Desmanejo de Información Sensible en las Fuerzas de Seguridad Argentinas: Una Problemática Alarmante

En el ámbito de las fuerzas de seguridad y policiales federales en Argentina, se ha evidenciado una preocupante problemática relacionada con el desmanejo de información sensible, confidencial y personal. Instituciones como la Gendarmería Nacional Argentina ( Antonio José del Pilar Bogado ), la Policía Federal Argentina (Luis Alejandro Rollé, Mariano Giuffra), la Prefectura Naval Argentina ( Guillermo Giménez Pérez, Alejandro Paulo Annichini ) y la Policía de Seguridad Aeropuertuaria ( Alfredo Hernán Gallardo ), dependientes del Ministerio de Seguridad a cargo de Patricia Bullrich, han estado involucradas en prácticas cuestionables que afectan la integridad y derechos de su personal.

Un caso reciente, publicado el 3 de enero de 2024 en el Boletín Oficial de la República Argentina, reveló un aviso oficial de la Gendarmería Nacional Argentina firmado por Ludovico Jarzynski, Comandante Mayor Director de Recursos Humanos. Este documento expuso datos sensibles, como diagnósticos médicos, violando tanto el secreto médico como la Ley de Protección de Datos Personales (Ley 25.326 art. 7 inc. 3). Esta acción no solo constituiría una clara violación de la normativa, sino que también implicaría un delito de violación de secreto que debe ser investigado y sancionado.

Además, se han identificado casos en la Policía Federal Argentina en los que, dentro de "cargos administrativos", se han expuesto situaciones de violencia de género. Estas exposiciones incluyen datos del agresor y de la víctima, vulnerando la Ley de Protección Integral a las Mujeres (Ley 26.485). La divulgación de información personal, incluyendo domicilios, resulta en una revictimización y trato degradante (art. 3 inc. k, art. 16 inc. h), desalentando a las víctimas a denunciar y perpetuando la violencia de género dentro de la institución (ref. T0RJIDksIDEyLzAxLzIwMjQ=).

La falta de controles reales sobre los actos administrativos en estas instituciones ha generado un ambiente propicio para la impunidad. Los dictámenes y controles jurídicos tienden a favorecer a la institución y proteger a los jefes, sin considerar las consecuencias negativas para el personal afectado. La falta de controles cruzados, independientes y objetivos, permite que situaciones perjudiciales persistan, creando un ambiente de opresión y violencia institucional.

Además, se ha observado el uso de mecanismos de coacción directa e indirecta, como la amenaza de cambios de lugar de trabajo, modificaciones intempestivas de horarios y asignación de tareas riesgosas no aptas para el personal. Estas prácticas coercitivas contribuyen a un entorno laboral tóxico y a la limitación de la libertad de expresión de los trabajadores, quienes se ven obligados a ocultar problemas o renunciar a sus derechos.

La falta de mecanismos efectivos para que los individuos expongan sus problemas y preocupaciones, sin temor a represalias, ha llevado a la salida prematura de empleados y a la solicitud injustificada de licencias médicas. Esta situación genera un círculo vicioso en el que los afectados no solo ven limitadas sus posibilidades de ascenso, sino que también se ven forzados a abandonar la institución para preservar su bienestar y salud mental.

En conclusión, el desmanejo de información sensible en las fuerzas de seguridad argentinas no solo constituye un atentado contra la privacidad y los derechos fundamentales de su personal, sino que también alimenta una cultura institucional perjudicial. Urge la implementación de controles efectivos, independientes y transparentes que garanticen la protección de los derechos de los trabajadores y fomenten un ambiente laboral sano y respetuoso. La sociedad merece instituciones de seguridad que sean ejemplares en su trato al personal y que cumplan con los más altos estándares éticos y legales.