Las fuerzas federales de seguridad atraviesan una profunda crisis institucional marcada por salarios insuficientes, condiciones laborales degradadas y una creciente ola de renuncias. El personal que egresa de las escuelas de formación percibe sueldos que oscilan entre los 600.000 y 700.000 pesos mensuales, cifras que resultan notoriamente insuficientes frente al costo de vida actual, especialmente para quienes deben afrontar gastos de alquiler o sostener a sus familias. A esto se suma una cobertura de salud deficitaria y un aparato de contención estatal prácticamente ausente.
El descontento se ha hecho visible en las redes sociales, en manifestaciones espontáneas por parte de familiares y en las numerosas renuncias que se publican a diario en los boletines internos. En el Hospital Churruca —históricamente símbolo de la asistencia sanitaria para la Policía Federal— la situación es crítica: faltan médicos, enfermeros, técnicos en imágenes y laboratorio. Los concursos para cubrir vacantes quedan desiertos por los bajos salarios ofrecidos, y muchos profesionales optan por abandonar el sistema ante la falta de insumos, estructura y reconocimiento económico.
La atención médica ha sido reemplazada, en muchos casos, por un sistema de telemedicina tercerizado que, según denuncias internas, ofrece respuestas superficiales y recetas generales, sin la atención especializada que requieren los cuadros clínicos más complejos.
El malestar no se limita a la Policía Federal. En otras fuerzas como Gendarmería Nacional, Prefectura Naval y Policía de Seguridad Aeroportuaria, la situación no difiere. Muchos agentes destinados a operativos federales, como el “Plan Bandera” en Rosario, se enfrentan a destinos inciertos sin cobertura habitacional ni condiciones mínimas para sostener a sus familias.
Durante una visita a Aguas Blancas, en Salta, un padre de un gendarme expuso ante la ministra Patricia Bullrich la dramática situación de su hijo: con un sueldo de $750.000, debe destinar $450.000 al pago de alquiler, y vive junto a sus dos hijos en la casa paterna por imposibilidad de mantener un hogar propio. La ministra, en respuesta, pidió confianza y mencionó medidas habitacionales bajo el Plan Procrear, eliminado por decreto en noviembre de 2023. También hizo referencia a aumentos salariales que, según el Ministerio, alcanzan un 7,89%, aunque estos son considerados irrisorios por los efectivos.
Los responsables políticos de esta situación han sido identificados dentro del Ministerio de Seguridad de la Nación, encabezado por Martín Siracusa, y por la Comisión Técnica Asesora de Política Salarial del Sector Público. Este equipo, conformado por Fernanda Ferreyra, Nicolás Farías, Benjamín Larsen, Carlos Guberman, Maximiliano Farina y Enrique Pinedo, opera bajo la órbita del Ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, y es quien define los parámetros salariales que afectan directamente a miles de trabajadores del sector.
A este cuadro se suma el problema de las obras sociales obligatorias. Los integrantes de las fuerzas se encuentran atados institucionalmente a la Superintendencia de Bienestar y a IOSFA, sin posibilidad de elegir otra cobertura ni derivar aportes a otro sistema, dado que la Superintendencia de Servicios de Salud no permite la portabilidad para este sector. Esta situación genera una suerte de cautiverio sanitario y administrativo, en el que los efectivos no pueden optar por alternativas que les garanticen atención médica adecuada.
La descomposición del sistema no solo pone en riesgo la integridad física y emocional de quienes integran las fuerzas, sino que también amenaza la operatividad misma del aparato de seguridad federal. Mientras desde el gobierno se reiteran anuncios de “revalorización del personal”, en los hechos, las condiciones laborales, salariales y sanitarias continúan deteriorándose, y crece el temor a una pérdida irreversible de recursos humanos esenciales para la seguridad pública.
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