En la noche del lunes, 17 presos se fugaron de la Alcaidía Comunal 9, ubicada en la calle Gana 430, en Liniers. Los detenidos lograron escapar a través de un boquete de apenas 30 centímetros de diámetro realizado en una pared de ladrillo hueco. Este episodio no solo deja en evidencia fallas estructurales, sino también la alarmante falta de recursos destinados al sistema de seguridad por parte de los responsables políticos.
La fuga comenzó en un patio interno del recinto, donde los internos tuvieron acceso a las frágiles paredes. Según trascendió, estas estaban parcialmente ocultas por sábanas y colchones, lo que habría dificultado el monitoreo de las cámaras de seguridad.
El uso de ladrillo hueco en una estructura que debería ser resistente resulta simbólico: es como el episodio de Los Simpson en el que Cecil, hermano de Bob Patiño, construye una represa con materiales de pésima calidad, terminando en un desastre previsible.
El Ministro de Seguridad de CABA es Waldo Wolff, el Secretario de Seguridad es Ezequiel Agustín Daglio. El Jefe de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires es Pablo Luis Kisch, mientras que el Subjefe de la Policía de la Ciudad es Jorge Guillermo Azzolina.
Cuatro efectivos para 58 presos
La situación es aún más crítica si se analiza el contexto operativo. En la alcaidía había 58 internos custodiados por apenas cuatro efectivos policiales. Resulta difícil imaginar cómo un equipo tan reducido podría garantizar la seguridad en condiciones mínimas, especialmente cuando la infraestructura y los recursos son inadecuados. ¿Cómo se pretende que estos trabajadores hagan frente a tal desafío?
El hecho también resalta un problema estructural en la política de seguridad. Mientras desde los altos mandos se exigen resultados, el personal en terreno enfrenta una realidad de recursos insuficientes y decisiones administrativas que priorizan el ahorro sobre la seguridad.
Reacciones y consecuencias
Hasta el momento, uno de los presos ha sido recapturado y continúa un operativo cerrojo para dar con los demás fugitivos, que incluyen once argentinos y seis ciudadanos chilenos. Además, el Ministerio de Seguridad de la Ciudad ha iniciado sumarios internos para determinar responsabilidades. Sin embargo, esto no resuelve la pregunta de fondo: ¿cómo evitar que hechos similares se repitan en el futuro?
Esta fuga no es solo un fracaso puntual, sino una señal de alarma que refleja la precariedad del sistema. Si se pretende exigir al personal policial resultados en condiciones tan adversas, sin mejorar los recursos asignados, episodios como este seguirán siendo parte de una preocupante normalidad.
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