A partir de abril de 2025, Argentina enfrentó una tragedia sanitaria de magnitud sin precedentes: se detectó que un lote de fentanilo clínico (lote 31202), producido por HLB Pharma Group S.A. y Laboratorios Ramallo S.A., estaba contaminado con bacterias multirresistentes como Klebsiella pneumoniae y Ralstonia pickettii. El brote inicial ocurrió en el Hospital Italiano de La Plata, donde decenas de pacientes desarrollaron cuadros graves de neumonía, y al menos 96 personas perdieron la vida. Este lote fue distribuido a más de 118 centros de salud, con decenas de miles de ampollas contaminadas administradas antes de que se interrumpiera su circulación.
Ante esta emergencia, la ANMAT suspendió la actividad de los laboratorios responsables y ordenó su clausura, tras detectar repetidas y graves irregularidades en prácticas sanitarias y de producción. No obstante, la suspensión se produjo ya después de que el lote contaminado había sido distribuido y utilizado.
En la investigación judicial, a cargo del juez federal Ernesto Kreplak en La Plata, fueron imputadas 17 personas, entre ellas integrantes de la familia García Furfaro y directivos y técnicos de los laboratorios. En ese núcleo se destaca Ariel Fernando García, dueño y principal decisor de HLB Pharma, Laboratorios Ramallo y Alfarma S.R.L., como responsable principal de la producción y comercialización del fentanilo contaminado. Junto a él figuran su madre Nilda Furfaro (accionista del 10 % de HLB Pharma), su abuela Olga Arena (presidenta formal de HLB Pharma), sus hermanos Damián García y Diego García, y María Victoria García, vinculados en diversos roles de toma de decisiones y gestión. También están imputados directivos como Horacio Antonio Tallarico, presidente y apoderado de Ramallo; Rodolfo Antonio Labrusciano, director suplente y accionista; Carolina Ansaldi, directora técnica; Víctor Boccaccio, exdirector técnico; Javier Tchukran, director de manufactura de HLB y director general de Ramallo; y personal técnico y laboral como Wilson Daniel Pons, Edgardo Sclafani, Eduardo Darchuk, Arzolidys Dayana Astudillo Bolívar, Rocío del Cielo Garay y Adriana Iúdica, todos ligados a la producción, control de calidad y registro de lotes contaminados.
En paralelo, emergió un antecedente oscuro que une a este grupo empresarial con un pasado marcado por irregularidades: el Laboratorio Apolo, ubicado en Rosario, al que estaban vinculados Ariel García Furfaro, Damián García y Jorge Manuel Salinas. Apolo fue escenario en 2016 de una explosión de caldera que hirió a vecinos y generó una causa por estrago culposo agravado y lesiones graves culposas contra sus directivos, entre ellos Marcelo Ferré, Jorge Gómez, los hermanos García y Marcela Vozza. En esa causa, algunos fueron sobreseídos mediante el “criterio de oportunidad” o alcanzados por una probation poco común.
Más aún, la Municipalidad de Rosario, representada por el intendente Pablo Javkin, presentó ante la justicia evidencia que revela la continuidad estructural entre el laboratorio Apolo y las firmas HLB Pharma y Ramallo. Según ese informe, todas las empresas compartían una misma red operativa, incluso después del supuesto accidente en Apolo, y mantenían registros activos de producción farmacéutica. Además, se denunciaron vínculos con el “tráfico de efedrina” y conexiones con personajes como Mario Segovia, el "Rey de la Efedrina", y con el triple crimen de General Rodríguez, en una causa que involucró la exportación ilegal de efedrina a cárteles mexicanos.
Esta vinculación revela una continuidad no solo corporativa, sino también de prácticas cuestionadas: desde Apolo —que ya tenía investigaciones por contrabando de suero a Paraguay y evasión de fondos— hasta la actual crisis por el fentanilo adulterado, una cadena de negligencias parece haber persistido en las empresas lideradas por Ariel García Furfaro y Jorge Salinas.
Ariel García Furfaro, titular de HLB Pharma, mantiene una conexión con Top Air S.A., la empresa de vuelos privados del empresario kirchnerista Lázaro Báez, como lo demuestra que ambas firmas compartieran direcciones legales, principalmente la de Yerbal 1021 en la Ciudad de Buenos Aires, domicilio de la madre de García, Nilda Furfaro.
Además, en el marco del escándalo por el fentanilo contaminado, fue tramitada una venta societaria de HLB Pharma a Sebastián Nanini, abogado vinculado al entorno de los García y conocido por haber defendido a miembros de la familia Báez. Por otro lado, el entorno de García Furfaro ha estado vinculado con funcionarios del kirchnerismo: en 2020 integró una delegación oficial del Ministerio de Salud para gestionar la vacuna Sputnik V y, en 2024, fue fotografiado reunido con Cristina Fernández de Kirchner en el Instituto Patria
Mientras tanto, la causa judicial sigue su curso con allanamientos, indagatorias y medidas cautelares como inhibiciones de bienes y prohibición de salida del país para los imputados. Al mismo tiempo, la opinión pública y familiares de las víctimas exigen transparencia, responsabilidad institucional y reformas profundas en el sistema de regulación farmacéutica.
En definitiva, el caso del fentanilo contaminado no solo expone fallas sanitarias y éticas en el sector farmacéutico argentino, sino que ilumina una red empresarial con raíces en prácticas sospechosas, cuya extensión aún se encuentra bajo investigación.
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