Tragedia en Córdoba: un bombero murió tras caer de un hidroelevador mientras realizaba tareas de poda

Un hecho conmocionó al Valle de Calamuchita este lunes: Matías Godoy, bombero voluntario de 39 años y vecino de Villa Amancay, falleció tras caer desde seis metros de altura de un hidroelevador mientras efectuaba trabajos de poda en la vía pública. Pese a haber sido trasladado de urgencia al Hospital Regional Eva Perón de Santa Rosa, los médicos no pudieron salvarle la vida.

La Federación de Bomberos Voluntarios de Córdoba expresó su pesar y decretó 72 horas de duelo, destacando la entrega y vocación de servicio de Godoy, ampliamente reconocido en su comunidad por su compromiso solidario.

Un accidente que expone la falta de medidas de seguridad laboral

Más allá del dolor por la pérdida, el caso vuelve a poner en discusión un problema recurrente en organismos públicos y fuerzas de seguridad: la ausencia de condiciones adecuadas de seguridad e higiene laboral.

En numerosos ámbitos del sector público, las normas de prevención de riesgos suelen ser relegadas o directamente ignoradas. Esto se traduce en la falta de protocolos de trabajo, deficiencias en la capacitación, y en muchos casos la no provisión ni el control del uso de elementos de protección personal, que son esenciales para minimizar riesgos en actividades de alto peligro como podas, operativos de rescate o tareas de mantenimiento.

Incluso en situaciones en que se cuenta con Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART), no siempre existe una supervisión efectiva, ya que varios organismos eluden las disposiciones vigentes. Estas omisiones no solo exponen a los trabajadores, sino que derivan en juicios prolongados que podrían evitarse con un cumplimiento estricto de la normativa laboral.

La importancia de cumplir la normativa

El accidente que costó la vida a Godoy subraya la urgencia de que los organismos públicos y las instituciones vinculadas a la seguridad ciudadana asuman de manera responsable la aplicación de las leyes de higiene y seguridad laboral. La provisión y control del uso de cascos, arneses, guantes dieléctricos, ropa de trabajo adecuada y demás elementos de protección personal no debe quedar librada a la voluntad individual, sino que debe ser una obligación institucional.

Especialistas en seguridad laboral destacan que prevenir accidentes no depende únicamente de la entrega vocacional de los trabajadores, sino del cumplimiento sistemático de protocolos y de la supervisión activa de las autoridades responsables.

La tragedia en Villa Amancay, que enluta a toda la comunidad, deja así una enseñanza dolorosa: la necesidad de transformar el compromiso solidario de quienes arriesgan su vida en un compromiso real de los organismos públicos con la protección de sus trabajadores.

Quema ilegal en Córdoba: Denuncia penal y alerta ambiental por humos tóxicos en basural clandestino

La Municipalidad de Córdoba radicó una denuncia penal contra los responsables de un incendio intencional en un basural ilegal al norte de la ciudad, tras la emisión de humos contaminantes y un olor nauseabundo que afectó a múltiples barrios. Aunque las autoridades aseguran que los niveles de contaminación están "controlados", expertos advierten sobre los riesgos ambientales y sanitarios de estas prácticas recurrentes.

El origen: quema clandestina con compuestos peligrosos

El foco del conflicto se ubicó en un predio privado junto al Canal Maestro Norte, carente de autorización para el tratamiento de residuos. Bomberos y equipos ambientales hallaron una combustión lenta bajo tierra de desechos, liberando gases azufrados que generaron el penetrante olor —descrito por vecinos como similar a "coliflor hervido"— y columnas de humo visibles.

Análisis de la UTN y la UNC confirmaron la presencia de disulfuro y trisulfuro de dimetilo, compuestos con alta capacidad odorífera. Si bien los estudios descartaron niveles críticos de toxicidad en suelo, especialistas exigieron monitoreo continuo y reparación del área, ya que el fuego pudo haber liberado sustancias peligrosas al contacto con plásticos, agroquímicos o sintéticos.

Impacto ambiental: un problema recurrente

El fiscal Raúl Garzón ya investigaba casos similares en otros lotes, lo que expone un patrón de manejo irregular de residuos en la zona. Eduardo Sarría, director de Impacto Ambiental municipal, señaló que el incendio no fue superficial, sino en capas profundas de basura, lo que dificultó su control y prolongó la emisión de humo.

Riesgos identificados:

• Contaminación del aire: Los compuestos azufrados pueden irritar vías respiratorias y agravar enfermedades crónicas.

• Degradación del suelo: Acumulación de metales pesados o químicos no detectados inicialmente.

• Daño ecosistémico: Posible filtración de tóxicos al Canal Maestro Norte, afectando flora y fauna.

Acciones legales y reclamos vecinales

El municipio impondrá multas y costos de remediación a los dueños del terreno, mientras bomberos y policía trabajan para evitar nuevos ingresos de residuos. Vecinos de Alta Córdoba, Marqués de Sobremonte y el Cerro habían reportado el olor desde el martes, incluso con falsas alarmas por supuestas fugas de gas.

Aunque el gobierno local descartó un "peligro inminente" para la salud, la situación reavivó críticas por la proliferación de basurales clandestinos y la necesidad de políticas más estrictas. "Estos incidentes no son aislados; reflejan negligencia y falta de control", afirmó un ambientalista local bajo anonimato.

Conclusión: un llamado a la prevención

El caso evidencia cómo la quema ilegal de residuos —además de molestar— pone en riesgo recursos naturales y calidad de vida. Autoridades insisten en que los responsables serán sancionados, pero organizaciones civiles demandan auditorías permanentes y campañas de concientización para evitar que se repita.

Mientras tanto, Córdoba sigue respirando bajo la sombra de sus residuos mal gestionados.

Auditoría revela graves irregularidades en complejos turísticos de Chapadmalal y Embalse

La Auditoría General de la Nación (AGN) emitió un informe que denuncia serias deficiencias en las Unidades Turísticas Chapadmalal (UTCH) y Embalse (UTE) entre enero de 2018 y diciembre de 2022. Este período abarca las gestiones presidenciales de Mauricio Macri y Alberto Fernández. Las instalaciones, diseñadas para promover el turismo social, muestran problemas críticos que afectan su funcionamiento, seguridad y conservación patrimonial.

Principales hallazgos

1. Materiales peligrosos y pasivos ambientales
   En Chapadmalal se detectaron sustancias como asbesto en cielorrasos y tanques de agua, plomo en cañerías y gases fluorocarbonados en equipos de refrigeración. En Embalse, el Hotel 5 también contiene restos de asbesto, sin que se realizaran evaluaciones para determinar su alcance en otros edificios. Estas omisiones representan un riesgo para la salud de los visitantes y empleados.

2. Deficiencias de infraestructura y seguridad
   En Chapadmalal, los auditores reportaron la ausencia de vigilancia, mientras que en Embalse, a pesar de la presencia de Gendarmería Nacional, los Hoteles 3 y 6 fueron vandalizados y el Hotel 5 ocupado por intrusos. Además, ambos complejos carecen de un mantenimiento adecuado, incluyendo limpieza de tanques y control de plagas.

3. Falta de gestión sostenible y conservación patrimonial
   La AGN destacó el incumplimiento de la Ley 12.665, que protege el patrimonio histórico y cultural de la nación, y la Ley 25.997, que promueve el desarrollo del turismo sostenible. No se realizaron diagnósticos ambientales integrales ni planes de gestión para garantizar la conservación de estas unidades.

4. Problemas en el sistema de reservas y asignación de plazas
   El sistema de reservas, renovado en 2022 bajo el nombre “Turismo Social Argentina,” no garantiza transparencia en la asignación de plazas. La falta de normativa actualizada y procedimientos estandarizados agrava el problema.

5. Impacto desigual del financiamiento
   Si bien la capacidad hotelera en Chapadmalal aumentó un 66,95% entre 2018 y 2022, en Embalse disminuyó un 17,30% debido a un incendio y obras inconclusas. La ejecución del presupuesto asignado también varió significativamente, con picos de casi el 100% entre 2021 y 2022, pero insuficiencias notables en años anteriores.

Contexto y repercusiones

Los complejos turísticos de Chapadmalal y Embalse, inaugurados en la década de 1940, son considerados emblemas del turismo social en Argentina. Estas unidades tienen como objetivo garantizar el acceso al turismo para sectores vulnerables, fomentando la inclusión social y el desarrollo económico regional. Sin embargo, los problemas estructurales, de gestión y sostenibilidad ponen en riesgo este propósito.

A nivel internacional, la preservación de sitios de interés cultural y turístico enfrenta desafíos similares. Por ejemplo, en Brasil y México, programas de turismo social han implementado auditorías frecuentes y políticas de participación comunitaria para mejorar la transparencia y sostenibilidad.

Medidas para reducir irregularidades

La AGN propone un enfoque integral para abordar las deficiencias detectadas:

• Desarrollar un Plan Nacional de Turismo Social con objetivos claros, metas medibles y financiamiento sostenible.
• Fortalecer la vigilancia y seguridad en los complejos para evitar actos de vandalismo y ocupaciones irregulares.
• Implementar diagnósticos ambientales periódicos que permitan identificar y mitigar riesgos sanitarios y ambientales.
• Modernizar el sistema de reservas, garantizando transparencia y equidad en la asignación de plazas.
• Fomentar la capacitación del personal, especialmente en perspectiva de género, en cumplimiento con la Ley Micaela.

Reflexión final

El informe de la AGN evidencia la necesidad urgente de controles recurrentes y frecuentes en las Unidades Turísticas Chapadmalal y Embalse. Estas acciones no solo permitirán garantizar el derecho al turismo social, sino también preservar el patrimonio cultural e histórico de la nación. Además, el desarrollo de mecanismos de auditoría transparentes y la implementación de estándares internacionales en gestión turística podrían ser claves para prevenir irregularidades y fomentar un modelo de turismo sostenible y accesible para todos.

Falta de Participación de Profesionales Graduados en Seguridad en Mesas de Trabajo Gubernamental: Una Brecha entre la Formación Universitaria y la Práctica Institucional

En una reciente iniciativa de la Legislatura de Córdoba para abordar la problemática de la seguridad, se constituyó una mesa de trabajo integrada por diversos expertos en la materia. Sin embargo, la exclusión (o baja participación) de profesionales graduados universitarios en seguridad, como licenciados en la disciplina, ha generado un debate sobre la falta de representación de estos actores en espacios gubernamentales clave y, más preocupante aún, ha resaltado una posible contravención al artículo 16 de la Constitución Nacional Argentina, el cual hace hincapié en la idoneidad como requisito fundamental en la ocupación de cargos públicos.

La ausencia de estos profesionales graduados en seguridad en las mesas de trabajo gubernamentales no solo constituye una omisión lamentable, sino que también subraya una brecha evidente entre la formación universitaria especializada y la práctica institucional. La Ley 24521 de Educación Superior establece claramente los parámetros para la formación de profesionales en seguridad, otorgando títulos que certifican la competencia en el campo. Sin embargo, la falta de convocatoria a estos especialistas en ámbitos de toma de decisiones gubernamentales socava el principio mismo de la idoneidad y desestima el valor de la formación académica específica.

Es importante destacar que la exclusión de estos profesionales no solo afecta el desarrollo y reconocimiento de su labor, sino que también tiene consecuencias directas en la efectividad de las políticas públicas de seguridad. La formación universitaria en seguridad proporciona un enfoque integral y fundamentado en la comprensión de los problemas de seguridad, así como en la implementación de soluciones basadas en evidencia y mejores prácticas.

La Asociación de Profesionales en Seguridad de Córdoba (ASPROSEG) ha manifestado su preocupación ante esta situación, señalando que la recurrente elección de supuestos "expertos" en seguridad, en detrimento de los licenciados y graduados universitarios en la materia, genera descontento y afecta el desarrollo profesional de estos últimos. Además, esta exclusión reduce el campo laboral de los egresados de las universidades locales, limitando sus oportunidades en un mercado laboral dominado por actores sin la formación específica requerida.

Resulta imperativo que las políticas de seguridad gubernamentales reconozcan y respeten los alcances profesionales y disciplinarios dados por la formación universitaria en seguridad. La inclusión de licenciados y graduados en mesas de trabajo como la creada por la Legislatura de Córdoba no solo enriquecerá el debate con perspectivas especializadas, sino que también garantizará una mayor eficacia en la formulación e implementación de políticas públicas orientadas a abordar los desafíos de seguridad de manera integral y efectiva.

En resumen, es fundamental que las instancias gubernamentales respeten los principios constitucionales de idoneidad y reconozcan la importancia de la formación universitaria en seguridad para promover una verdadera mejora en las políticas de seguridad y, por ende, en la protección y bienestar de la sociedad en su conjunto.

Legislador peronista Oscar González imputado por el "uso irregular de un auto judicializado"

" El diputado cordobés Oscar González, quien protagonizó el pasado 29 de octubre un grave accidente en el Camino de las Altas Cumbres en el que una docente de 56 años murió  y dos menores resultaron con heridas de gravedad, fue imputado este lunes por el "uso irregular de un auto judicializado", que conducía en ese momento y no debería haberlo utilizado.

Así lo confirmó a la prensa el fiscal federal Maximiliano Hairabedian, quien solicitó la imputación con el delito de "depositario infiel", a la vez que imputó también a una sobrina del funcionario suspendido, acusada de ocultar un teléfono celular.

"La Fiscalía formuló el pedido de indagatorio por el uso irregular del vehículo que protagonizó el siniestro por tratarse de un automotor secuestrado en esa fecha en una causa federal y que debía ser usado sólo para la función pública legislativa y la prueba indica hasta el momento que fue usado en provecho propio", explicó el fiscal en diálogo con Radio Mitre.

Sobre la sobrina investigada, Hairabedian detalló que "esta mujer hizo desaparecer un celular que era buscado en un allanamiento por esta causa", y sostuvo que quedó imputada por "ocultamiento de pruebas". "

Clarín

Córdoba: quiso evadir un control de tránsito y llevó varios metros a dos policías arriba del capó del auto

" Ocurrió en Córdoba esta mañana. Después de un forcejeo, el conductor y las dos acompañantes quedaron detenidos. Uno de los oficiales tuvo que ser asistido por lesiones.

Un nuevo episodio de imprudencia al volante tuvo lugar en Córdoba luego de los festejos navideños. El conductor de un auto quiso evadir un control policial y arrastró varios metros a dos oficiales que intentaron frenarlo.

Horas más tarde se viralizaron las imágenes del insólito hecho. Finalmente quedaron detenidas tres personas: el conductor y las dos mujeres que lo acompañaban.

Todo ocurrió pasadas las 9:00 de este domingo en la avenida Rafael Núñez, a la altura del cruce con Hugo Wast, en la zona del Cerro de las Rosas. En un puesto de control, un oficial intentó identificar al conductor de un Volkswagen Gol Trend que transitaba por la zona.

Sin embargo, el joven hizo caso omiso a la señal de alto y aceleró. En ese momento, los dos efectivos que estaban frente al auto forcejearon para evitar que siga su rumbo y terminaron arriba del capó del vehículo.

El conductor hizo varios metros con ellos encima hasta que un móvil policial se interpuso y obligó a detener el recorrido. Una vez frenado el auto, los policías lograron sacar al conductor y lo redujeron.

El joven de 20 años fue identificado como Lautaro Ordónez y quedó detenido, al igual que las dos chicas que lo acompañaban: Abril Aresca, de 21 años, y Tiziana Aresca, de 19. Según información del periodista Andrés Ferreyra, las mujeres son hijas de Gabriela Eugenia Moreira, funcionaria judicial de Córdoba. "

TN

Asesinato de Ricardo Luis Goya por parte de las Fuerzas Armadas Peronistas (27 de agosto de 1974)

Ricardo Luis Goya era gerente de relaciones laborales de IKA-Renault. 

Fue asesinado un 27 de agosto de 1974 por las FAP, cuyo fundador fue homenajeado por la ex Presidente de la Nación.

 

Fuente CELTYV