Ola de inseguridad récord en La Matanza: 90 robos por día y un aumento del 120% en doce años

La Matanza atraviesa la peor crisis de inseguridad desde que existen registros oficiales. Según datos de la Procuración General bonaerense de 2024, en este distrito se denuncian en promedio 90 robos diarios, la cifra más alta de la Provincia y la más elevada desde 2012, año en que comenzaron a publicarse estadísticas detalladas sobre delitos contra la propiedad.

En ese período, las causas penales iniciadas por robo en el Departamento Judicial La Matanza —que abarca únicamente al partido homónimo— pasaron de 14.821 en 2012 a 32.500 en 2024, lo que representa un incremento del 120%. El fenómeno no se limita a los delitos patrimoniales: el municipio también lidera los homicidios, tanto en números absolutos como en tasa por habitante. En 2024 se registraron 143 crímenes (155 víctimas), con una tasa de 8,11 homicidios cada 100.000 habitantes, frente a un promedio provincial de 4,76.

La situación contrasta con las tendencias generales: mientras en la Provincia los robos crecieron un 12,9% en 2024 respecto al año anterior, en La Matanza el aumento fue del 31%. En los asaltos a mano armada, la brecha también es notoria: 17% de incremento en el distrito frente al 1,5% provincial. El 28,5% de los robos en La Matanza fueron cometidos con armas, superando ampliamente el 22% del promedio bonaerense. En los homicidios, el 80,4% de las muertes fueron perpetradas con armas de fuego, frente al 62,8% en el resto del Conurbano.

Los especialistas señalan que la combinación de alta densidad poblacional, circulación masiva de armas ilegales y falta de políticas sostenidas de prevención del delito explican parte de este panorama. La responsabilidad recae tanto en el gobierno provincial, a cargo de Axel Kicillof, como en la gestión municipal de Fernando Espinoza, en cuyo territorio los homicidios crecieron un 5,9% en 2024, mientras en toda la Provincia se registró una baja del 1%.

Más allá de las cifras, la violencia se refleja en hechos recientes que conmocionaron a la sociedad. Entre ellos, el asesinato de Rita Mabel Suárez (47), madre atacada delante de su hijo en Villa Luzuriaga; la muerte de Esmeralda Bustamante (23), baleada en Laferrere al intentar defender a su hermana policía; y el crimen de Thiago Correa, un niño de 7 años alcanzado por una bala en un tiroteo en San Justo. Casos que muestran que la crisis en materia de seguridad está lejos de resolverse.

Denuncian a Daniel Scioli por presunta corrupción y contratos millonarios a allegados

Un reciente informe periodístico ha sacado a la luz un presunto entramado de corrupción que involucra a Daniel Scioli, actual Secretario de Turismo, Ambiente y Deportes. La denuncia se centra en la supuesta adjudicación de contratos millonarios a una empresa de limpieza propiedad de uno de sus amigos más cercanos, Luis Alberto "Chiche" Peluso.

Según el video, esta práctica de favorecer a allegados no es nueva en la carrera política de Scioli. Se afirma que tanto durante su gestión como gobernador de la provincia de Buenos Aires como en su actual cargo bajo la administración de Javier Milei, ha utilizado su poder para otorgar licitaciones a la empresa de Peluso, Lincer S.A., incluso cuando las ofertas no eran las más económicas.

El informe detalla que esta dinámica se repite a lo largo de los años, utilizando mecanismos como las "contrataciones directas" o "licitaciones cerradas". Si bien estos métodos son legales, el video argumenta que son utilizados para eludir la transparencia y favorecer a un círculo íntimo. Esto se evidencia en la relación de Scioli con Peluso, que se remonta a décadas, y que ha resultado en contratos lucrativos con organismos como el INPROTUR y ANSES.

Además, el video traza un paralelismo con el caso de las Unidades de Pronta Atención (UPA) durante su gobernación, donde también se investigaron presuntas irregularidades y sobreprecios. La constante en todos estos casos, según la denuncia, es la falta de transparencia y el uso de fondos públicos para beneficiar a amigos y colaboradores cercanos.

El video concluye haciendo un llamado a una mayor transparencia, a fortalecer los mecanismos de control y a implementar procesos de licitación más públicos y estandarizados para evitar que el dinero del Estado termine en los bolsillos de los allegados al poder.

Éxodo en las fuerzas federales: salarios de pobreza y ventas por Instagram para sobrevivir

En las últimas semanas, fuentes internas de las fuerzas federales confirmaron un incremento inusual en las solicitudes de baja voluntaria por parte de efectivos de distintas jerarquías. La tendencia coincide con el contexto de ajuste estatal impulsado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, en línea con la política de reducción del gasto público que el presidente Javier Milei ha denominado “la motosierra”, generando una "rockera" forma de Despidos Silenciosos. Dado que la mayoría del personal de las fuerzas es "planta permanente" no pueden hacer con lo que hicieron en los ministerios: no renovarles los contratos (contratos viciados de por si porque existían personas en esa fraudulenta forma laboral "temporaria" hace más de 5 años).

La situación salarial del personal policial y militar revela un deterioro profundo. Según datos oficiales, una parte significativa de las jerarquías percibe haberes por debajo de la línea de pobreza establecida para la Ciudad de Buenos Aires. Cargos como Cadete de 1°, 2° y 3° curso se encuentran incluso en la franja de indigencia, con sueldos que van de $610.003,89 a $637.008,58. La mayoría de los rangos iniciales y medios —Aspirante, Auxiliar, Cabo, Sargento, Subinspector, Inspector y hasta Capellán Principal— perciben ingresos que los ubican en la categoría de pobreza no indigente, con salarios que no superan $1.193.290,96.

Esta realidad es atribuida por según el Boletín Oficial y fuentes gubernamentales oficiales a la responsabilidad conjunta de los funcionarios a cargo de la política salarial: Martín Siracusa, Patricia Bullrich y Carlos Manfroni, del Ministerio de Seguridad de la Nación, así como los integrantes de la Comisión Técnica Asesora de Política Salarial del Sector Público —Fernanda Ferreyra, Nicolás Farías, Benjamin Larsen, Carlos Guberman, Maximiliano Farina y Enrique Pinedo—. Estos últimos han respaldado públicamente los anuncios oficiales sobre un “superávit fiscal” que, en la práctica, solo se logra mediante la contención y reducción del gasto en salarios de militares, policías, médicos y docentes.

A las dificultades económicas se suman limitaciones estructurales. El personal de las fuerzas federales está obligado a mantenerse en el servicio ordinario y a realizar servicios adicionales para complementar ingresos. No obstante, muchos efectivos han recurrido a actividades paralelas, como la venta de productos por redes sociales, para sostenerse económicamente, siendo los productos más comunes remeras, perfumes, productos de belleza, juguetes: "economía popular" (o más bien por debajo de la superficie, o informal). Otros han optado por trabajar en aplicaciones de transporte de pasajeros (Uber, DiDi, Cabify)

Además, los afiliados a las obras sociales IOSFA y la Superintendencia de Bienestar no pueden derivar sus aportes a otras prestadoras, lo que limita sus opciones de atención médica.

El fenómeno de las bajas voluntarias y el descontento creciente en las fuerzas se configura como una señal de alerta institucional, en un momento en que la seguridad pública enfrenta desafíos complejos y la capacidad de retención de personal calificado se ve seriamente comprometida.

La red oculta de poder detrás de Leonardo Scatturice: vínculos, negocios y contratos millonarios que conmocionan al Estado

Leonardo Scatturice se posiciona como el epicentro de una compleja red de relaciones personales y empresariales que atraviesan sectores estratégicos del país. Su conexión con figuras como Daniel Hadad y otros socios clave revela un entramado donde alianzas personales se entrelazan con intereses corporativos, consolidando un poder que trasciende el ámbito privado. Estas relaciones han sido fundamentales para articular negocios inmobiliarios y operaciones con múltiples socios en diferentes ámbitos.

Las sociedades y empresas vinculadas a Scatturice funcionan como vehículos esenciales para el despliegue de negocios de alto impacto. Compañías como Flybondi y OCP TECH S.A. no solo representan sus intereses comerciales, sino que también actúan como puente para acceder a contratos millonarios con organismos públicos como el Ministerio de Educación, la Procuración General de la Nación y la Universidad de Buenos Aires. La expansión de esta red empresarial evidencia la influencia de sus miembros en sectores estratégicos de la administración pública.

El alcance territorial de esta red es igualmente notable, con propiedades y operaciones distribuidas en puntos clave como Miami, Florida, Mar del Plata y la Ciudad de Buenos Aires. La propiedad de lujo en el edificio Continuum South Beach Condo, compartida entre Scatturice y Hadad, simboliza la dimensión internacional de estos vínculos. Además, ciudades argentinas como Avellaneda y Mar del Plata aparecen como escenarios donde se desarrollan proyectos y alianzas con implicaciones sociales y económicas profundas.

Las conexiones entre personas, empresas e instituciones se manifiestan en vínculos que varían desde la cooperación directa entre socios hasta la intermediación en contratos públicos, evidenciando un entramado donde se mezclan intereses privados y estatales. La estructura revela además una segmentación clara de roles y relaciones, consolidando una red que opera con sofisticación y alcance, cuestionando la transparencia y el control en espacios clave del poder y los negocios argentinos.

José Manuel Ubeira tergiversa una frase de Javier Milei en los alegatos de la Causa Sabag Montiel

En el marco de los alegatos del juicio oral por el atentado contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner —conocido como “Causa Sabag Montiel” (TOCF N°6)—, el abogado querellante José Manuel Ubeira realizó una afirmación que ha sido señalada como errónea y carente de rigor. Durante su exposición, expresó: “El actual presidente de la Nación dijo que él le iba a poner el último clavo en el cajón al kirchnerismo con Cristina Fernández de Kirchner adentro”. Sin embargo, la frase original atribuida a Javier Milei fue: “Me encantaría ponerle el último clavo al cajón del kirchnerismo con Cristina adentro”.

La diferencia entre ambas expresiones no es meramente gramatical: en la original, Milei manifiesta un deseo hipotético (“me encantaría”), mientras que en la reformulación de Ubeira se transforma en una afirmación de intención futura (“iba a poner”), modificando el sentido y alcance de la declaración. Esta alteración implica una tergiversación que, en el contexto de un proceso judicial, reviste especial gravedad. En la etapa de alegatos, las partes deben ceñirse a los hechos y pruebas incorporados a la causa, evitando introducir elementos ajenos o incorrectos que puedan influir en la percepción del tribunal.

Desde el punto de vista de la ética profesional, la incorporación de datos erróneos en un alegato no solo afecta la credibilidad del letrado, sino que puede interpretarse como una conducta contraria a los deberes de veracidad y objetividad exigidos a los abogados. Además, la inclusión de afirmaciones tergiversadas podría ser considerada un agravio hacia la persona aludida, con eventuales derivaciones en el plano disciplinario o incluso en acciones civiles por daño moral. Este tipo de manifestaciones no se encuentra amparado por el derecho de la querella, cuyo rol procesal exige argumentar con base en hechos debidamente acreditados y respetando la integridad de las declaraciones citadas.

Preocupantes afirmaciones del abogado de CFK, José Manuel Ubeira, en alegatos de la causa Sabag Montiel sobre la muerte del fiscal Nisman

En el marco de los alegatos del juicio oral por el atentado contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner —conocido como “Causa Sabag Montiel” (TOCF N°6)—, el abogado querellante José Manuel Ubeira formuló una declaración que generó críticas por su carácter improcedente. En su exposición, Ubeira sostuvo: “también se la puso al frente ahora con estos procesos de encubridora de luctuosos sucesos que ocurrieron en la República Argentina, como por ejemplo este el suicidio de Nisman, que acá en el edificio lo han transformado en homicidio, como todos sabemos”.

El señalamiento resulta cuestionable dado que se refiere a otro hecho —la muerte del fiscal Alberto Nisman— sobre el cual la justicia ya se ha pronunciado y que no guarda relación directa con el proceso que se ventila en el juicio actual. De acuerdo con principios jurídicos básicos, en la etapa de alegatos los abogados deben ceñirse a los hechos y pruebas incorporados a la causa, evitando extrapolar conclusiones o introducir afirmaciones sobre asuntos ajenos. Este tipo de intervenciones podría vulnerar normas de ética profesional, ya que implica intentar validar una afirmación controvertida utilizando como respaldo una definición personal sobre un hecho ya resuelto judicialmente.

El abogado Ubeira no es ajeno a las controversias por sus declaraciones públicas. En abril de 2023, una red de agrupaciones judiciales lo cuestionó duramente por afirmaciones consideradas equívocas e improcedentes, en el marco de la misma causa, según consignó Infobae. Aquella vez, las críticas giraron en torno a la utilización de expresiones y argumentaciones que excedían el marco procesal y podían interpretarse como ataques infundados o descontextualizados, una práctica que vuelve a ser señalada tras sus recientes dichos.

Denuncia por Irregularidades en la Demanda de Microsoft contra Empresa Argentina

Un caso judicial ha generado preocupación en el ámbito empresarial y legal de Argentina. Se trata de la demanda iniciada por Microsoft Corporation contra la empresa argentina Matriplast SACIIFMYS, en un proceso que ha suscitado serias dudas sobre la transparencia y la legalidad de las actuaciones judiciales.

La demanda, que se enmarca bajo el expediente CIV 011752/2021, fue presentada por el apoderado de Microsoft, Martín Alejandro Melloni Anzoátegui, con el patrocinio del Dr. Gonzalo Reberendo, del estudio Biniat, Paredes, Cárrega & Melloni Anzoátegui SC (BPCM). A primera vista, el caso parece seguir el curso habitual de una disputa por presunta violación de derechos de propiedad intelectual. Sin embargo, una revisión más profunda del expediente revela una serie de irregularidades que ponen en tela de juicio la objetividad del proceso.

Cuestionable Prueba Anticipada

El origen del conflicto reside en una prueba anticipada que, según la información disponible, es de dudosa legalidad. El expediente original que dio lugar a esta prueba no ha sido presentado, lo cual representa una violación al debido proceso. Esta prueba anticipada se habría ejecutado en las instalaciones de Matriplast, bajo la supervisión de la jueza Analía Romero y la oficial de justicia Monica Lopardo, del Juzgado Civil 40.

Un elemento particularmente alarmante se encuentra en un escrito pericial del 7 de octubre de 2021. En él, se observa un screenshot del conocido mensaje de "activación de Windows", una imagen que, por sí misma, no constituye una prueba fehaciente de la ilegalidad del software utilizado, aunque si un elemento llamativo cuando es por parte del perito que justamente debe detectar que no se use software sin licencia. Lo más preocupante es que ni el juzgado ni la Fiscalía Nacional de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 4, a cargo de la Dra. Mónica Susana Mauri, objetaron esta prueba. La falta de escrutinio por parte de las autoridades judiciales en este punto clave de la demanda resulta sumamente inquietante y sugiere una posible connivencia.

Fallas en la Demanda y Actuaciones del Juez y Fiscal

El texto de la demanda presenta múltiples debilidades que, a pesar de ello, no fueron suficientes para que las autoridades judiciales la desestimaran. Entre las deficiencias identificadas se encuentran la falta de cuantificación del daño moral, el uso de estadísticas sin contexto, una sobrevaloración del "peligro en la demora" sin pruebas concretas, la confusión de conceptos legales, la solicitud de daños punitivos sin base legal, y el cálculo de intereses sin sustento. A pesar de estas irregularidades, la justicia argentina ordenó una indemnización.

Esta decisión del Juzgado Civil 40 y la falta de objeción de la Fiscalía suscitan serias dudas sobre la integridad del proceso. Parece que la justicia ha avalado una violación de un domicilio privado sin causa justificada, permitiendo a Microsoft generar grandes pérdidas económicas a una empresa argentina con base en exigencias no probadas. Esto levanta sospechas de que el objetivo principal de la demanda podría ser más la obtención de un beneficio económico que la resolución de un problema legal genuino.

El caso de Matriplast es un llamado de atención sobre los posibles riesgos de una justicia que actúa sin la debida rigurosidad, permitiendo a grandes corporaciones internacionales ejercer una presión desmedida sobre empresas locales con fundamentos endebles. La situación actual, donde las irregularidades en el proceso son evidentes y no han sido objetadas por las autoridades competentes, genera un precedente peligroso para la seguridad jurídica en el país.

South Park destroza a funcionaria estadounidense anti-inmigrantes que se reunió con Patricia Bullrich

La serie animada satiriza duramente a Kristi Noem tras controversias diplomáticas y escándalos en el gobierno argentino

En el marco de una crisis económica y políticas migratorias endurecidas, el gobierno estadounidense ha intensificado su guerra contra los inmigrantes, colocando a Kristi Noem como secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Para endurecer su campaña, Noem apareció en spots publicitarios en distintos canales de la región en TV y streaming instando a que no migren a Estados Unidos porque serán deportados.

La visita diplomática a Argentina y los acuerdos binacionales

A su vez, Noem realizó una visita por distintos países de Sudamérica fijando su postura y se reunió con Patricia Bullrich, donde tuvo una cabalgata y comió asado en Campo de Mayo. La secretaria del DHS se reunió con el presidente argentino Javier Milei, el canciller Gerardo Werthein y la ministra de Seguridad Nacional Patricia Bullrich para iniciar el proceso de reingreso de Argentina al Programa de Exención de Visa.

Durante el encuentro bilateral se dialogó sobre el trabajo en la frontera norte, la lucha contra la pesca ilegal en el Atlántico Sur, el lavado de dinero vinculado al terrorismo y el combate al narcotráfico y al crimen organizado. Incluso se realizaron anuncios conjuntos con la embajada de Estados Unidos en Argentina para avanzar en el proceso que eliminaría la necesidad de visa para viajar a dicho país del norte.

El alineamiento con Estados Unidos e Israel y sus contradicciones

En la alineación que mantiene el gobierno de Javier Milei y Victoria Villarruel con Estados Unidos e Israel, todo parecería encaminarse bien. Sin embargo, han surgido varios inconvenientes que exponen las contradicciones de este "alineamiento".

El escándalo Cúneo Libarona-Tim Ballard

Uno de los conflictos más graves involucra la actividad del ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona, quien fue filmado en una actitud de "lobby" con Tim Ballard, exagente de la CIA y fundador de una ONG contra la trata, pero acusado de abuso y acoso sexual.

En las imágenes se observa a Cúneo Libarona ofreciéndole al activista estadounidense utilizar su influencia para "cambiar ese mal entendido que hubo en nuestro país" sobre su figura, prometiendo realizar gestiones directas con el Poder Judicial argentino: "Te podría conseguir algunas reuniones con jueces de distintos ámbitos".

Tim Ballard se hizo famoso por su cruzada contra las redes de pedofilia y por inspirar la película "Sonido de Libertad", pero hoy es denunciado por armar rescates falsos, recaudar fondos de forma ilegal y amenazar a mujeres.

Patricia Bullrich fue contundente ante una posible reunión de este personaje con Milei, declarando: "Este Gobierno no puede recibir a un abusador".

Las tensiones con Israel

Por otro lado, el gobierno israelí se encuentra en grandes conflictos tras la situación en la franja de Gaza y los acontecimientos en Palestina, lo que complica las relaciones diplomáticas regionales.

South Park desembarca con fuerza tras acuerdo millonario

Ante todo este panorama, la serie paródica South Park ha desembarcado de forma contundente y desafiante. La serie logró recientemente un acuerdo millonario con Paramount+ por 1.500 millones de dólares, que incluye cinco temporadas más y el traslado de toda la biblioteca de episodios a la plataforma de streaming.

En el estreno de temporada de la serie animada profana, Jesucristo instó a los habitantes de South Park a resolver una disputa legal con Trump, o de lo contrario "terminarán como Colbert", en referencia al reciente conflicto entre Paramount y el programa de Stephen Colbert.

La feroz sátira contra Kristi Noem

En el nuevo capítulo titulado "Got A Nut" de la temporada 27, South Park fue directo contra la actitud de Kristi Noem. La serie satiriza duramente a Noem, retratándola obsesionada con el bótox y disparando a perros, haciendo referencia directa a las controvertidas declaraciones autobiográficas de la funcionaria.

Noem manifestó en su biografía de forma orgullosa que había matado a un perro de 14 meses llamado Cricket porque era molesto y difícil de entrenar, y a una cabra "porque olía mal". Estos han sido los contundentes elementos centrales en el nuevo capítulo de la serie.

South Park compartió una escena exclusiva de los créditos finales de Paramount+ que muestra a Kristi Noem en una juerga de disparos en una tienda de mascotas, intensificando la crítica hacia la funcionaria estadounidense.

La crítica al sistema de inmigración

El episodio también muestra la falta de preparación del personal del organismo anti-inmigración ICE, donde personal sin formación ni preparación accede a un uniforme y un fusil. En la situación, personal que se queda sin empleo por los recortes de Trump va violentamente a una obra de "Dora la Exploradora" para arrestar a la multitud y luego va a la residencia del presidente Donald Trump en Florida, Mar-a-Lago, donde se lo ve entre lujos.

La respuesta de Noem y el impacto político

La secretaria de Seguridad Nacional no tardó en responder a la parodia. Kristi Noem dice que "South Park" necesita mejorar su juego, insistiendo en que son perezosos por solo criticar su apariencia.

Paradójicamente, Kristi Noem adoptó humorísticamente el avatar de South Park en medio de la sátira política, cambiando su imagen de perfil en redes sociales por el personaje animado que la representaba en la serie.

Realidades expuestas y contradicciones del poder

Si bien funcionarios estadounidenses han calificado de "izquierda" a la serie, South Park continúa mostrando realidades y exponiendo las contradicciones del poder. La serie tiene el potencial de molestar a Trump y sus colaboradores de una manera que pocos otros programas pueden lograr.

El episodio también incluyó referencias al vicepresidente JD Vance y al propio Donald Trump, manteniendo la tradición de la serie de satirizar figuras políticas prominentes sin filtros.

La controversia generada subraya cómo el entretenimiento y la política continúan entrelazándose en el discurso público estadounidense, especialmente cuando involucran políticas sensibles como la inmigración y las relaciones internacionales, mientras exponen los escándalos y contradicciones en las altas esferas del poder tanto estadounidense como argentino.

Quema ilegal en Córdoba: Denuncia penal y alerta ambiental por humos tóxicos en basural clandestino

La Municipalidad de Córdoba radicó una denuncia penal contra los responsables de un incendio intencional en un basural ilegal al norte de la ciudad, tras la emisión de humos contaminantes y un olor nauseabundo que afectó a múltiples barrios. Aunque las autoridades aseguran que los niveles de contaminación están "controlados", expertos advierten sobre los riesgos ambientales y sanitarios de estas prácticas recurrentes.

El origen: quema clandestina con compuestos peligrosos

El foco del conflicto se ubicó en un predio privado junto al Canal Maestro Norte, carente de autorización para el tratamiento de residuos. Bomberos y equipos ambientales hallaron una combustión lenta bajo tierra de desechos, liberando gases azufrados que generaron el penetrante olor —descrito por vecinos como similar a "coliflor hervido"— y columnas de humo visibles.

Análisis de la UTN y la UNC confirmaron la presencia de disulfuro y trisulfuro de dimetilo, compuestos con alta capacidad odorífera. Si bien los estudios descartaron niveles críticos de toxicidad en suelo, especialistas exigieron monitoreo continuo y reparación del área, ya que el fuego pudo haber liberado sustancias peligrosas al contacto con plásticos, agroquímicos o sintéticos.

Impacto ambiental: un problema recurrente

El fiscal Raúl Garzón ya investigaba casos similares en otros lotes, lo que expone un patrón de manejo irregular de residuos en la zona. Eduardo Sarría, director de Impacto Ambiental municipal, señaló que el incendio no fue superficial, sino en capas profundas de basura, lo que dificultó su control y prolongó la emisión de humo.

Riesgos identificados:

• Contaminación del aire: Los compuestos azufrados pueden irritar vías respiratorias y agravar enfermedades crónicas.

• Degradación del suelo: Acumulación de metales pesados o químicos no detectados inicialmente.

• Daño ecosistémico: Posible filtración de tóxicos al Canal Maestro Norte, afectando flora y fauna.

Acciones legales y reclamos vecinales

El municipio impondrá multas y costos de remediación a los dueños del terreno, mientras bomberos y policía trabajan para evitar nuevos ingresos de residuos. Vecinos de Alta Córdoba, Marqués de Sobremonte y el Cerro habían reportado el olor desde el martes, incluso con falsas alarmas por supuestas fugas de gas.

Aunque el gobierno local descartó un "peligro inminente" para la salud, la situación reavivó críticas por la proliferación de basurales clandestinos y la necesidad de políticas más estrictas. "Estos incidentes no son aislados; reflejan negligencia y falta de control", afirmó un ambientalista local bajo anonimato.

Conclusión: un llamado a la prevención

El caso evidencia cómo la quema ilegal de residuos —además de molestar— pone en riesgo recursos naturales y calidad de vida. Autoridades insisten en que los responsables serán sancionados, pero organizaciones civiles demandan auditorías permanentes y campañas de concientización para evitar que se repita.

Mientras tanto, Córdoba sigue respirando bajo la sombra de sus residuos mal gestionados.

Documentos revelan vínculos empresariales de dos décadas entre Leonardo Scatturice y Daniel Hadad

La abogada Natalia Volosin presentó una investigación respaldada por documentos inéditos que acreditan un vínculo sostenido durante más de veinte años entre el empresario aeronáutico Leonardo Scatturice, dueño de Flybondi, y el empresario de medios Daniel Hadad, fundador de Infobae. Según el material recopilado, ambos habrían participado en operaciones inmobiliarias millonarias, constitución de sociedades en paraísos fiscales y obtención de contratos con el Estado, en un marco de protección política y mediática.

Operaciones inmobiliarias en la Florida y vínculos societarios

La investigación señala que el nexo entre Scatturice y Hadad se remonta a las sociedades My Estates I Corp. y My Estates II Corp., radicadas en el estado de Florida, con operaciones superiores a los 10 millones de dólares. Una de estas empresas figura a nombre de un empleado de Infobae residente en Ciudadela, con ingresos mensuales estimados en cinco millones de pesos, quien aparece como único director de la sociedad propietaria de la residencia principal de Hadad en Miami: una unión de cuatro unidades en el edificio Continuum, adquirida en noviembre de 2016 por 15,3 millones de dólares.

Asimismo, se documentan transacciones por 10,4 millones de dólares realizadas por la cuñada de Hadad a través de sociedades registradas en la Florida y en las Islas Vírgenes Británicas. Uno de los domicilios utilizados —el que Hadad vendió a Scatturice— también habría servido para obtener préstamos de empresas constituidas en Delaware.

Vínculos con empresarios investigados por corrupción

Scatturice figura en sociedades con empresarios involucrados en causas judiciales relevantes. Entre ellos, Maximiliano González Kunz, a través de una sociedad creada en Panamá en 2019. González Kunz fue procesado por el juez Marcelo Aguinsky en la causa vinculada a negocios de Levy en Venezuela, aunque la Cámara revocó la medida y el expediente sigue abierto. Es dueño de Núcleo y Neutrón, impulsor del complejo comercial Bendú en Mar del Plata inaugurado por el presidente Javier Milei en 2024, y CEO de Andrómeda Group Latam (antes C3 IG LLC), que mantuvo vínculos con C3 Consulting S.A., señalada por presuntas actividades de inteligencia ilegal. Esta firma tuvo como domicilio el departamento de Miami que Hadad vendió a Scatturice.

Otros socios mencionados son Gabriel Znidarcic, empresario venezolano relacionado a la causa de la “embajada paralela” mediante la firma Frolem, y Gastón Marquevich. Volosin también documenta operaciones con los hermanos Tiné, que habrían permitido a Scatturice blanquear seis millones de dólares.

En la causa conocida como la “mafia de los contenedores”, Scatturice constituyó entre 2016 y 2017 tres sociedades junto a Aldo Javier Limardo, procesado en una derivación denominada “mafia de las mudanzas”. Limardo fue agente residente de C3 IG LLC en Florida, la misma sociedad vinculada a presuntas maniobras de inteligencia y a la difusión de información contra el funcionario Juan José Gómez Centurión, publicada en exclusiva por Infobae.

Contratos con el Estado y adquisiciones empresariales

Volosin describe un patrón de actuación consistente en adquirir empresas tecnológicas con antecedentes en licitaciones, incrementar su capital, desplazar a los socios fundadores y asegurar adjudicaciones estatales, en paralelo con coberturas mediáticas favorables.

Un caso relevante es OCP TECH S.A., continuadora de SYSTEMNET S.A., adquirida entre 2018 y 2019 a Federico Haymes Biedma. En 2022, Scatturice y Marquevich compraron el 33% restante por cuatro millones de dólares, aunque el pago no se concretó y generó una demanda en Estados Unidos. Bajo su control, OCP TECH obtuvo contratos con el Ministerio de Educación, la Procuración General de la Nación y la Universidad de Buenos Aires. Desde la asunción de Jorge Macri como jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, la empresa recibió adjudicaciones millonarias en dólares.

Durante la pandemia, SYSTEMNET y Andrómeda Group Latam recibieron la adjudicación para implementar el sistema de sesiones virtuales de la Cámara de Diputados. Andrómeda, continuadora en Panamá de C3 Consulting, carecía de antecedentes tecnológicos, pero fue presentada por Infobae con González Kunz como CEO. La adjudicación dependió de Juan Manuel Cheppi, hijo del entonces embajador argentino en Venezuela.

En abril de 2024, OCP TECH se asoció con Gabriel Pablo De Simone para desarrollar el sistema biométrico MIA ID, y en mayo de 2025 la empresa se preinscribió como proveedora del Estado.

Antecedentes mediáticos y proyección judicial

La investigación destaca que la cobertura periodística sobre el tema ha sido limitada, salvo por las notas de Rodis Recalt en la revista Noticias. El periodista reveló en julio de 2025 comunicaciones entre Hadad y Scatturice, así como la compra en 2017 de un departamento en Continuum South Beach Condo. También señaló que Scatturice presentó a Hadad a Mario De la Fuente, ex policía bonaerense que participó en la masacre de Avellaneda en 2002, y actual dueño de la marca de ropa Boken.

Volosin afirma haber detectado en Florida unas veinte sociedades vinculadas a Scatturice y a personas como Pamela Poveda y Laura Arrieta, sin actividad económica visible, lo que describió como una “estructura típica de lavado de dinero”. La abogada anunció que presentará una denuncia ante la Financial Crimes Enforcement Network (FINCEN) de Estados Unidos para exponer el circuito societario utilizado para transferir fondos.

La seguridad en la minería: un campo de acción clave para los licenciados en Seguridad

En una nueva emisión del programa radial "Proteger", el licenciado en Seguridad Sergio Quiroga entrevistó a Martín López, profesional con amplia trayectoria en el ámbito de la seguridad aplicada a industrias críticas como el petróleo, la automotriz y, especialmente, la minería. La conversación ofreció una valiosa mirada sobre el rol cada vez más relevante de los licenciados en Seguridad en sectores estratégicos y de alta complejidad operativa.

Martín López, egresado de la Universidad de la Policía Federal Argentina en 2002, relató su recorrido laboral, que abarca desde su paso por Chevron Argentina (2006–2012), la minera canadiense Golcorp en Santa Cruz, y una automotriz japonesa, hasta su actualidad como consultor independiente en seguridad industrial, con fuerte enfoque en proyectos vinculados al litio.

Durante la entrevista, López puso especial énfasis en la importancia de la formación continua para los profesionales del área: “Esto no es recitar leyes o normas ISO. Es experiencia, adaptación constante y capacidad de respuesta ante situaciones dinámicas y muchas veces críticas”, afirmó.

Uno de los ejes centrales de la charla fue la minería y los desafíos particulares que representa desde el punto de vista de la seguridad. López explicó que el licenciado en Seguridad cumple una función transversal que exige interacción con todas las áreas de la operación: desde los responsables de seguridad e higiene, hasta los técnicos geotécnicos y la gerencia general. Este profesional no solo protege activos y personas, sino que también coordina respuestas ante emergencias, identifica riesgos operativos, previene sabotajes y debe estar preparado para gestionar crisis complejas, incluso aquellas originadas por conflictos sociales o amenazas internas.

“El responsable de seguridad debe mapear todas las partes interesadas, internas y externas. Una mala comunicación con las comunidades puede transformar un proyecto sustentable en un conflicto social de alto riesgo”, explicó, refiriéndose a las tensiones que suelen generar ciertas actividades extractivas en zonas sensibles.

En ese sentido, subrayó que las mineras deben operar con estándares internacionales, contar con seguridad perimetral por anillos, enlaces con fuerzas federales, sistemas de videovigilancia, capacitación permanente y protocolos de acción ante escenarios como derrumbes, sabotajes o uso indebido de explosivos. “Muchas veces el guardia es el primero en llegar a un accidente, debe saber primeros auxilios, usar herramientas de rescate y manejar teléfonos satelitales”, añadió.

También relató situaciones reales ocurridas en contextos de altura y aislamiento extremo, donde las decisiones de seguridad pueden significar la diferencia entre la vida y la muerte. La rigurosidad en los exámenes médicos para acceder a faenas mineras, las horas limitadas de trabajo por condiciones meteorológicas y los protocolos ante amenazas internas fueron otros puntos relevantes abordados.

Hacia el final de la entrevista, el licenciado destacó el potencial de desarrollo que tiene Argentina en el triángulo del litio (junto a Bolivia y Chile) y el enorme campo laboral que se abre para los licenciados en Seguridad. “Si se consolida la seguridad jurídica, llegarán inversiones y habrá una gran demanda de profesionales capacitados en seguridad minera. Hay muy pocos proyectos en producción y muchos esperando aprobación. La oportunidad está”, concluyó.

El programa "Proteger", conducido por Quiroga, continúa posicionándose como un espacio clave para reflexionar sobre las múltiples dimensiones de la seguridad en contextos sociales e industriales, dando voz a profesionales comprometidos con la prevención y la protección de personas, bienes y entornos estratégicos.