En las últimas semanas, fuentes internas de las fuerzas federales confirmaron un incremento inusual en las solicitudes de baja voluntaria por parte de efectivos de distintas jerarquías. La tendencia coincide con el contexto de ajuste estatal impulsado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, en línea con la política de reducción del gasto público que el presidente Javier Milei ha denominado “la motosierra”, generando una "rockera" forma de Despidos Silenciosos. Dado que la mayoría del personal de las fuerzas es "planta permanente" no pueden hacer con lo que hicieron en los ministerios: no renovarles los contratos (contratos viciados de por si porque existían personas en esa fraudulenta forma laboral "temporaria" hace más de 5 años).
La situación salarial del personal policial y militar revela un deterioro profundo. Según datos oficiales, una parte significativa de las jerarquías percibe haberes por debajo de la línea de pobreza establecida para la Ciudad de Buenos Aires. Cargos como Cadete de 1°, 2° y 3° curso se encuentran incluso en la franja de indigencia, con sueldos que van de $610.003,89 a $637.008,58. La mayoría de los rangos iniciales y medios —Aspirante, Auxiliar, Cabo, Sargento, Subinspector, Inspector y hasta Capellán Principal— perciben ingresos que los ubican en la categoría de pobreza no indigente, con salarios que no superan $1.193.290,96.
Esta realidad es atribuida por según el Boletín Oficial y fuentes gubernamentales oficiales a la responsabilidad conjunta de los funcionarios a cargo de la política salarial: Martín Siracusa, Patricia Bullrich y Carlos Manfroni, del Ministerio de Seguridad de la Nación, así como los integrantes de la Comisión Técnica Asesora de Política Salarial del Sector Público —Fernanda Ferreyra, Nicolás Farías, Benjamin Larsen, Carlos Guberman, Maximiliano Farina y Enrique Pinedo—. Estos últimos han respaldado públicamente los anuncios oficiales sobre un “superávit fiscal” que, en la práctica, solo se logra mediante la contención y reducción del gasto en salarios de militares, policías, médicos y docentes.
A las dificultades económicas se suman limitaciones estructurales. El personal de las fuerzas federales está obligado a mantenerse en el servicio ordinario y a realizar servicios adicionales para complementar ingresos. No obstante, muchos efectivos han recurrido a actividades paralelas, como la venta de productos por redes sociales, para sostenerse económicamente, siendo los productos más comunes remeras, perfumes, productos de belleza, juguetes: "economía popular" (o más bien por debajo de la superficie, o informal). Otros han optado por trabajar en aplicaciones de transporte de pasajeros (Uber, DiDi, Cabify)
Además, los afiliados a las obras sociales IOSFA y la Superintendencia de Bienestar no pueden derivar sus aportes a otras prestadoras, lo que limita sus opciones de atención médica.
El fenómeno de las bajas voluntarias y el descontento creciente en las fuerzas se configura como una señal de alerta institucional, en un momento en que la seguridad pública enfrenta desafíos complejos y la capacidad de retención de personal calificado se ve seriamente comprometida.
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