Fiscalización de las Fuerzas de Seguridad en Argentina: Un Análisis de Prácticas que Socavan la Seguridad Jurídica

En Argentina, las fuerzas de seguridad y policiales, bajo la jurisdicción del Ministerio de Seguridad, como la Policía Federal Argentina, la Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval Argentina y la Policía de Seguridad Aeroportuaria, han sido objeto de crecientes críticas debido a las prácticas evasivas y elusivas que utilizan para eludir recursos y reclamos administrativos por parte de su propio personal. Estas prácticas, a menudo encubiertas bajo argumentos como la complejidad de los planteamientos o la supuesta aceptación de condiciones abusivas al momento del ingreso, plantean serias preocupaciones sobre la seguridad jurídica y la confianza en las instituciones policiales.

Una de las estrategias más comunes empleadas por estas fuerzas es la calificación de los argumentos presentados como "enrevesados" o difíciles de comprender. Este enfoque pretende desalentar a los miembros del personal que buscan hacer valer sus derechos, creando una barrera artificial que desincentiva la presentación de recursos y reclamos. Este comportamiento, lejos de promover la transparencia y la rendición de cuentas, perpetúa un ambiente donde la opacidad y la evasión son la norma.

Además, se argumenta que el personal, al ingresar a estas instituciones, acepta de facto las condiciones que eventualmente puedan afectar sus derechos personalísimos. Este tipo de alegato genérico y abusivo contradice los principios fundamentales de derechos humanos y socava la integridad de cualquier acuerdo entre empleador y empleado. Es esencial reconocer que ningún acuerdo puede validar la vulneración de derechos fundamentales, y utilizarlo como justificación constituye un claro abuso de poder.

Otro aspecto preocupante es la sistemática negación de recursos y reclamos presentados por el personal a través de los órganos de control, ya sean internos o externos. Estas instancias, en teoría diseñadas para salvaguardar los derechos de los empleados, han sido infiltradas por prácticas que constituyen actos de violencia institucional. La negación sistemática de los recursos contribuye al desgaste psicológico del personal y obstaculiza cualquier intento de buscar justicia a través de mecanismos establecidos.

La falta de auditorías, tanto internas como externas, sobre las acciones de los jefes de las diversas áreas policiales agrava la situación. La ausencia de un escrutinio efectivo permite que prácticas cuestionables persistan sin consecuencias. Además, se argumenta que la obediencia ciega a las directivas superiores se justifica bajo el pretexto de mantener la disciplina, creando así un entorno donde la rendición de cuentas y la transparencia son sacrificadas en aras de la supuesta cohesión interna.

En la práctica, estas prácticas erosionan la seguridad jurídica y minan la confianza en las instituciones policiales, socavando los cimientos mismos de una sociedad democrática. Es imperativo que se realicen cambios sustanciales en la supervisión y rendición de cuentas de las fuerzas de seguridad en Argentina para garantizar que estas instituciones cumplan con su deber de proteger los derechos fundamentales de sus miembros y, en última instancia, de toda la sociedad.