El reciente Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/23 ha marcado un hito trascendental en la forma en que los argentinos interactúan con las obras sociales y las empresas de medicina prepaga. Este nuevo marco normativo, que busca la democratización de la elección de servicios de salud, representa un paso significativo hacia un sistema más justo, eficiente y centrado en el bienestar del usuario.
La esencia fundamental de este DNU es la libertad de elección, otorgando a los beneficiarios la capacidad de elegir entre una obra social o una empresa de medicina prepaga sin restricciones desde el inicio de su relación laboral. Este cambio elimina la obligación de permanecer un año afiliado a la obra social vinculada a su empleo actual, abriendo las puertas a una movilidad sin precedentes en el sector.
Además, el decreto facilita esta elección al permitir que se realice una vez al año en cualquier momento, liberando a los usuarios de las cadenas burocráticas que antes limitaban su capacidad de decisión. La inclusión de las prepagas en la contribución al Fondo Solidario de Redistribución asegura una competencia leal, donde todas las entidades contribuyen al sistema de salud de manera equitativa.
No obstante, la necesidad de esta transformación se ve enfatizada al examinar las irregularidades presentes en las obras sociales de las fuerzas de defensa y seguridad, como el Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA) y Bienestar (Obra Social de la Policía Federal Argentina). Durante la gestión del Gobierno encabezado por Alberto Fernández, se han detectado severas irregularidades en IOSFA, evidenciando prácticas que beneficiaban más a intereses políticos que a los afiliados.
Por otro lado, Bienestar, cuyo hospital insignia es el Churruca, no está registrada formalmente como obra social, sino que se rige por una ley particular, lo que dificulta muchos controles y deja espacio para posibles malas prácticas.
Algo similar sucede con la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la PFA, la cual el director fue denunciado por incumplimiento de ordenes judiciales. Pues estos regímenes particulares producen ruido en la capacidad de evaluación por parte de las autoridades, y la cantidad de irregularidades son muy difíciles de controlar. En estos casos tanto el personal de "Bienestar" cómo de la "Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la PFA" las principales falencias es que las autoridades designadas no cumplen con requisitos mínimos y suele ser personal asignado por su afinidad o jerarquía en la institución policial pero no por la idoneidad que corresponde para este tipo de áreas, lo que derivan en malas administraciones que produce severos perjuicios a todos los afiliados forzosos.
Caso similar sucedió en la Obra Social del Poder Judicial, donde recientemente fue desplazado su administrador.
Tanto las fuerzas de seguridad como el poder judicial cuentan con regímenes de privilegio en las jubilaciones. Esto implica un labor de menos años en comparación con el régimen general y un retiro más abultado.
Otro caso similar son los severos problemas de IOMA.
El DNU 70/23 va más allá de simplemente ofrecer libertad de elección; tiene como objetivo erradicar las malas prácticas dentro del sistema, especialmente aquellas obras sociales que han funcionado más como "sellos de goma" en beneficio de intereses políticos, sin proporcionar servicios reales a sus afiliados.
Este cambio normativo representa una oportunidad para mejorar la calidad del servicio de salud en Argentina, incentivando a las obras sociales y prepagas a ofrecer mejores prestaciones para atraer y retener a los beneficiarios. La competencia fomentada por este DNU promete un sistema más justo, eficiente y centrado en el bienestar del usuario, marcando el comienzo de una nueva era en la salud argentina. Este lunes no solo asistiremos a la publicación de un nuevo decreto, sino al amanecer de un sistema de salud revitalizado que coloca a los ciudadanos en el corazón de sus decisiones.
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