En los primeros 15 meses de gestión del presidente Javier Milei, el gobierno nacional eliminó más de 42 mil puestos de trabajo en el sector público, según el informe oficial difundido por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado. Esta reducción representa un 8,4% del total del personal estatal y un ahorro estimado de 1.635 millones de dólares anuales, que el gobierno presenta como una muestra de eficiencia y austeridad.
Sigue la motosierra. La reducción de personal, usando los valores de febrero, permite un ahorro anual de unos 1650 millones de dólares que son menos impuestos para todos nosotros. Como pregona el presidente @JMilei menos Estado es menos impuestos y más libertad.
— Fede Sturzenegger (@fedesturze) April 4, 2025
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La reestructuración afectó particularmente a la Administración Pública Nacional (APN) y a las empresas estatales, donde la caída del empleo fue del 11,8% y 15% respectivamente. Los contratos más precarizados —como los regidos por la Ley Marco (Ley 25.164) y los conocidos como LOYS (monotributistas bajo el Decreto 1109/17)— sufrieron las reducciones más agresivas: 18,6% y 50,7% respectivamente.
En el caso del personal con "planta permanente" simplemente generan una drástica reducción salarial, para que las personas opten por irse, esto se ve claramente en los salarios de las fuerzas de seguridad y policiales impuestas por el Ministerio de Economía, y gestionadas por parte de Martín Siracusa cómo responsable en el Ministerio de Seguridad gestionado por Patricia Bullrich. En ese caso la "COMISIÓN TÉCNICA ASESORA DE POLÍTICA SALARIAL DEL SECTOR PÚBLICO" conformada por Fernanda Ferreyra, Nicolás Farias, Benjamin Larsen, Carlos Guberman, Maximiliano Fariña, Enrique Pinedo, han usado la drástica reducción salarial para instar a que el personal de las fuerzas simplemente decida irse. Tal se puede en la siguiente comparativa:
Aunque las cifras económicas ocupan el centro del mensaje oficial, las consecuencias humanas de esta política permanecen ausentes en el informe. La eliminación de decenas de miles de empleos públicos no solo representa una disminución estadística, sino que implica el corte abrupto de ingresos para miles de personas, muchas de las cuales no cuentan con cobertura ni indemnización al tratarse de contratos precarios. Esta fragilidad contractual ha sido utilizada como una herramienta para facilitar despidos sin costo, desplazando la estabilidad laboral en nombre de la eficiencia.
Más aún, mientras se recorta el empleo en nombre del ahorro, en el Boletín Oficial se registran designaciones por "excepción" en diversos organismos estatales. Lejos de una reducción uniforme, el proceso parece estar orientado a reemplazar trabajadores por nuevos nombramientos vinculados al oficialismo. Así, lo que se presenta como una política de ajuste termina configurando una reestructuración política del aparato estatal, desplazando a unos para ubicar a otros.
Este accionar plantea serias preocupaciones respecto al Estado de Derecho. El uso de la inestabilidad laboral como herramienta para eliminar opositores y colocar personas afines no solo es éticamente cuestionable, sino que configura una forma de violencia institucional. Las decisiones de gobierno que impactan directamente sobre la vida de las personas —dejándolas sin empleo ni sustento— no pueden ser tomadas sin responsabilidad ni rendición de cuentas.
El presidente Javier Milei, junto a los funcionarios de su gabinete que avalan esta política, debe responder por las consecuencias sociales, políticas y humanas de esta "transformación del Estado". Lo que hoy se presenta como eficiencia administrativa puede estar debilitando los cimientos mismos de una administración pública democrática, plural y al servicio de la ciudadanía.
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