La falta de control en las sanciones administrativas aplicadas en las fuerzas de seguridad y policiales en Argentina revela un preocupante escenario de arbitrariedad e impunidad. En este contexto, es evidente la inexistencia de un sistema efectivo de supervisión y regulación que garantice la transparencia y la justicia en las decisiones disciplinarias.
Resulta alarmante que los denominados "cargos administrativos" sean formulados por el personal superior sin la necesidad de aportar pruebas concretas que respalden dichas acusaciones. Esta falta de rigurosidad en la imposición de sanciones deja a los agentes de seguridad en un estado de vulnerabilidad, sin la posibilidad de ejercer una defensa adecuada. La paradoja se revela cuando aquellos que buscan defenderse mediante descargos se enfrentan a la amenaza de sufrir represalias adicionales.
Adicionalmente, los recursos disponibles para impugnar las sanciones y los reclamos por las resoluciones carecen de garantías, ya que son gestionados por el mismo personal superior que emitió las sanciones. Este autogobierno genera un círculo vicioso que impide la existencia de un control efectivo sobre las acciones disciplinarias, dando lugar a la impunidad institucional.
A pesar de la existencia de instancias como el Ministerio de Seguridad de la Nación y las áreas de Auditoría o "protección de derechos del personal", estas entidades no desempeñan un papel eficaz en la supervisión de las acciones disciplinarias. En lugar de generar un control real, se limitan a solicitar informes superficiales, validando de esta manera el accionar institucional sin una revisión exhaustiva.
Esta falta de control y defensa efectiva deja al personal policial desamparado y sin garantías para proteger sus derechos fundamentales, incluyendo el derecho al trabajo, a la propiedad (dado que las sanciones afectan la remuneración) y al ejercicio de una defensa justa. Es imperativo que se implementen reformas que aseguren un sistema disciplinario transparente y equitativo, donde la rendición de cuentas y el respeto por los derechos individuales sean prioritarios.
Las autoridades que deben dar respuestas ante estas situaciones son: en Gendarmería Nacional Argentina ( Antonio José del Pilar Bogado ), en la Policía Federal Argentina (Luis Alejandro Rollé), en la Prefectura Naval Argentina ( Guillermo Giménez Pérez) y en la Policía de Seguridad Aeropuertuaria ( Alfredo Hernán Gallardo ). A su vez estas Fuerzas dependen del Ministerio de Seguridad a cargo de Patricia Bullrich, cuyas autoridades de dicho ministerio también son Carlos Alberto Manfroni (Unidad Gabinete de asesores), Martín Siracusa (Secretario de Coordinación Administrativa) y Diego Hernán Goldman (Subsecretario Legal).
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