Un informe difundido por el periodista Augusto Grinner en el programa Ey!, conducido por El Presto, expuso una situación crítica en el sistema de salud de la Policía Federal Argentina (PFA). El foco está puesto en el estado de abandono del Hospital Churruca Visca —históricamente el centro médico de referencia para el personal policial— y en las numerosas denuncias contra la Superintendencia de Bienestar, organismo responsable de la administración de la obra social de la fuerza, la OSPFA.
La OSPFA (Obra Social de la Policía Federal Argentina), la cual no está formalmente reconocida por la Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación como una obra social habilitada. Esto implica que sus afiliados no tienen la opción de derivar sus aportes hacia otras entidades, quedando cautivos en un sistema de prestaciones deficientes, con graves falencias administrativas, sanitarias y financieras. La obra social depende orgánicamente de la Superintendencia de Bienestar, área técnica de la PFA encargada de gestionar los servicios sociales, sanitarios y asistenciales del personal.
Desde la agrupación Azules por Siempre, que representa a efectivos en actividad y retirados, se denuncian desde hace años maniobras irregulares dentro de la gestión de la OSPFA. Las acusaciones incluyen licitaciones poco transparentes, compras sin justificación, falta de medicamentos, demoras en tratamientos esenciales y una gestión contable opaca que afecta directamente al bienestar del personal policial y sus familias. Pese al aumento de los aportes (en enero de 2024 se autorizó un incremento de casi el 40% en las cuotas), las prestaciones no solo no mejoraron, sino que continúan deteriorándose.
Uno de los episodios más conmocionantes fue el suicidio del personal Alejandro Tijerina, quien atravesaba una enfermedad grave y no contaba con la cobertura médica necesaria. Se quitó la vida en el baño del Hospital Churruca dejando cartas dirigidas a sus familiares y a las autoridades del nosocomio. Según la denuncia, el hecho fue ocultado por las autoridades del Ministerio de Seguridad y casi no tuvo repercusión mediática. No se trató de un caso aislado: según testimonios recogidos en el informe, la crisis sanitaria y la falta de contención psicológica están vinculadas a un incremento alarmante de suicidios dentro de la fuerza.
Actualmente, pesa una denuncia penal contra el comisario mayor Fabio Adrián Fara, titular de la Superintendencia de Bienestar, por la omisión en la provisión de medicamentos a una afiliada con una enfermedad crónica. La causa está radicada en la Fiscalía Nacional en lo Criminal de Instrucción N.º 11, a cargo del fiscal Gerardo Pollicita.
La responsabilidad institucional de esta situación recae tanto en las autoridades del Ministerio de Seguridad de la Nación, encabezado por Patricia Bullrich, como en la cúpula de la Policía Federal. Desde 2016, la Superintendencia de Bienestar depende jerárquicamente del Ministerio, lo que implica una obligación directa de supervisar su funcionamiento y de auditar el uso de los fondos públicos destinados a la salud policial.
La agrupación Azules por Siempre ha elevado un pliego de reclamos urgentes:
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Auditoría contable completa de la Superintendencia de Bienestar entre 2016 y 2025, incluyendo la publicación de sus resultados.
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Investigación patrimonial de todos los superintendentes responsables en ese período.
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Garantía inmediata de todas las prestaciones sanitarias y entrega de medicamentos a los afiliados y sus grupos familiares.
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Inversión prioritaria en salud mental, ante la multiplicación de casos como el del oficial Tejerina.
El informe cierra con una advertencia clara: la salud de quienes garantizan la seguridad de la población está en riesgo, mientras las autoridades responsables eluden sus obligaciones. La situación de colapso en el Hospital Churruca y en la OSPFA no solo vulnera derechos fundamentales, sino que compromete la moral, la integridad y la operatividad de una institución central para el Estado.
Las responsabilidades no son abstractas. Son concretas y tienen nombre: las máximas autoridades del Ministerio de Seguridad (la Directora Nacional de Bienestar del Ministerio de Seguridad, María Lorena Petrovich) y de la conducción de la Policía Federal. La inacción prolongada frente a un problema estructural no puede ser interpretada sino como negligencia institucional. Y como tal, debe ser respondida no con propaganda, sino con decisiones de fondo.
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