Un reciente análisis de los procedimientos internos de la Policía Federal Argentina ha revelado una serie de irregularidades preocupantes en el funcionamiento de sus órganos asesores, particularmente en lo que respecta a la Junta de Clasificaciones. Estas anomalías ponen en tela de juicio la transparencia y equidad de los procesos de evaluación y clasificación del personal policial.
Actos discriminatorios y abusivos sin control adecuado
Según informes y testimonios recabados, es común la ocurrencia de actos discriminatorios y abusivos dentro de estos órganos, sin que exista un control adecuado para prevenirlos o sancionarlos. Esta situación vulnera los derechos fundamentales del personal policial y socava la integridad de la institución.
Uso indiscriminado de frases genéricas
Una de las prácticas más cuestionables es el uso recurrente de frases genéricas preestablecidas para justificar decisiones que afectan la carrera de los efectivos. Expresiones como "NO REUNIR EL PERFIL PROFESIONAL ESPERADO POR EL COMANDO INSTITUCIONAL" o "FALLAS EN EL FACTOR PROFESIONAL QUE DENOTAN SU NO SUJECIÓN AL RÉGIMEN GENERAL IMPERANTE EN LA INSTITUCIÓN" son utilizadas de manera indiscriminada, sin considerar las particularidades de cada caso ni atender a los reclamos individuales.
Falta de revisión real y perjuicio al servicio de justicia
La utilización de estos "templates" para responder de manera uniforme a situaciones diversas evidencia una falta de revisión real de los casos. Este proceder no solo perjudica a los individuos afectados, sino que también daña el servicio de justicia en su conjunto. Todos los funcionarios que, por acción u omisión, validan estas irregularidades en los actos administrativos se convierten en partícipes necesarios de un sistema que menoscaba las garantías procesales.
Obstáculos en el proceso de apelación
Ante estas decisiones arbitrarias, el personal afectado se ve obligado a recorrer un extenso camino administrativo y, posteriormente, judicial para buscar una revisión de su caso. Este proceso no solo es largo y costoso, sino que además ofrece pocas garantías de éxito, generando un perjuicio significativo para los afectados.
Respaldo judicial a los reclamos
Varios fallos judiciales han comenzado a cuestionar estas prácticas. Por ejemplo, en el expediente 38373/2019 del Juzgado Contencioso Administrativo Federal 8, se puso de manifiesto la arbitrariedad de estas decisiones. Asimismo, en el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°11, el fiscal Diego Cormick dio lugar a un amparo, señalando la "total ausencia de expresión de causa" en las calificaciones cuestionadas.
Llamado a la revisión de procedimientos
El caso "Rodríguez Nelson Gustavo c/ EN-MO Interior-PFA- Dto 2744/93" ha sentado un precedente importante al establecer que, si bien las juntas de calificaciones gozan de autonomía funcional y facultades discrecionales, esto no las exime de actuar dentro del marco legal y de forma razonable.
Cabe destacar que los problemas planteados marcan un enfoque perjudica el funcionamiento de la justicia al generar un ambiente en el que las decisiones se toman sin tener en cuenta las particularidades de cada caso. Esto puede resultar en sanciones injustas y afectar negativamente la moral y el rendimiento del personal involucrado, lo que a su vez impacta la eficacia y la reputación de la Policía Federal.
Es importante señalar que, en el Ministerio de Seguridad, actualmente la Directora Nacional de Bienestar es María Lorena Petrovich (quién debe revisar reclamos), designada de manera "transitoria con carácter de excepción" (Decisión Administrativa 789/2024). Mientras tanto, las demás autoridades, Patricia Bullrich, Alejandra Susana Monteoliva y Carlos Alberto Manfroni, continúan manteniendo este sistema que genera una gran inseguridad.
Es imperativo que las autoridades competentes tomen medidas urgentes para revisar y reformar estos procedimientos, garantizando la transparencia, equidad y respeto a los derechos de todo el personal de la Policía Federal Argentina. Solo así se podrá restaurar la confianza en la institución y asegurar un servicio policial justo y eficiente para toda la sociedad.
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