La reciente Resolución 321/2025 del Ministerio de Seguridad de la Nación, publicada hoy en el Boletín Oficial, ha generado inquietud debido a la amplitud y ambigüedad de sus disposiciones, lo que podría conducir a un ejercicio abusivo del poder administrativo y a la vulneración de principios jurídicos fundamentales.
La resolución modifica una normativa previa sobre restricción de concurrencia a espectáculos futbolísticos, ampliando significativamente los supuestos en los que se puede prohibir el acceso a estadios de fútbol. Entre ellos, se incluye a personas imputadas o procesadas por diversos delitos, así como a quienes hayan incurrido en "conductas violentas".
Problemática Jurídica y Potencial Abuso de Poder
La falta de precisión en la definición de "acto violento" y la inclusión de situaciones tan amplias como "cualquier actuación contravencional" o "manifestación en la vía pública" generan serias dudas sobre la legalidad y la proporcionalidad de la medida. Desde el derecho han surgido preocupaciones por los siguientes puntos:
- Ambigüedad y falta de taxatividad: La vaguedad de los términos empleados en la resolución permite una interpretación arbitraria y discrecional por parte de las autoridades, lo que podría derivar en sanciones injustas y desproporcionadas.
- Uso indebido del derecho administrativo sancionador: La resolución establece sanciones administrativas, como la prohibición de ingreso a estadios, por acciones que podrían ser constitutivas de delitos, sin las garantías y principios del derecho penal.
- Potencial vulneración del principio de proporcionalidad: La amplitud de los supuestos contemplados podría permitir la imposición de sanciones desproporcionadas en relación con la gravedad de las conductas sancionadas.
- Riesgo de arbitrariedad y discriminación: La falta de precisión en la definición de "acto violento" podría abrir la puerta a la arbitrariedad y la discriminación en la aplicación de la resolución.
- Vulneración de derechos constitucionales: La resolución podría vulnerar derechos constitucionales como la libertad de expresión, la libertad de asociación y el derecho a la igualdad ante la ley.
Expresiones de la Ministra de Seguridad y Debate sobre Derecho Penal de Autor
En declaraciones a LN+, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, adelantó medidas específicas contra "los barras" que participaran en las manifestaciones. "A los barras les vamos a encontrar una medida especial. Ya tenemos el derecho de admisión, le vamos a encontrar una medida especial si comienzan a ir", afirmó.
Estas declaraciones han generado un intenso debate sobre el concepto de "derecho penal de autor". Este concepto, que se contrapone al "derecho penal de acto", implica sancionar a una persona no por lo que hace, sino por lo que es o por su pertenencia a un grupo determinado.
Derecho Penal de Autor vs. Derecho Penal de Acto
- Derecho penal de acto: Este pilar fundamental del sistema jurídico moderno establece que las sanciones penales deben basarse en la comisión de un delito concreto, con pruebas y garantías procesales.
- Derecho penal de autor: Por el contrario, busca sancionar a individuos por su peligrosidad o por su pertenencia a un grupo considerado peligroso, sin necesidad de que hayan cometido un delito específico.
La aplicación de "medidas especiales" contra los "barras" por su mera pertenencia a ese grupo podría considerarse una forma de derecho penal de autor, lo cual es incompatible con los principios del estado de derecho.
Contexto y Posibles Implicaciones
La publicación de esta resolución coincide con la convocatoria a manifestaciones de hinchas de fútbol en apoyo a jubilados en las inmediaciones del Congreso. Esta coincidencia ha generado suspicacias sobre la posible intención de utilizar la resolución para intimidar y desincentivar la participación en dichas manifestaciones.
El punto "e" de la resolución, que permite sancionar a personas por conductas violentas en manifestaciones públicas, ha sido objeto de especial atención.
Reacciones y Advertencias Previas
El día anterior a la publicación de la resolución, el Ministerio de Seguridad había advertido sobre la posibilidad de disturbios y violencia durante las manifestaciones.
La polémica resolución plantea serios interrogantes sobre los límites del poder administrativo y la necesidad de garantizar el respeto a los principios jurídicos fundamentales y a los derechos y garantías individuales en el marco de las políticas de seguridad pública.
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