Investigación judicial sobre intimidación a la periodista Guadalupe Vázquez

Un expediente judicial, el CFP 3569/2025, ha sido asignado al Juzgado Criminal y Correccional Federal 11 para investigar una denuncia por presunta asociación ilícita e intimidación pública contra un grupo de individuos, tras una agresión a la periodista Guadalupe Vázquez.

La denuncia, presentada por la propia Vázquez, se relaciona con un incidente en el que se le dejó un cartel con insultos, en lo que ha sido interpretado como un acto de intimidación. El suceso se enmarca en un contexto de agresiones previas que la periodista ha sufrido, y se vincula con su labor periodística, en particular la difusión de fotografías de una fiesta durante la pandemia.

Entre los denunciados se encuentran Alberto Grasso Rivaldi, Pablo Giles, José Lepere, Matías Federici, Facundo Lococo y Rubén Ezequiel Pavón. Los últimos tres nombres, Federici, Lococo y Pavón, han sido señalados por la prensa como personas con vínculos políticos con Juan Debandi y La Cámpora Tres de Febrero, lo que los relaciona directamente con los actos vandálicos perpetrados en la sede de los canales Todo Noticias (TN) y Canal 13.

Según la información publicada, Facundo Lococo es descrito como mano derecha de Debandi, Matías Federici como miembro de su equipo de comunicación, y Rubén Ezequiel Pavón como un referente estudiantil también cercano a su círculo.

El expediente, asignado por sorteo el 29 de agosto de 2025, busca determinar la responsabilidad de los implicados en los delitos de asociación ilícita e intimidación pública, basándose en la agresión a la periodista y la presunta coordinación de los actos vandálicos. La investigación está en curso para esclarecer los hechos y sus motivaciones.

Uso de un vehículo oficial de la Policía Federal Argentina en una caravana partidaria expone graves irregularidades éticas y legales

La participación del presidente Javier Milei en una caravana proselitista en Lomas de Zamora, el pasado miércoles 27 de agosto, quedó envuelta en cuestionamientos por la utilización de una camioneta Ford Ranger blanca, dominio AB035IH, que pertenece a la Policía Federal Argentina. El hecho constituye un ejemplo claro de utilización indebida de bienes estatales para fines partidarios, lo cual es contrario a la normativa vigente en materia de ética pública y administración de recursos.

 

La camioneta, además, posee un extenso historial de infracciones impagas que supera los 41 millones de pesos, con más de doscientas multas por excesos de velocidad y circulación indebida en carriles exclusivos. Este detalle, lejos de ser menor, revela un manejo desprolijo del parque automotor del Estado y suma gravedad al episodio, ya que el vehículo oficial no solo se empleó con fines proselitistas, sino que arrastra una cadena de incumplimientos sin sanción efectiva.

Normativa y obligaciones en el uso de bienes públicos

La Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública establece que todo funcionario debe administrar los recursos públicos con honestidad, prudencia y exclusivamente para el interés general. El uso de vehículos oficiales, en consecuencia, está limitado a tareas estrictamente vinculadas con el cumplimiento de funciones de Estado, como la seguridad, la logística gubernamental o el traslado institucional. Cualquier utilización con fines particulares, personales o de partido político constituye una desviación de poder y, en los casos más graves, un delito de malversación de caudales públicos.

A ello se suma el principio constitucional de igualdad política, que impide que quienes detentan el poder se sirvan de los recursos del Estado para obtener ventajas en la competencia electoral. Cuando un vehículo oficial se utiliza en una caravana de carácter partidario, se rompe ese equilibrio: los recursos que son de todos los contribuyentes se ponen al servicio de una facción política.

Sumado a todo esto la forma en la que estaban las personas arriba de la camioneta implica una infracción a la Ley Nacional de Tránsito. Más gravoso aún ser realizado por el presidente de la nación. 

El acto proselitista y la presencia de dirigentes

Durante la caravana en la avenida Yrigoyen acompañaron a Milei figuras de relevancia como José Luis Espert, Karina Milei, Sebastián Pareja, Maximiliano Bondarenko y Santiago Oría. La presencia de estos referentes refuerza el carácter político del evento y elimina cualquier argumento que pudiera justificar la utilización del vehículo como un acto institucional.

Posibles argumentos de defensa del gobierno

Frente a los cuestionamientos, desde el oficialismo podrían esgrimirse diversas defensas. Una de ellas sería alegar que la camioneta fue utilizada con fines de seguridad presidencial. Otra, que el vehículo estaba asignado formalmente a la custodia y no al mandatario en sí mismo, lo cual lo colocaría dentro de un supuesto amparo legal. También podría sostenerse que la presencia de autoridades nacionales en actividades políticas es parte de la libertad de acción de todo ciudadano, sin que ello implique necesariamente un uso indebido de recursos.

Por qué esas defensas no son válidas

Ninguna de esas justificaciones resiste un análisis riguroso. En primer lugar, el uso de un vehículo oficial en una caravana política no puede considerarse parte de un operativo de seguridad, ya que se trata de un evento estrictamente partidario, no de una actividad institucional del Estado. En segundo lugar, aunque el vehículo esté asignado a una dependencia de custodia, ello no habilita su utilización para fines que excedan las funciones de protección y traslado en actos de carácter público o de gobierno. Y, finalmente, el argumento de la libertad individual de los funcionarios no alcanza para justificar la apropiación de recursos comunes en beneficio de un sector político, ya que el deber de probidad y transparencia impone límites a las acciones privadas de quienes ejercen el poder.

Consecuencias posibles

Este tipo de irregularidades no solo afectan la confianza pública, sino que también pueden derivar en consecuencias judiciales. La malversación de caudales públicos, el uso indebido de bienes del Estado y la falta de control sobre infracciones reiteradas son figuras tipificadas en la normativa penal y administrativa. A su vez, la Ley de Ética contempla sanciones que van desde la inhabilitación hasta la destitución de funcionarios en casos de faltas graves.

El episodio de Lomas de Zamora pone de manifiesto una práctica prohibida: la utilización de recursos estatales con fines partidarios. La camioneta de la Policía Federal, con sus infracciones acumuladas, no debió nunca formar parte de una caravana electoral. El hecho expone falencias graves en la ética pública y coloca bajo responsabilidad política y jurídica a la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y al jefe de la Policía Federal, Alejandro Rollé, quienes deberán responder por qué se permitió que un bien de todos los ciudadanos terminara al servicio de un acto político partidario.

Crisis en el Hospital Churruca: Salarios deplorables y éxodo masivo de profesionale

El Complejo Hospitalario Churruca-Visca, dependiente de la Superintendencia de Bienestar de la Policía Federal Argentina del Ministerio de Seguridad de la Nación, atraviesa una profunda crisis que se refleja en la renuncia masiva de profesionales de la salud y el deterioro generalizado de la atención médica. En lo que va del año, 96 trabajadores de la salud han renunciado a sus puestos, mientras que la Policía Federal Argentina registra 600 bajas totales en el mismo período.

Hace un mes se suicidó un suboficial en el Churruca. 

Salarios por debajo de la línea de pobreza

Los sueldos de los profesionales médicos se encuentran muy por debajo del RIPTE (Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables) y en muchos casos rozando la línea de pobreza. Un médico especialista con el rango de auxiliar superior de sexta categoría percibe apenas 732.994 pesos mensuales, mientras que un jefe de área médica cobra menos de un millón de pesos. Los residentes, que tienen dedicación exclusiva, reciben remuneraciones inferiores al millón de pesos, con aumentos programados de apenas 10.000 a 15.000 pesos hasta fin de año.

La diferencia salarial es abismal comparada con el sector privado, donde los mismos profesionales pueden ganar hasta cinco veces más. Esta disparidad ha generado un éxodo masivo hacia clínicas privadas y otros centros de salud que ofrecen mejores condiciones laborales.

Falta de reconocimiento del rol y función profesional

Uno de los problemas más graves es la ausencia de diferenciación salarial según el rol y la función que desempeñan los profesionales. Médicos especialistas con años de experiencia figuran en escalafones administrativos que no reflejan su responsabilidad profesional, mientras que algunos médicos aparecen categorizados como "agentes", una clasificación inferior incluso a la de auxiliar.

Colapso del sistema de turnos y atención

La crisis de recursos humanos ha generado un colapso en el sistema de turnos médicos. Los pacientes reportan demoras de hasta seis meses para obtener una consulta, mientras que quienes requieren atención urgente deben recurrir a las guardias, que también se encuentran saturadas por la falta de personal. Una paciente consultada manifestó: "Intenté sacar un turno, me lo dan para dentro de seis meses. No sé si voy a estar viva en seis meses".

El complejo hospitalario presenta además serios problemas de infraestructura: baños cerrados, farmacia vacía, falta de medicamentos y deficiencias en la higiene general del establecimiento.

Marco legal y regulatorio confuso

La suerte de obra social que atiende en el complejo hospitalario Churruca-Visca opera bajo un marco legal particular que genera confusión regulatoria. Para la Superintendencia de Seguros de Salud de la Nación, los aportes de los miembros de las fuerzas federales no constituyen una obra social ni una prepaga en sentido estricto, sino que funcionan bajo una ley especial como "mecanismo no regulado".

Sin embargo, para la Policía Federal Argentina, a través de la Superintendencia de Bienestar, actúa como una "administradora de fondos". Esta ambigüedad legal ha derivado en varios casos judiciales donde la Justicia ha determinado que debe regirse por las leyes de obras sociales, estableciendo un precedente importante para los derechos de los beneficiarios. Aunque las áreas administrativas tanto cómo jurídicas de las fuerzas federales y del ministerio de seguridad siguen apelando con la finalidad de demorar las respuestas efectivas, generando con esto una degradación de los servicios de salud.

Ausencia de auditorías y transparencia presupuestaria

Pese a que el gobierno actual ha enfatizado la importancia de las auditorías en diferentes áreas, el complejo hospitalario Churruca no ha sido sometido a ningún control exhaustivo. La información presupuestaria disponible carece de actualización: el último presupuesto firmado data de la gestión anterior y lleva la firma de Sergio Massa.

Documentos internos revelan inconsistencias presupuestarias significativas. En 2023, el hospital registró un superávit considerable, pero existe un faltante de 23 millones de pesos sin registro claro de su destino, todo esto según se explica en el informe de C5N. Esta situación es particularmente preocupante considerando que el hospital se sostiene exclusivamente con aportes obligatorios descontados de los sueldos de los miembros de las fuerzas federales.

Silencio oficial y temor a represalias

El Ministerio de Seguridad, encabezado por Patricia Bullrich, no ha emitido ninguna respuesta oficial sobre la crisis del hospital. Tampoco se han recibido declaraciones de la directora Nacional de Bienestar, María Lorena Petrovich (ex senadora PRO denunciada que pagaba niñera con plata del Senado), responsable directa de la gestión del centro de salud.

Los profesionales y pacientes consultados expresan temor a las sanciones disciplinarias por realizar reclamos. Esta situación de silenciamiento institucional impide que se visibilicen públicamente los problemas estructurales que afectan la atención médica de miles de efectivos de las fuerzas federales y sus familias.

Esto último está plenamente documentado con varios ejemplos, uno de ellos es cuando una persona manifestó ante el ministerio hostigamiento y este, con la firma de Maria Laura Arce, ha omitido una acción efectiva ya que no se hace acción alguna por parte del ministerio más que incluso alertar a las fuerzas que se recibió denuncias.

Incluso se encuentra el caso de la Coordinadora de Protección de Derechos Laborales, Antonella Fiore, quien en pararlo cobraba un sueldo en ACARA, denunciada por el Ministro de Justicia Cúneo Libarona, ya que es considerado según reportan en varios medios como mecanismos para cobrar sobresueldos.

Los salarios son definidos en el Ministerio de Seguridad Nacional por Martín Siracusa y el equipo económico de Luis Caputo en la denomiada COMISIÓN TÉCNICA ASESORA DE POLÍTICA SALARIAL DEL SECTOR PÚBLICO, sin la participación de las partes ni representantes, conformado por Fernanda Ferreyra, Nicolás Farias, Benjamin Larsen, Carlos Guberman, Maximiliano Farina, Enrique Pinedo. Todo esto a la vista de Guillermo Francos, Jefe de Gabinete.

Por parte de la institución no han existido manifestaciones por parte de  Comisario General Luis Alejandro Rolle, tampoco por parte del Superintendente de Bienestar Comisario Mayor Favio Adrián Fara ni del superintendente de Administración el Comisario Mayor Ernesto Fabián De La Vega.

Impacto en las fuerzas de seguridad

La crisis del complejo hospitalario Churruca-Visca refleja un problema más amplio que afecta a todas las fuerzas federales. Los policías federales, que aportan obligatoriamente para sostener el sistema de salud, se encuentran con un servicio deficiente que no responde a sus necesidades básicas. Muchos efectivos y sus familias deben recurrir a otros sistemas de salud, generando un gasto adicional en sus ya deteriorados presupuestos familiares.

La situación se replica en delegaciones de todo el país, donde centros de salud dependientes del Ministerio de Seguridad presentan problemas similares de falta de personal, medicamentos y turnos disponibles. Pacientes de provincias como Mar del Plata o Chubut viajan a Buenos Aires esperando mejor atención, pero encuentran las mismas deficiencias.

Una promesa incumplida

El actual gobierno llegó al poder prometiendo mejoras sustanciales para las fuerzas de seguridad, incluyendo incrementos salariales significativos. Sin embargo, los hechos muestran una realidad diferente: sueldos que apenas alcanzan para cubrir necesidades básicas, un sistema de salud en crisis y la ausencia de respuestas concretas desde las autoridades responsables.

La crisis del complejo hospitalario Churruca-Visca se convierte así en un símbolo del abandono sistemático hacia quienes tienen la responsabilidad de garantizar la seguridad ciudadana, evidenciando la contradicción entre el discurso oficial de apoyo a las fuerzas de seguridad y la realidad de políticas que las debilitan desde sus cimientos más básicos.

La UIF investiga operaciones sospechosas en Zefico SA, la empresa empleadora de Santiago Caputo

La Unidad de Información Financiera (UIF) abrió una investigación sobre Zefico SA, la sociedad que tiene como único empleado registrado al asesor presidencial Santiago Caputo. El caso se originó a partir de un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) presentado el 30 de julio de 2025 por una entidad bancaria de primera línea, tras detectar movimientos por 800.000 dólares entre abril y junio de este año.

Zefico SA fue constituida en 2021 por Pablo Costa, padre de Lucas Costa, amigo de la infancia de Santiago Caputo. Durante tres años no tuvo actividad comercial ni empleados, hasta que en enero de 2024 incorporó a Caputo como trabajador en relación de dependencia. La sociedad fue creada con la firma del escribano José Domingo Mangone, vinculado también al armado de la consultora Anker, de Luis Caputo y Santiago Bausili.

Los movimientos que encendieron las alarmas corresponden a transferencias de 400.000 dólares realizadas por Lucas Costa y su hermana María, ambos socios de la firma. El origen de los fondos fue atribuido a una donación de Pablo Costa, quien a su vez indicó que había recibido 1,5 millones de dólares de su madre María. La mujer presentó una declaración jurada de 2023 que incluía esa suma como parte de su patrimonio, aunque registros anteriores mostraban que en 2021 no contaba con bienes declarados, lo que generó inconsistencias sobre la procedencia del dinero.

El capital ingresado a Zefico fue registrado como un mutuo y luego transferido a otras dos sociedades: Netafim Argentina SA, empresa de riego por goteo controlada por Pablo Coletti, y Tonka SA, presidida por Pedro Alberto Friedrich, empresario que en 2019 donó al Estado un predio de 5.000 hectáreas en Santa Cruz convertido en la reserva federal Piedra del Fraile.

La UIF, dirigida por el exfiscal federal Paul Starc, tomó intervención tras recibir el reporte bancario. Posteriormente, el organismo denunció penalmente una filtración de información confidencial vinculada al ROS, ya que los detalles de la operatoria fueron publicados en la prensa. La denuncia fue presentada ante la fiscalía federal a cargo de Carlos Stornelli en los tribunales de Comodoro Py.

Santiago Caputo figura en la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) como único empleado de Zefico SA, inscripto en la tercera categoría del impuesto a las Ganancias, lo que implica que además de un salario percibe ingresos societarios. De este modo, factura servicios al Estado sin estar obligado a presentar declaración patrimonial. Su vínculo con la familia Costa se remonta a la relación entre su padre, el fallecido escribano Claudio Caputo, y Pablo Costa, vecinos en el country Martindale de Pilar.

El caso Zefico combina el análisis de operaciones financieras atípicas, el rol de un asesor presidencial como único empleado de la sociedad y las dudas sobre el origen de fondos millonarios. La investigación de la UIF y la causa penal abierta en Comodoro Py buscarán establecer responsabilidades sobre los movimientos de dinero y sobre la filtración del reporte confidencial.

De Apolo a HLB Pharma: la red empresarial detrás del fentanilo contaminado que dejó casi un centenar de muertos en Argentina

A partir de abril de 2025, Argentina enfrentó una tragedia sanitaria de magnitud sin precedentes: se detectó que un lote de fentanilo clínico (lote 31202), producido por HLB Pharma Group S.A. y Laboratorios Ramallo S.A., estaba contaminado con bacterias multirresistentes como Klebsiella pneumoniae y Ralstonia pickettii. El brote inicial ocurrió en el Hospital Italiano de La Plata, donde decenas de pacientes desarrollaron cuadros graves de neumonía, y al menos 96 personas perdieron la vida. Este lote fue distribuido a más de 118 centros de salud, con decenas de miles de ampollas contaminadas administradas antes de que se interrumpiera su circulación.

Ante esta emergencia, la ANMAT suspendió la actividad de los laboratorios responsables y ordenó su clausura, tras detectar repetidas y graves irregularidades en prácticas sanitarias y de producción. No obstante, la suspensión se produjo ya después de que el lote contaminado había sido distribuido y utilizado.

En la investigación judicial, a cargo del juez federal Ernesto Kreplak en La Plata, fueron imputadas 17 personas, entre ellas integrantes de la familia García Furfaro y directivos y técnicos de los laboratorios. En ese núcleo se destaca Ariel Fernando García, dueño y principal decisor de HLB Pharma, Laboratorios Ramallo y Alfarma S.R.L., como responsable principal de la producción y comercialización del fentanilo contaminado. Junto a él figuran su madre Nilda Furfaro (accionista del 10 % de HLB Pharma), su abuela Olga Arena (presidenta formal de HLB Pharma), sus hermanos Damián García y Diego García, y María Victoria García, vinculados en diversos roles de toma de decisiones y gestión. También están imputados directivos como Horacio Antonio Tallarico, presidente y apoderado de Ramallo; Rodolfo Antonio Labrusciano, director suplente y accionista; Carolina Ansaldi, directora técnica; Víctor Boccaccio, exdirector técnico; Javier Tchukran, director de manufactura de HLB y director general de Ramallo; y personal técnico y laboral como Wilson Daniel Pons, Edgardo Sclafani, Eduardo Darchuk, Arzolidys Dayana Astudillo Bolívar, Rocío del Cielo Garay y Adriana Iúdica, todos ligados a la producción, control de calidad y registro de lotes contaminados.

En paralelo, emergió un antecedente oscuro que une a este grupo empresarial con un pasado marcado por irregularidades: el Laboratorio Apolo, ubicado en Rosario, al que estaban vinculados Ariel García Furfaro, Damián García y Jorge Manuel Salinas. Apolo fue escenario en 2016 de una explosión de caldera que hirió a vecinos y generó una causa por estrago culposo agravado y lesiones graves culposas contra sus directivos, entre ellos Marcelo Ferré, Jorge Gómez, los hermanos García y Marcela Vozza. En esa causa, algunos fueron sobreseídos mediante el “criterio de oportunidad” o alcanzados por una probation poco común.

Más aún, la Municipalidad de Rosario, representada por el intendente Pablo Javkin, presentó ante la justicia evidencia que revela la continuidad estructural entre el laboratorio Apolo y las firmas HLB Pharma y Ramallo. Según ese informe, todas las empresas compartían una misma red operativa, incluso después del supuesto accidente en Apolo, y mantenían registros activos de producción farmacéutica. Además, se denunciaron vínculos con el “tráfico de efedrina” y conexiones con personajes como Mario Segovia, el "Rey de la Efedrina", y con el triple crimen de General Rodríguez, en una causa que involucró la exportación ilegal de efedrina a cárteles mexicanos.

Esta vinculación revela una continuidad no solo corporativa, sino también de prácticas cuestionadas: desde Apolo —que ya tenía investigaciones por contrabando de suero a Paraguay y evasión de fondos— hasta la actual crisis por el fentanilo adulterado, una cadena de negligencias parece haber persistido en las empresas lideradas por Ariel García Furfaro y Jorge Salinas.

Ariel García Furfaro, titular de HLB Pharma, mantiene una conexión con Top Air S.A., la empresa de vuelos privados del empresario kirchnerista Lázaro Báez, como lo demuestra que ambas firmas compartieran direcciones legales, principalmente la de Yerbal 1021 en la Ciudad de Buenos Aires, domicilio de la madre de García, Nilda Furfaro.

Además, en el marco del escándalo por el fentanilo contaminado, fue tramitada una venta societaria de HLB Pharma a Sebastián Nanini, abogado vinculado al entorno de los García y conocido por haber defendido a miembros de la familia Báez. Por otro lado, el entorno de García Furfaro ha estado vinculado con funcionarios del kirchnerismo: en 2020 integró una delegación oficial del Ministerio de Salud para gestionar la vacuna Sputnik V y, en 2024, fue fotografiado reunido con Cristina Fernández de Kirchner en el Instituto Patria

Mientras tanto, la causa judicial sigue su curso con allanamientos, indagatorias y medidas cautelares como inhibiciones de bienes y prohibición de salida del país para los imputados. Al mismo tiempo, la opinión pública y familiares de las víctimas exigen transparencia, responsabilidad institucional y reformas profundas en el sistema de regulación farmacéutica.

En definitiva, el caso del fentanilo contaminado no solo expone fallas sanitarias y éticas en el sector farmacéutico argentino, sino que ilumina una red empresarial con raíces en prácticas sospechosas, cuya extensión aún se encuentra bajo investigación.

Aníbal Fernández en el banquillo: la causa “Fútbol para Todos”

El Tribunal Oral Federal N° 1 analiza los pedidos de condena contra Aníbal Fernández en el marco del juicio por el programa Fútbol para Todos. La fiscalía solicitó una pena de tres años de prisión de ejecución condicional e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, al considerarlo responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado, en concurso con violación de los deberes de funcionario público. El expediente apunta a un desvío de 131.608.000 pesos en perjuicio del Estado entre los años 2010 y 2015, cuando Fernández se desempeñaba como jefe de Gabinete.

El juicio se centra en los contratos que la Jefatura de Gabinete firmó con la Asociación del Fútbol Argentino para la televisación gratuita de partidos. Según la acusación, los fondos estatales no se utilizaron para sanear las cuentas de los clubes, como estaba previsto, sino que fueron desviados mediante descuentos de cheques y convenios publicitarios irregulares. El tribunal fijó la continuidad de las audiencias para el 8 de septiembre, fecha en la que comenzarán los alegatos de la defensa.

Este no es el único proceso en el que Fernández ha sido investigado. En 2019 la Cámara Federal porteña confirmó su procesamiento en la misma causa Fútbol para Todos por la adjudicación directa de contratos con la empresa Iveco, sin licitación pública. En esa resolución se le trabó un embargo por 25 millones de pesos. Aunque más tarde fue sobreseído en primera instancia, ese fallo fue revocado y el expediente finalmente fue elevado a juicio, el que hoy se encuentra en curso.

Otro caso relevante es el de los programas de gestión de residuos sólidos urbanos (PMGIRSU). Allí la justicia investigó la presunta malversación de más de 600 millones de pesos destinados a municipios entre 2013 y 2015. Fernández fue procesado junto a otros exfuncionarios y medio centenar de intendentes, y la causa se encuentra aún en etapa de instrucción con pedidos de elevación a juicio.

En materia patrimonial, en 2017 fue procesado por insolvencia fraudulenta al haberse desprendido de bienes estando inhibido judicialmente. El juez a cargo consideró que vendió vehículos con el objetivo de eludir embargos y ordenó su elevación a juicio. Ese expediente permanece abierto y a la espera de resolución definitiva.

En paralelo, Fernández fue mencionado en investigaciones conexas al narcotráfico, como las que siguieron al triple crimen de General Rodríguez y al denominado “narcojet”. Sin embargo, en estos casos no se avanzó con procesamientos firmes en su contra y no fue condenado. Las investigaciones quedaron en etapa preliminar o fueron cerradas sin sentencia adversa.

Pese a la multiplicidad de causas en las que ha figurado como imputado, hasta el momento Aníbal Fernández no registra condenas firmes en la justicia argentina. Su trayectoria política, sin embargo, ha estado atravesada por la coexistencia de altos cargos en distintos gobiernos nacionales y procesos judiciales de gran repercusión pública. La resolución del juicio por Fútbol para Todos marcará un nuevo capítulo en esa relación permanente entre su figura y los tribunales.

Escándalo en la ANDIS: Investigación por Sobrefacturación y Presuntas Coimas

La esfera política y judicial se ha visto sacudida por un grave escándalo que involucra a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y que ha derivado en una investigación por presunta sobrefacturación en la adquisición de medicamentos y un sistema de coimas. El caso se inició tras la filtración de audios que apuntan a una trama de corrupción con implicaciones en altos niveles del Gobierno.

La investigación judicial, bajo la carátula de "averiguación de ilícito", se activó a raíz de la divulgación de grabaciones atribuidas a Diego Spagnuolo, quien fungía como titular de la ANDIS. En dichos audios, Spagnuolo expone un esquema de sobreprecios del 8% en la compra de medicamentos, destinados a ser canalizados como "coimas" para financiamiento político. La droguería Suizo-Argentina es señalada como la entidad instrumental en la maniobra de sobrefacturación.

Según las declaraciones capturadas, los fondos ilícitos serían administrados por individuos cercanos al núcleo de poder del actual Gobierno, con la mención explícita de Eduardo "Lule" Menem y la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, a quienes Spagnuolo identifica como los "recaudadores" de este esquema.

En respuesta a la escalada mediática y judicial, la Justicia ha ordenado una serie de 15 allanamientos simultáneos. Las diligencias se llevaron a cabo en la sede de la ANDIS, las instalaciones de la droguería Suizo-Argentina y los domicilios dFle sus directivos, así como en la residencia del exfuncionario Spagnuolo. Durante el operativo en la droguería, se reportó que uno de sus titulares, Emmanuel Kovalivker, intentó eludir a las autoridades, siendo finalmente retenido por el personal policial.

A pesar de que el Gobierno ha separado a Spagnuolo de su cargo y ha intervenido la agencia, no se ha emitido una declaración oficial que valide la autenticidad de los audios o que aborde directamente los contratos cuestionados con la droguería. Este silencio institucional ha intensificado el escrutinio público y la presión sobre la investigación en curso. El caso sigue en desarrollo, y se espera que las pericias y la recolección de pruebas esclarezcan la cadena de responsabilidades en esta presunta red de corrupción.

Análisis Documental Revela Extenso Entramado Societario de Empresario Vinculado a Milei y Millonarios Contratos con el Estado

Una investigación realizada por Natalia Volosin, basada en documentación pública de registros societarios de Estados Unidos, Panamá y Argentina revela la compleja red de empresas y vínculos del empresario Leonardo Scatturice, señalado como favorito del gobierno de Javier Milei, que ha obtenido contratos millonarios con el Estado. 

La trama involucra a socios con causas judiciales por corrupción, una estrategia de cambios de nombre y domicilios societarios, y una coincidente cobertura mediática positiva.

El Núcleo de la Trama: De C3 a OCP Tech

La estructura central gira en torno a la empresa OCP Tech S.A. (originalmente Systemnet S.A.), que ha sido la principal beneficiaria de las licitaciones públicas en Argentina. La transformación de Systemnet en OCP Tech se dio a través de un intrincado proceso:

1. Systemnet S.A., una empresa argentina con historial en licitaciones estatales, experimentó un significativo aumento de capital y una reforma de su objeto social entre 2018 y 2021.

2. En junio de 2019, se constituyó Systemnet Inc. en Florida, EE.UU.

3. Según un acuerdo accionario fechado el 1 de noviembre de 2019, la controlante de Systemnet Inc. pasó a ser OCP Digital Tech Partners LLC. Los managers de esta última sociedad eran, a partir de mayo de 2020, Gastón Marquevich y el propio Leonardo Scatturice.

4. Finalmente, en 2021, Systemnet S.A. en Argentina cambió formalmente su razón social a OCP Tech S.A., completando la transición.

Los Socios: Vínculos con Procesados y Medios

La documentación evidencia asociaciones de Scatturice con individuos imputados en causas graves de corrupción:

• Aldo Javier Limardo: Procesado en 2024 en la causa "Mafia de las Aduanas", Limardo fue socio de Scatturice en al menos tres sociedades constituidas en Florida en 2016 y 2017 (Hens Group Company LLC, JEVIC LLC, Eragon Group LLC). Simultáneamente, Limardo figuraba como director y agente residente de C3 IG LLC (luego renombrada TPN Advanced Tex Solutions LLC), la supuesta filial estadounidense de la consultora C3 de Scatturice, señalada en operaciones de inteligencia.

• Maximiliano González Kunz: Imputado en la causa de la "Embajada Paralela" con Venezuela, González Kunz estuvo vinculado a Scatturice a través de Corporación Grupo Núcleo LLC en Florida. Esta sociedad, de la cual González Kunz fue manager, experimentó múltiples cambios: primero acortó su nombre a Corporación Núcleo LLC (2019) y luego se renombró como OCP Tech Global IT LLC (2021). En este último cambio, los managers pasaron a ser Diana Marquardt (esposa de Scatturice) y OCP Digital Tech Partners LLC (controlada por Marquevich y Scatturice). Además, existió una sociedad homónima en Panamá (Corporación Núcleo Caribe S.A.) entre Scatturice y Mauro Guerrero, CEO del Grupo Núcleo de González Kunz en Argentina.

• Gastón Marquevich: Empresario agroindustrial de bajo perfil, se convirtió en el socio clave de Scatturice. Juntos controlaron, a través de una cascada de sociedades (Optimum Capital Partners Inc., MDELM LLC, OCP Digital Tech Partners LLC), las operaciones que derivaron en la formación de OCP Tech. Marquevich también creó Andrómeda Group Latam LLC en Florida (2018), que jugaría un papel crucial en contratos estatales.

Contratos con el Estado: Adjudicaciones Millonarias y Patrones Cuestionables

La documentación detalla adjudicaciones a OCP Tech S.A. y socios del entramado que suman decenas de millones de dólares, con patrones que expertos en transparencia calificarían como "banderas rojas":

1. Contrato con la Cámara de Diputados (2020): En plena pandemia, se adjudicó un contrato para sesiones virtuales a un consorcio formado por Systemnet S.A. (en transición a OCP Tech) y Andrómeda Group Latam LLC. La sucursal argentina de esta última sociedad tenía como representante legal a Ariel Castaño, quien también era presidente de OCP Tech S.A. y director de Optimum Capital S.A. (la sociedad familiar de Marquevich en Argentina). Este contrato fue ampliamente publicitado en el medio Infobae.

2. Agencia de Sistemas de Información (GCBA): Entre diciembre de 2023 y diciembre de 2024, OCP Tech S.A. recibió adjudicaciones por más de USD 10.8 millones de esta agencia, que promueve una "política antisoborno". Varias de estas licitaciones fueron para el mismo servicio ("expansión de backup") y se adjudicaron con semanas de diferencia, sumando montos acumulativos.

3. Procuración General de la Nación (PGN): En un plazo de apenas seis meses (septiembre 2024 - febrero 2025), la PGN adjudicó a OCP Tech S.A. contratos por un valor que ronda los USD 5 millones.

4. Trenes Argentinos (SOFSE): Pese a ser una empresa estatal deficitaria, a fines de julio de 2025 adjudicó a OCP Tech S.A. un contrato por USD 6.3 millones para la instalación de WiFi en sus formaciones. El único otro oferente fue Dinatech S.A., empresa vinculada a exfuncionarios K.

La Nueva Empresa en Escena: MIA ID

El patrón parece repetirse. En 2022, Scatturice y el tecnólogo Gabriel de Simone crearon MIA ID LLC en Florida. En abril de 2024, constituyeron MIA ID S.A. en Argentina, cuyo accionista es OCP Tech S.A. (representada por Ariel Castaño). La sociedad se inscribió como proveedor del Estado en mayo de 2024 y fue promocionada en Infobae América en junio, presentándola como una empresa consolidada. Un director suplente inicial, que luego renunció, fue Mario Héctor De La Fuente, yerno del dueño de Infobae, Daniel Hadad.

En pocas palabras...

La documentación revela un modus operandi que consiste en la constitución de sociedades opacas en el exterior (Estados Unidos, Panamá), cambios de nombre y domicilio, y asociaciones con individuos cuestionables. Esta estructura societaria funciona como una plataforma para acceder a licitaciones públicas en Argentina. La simultánea cobertura positiva en medios afines completa un cuadro de relaciones que demandaría una investigación profunda por parte de los órganos de control competentes para descartar definitivamente cualquier irregularidad.

Del “fin de la casta” a las sospechas de corrupción: el Gobierno bajo presión por la crisis en discapacidad

El Gobierno nacional atraviesa un nuevo frente de tensión tras la difusión de audios atribuidos al director de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Diego Spagnuolo, en los que se mencionan presuntos sobornos vinculados a laboratorios y droguerías que trabajan con el Estado. El episodio se produce en un contexto de fuerte malestar social por la caída de salarios y subsidios que golpea principalmente a militares, policías, docentes, médicos, jubilados y personas con discapacidad.

La difusión de las grabaciones, cuyo origen se desconoce y que circularon en redes sociales y canales de streaming, generó preocupación en el Congreso. Legisladores opositores solicitaron explicaciones formales y se promovió una cuestión de privilegio contra Spagnuolo. Sin embargo, tanto en la Andis como en la Casa Rosada optaron por el silencio: no confirmaron ni desmintieron la autenticidad de los audios ni se pronunciaron sobre el eventual involucramiento de figuras cercanas al oficialismo, como Eduardo “Lule” Menem y Karina Milei.

El malestar político coincidió con un nuevo revés parlamentario. La oposición logró revertir el veto presidencial a la ley que declara la emergencia en el área de discapacidad, en una votación donde incluso legisladores de La Libertad Avanza se desmarcaron del oficialismo. El episodio evidenció la creciente debilidad política del Gobierno, que había llegado al poder con la promesa de “ir contra la casta” pero que, a casi dos años de gestión, enfrenta acusaciones de corrupción en organismos sensibles mientras aplica ajustes que impactan de lleno en los sectores más vulnerables.

La crisis se profundiza en un área ya debilitada por el retraso en los aranceles de prestadores, la suspensión de pensiones por invalidez y la falta de definiciones sobre un aumento en las prestaciones. Spagnuolo, designado por su cercanía personal con el presidente Javier Milei y sin antecedentes en el campo de la discapacidad, es uno de los funcionarios con mayor acceso a la Quinta de Olivos. Ahora, su gestión está bajo la lupa tanto por la auditoría pendiente de las pensiones como por los audios que comprometen su credibilidad.

Mientras la justicia federal deberá investigar las denuncias presentadas, en la Casa Rosada se evalúa si avanzar con la separación de funcionarios o mantener el silencio. La falta de una respuesta oficial alimenta la incertidumbre y suma tensión en un Gobierno que enfrenta crecientes cuestionamientos por la contradicción entre su discurso de lucha contra la corrupción y el ajuste que ya afecta a quienes dependen de subsidios y salarios estatales.

Crisis en la Policía de Entre Ríos: Bajos Salarios y Deterioro de la Salud Mental entre los Agentes

La situación laboral de la policía de Entre Ríos ha sido objeto de debate público y preocupación, con un enfoque particular en las precarias condiciones salariales y el impacto directo que estas tienen en la salud mental de los agentes. Según se desprende de un reciente informe, el propio Ministro de Seguridad, Néstor Roncaglia, ha reconocido la gravedad de la situación, admitiendo que los sueldos de los efectivos son insuficientes.

La realidad salarial obliga a muchos oficiales a buscar trabajos adicionales (situación similar que sucede en las fuerza federales conducidas por Patricia Bullrich) para complementar sus ingresos y poder sostener a sus familias. Esta doble jornada laboral, sumada a la naturaleza exigente y estresante del trabajo policial, está generando una presión significativa en la salud mental de la fuerza.

Al momento se han suicidado 6 policías en Entre Ríos. 

Las discusiones y testimonios de la comunidad, incluyendo a los propios agentes, revelan una cruda realidad:

• Estrés y Precariedad: El estrés es una constante en la vida de estos trabajadores. Las largas jornadas, la exposición a situaciones de riesgo y la presión económica se combinan para crear un ambiente de vulnerabilidad psicológica.

• Sin Derecho a Huelga: La prohibición de realizar huelgas o paros, inherente a la profesión, deja a los oficiales sin una herramienta fundamental para negociar mejoras en sus condiciones laborales, aumentando su sensación de indefensión.

• Problemas Familiares: La inestabilidad financiera afecta no solo a los agentes, sino también a sus familias. La incapacidad de cubrir necesidades básicas genera conflictos y una carga emocional adicional.

La situación resalta la urgente necesidad de una revisión de las políticas salariales y de bienestar dentro de la fuerza policial, con el objetivo de garantizar no solo la estabilidad económica de los agentes, sino también su salud mental, un pilar fundamental para el correcto desempeño de sus funciones al servicio de la comunidad.

Ola de inseguridad récord en La Matanza: 90 robos por día y un aumento del 120% en doce años

La Matanza atraviesa la peor crisis de inseguridad desde que existen registros oficiales. Según datos de la Procuración General bonaerense de 2024, en este distrito se denuncian en promedio 90 robos diarios, la cifra más alta de la Provincia y la más elevada desde 2012, año en que comenzaron a publicarse estadísticas detalladas sobre delitos contra la propiedad.

En ese período, las causas penales iniciadas por robo en el Departamento Judicial La Matanza —que abarca únicamente al partido homónimo— pasaron de 14.821 en 2012 a 32.500 en 2024, lo que representa un incremento del 120%. El fenómeno no se limita a los delitos patrimoniales: el municipio también lidera los homicidios, tanto en números absolutos como en tasa por habitante. En 2024 se registraron 143 crímenes (155 víctimas), con una tasa de 8,11 homicidios cada 100.000 habitantes, frente a un promedio provincial de 4,76.

La situación contrasta con las tendencias generales: mientras en la Provincia los robos crecieron un 12,9% en 2024 respecto al año anterior, en La Matanza el aumento fue del 31%. En los asaltos a mano armada, la brecha también es notoria: 17% de incremento en el distrito frente al 1,5% provincial. El 28,5% de los robos en La Matanza fueron cometidos con armas, superando ampliamente el 22% del promedio bonaerense. En los homicidios, el 80,4% de las muertes fueron perpetradas con armas de fuego, frente al 62,8% en el resto del Conurbano.

Los especialistas señalan que la combinación de alta densidad poblacional, circulación masiva de armas ilegales y falta de políticas sostenidas de prevención del delito explican parte de este panorama. La responsabilidad recae tanto en el gobierno provincial, a cargo de Axel Kicillof, como en la gestión municipal de Fernando Espinoza, en cuyo territorio los homicidios crecieron un 5,9% en 2024, mientras en toda la Provincia se registró una baja del 1%.

Más allá de las cifras, la violencia se refleja en hechos recientes que conmocionaron a la sociedad. Entre ellos, el asesinato de Rita Mabel Suárez (47), madre atacada delante de su hijo en Villa Luzuriaga; la muerte de Esmeralda Bustamante (23), baleada en Laferrere al intentar defender a su hermana policía; y el crimen de Thiago Correa, un niño de 7 años alcanzado por una bala en un tiroteo en San Justo. Casos que muestran que la crisis en materia de seguridad está lejos de resolverse.

Denuncian a Daniel Scioli por presunta corrupción y contratos millonarios a allegados

Un reciente informe periodístico ha sacado a la luz un presunto entramado de corrupción que involucra a Daniel Scioli, actual Secretario de Turismo, Ambiente y Deportes. La denuncia se centra en la supuesta adjudicación de contratos millonarios a una empresa de limpieza propiedad de uno de sus amigos más cercanos, Luis Alberto "Chiche" Peluso.

Según el video, esta práctica de favorecer a allegados no es nueva en la carrera política de Scioli. Se afirma que tanto durante su gestión como gobernador de la provincia de Buenos Aires como en su actual cargo bajo la administración de Javier Milei, ha utilizado su poder para otorgar licitaciones a la empresa de Peluso, Lincer S.A., incluso cuando las ofertas no eran las más económicas.

El informe detalla que esta dinámica se repite a lo largo de los años, utilizando mecanismos como las "contrataciones directas" o "licitaciones cerradas". Si bien estos métodos son legales, el video argumenta que son utilizados para eludir la transparencia y favorecer a un círculo íntimo. Esto se evidencia en la relación de Scioli con Peluso, que se remonta a décadas, y que ha resultado en contratos lucrativos con organismos como el INPROTUR y ANSES.

Además, el video traza un paralelismo con el caso de las Unidades de Pronta Atención (UPA) durante su gobernación, donde también se investigaron presuntas irregularidades y sobreprecios. La constante en todos estos casos, según la denuncia, es la falta de transparencia y el uso de fondos públicos para beneficiar a amigos y colaboradores cercanos.

El video concluye haciendo un llamado a una mayor transparencia, a fortalecer los mecanismos de control y a implementar procesos de licitación más públicos y estandarizados para evitar que el dinero del Estado termine en los bolsillos de los allegados al poder.

Éxodo en las fuerzas federales: salarios de pobreza y ventas por Instagram para sobrevivir

En las últimas semanas, fuentes internas de las fuerzas federales confirmaron un incremento inusual en las solicitudes de baja voluntaria por parte de efectivos de distintas jerarquías. La tendencia coincide con el contexto de ajuste estatal impulsado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, en línea con la política de reducción del gasto público que el presidente Javier Milei ha denominado “la motosierra”, generando una "rockera" forma de Despidos Silenciosos. Dado que la mayoría del personal de las fuerzas es "planta permanente" no pueden hacer con lo que hicieron en los ministerios: no renovarles los contratos (contratos viciados de por si porque existían personas en esa fraudulenta forma laboral "temporaria" hace más de 5 años).

La situación salarial del personal policial y militar revela un deterioro profundo. Según datos oficiales, una parte significativa de las jerarquías percibe haberes por debajo de la línea de pobreza establecida para la Ciudad de Buenos Aires. Cargos como Cadete de 1°, 2° y 3° curso se encuentran incluso en la franja de indigencia, con sueldos que van de $610.003,89 a $637.008,58. La mayoría de los rangos iniciales y medios —Aspirante, Auxiliar, Cabo, Sargento, Subinspector, Inspector y hasta Capellán Principal— perciben ingresos que los ubican en la categoría de pobreza no indigente, con salarios que no superan $1.193.290,96.

Esta realidad es atribuida por según el Boletín Oficial y fuentes gubernamentales oficiales a la responsabilidad conjunta de los funcionarios a cargo de la política salarial: Martín Siracusa, Patricia Bullrich y Carlos Manfroni, del Ministerio de Seguridad de la Nación, así como los integrantes de la Comisión Técnica Asesora de Política Salarial del Sector Público —Fernanda Ferreyra, Nicolás Farías, Benjamin Larsen, Carlos Guberman, Maximiliano Farina y Enrique Pinedo—. Estos últimos han respaldado públicamente los anuncios oficiales sobre un “superávit fiscal” que, en la práctica, solo se logra mediante la contención y reducción del gasto en salarios de militares, policías, médicos y docentes.

A las dificultades económicas se suman limitaciones estructurales. El personal de las fuerzas federales está obligado a mantenerse en el servicio ordinario y a realizar servicios adicionales para complementar ingresos. No obstante, muchos efectivos han recurrido a actividades paralelas, como la venta de productos por redes sociales, para sostenerse económicamente, siendo los productos más comunes remeras, perfumes, productos de belleza, juguetes: "economía popular" (o más bien por debajo de la superficie, o informal). Otros han optado por trabajar en aplicaciones de transporte de pasajeros (Uber, DiDi, Cabify)

Además, los afiliados a las obras sociales IOSFA y la Superintendencia de Bienestar no pueden derivar sus aportes a otras prestadoras, lo que limita sus opciones de atención médica.

El fenómeno de las bajas voluntarias y el descontento creciente en las fuerzas se configura como una señal de alerta institucional, en un momento en que la seguridad pública enfrenta desafíos complejos y la capacidad de retención de personal calificado se ve seriamente comprometida.

La red oculta de poder detrás de Leonardo Scatturice: vínculos, negocios y contratos millonarios que conmocionan al Estado

Leonardo Scatturice se posiciona como el epicentro de una compleja red de relaciones personales y empresariales que atraviesan sectores estratégicos del país. Su conexión con figuras como Daniel Hadad y otros socios clave revela un entramado donde alianzas personales se entrelazan con intereses corporativos, consolidando un poder que trasciende el ámbito privado. Estas relaciones han sido fundamentales para articular negocios inmobiliarios y operaciones con múltiples socios en diferentes ámbitos.

Las sociedades y empresas vinculadas a Scatturice funcionan como vehículos esenciales para el despliegue de negocios de alto impacto. Compañías como Flybondi y OCP TECH S.A. no solo representan sus intereses comerciales, sino que también actúan como puente para acceder a contratos millonarios con organismos públicos como el Ministerio de Educación, la Procuración General de la Nación y la Universidad de Buenos Aires. La expansión de esta red empresarial evidencia la influencia de sus miembros en sectores estratégicos de la administración pública.

El alcance territorial de esta red es igualmente notable, con propiedades y operaciones distribuidas en puntos clave como Miami, Florida, Mar del Plata y la Ciudad de Buenos Aires. La propiedad de lujo en el edificio Continuum South Beach Condo, compartida entre Scatturice y Hadad, simboliza la dimensión internacional de estos vínculos. Además, ciudades argentinas como Avellaneda y Mar del Plata aparecen como escenarios donde se desarrollan proyectos y alianzas con implicaciones sociales y económicas profundas.

Las conexiones entre personas, empresas e instituciones se manifiestan en vínculos que varían desde la cooperación directa entre socios hasta la intermediación en contratos públicos, evidenciando un entramado donde se mezclan intereses privados y estatales. La estructura revela además una segmentación clara de roles y relaciones, consolidando una red que opera con sofisticación y alcance, cuestionando la transparencia y el control en espacios clave del poder y los negocios argentinos.

José Manuel Ubeira tergiversa una frase de Javier Milei en los alegatos de la Causa Sabag Montiel

En el marco de los alegatos del juicio oral por el atentado contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner —conocido como “Causa Sabag Montiel” (TOCF N°6)—, el abogado querellante José Manuel Ubeira realizó una afirmación que ha sido señalada como errónea y carente de rigor. Durante su exposición, expresó: “El actual presidente de la Nación dijo que él le iba a poner el último clavo en el cajón al kirchnerismo con Cristina Fernández de Kirchner adentro”. Sin embargo, la frase original atribuida a Javier Milei fue: “Me encantaría ponerle el último clavo al cajón del kirchnerismo con Cristina adentro”.

La diferencia entre ambas expresiones no es meramente gramatical: en la original, Milei manifiesta un deseo hipotético (“me encantaría”), mientras que en la reformulación de Ubeira se transforma en una afirmación de intención futura (“iba a poner”), modificando el sentido y alcance de la declaración. Esta alteración implica una tergiversación que, en el contexto de un proceso judicial, reviste especial gravedad. En la etapa de alegatos, las partes deben ceñirse a los hechos y pruebas incorporados a la causa, evitando introducir elementos ajenos o incorrectos que puedan influir en la percepción del tribunal.

Desde el punto de vista de la ética profesional, la incorporación de datos erróneos en un alegato no solo afecta la credibilidad del letrado, sino que puede interpretarse como una conducta contraria a los deberes de veracidad y objetividad exigidos a los abogados. Además, la inclusión de afirmaciones tergiversadas podría ser considerada un agravio hacia la persona aludida, con eventuales derivaciones en el plano disciplinario o incluso en acciones civiles por daño moral. Este tipo de manifestaciones no se encuentra amparado por el derecho de la querella, cuyo rol procesal exige argumentar con base en hechos debidamente acreditados y respetando la integridad de las declaraciones citadas.

Preocupantes afirmaciones del abogado de CFK, José Manuel Ubeira, en alegatos de la causa Sabag Montiel sobre la muerte del fiscal Nisman

En el marco de los alegatos del juicio oral por el atentado contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner —conocido como “Causa Sabag Montiel” (TOCF N°6)—, el abogado querellante José Manuel Ubeira formuló una declaración que generó críticas por su carácter improcedente. En su exposición, Ubeira sostuvo: “también se la puso al frente ahora con estos procesos de encubridora de luctuosos sucesos que ocurrieron en la República Argentina, como por ejemplo este el suicidio de Nisman, que acá en el edificio lo han transformado en homicidio, como todos sabemos”.

El señalamiento resulta cuestionable dado que se refiere a otro hecho —la muerte del fiscal Alberto Nisman— sobre el cual la justicia ya se ha pronunciado y que no guarda relación directa con el proceso que se ventila en el juicio actual. De acuerdo con principios jurídicos básicos, en la etapa de alegatos los abogados deben ceñirse a los hechos y pruebas incorporados a la causa, evitando extrapolar conclusiones o introducir afirmaciones sobre asuntos ajenos. Este tipo de intervenciones podría vulnerar normas de ética profesional, ya que implica intentar validar una afirmación controvertida utilizando como respaldo una definición personal sobre un hecho ya resuelto judicialmente.

El abogado Ubeira no es ajeno a las controversias por sus declaraciones públicas. En abril de 2023, una red de agrupaciones judiciales lo cuestionó duramente por afirmaciones consideradas equívocas e improcedentes, en el marco de la misma causa, según consignó Infobae. Aquella vez, las críticas giraron en torno a la utilización de expresiones y argumentaciones que excedían el marco procesal y podían interpretarse como ataques infundados o descontextualizados, una práctica que vuelve a ser señalada tras sus recientes dichos.

Denuncia por Irregularidades en la Demanda de Microsoft contra Empresa Argentina

Un caso judicial ha generado preocupación en el ámbito empresarial y legal de Argentina. Se trata de la demanda iniciada por Microsoft Corporation contra la empresa argentina Matriplast SACIIFMYS, en un proceso que ha suscitado serias dudas sobre la transparencia y la legalidad de las actuaciones judiciales.

La demanda, que se enmarca bajo el expediente CIV 011752/2021, fue presentada por el apoderado de Microsoft, Martín Alejandro Melloni Anzoátegui, con el patrocinio del Dr. Gonzalo Reberendo, del estudio Biniat, Paredes, Cárrega & Melloni Anzoátegui SC (BPCM). A primera vista, el caso parece seguir el curso habitual de una disputa por presunta violación de derechos de propiedad intelectual. Sin embargo, una revisión más profunda del expediente revela una serie de irregularidades que ponen en tela de juicio la objetividad del proceso.

Cuestionable Prueba Anticipada

El origen del conflicto reside en una prueba anticipada que, según la información disponible, es de dudosa legalidad. El expediente original que dio lugar a esta prueba no ha sido presentado, lo cual representa una violación al debido proceso. Esta prueba anticipada se habría ejecutado en las instalaciones de Matriplast, bajo la supervisión de la jueza Analía Romero y la oficial de justicia Monica Lopardo, del Juzgado Civil 40.

Un elemento particularmente alarmante se encuentra en un escrito pericial del 7 de octubre de 2021. En él, se observa un screenshot del conocido mensaje de "activación de Windows", una imagen que, por sí misma, no constituye una prueba fehaciente de la ilegalidad del software utilizado, aunque si un elemento llamativo cuando es por parte del perito que justamente debe detectar que no se use software sin licencia. Lo más preocupante es que ni el juzgado ni la Fiscalía Nacional de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 4, a cargo de la Dra. Mónica Susana Mauri, objetaron esta prueba. La falta de escrutinio por parte de las autoridades judiciales en este punto clave de la demanda resulta sumamente inquietante y sugiere una posible connivencia.

Fallas en la Demanda y Actuaciones del Juez y Fiscal

El texto de la demanda presenta múltiples debilidades que, a pesar de ello, no fueron suficientes para que las autoridades judiciales la desestimaran. Entre las deficiencias identificadas se encuentran la falta de cuantificación del daño moral, el uso de estadísticas sin contexto, una sobrevaloración del "peligro en la demora" sin pruebas concretas, la confusión de conceptos legales, la solicitud de daños punitivos sin base legal, y el cálculo de intereses sin sustento. A pesar de estas irregularidades, la justicia argentina ordenó una indemnización.

Esta decisión del Juzgado Civil 40 y la falta de objeción de la Fiscalía suscitan serias dudas sobre la integridad del proceso. Parece que la justicia ha avalado una violación de un domicilio privado sin causa justificada, permitiendo a Microsoft generar grandes pérdidas económicas a una empresa argentina con base en exigencias no probadas. Esto levanta sospechas de que el objetivo principal de la demanda podría ser más la obtención de un beneficio económico que la resolución de un problema legal genuino.

El caso de Matriplast es un llamado de atención sobre los posibles riesgos de una justicia que actúa sin la debida rigurosidad, permitiendo a grandes corporaciones internacionales ejercer una presión desmedida sobre empresas locales con fundamentos endebles. La situación actual, donde las irregularidades en el proceso son evidentes y no han sido objetadas por las autoridades competentes, genera un precedente peligroso para la seguridad jurídica en el país.

South Park destroza a funcionaria estadounidense anti-inmigrantes que se reunió con Patricia Bullrich

La serie animada satiriza duramente a Kristi Noem tras controversias diplomáticas y escándalos en el gobierno argentino

En el marco de una crisis económica y políticas migratorias endurecidas, el gobierno estadounidense ha intensificado su guerra contra los inmigrantes, colocando a Kristi Noem como secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Para endurecer su campaña, Noem apareció en spots publicitarios en distintos canales de la región en TV y streaming instando a que no migren a Estados Unidos porque serán deportados.

La visita diplomática a Argentina y los acuerdos binacionales

A su vez, Noem realizó una visita por distintos países de Sudamérica fijando su postura y se reunió con Patricia Bullrich, donde tuvo una cabalgata y comió asado en Campo de Mayo. La secretaria del DHS se reunió con el presidente argentino Javier Milei, el canciller Gerardo Werthein y la ministra de Seguridad Nacional Patricia Bullrich para iniciar el proceso de reingreso de Argentina al Programa de Exención de Visa.

Durante el encuentro bilateral se dialogó sobre el trabajo en la frontera norte, la lucha contra la pesca ilegal en el Atlántico Sur, el lavado de dinero vinculado al terrorismo y el combate al narcotráfico y al crimen organizado. Incluso se realizaron anuncios conjuntos con la embajada de Estados Unidos en Argentina para avanzar en el proceso que eliminaría la necesidad de visa para viajar a dicho país del norte.

El alineamiento con Estados Unidos e Israel y sus contradicciones

En la alineación que mantiene el gobierno de Javier Milei y Victoria Villarruel con Estados Unidos e Israel, todo parecería encaminarse bien. Sin embargo, han surgido varios inconvenientes que exponen las contradicciones de este "alineamiento".

El escándalo Cúneo Libarona-Tim Ballard

Uno de los conflictos más graves involucra la actividad del ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona, quien fue filmado en una actitud de "lobby" con Tim Ballard, exagente de la CIA y fundador de una ONG contra la trata, pero acusado de abuso y acoso sexual.

En las imágenes se observa a Cúneo Libarona ofreciéndole al activista estadounidense utilizar su influencia para "cambiar ese mal entendido que hubo en nuestro país" sobre su figura, prometiendo realizar gestiones directas con el Poder Judicial argentino: "Te podría conseguir algunas reuniones con jueces de distintos ámbitos".

Tim Ballard se hizo famoso por su cruzada contra las redes de pedofilia y por inspirar la película "Sonido de Libertad", pero hoy es denunciado por armar rescates falsos, recaudar fondos de forma ilegal y amenazar a mujeres.

Patricia Bullrich fue contundente ante una posible reunión de este personaje con Milei, declarando: "Este Gobierno no puede recibir a un abusador".

Las tensiones con Israel

Por otro lado, el gobierno israelí se encuentra en grandes conflictos tras la situación en la franja de Gaza y los acontecimientos en Palestina, lo que complica las relaciones diplomáticas regionales.

South Park desembarca con fuerza tras acuerdo millonario

Ante todo este panorama, la serie paródica South Park ha desembarcado de forma contundente y desafiante. La serie logró recientemente un acuerdo millonario con Paramount+ por 1.500 millones de dólares, que incluye cinco temporadas más y el traslado de toda la biblioteca de episodios a la plataforma de streaming.

En el estreno de temporada de la serie animada profana, Jesucristo instó a los habitantes de South Park a resolver una disputa legal con Trump, o de lo contrario "terminarán como Colbert", en referencia al reciente conflicto entre Paramount y el programa de Stephen Colbert.

La feroz sátira contra Kristi Noem

En el nuevo capítulo titulado "Got A Nut" de la temporada 27, South Park fue directo contra la actitud de Kristi Noem. La serie satiriza duramente a Noem, retratándola obsesionada con el bótox y disparando a perros, haciendo referencia directa a las controvertidas declaraciones autobiográficas de la funcionaria.

Noem manifestó en su biografía de forma orgullosa que había matado a un perro de 14 meses llamado Cricket porque era molesto y difícil de entrenar, y a una cabra "porque olía mal". Estos han sido los contundentes elementos centrales en el nuevo capítulo de la serie.

South Park compartió una escena exclusiva de los créditos finales de Paramount+ que muestra a Kristi Noem en una juerga de disparos en una tienda de mascotas, intensificando la crítica hacia la funcionaria estadounidense.

La crítica al sistema de inmigración

El episodio también muestra la falta de preparación del personal del organismo anti-inmigración ICE, donde personal sin formación ni preparación accede a un uniforme y un fusil. En la situación, personal que se queda sin empleo por los recortes de Trump va violentamente a una obra de "Dora la Exploradora" para arrestar a la multitud y luego va a la residencia del presidente Donald Trump en Florida, Mar-a-Lago, donde se lo ve entre lujos.

La respuesta de Noem y el impacto político

La secretaria de Seguridad Nacional no tardó en responder a la parodia. Kristi Noem dice que "South Park" necesita mejorar su juego, insistiendo en que son perezosos por solo criticar su apariencia.

Paradójicamente, Kristi Noem adoptó humorísticamente el avatar de South Park en medio de la sátira política, cambiando su imagen de perfil en redes sociales por el personaje animado que la representaba en la serie.

Realidades expuestas y contradicciones del poder

Si bien funcionarios estadounidenses han calificado de "izquierda" a la serie, South Park continúa mostrando realidades y exponiendo las contradicciones del poder. La serie tiene el potencial de molestar a Trump y sus colaboradores de una manera que pocos otros programas pueden lograr.

El episodio también incluyó referencias al vicepresidente JD Vance y al propio Donald Trump, manteniendo la tradición de la serie de satirizar figuras políticas prominentes sin filtros.

La controversia generada subraya cómo el entretenimiento y la política continúan entrelazándose en el discurso público estadounidense, especialmente cuando involucran políticas sensibles como la inmigración y las relaciones internacionales, mientras exponen los escándalos y contradicciones en las altas esferas del poder tanto estadounidense como argentino.

Quema ilegal en Córdoba: Denuncia penal y alerta ambiental por humos tóxicos en basural clandestino

La Municipalidad de Córdoba radicó una denuncia penal contra los responsables de un incendio intencional en un basural ilegal al norte de la ciudad, tras la emisión de humos contaminantes y un olor nauseabundo que afectó a múltiples barrios. Aunque las autoridades aseguran que los niveles de contaminación están "controlados", expertos advierten sobre los riesgos ambientales y sanitarios de estas prácticas recurrentes.

El origen: quema clandestina con compuestos peligrosos

El foco del conflicto se ubicó en un predio privado junto al Canal Maestro Norte, carente de autorización para el tratamiento de residuos. Bomberos y equipos ambientales hallaron una combustión lenta bajo tierra de desechos, liberando gases azufrados que generaron el penetrante olor —descrito por vecinos como similar a "coliflor hervido"— y columnas de humo visibles.

Análisis de la UTN y la UNC confirmaron la presencia de disulfuro y trisulfuro de dimetilo, compuestos con alta capacidad odorífera. Si bien los estudios descartaron niveles críticos de toxicidad en suelo, especialistas exigieron monitoreo continuo y reparación del área, ya que el fuego pudo haber liberado sustancias peligrosas al contacto con plásticos, agroquímicos o sintéticos.

Impacto ambiental: un problema recurrente

El fiscal Raúl Garzón ya investigaba casos similares en otros lotes, lo que expone un patrón de manejo irregular de residuos en la zona. Eduardo Sarría, director de Impacto Ambiental municipal, señaló que el incendio no fue superficial, sino en capas profundas de basura, lo que dificultó su control y prolongó la emisión de humo.

Riesgos identificados:

• Contaminación del aire: Los compuestos azufrados pueden irritar vías respiratorias y agravar enfermedades crónicas.

• Degradación del suelo: Acumulación de metales pesados o químicos no detectados inicialmente.

• Daño ecosistémico: Posible filtración de tóxicos al Canal Maestro Norte, afectando flora y fauna.

Acciones legales y reclamos vecinales

El municipio impondrá multas y costos de remediación a los dueños del terreno, mientras bomberos y policía trabajan para evitar nuevos ingresos de residuos. Vecinos de Alta Córdoba, Marqués de Sobremonte y el Cerro habían reportado el olor desde el martes, incluso con falsas alarmas por supuestas fugas de gas.

Aunque el gobierno local descartó un "peligro inminente" para la salud, la situación reavivó críticas por la proliferación de basurales clandestinos y la necesidad de políticas más estrictas. "Estos incidentes no son aislados; reflejan negligencia y falta de control", afirmó un ambientalista local bajo anonimato.

Conclusión: un llamado a la prevención

El caso evidencia cómo la quema ilegal de residuos —además de molestar— pone en riesgo recursos naturales y calidad de vida. Autoridades insisten en que los responsables serán sancionados, pero organizaciones civiles demandan auditorías permanentes y campañas de concientización para evitar que se repita.

Mientras tanto, Córdoba sigue respirando bajo la sombra de sus residuos mal gestionados.

Documentos revelan vínculos empresariales de dos décadas entre Leonardo Scatturice y Daniel Hadad

La abogada Natalia Volosin presentó una investigación respaldada por documentos inéditos que acreditan un vínculo sostenido durante más de veinte años entre el empresario aeronáutico Leonardo Scatturice, dueño de Flybondi, y el empresario de medios Daniel Hadad, fundador de Infobae. Según el material recopilado, ambos habrían participado en operaciones inmobiliarias millonarias, constitución de sociedades en paraísos fiscales y obtención de contratos con el Estado, en un marco de protección política y mediática.

Operaciones inmobiliarias en la Florida y vínculos societarios

La investigación señala que el nexo entre Scatturice y Hadad se remonta a las sociedades My Estates I Corp. y My Estates II Corp., radicadas en el estado de Florida, con operaciones superiores a los 10 millones de dólares. Una de estas empresas figura a nombre de un empleado de Infobae residente en Ciudadela, con ingresos mensuales estimados en cinco millones de pesos, quien aparece como único director de la sociedad propietaria de la residencia principal de Hadad en Miami: una unión de cuatro unidades en el edificio Continuum, adquirida en noviembre de 2016 por 15,3 millones de dólares.

Asimismo, se documentan transacciones por 10,4 millones de dólares realizadas por la cuñada de Hadad a través de sociedades registradas en la Florida y en las Islas Vírgenes Británicas. Uno de los domicilios utilizados —el que Hadad vendió a Scatturice— también habría servido para obtener préstamos de empresas constituidas en Delaware.

Vínculos con empresarios investigados por corrupción

Scatturice figura en sociedades con empresarios involucrados en causas judiciales relevantes. Entre ellos, Maximiliano González Kunz, a través de una sociedad creada en Panamá en 2019. González Kunz fue procesado por el juez Marcelo Aguinsky en la causa vinculada a negocios de Levy en Venezuela, aunque la Cámara revocó la medida y el expediente sigue abierto. Es dueño de Núcleo y Neutrón, impulsor del complejo comercial Bendú en Mar del Plata inaugurado por el presidente Javier Milei en 2024, y CEO de Andrómeda Group Latam (antes C3 IG LLC), que mantuvo vínculos con C3 Consulting S.A., señalada por presuntas actividades de inteligencia ilegal. Esta firma tuvo como domicilio el departamento de Miami que Hadad vendió a Scatturice.

Otros socios mencionados son Gabriel Znidarcic, empresario venezolano relacionado a la causa de la “embajada paralela” mediante la firma Frolem, y Gastón Marquevich. Volosin también documenta operaciones con los hermanos Tiné, que habrían permitido a Scatturice blanquear seis millones de dólares.

En la causa conocida como la “mafia de los contenedores”, Scatturice constituyó entre 2016 y 2017 tres sociedades junto a Aldo Javier Limardo, procesado en una derivación denominada “mafia de las mudanzas”. Limardo fue agente residente de C3 IG LLC en Florida, la misma sociedad vinculada a presuntas maniobras de inteligencia y a la difusión de información contra el funcionario Juan José Gómez Centurión, publicada en exclusiva por Infobae.

Contratos con el Estado y adquisiciones empresariales

Volosin describe un patrón de actuación consistente en adquirir empresas tecnológicas con antecedentes en licitaciones, incrementar su capital, desplazar a los socios fundadores y asegurar adjudicaciones estatales, en paralelo con coberturas mediáticas favorables.

Un caso relevante es OCP TECH S.A., continuadora de SYSTEMNET S.A., adquirida entre 2018 y 2019 a Federico Haymes Biedma. En 2022, Scatturice y Marquevich compraron el 33% restante por cuatro millones de dólares, aunque el pago no se concretó y generó una demanda en Estados Unidos. Bajo su control, OCP TECH obtuvo contratos con el Ministerio de Educación, la Procuración General de la Nación y la Universidad de Buenos Aires. Desde la asunción de Jorge Macri como jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, la empresa recibió adjudicaciones millonarias en dólares.

Durante la pandemia, SYSTEMNET y Andrómeda Group Latam recibieron la adjudicación para implementar el sistema de sesiones virtuales de la Cámara de Diputados. Andrómeda, continuadora en Panamá de C3 Consulting, carecía de antecedentes tecnológicos, pero fue presentada por Infobae con González Kunz como CEO. La adjudicación dependió de Juan Manuel Cheppi, hijo del entonces embajador argentino en Venezuela.

En abril de 2024, OCP TECH se asoció con Gabriel Pablo De Simone para desarrollar el sistema biométrico MIA ID, y en mayo de 2025 la empresa se preinscribió como proveedora del Estado.

Antecedentes mediáticos y proyección judicial

La investigación destaca que la cobertura periodística sobre el tema ha sido limitada, salvo por las notas de Rodis Recalt en la revista Noticias. El periodista reveló en julio de 2025 comunicaciones entre Hadad y Scatturice, así como la compra en 2017 de un departamento en Continuum South Beach Condo. También señaló que Scatturice presentó a Hadad a Mario De la Fuente, ex policía bonaerense que participó en la masacre de Avellaneda en 2002, y actual dueño de la marca de ropa Boken.

Volosin afirma haber detectado en Florida unas veinte sociedades vinculadas a Scatturice y a personas como Pamela Poveda y Laura Arrieta, sin actividad económica visible, lo que describió como una “estructura típica de lavado de dinero”. La abogada anunció que presentará una denuncia ante la Financial Crimes Enforcement Network (FINCEN) de Estados Unidos para exponer el circuito societario utilizado para transferir fondos.