La Superintendencia de Bienestar de la Policía Federal Argentina enfrenta una grave crisis debido a la falta de servicios de salud para sus afiliados, tanto activos como retirados. La situación ha llevado a varios policías a presentar denuncias y recurrir a la Justicia Federal para exigir una solución.
Denuncias y Falta de Servicios
Walter Grappi, un policía federal retirado de Villa María, presentó una denuncia en la Fiscalía Federal para investigar a las autoridades que administran la obra social. Grappi, quien ha sido afiliado por casi 30 años, asegura que la falta de servicios es una constante. "En casi 30 años que soy afiliado, esta situación se repite recurrentemente", precisó.
Grappi cuestiona el destino de los aportes mensuales que se retienen a los afiliados. En su caso, se le retienen unos 120 mil pesos mensuales, pero los servicios de salud no son acordes a lo que se paga. "Es como si yo le diera la plata para pagar la luz a alguien y después vienen y me cortan la luz. Lo mínimo que puedo hacer es preguntar ‘qué hiciste con la plata’", señaló.
La situación no es exclusiva de Grappi. Otros afiliados han denunciado situaciones similares, como la necesidad de viajar a Córdoba Capital para realizar análisis de laboratorio cubiertos por la obra social, o la falta de cobertura para procedimientos médicos esenciales. Un caso destacado es el de un afiliado al que le cubrieron una operación compleja, pero no la anestesia, que debía ser reintegrada meses después.
Acciones Legales y Respuestas Insuficientes
Ante este escenario, Grappi decidió tomar dos vías de acción: una en la Fiscalía donde instó una acción penal contra los responsables de la administración de la obra social, que son "los integrantes de la cúpula de la Policía Federal que tiene sede en Buenos Aires"; y la otra, para salvaguardar su situación de salud en lo personal, en la Defensoría Pública, también de la Justicia Federal, "donde tengo turno para presentarme el 20 de marzo para pedir un recurso de amparo", indicó.
Cabe señalar que la Justicia provincial no tiene injerencia en este caso por tratarse de una obra social nacional.
"No me quedó otro camino que recurrir a esta instancia", concluyó Grappi.
Contexto y Auditorías
La obra social de la Policía Federal Argentina cuenta con más del doble o triple de los 30.000 efectivos, pues puede haber afiliados adherentes. Sin embargo, el presupuesto y la gestión de los fondos son opacos. Oficialmente, la Superintendencia de Seguros de Salud no la reconoce como obra social, y tampoco la Superintendencia se reconoce como tal, alegando ser una administradora de fondos. Esta situación ha llevado a que los jueces ya indicaran que se debe aplicar la ley de obras sociales.
Existen auditorías a la Superintendencia de Bienestar por la AGN, pero eran parte de una auditoría más amplia sobre PFA que ha dado resultados muy preocupantes. Además, en el presupuesto actual del año 2025, por decreto se ha reducido la partida para la Superintendencia de Bienestar.
Impacto en el Personal
El personal de la Policía Federal Argentina está cautivo de dicha obra social, no pudiendo elegir libremente otra como sí pueden hacer otros trabajadores. Esto ha generado un clima de enojo y desprotección entre los afiliados, quienes denuncian de forma anónima por miedo a represalias.
Esto se da en el marco de un atraso salarial considerable por parte de los integrantes de las fuerzas federales, imposibilitando cubrir necesidades básicas.
La falta de servicios de salud adecuados tiene un impacto significativo en la moral y el bienestar de los policías activos y retirados. La situación ha llevado a muchos a buscar alternativas para obtener los servicios de salud que necesitan, mientras esperan una solución definitiva a esta crisis.
Responsabilidades y Futuro
El Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich, es participe pues es quién designa de forma discrecional a las autoridades de PFA de forma delegada, por tanto no hace un control efectivo. Las demandas suelen ir tanto a la PFA como al Ministerio de Seguridad.
La Superintendencia de Bienestar, liderada por el Comisario Mayor Favio Adrián Fara, enfrenta ahora la tarea de restaurar la confianza de sus afiliados y garantizar la prestación de servicios de salud acordes a los aportes realizados. La comunidad policial espera que las denuncias presentadas y las acciones legales en curso conduzcan a una mejora significativa en la gestión de la obra social.
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