Contratación de tobilleras electrónicas: adjudicación a SURELY S.A. bajo análisis por posibles restricciones y vínculos

En el marco del Informe N° 145 presentado por el Jefe de Gabinete Manuel Adorni ante la Cámara de Diputados, las preguntas 29 y 30 elaboradas por la Coalición Cívica abordaron las contrataciones específicas vinculadas al suministro y monitoreo de tobilleras electrónicas adjudicadas a la firma SURELY S.A.. En la pregunta 29, se solicitó información sobre la adjudicación y la eventual intervención de organismos de control, mientras que la pregunta 30 se centró en el encuadre normativo y los mecanismos aplicados en el proceso.

Según la respuesta oficial, el Ministerio de Seguridad Nacional a cargo de Alejandra Monteoliva, indicó que la contratación se realizó mediante licitación pública, respetando principios de publicidad, concurrencia e igualdad de trato, y que los requisitos técnicos del pliego tuvieron como finalidad garantizar la idoneidad de un servicio crítico vinculado al monitoreo electrónico. Asimismo, se señaló que se recibieron consultas de potenciales oferentes, respondidas mediante los canales formales y circulares aclaratorias, y que el costo del servicio fue fijado en USD 14,50 por día. También se destacó la falta de parámetros homogéneos para comparar precios a nivel internacional.

En relación con la pregunta 30, se informó que el procedimiento se ajustó al régimen general de contrataciones de la Administración Nacional, el cual no exige intervención previa de la autoridad de defensa de la competencia. No obstante, se dio participación a la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), que emitió un precio testigo mediante una nota oficial en 2025. No se detalló en la respuesta el volumen exacto de dispositivos contratados, lo que constituye un dato relevante para dimensionar el alcance del contrato.

La empresa adjudicataria, SURELY S.A, está presidida por Carlos Omar Ruda y cuenta como director suplente con Octavio Marcelo Acosta Mavrich, quien habría formado parte del escalafón de comunicaciones de la Policía Federal Argentina. Este dato adquiere relevancia en función de que la operatoria del sistema de monitoreo se articula con áreas técnicas de dicha fuerza, particularmente a través del sistema 911 federal, en coordinación con el Ministerio de Seguridad.

De acuerdo con la información oficial del Ministerio de Seguridad de la Nación Argentina, el sistema de vigilancia electrónica implica tareas de geolocalización, monitoreo en tiempo real y respuesta ante alertas, lo que refuerza el carácter estratégico del servicio. En este contexto, la posible participación de exintegrantes de estructuras operativas en empresas proveedoras plantea interrogantes sobre eventuales conflictos de interés o incompatibilidades.

En paralelo, información publicada por La Nación señaló antecedentes de contrataciones estatales vinculadas a empresas con relaciones familiares con funcionarios públicos. En particular, se mencionó la contratación de una empresa vinculada a Fernanda Raverta —entonces titular de la ANSES— a través de su entorno familiar, específicamente su padre Mario Raverta, lo que generó cuestionamientos sobre posibles conflictos de interés y la transparencia en la asignación de contratos públicos.

Por su parte, el medio MDZ Online informó sobre la adjudicación a SURELY S.A. del servicio de monitoreo de personas privadas de libertad, destacando el volumen económico del contrato y su relevancia dentro del sistema de seguridad. Estas publicaciones también hacen referencia a la estructura empresarial y a la necesidad de analizar los vínculos entre directivos, otras sociedades y el Estado, a fin de descartar posibles relaciones que pudieran afectar la competencia.

A partir de estos elementos, uno de los aspectos clave a evaluar es el diseño de los pliegos licitatorios. Requisitos técnicos excesivamente restrictivos pueden limitar la concurrencia real de oferentes, generando condiciones que favorezcan indirectamente a determinadas empresas. Si bien el Ministerio justificó estas exigencias en la necesidad de asegurar estándares técnicos adecuados, su proporcionalidad y razonabilidad deben ser objeto de análisis en auditorías independientes.

Finalmente, la convergencia de factores —como la ausencia de intervención obligatoria de organismos de defensa de la competencia, la existencia de vínculos personales o institucionales entre actores del sector público y privado, y antecedentes de relaciones empresariales con funcionarios— configura un escenario que requiere controles rigurosos. La transparencia en los procesos, la trazabilidad de las relaciones societarias y la supervisión efectiva por parte de organismos de control resultan fundamentales para prevenir posibles irregularidades en contrataciones públicas de alto impacto económico y operativo.