Crisis silenciosa en las fuerzas federales: abandono, suicidios y un sistema de salud colapsado

En medio de una creciente crisis institucional, la situación del personal de las fuerzas federales argentinas —y en particular, de la Policía Federal— atraviesa un momento alarmante. En menos de dos meses, dos efectivos policiales se quitaron la vida dentro del Hospital Churruca, uno en un baño y otro en un ascensor del mismo edificio. Ambos casos ocurrieron en el corazón del sistema sanitario que debería contenerlos: la Superintendencia de Bienestar.

El Churruca, hospital emblemático de la Policía Federal, refleja hoy un cuadro de deterioro profundo, no sólo en su estructura física, sino también en la atención médica que brinda a su personal. Las denuncias de abandono, falta de insumos y ausencia de respuesta institucional se acumulan. El área de Psiquiatría, según testimonios internos, no da abasto frente a la demanda creciente de efectivos en crisis. La falta de prevención, diagnóstico oportuno y tratamiento adecuado para problemas de salud mental está teniendo consecuencias trágicas.

Los suicidios, lejos de ser hechos aislados, son señales de un sistema que no está funcionando. Efectivos policiales denuncian que no pueden redirigir sus aportes a otra obra social ni a una prepaga, quedando así cautivos de un sistema cerrado que no les brinda las respuestas mínimas. La obra social policial —cuyo titular es Fabio Hernán Graff— está bajo una fuerte crítica por su ineficiencia, y los reclamos van desde la demora en los pagos por juicios laborales hasta la falta de turnos médicos básicos.

“El nivel de abandono de la obra social nunca fue tan alto”, declaró un agente con años de servicio, que prefirió mantenerse en el anonimato. “Tenemos salarios miserables y aumentos irrisorios. El malestar es generalizado y real.”

La conducción institucional también ha sido señalada por su inacción. La Superintendencia de Bienestar está a cargo de Favio Adrián Fara, y la auditora responsable es Marta Gabriela Ayala. La Dirección Nacional de Bienestar, dependiente del Ministerio de Seguridad, es encabezada por María Lorena Petrovich. Ninguna de estas autoridades —ni el jefe de la Policía Federal, Luis Alejandro Rollé, ni la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich— han emitido declaraciones públicas respecto a los recientes suicidios.

La combinación de bajos salarios, condiciones laborales adversas y un sistema de salud en crisis está dejando secuelas visibles. Pero el silencio institucional frente a estos hechos agrava aún más una situación que ya es insostenible. Mientras tanto, quienes deben proteger a la sociedad están siendo abandonados por el propio Estado. Y un policía con problemas de salud mental sin atención no solo está desamparado, sino que también puede representar un riesgo para sí mismo y para los demás.

Las muertes en el Churruca no son una estadística más: son una advertencia urgente.