La participación del presidente Javier Milei en una caravana proselitista en Lomas de Zamora, el pasado miércoles 27 de agosto, quedó envuelta en cuestionamientos por la utilización de una camioneta Ford Ranger blanca, dominio AB035IH, que pertenece a la Policía Federal Argentina. El hecho constituye un ejemplo claro de utilización indebida de bienes estatales para fines partidarios, lo cual es contrario a la normativa vigente en materia de ética pública y administración de recursos.
La camioneta, además, posee un extenso historial de infracciones impagas que supera los 41 millones de pesos, con más de doscientas multas por excesos de velocidad y circulación indebida en carriles exclusivos. Este detalle, lejos de ser menor, revela un manejo desprolijo del parque automotor del Estado y suma gravedad al episodio, ya que el vehículo oficial no solo se empleó con fines proselitistas, sino que arrastra una cadena de incumplimientos sin sanción efectiva.
Normativa y obligaciones en el uso de bienes públicos
La Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública establece que todo funcionario debe administrar los recursos públicos con honestidad, prudencia y exclusivamente para el interés general. El uso de vehículos oficiales, en consecuencia, está limitado a tareas estrictamente vinculadas con el cumplimiento de funciones de Estado, como la seguridad, la logística gubernamental o el traslado institucional. Cualquier utilización con fines particulares, personales o de partido político constituye una desviación de poder y, en los casos más graves, un delito de malversación de caudales públicos.
A ello se suma el principio constitucional de igualdad política, que impide que quienes detentan el poder se sirvan de los recursos del Estado para obtener ventajas en la competencia electoral. Cuando un vehículo oficial se utiliza en una caravana de carácter partidario, se rompe ese equilibrio: los recursos que son de todos los contribuyentes se ponen al servicio de una facción política.
Sumado a todo esto la forma en la que estaban las personas arriba de la camioneta implica una infracción a la Ley Nacional de Tránsito. Más gravoso aún ser realizado por el presidente de la nación.
El acto proselitista y la presencia de dirigentes
Durante la caravana en la avenida Yrigoyen acompañaron a Milei figuras de relevancia como José Luis Espert, Karina Milei, Sebastián Pareja, Maximiliano Bondarenko y Santiago Oría. La presencia de estos referentes refuerza el carácter político del evento y elimina cualquier argumento que pudiera justificar la utilización del vehículo como un acto institucional.
Posibles argumentos de defensa del gobierno
Frente a los cuestionamientos, desde el oficialismo podrían esgrimirse diversas defensas. Una de ellas sería alegar que la camioneta fue utilizada con fines de seguridad presidencial. Otra, que el vehículo estaba asignado formalmente a la custodia y no al mandatario en sí mismo, lo cual lo colocaría dentro de un supuesto amparo legal. También podría sostenerse que la presencia de autoridades nacionales en actividades políticas es parte de la libertad de acción de todo ciudadano, sin que ello implique necesariamente un uso indebido de recursos.
Por qué esas defensas no son válidas
Ninguna de esas justificaciones resiste un análisis riguroso. En primer lugar, el uso de un vehículo oficial en una caravana política no puede considerarse parte de un operativo de seguridad, ya que se trata de un evento estrictamente partidario, no de una actividad institucional del Estado. En segundo lugar, aunque el vehículo esté asignado a una dependencia de custodia, ello no habilita su utilización para fines que excedan las funciones de protección y traslado en actos de carácter público o de gobierno. Y, finalmente, el argumento de la libertad individual de los funcionarios no alcanza para justificar la apropiación de recursos comunes en beneficio de un sector político, ya que el deber de probidad y transparencia impone límites a las acciones privadas de quienes ejercen el poder.
Consecuencias posibles
Este tipo de irregularidades no solo afectan la confianza pública, sino que también pueden derivar en consecuencias judiciales. La malversación de caudales públicos, el uso indebido de bienes del Estado y la falta de control sobre infracciones reiteradas son figuras tipificadas en la normativa penal y administrativa. A su vez, la Ley de Ética contempla sanciones que van desde la inhabilitación hasta la destitución de funcionarios en casos de faltas graves.
El episodio de Lomas de Zamora pone de manifiesto una práctica prohibida: la utilización de recursos estatales con fines partidarios. La camioneta de la Policía Federal, con sus infracciones acumuladas, no debió nunca formar parte de una caravana electoral. El hecho expone falencias graves en la ética pública y coloca bajo responsabilidad política y jurídica a la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y al jefe de la Policía Federal, Alejandro Rollé, quienes deberán responder por qué se permitió que un bien de todos los ciudadanos terminara al servicio de un acto político partidario.
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