal, la judicialización ideologizada de tecnologías eficaces puede tener consecuencias irreparables para la seguridad y la convivencia social.

Frente a este escenario, resulta imprescindible un debate serio y equilibrado que garantice tanto el respeto de los derechos fundamentales como el fortalecimiento de los mecanismos de protección de la vida y la integridad de las personas.