Los fiscales de Santa Fe solicitaron la prohibición de salida del país y embargo por 200 mil dólares a Marcelo Saín, ex ministro de Seguridad de la Provincia de Santa Fe y actualmente asesor en el Ministerio de Seguridad de la nación conducido por Aníbal Fernández.
Saín, conocido por sus agravios frecuentes hacia el personal policial, desde denominrlos “Negros pueblerinos” así como también manifestar que “Ustedes juegan en Primera D y yo en Primera A”, en referencia a los policías de la provincia de Santa Fe, también cuenta con libros en los cuales grafica a los policías como "monos con navajas".
Marcelo Saín fue inicialmente echado del Ministerio de Seguridad, y luego también fue echado del Ministerio Público de la Acusación tras ser Director de Investigaciones en dicho organismo, ya que según afirmaron los legisladores nunca abandonó la política como miembro del poder judicial.
Tras los allanamientos en el Ministerio de Seguridad por irregularidades en licitaciones de armas en Santa Fe, en medio de una grave crisis de seguridad, se produjo una renuncia masiva de 12 funcionarios vinculados a Saín en dicho organismo, y luego derivó en que Aníbal lo "adoptara" en el Ministerio de Seguridad de Nación.
Marcelo Saín, es un politólogo autodenominado experto en seguridad. Desde una visión teórica siempre fustigo hacia las instituciones policiales y de seguridad, al igual que la mala gestión de Sabina Frederic, son "sobrevivientes en los subsuelos de la Casa Rosada".
La mala praxis política de Frederic (otra teórica aficionada de seguridad, pero antropóloga como profesión) fue notoria: desconocía el término K9, justificó con los fundamentos de las ONGs "de DDHH" la quita de las taser, y quién inculpó al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ante la muerte del policía Juan Pablo Roldán, así como la inacción del inexplicable funeral en la Casa Rosada de Diego Maradona.
Marcelo Saín fue defendido por redes de ONGs tales como INECIP e ILSED, algunas de las cuales fueron cuestionadas por que uno de sus miembros, Alberto Binder, participa activamente en tramados de ONGs y mesas consultivas en la Agencia Federal de Inteligencia. Miembro de las mismas redes de dichas ONGs y sus tentáculos son quiénes trabajan a la par de Gustavo Saín, Director Nacional de Ciberseguridad, hijo de agrupaciones de ONGs que simulan ser de DDHH. En los sótanos de la democracia, en medio de reuniones ad-hoc y mesas consultivas, estas ONGs trabajan como ministros sin cartera, y cuando algo sale mal, no se hacen cargo, porque "no son funcionarios".
En esta caso la suerte de Marcelo Saín no fue de la mejor, la diputada provincial Lionella Cattalini manifesto en el programa lo que sería una mala noticia para el, los fiscales solicitan la prohibición de salida del país y embargo por 200 mil dólares.
En la entrevista en LT8 Rosario explicó que "en marzo de 2021 denunciamos esta compra ilegal de armas, que llevaba el gobierno, que fue suspendida en su momento por la propia justicia y luego el tribunal de cuentas". También explicó que "dio cuenta de un silencio del gobernador". Explicó que "hoy la justicia avanza imputando a Saín".
La legisladora explicó a su vez que "la licitación estaba hecha cómo un traje a medida", "hay algunas relaciones que van más allá de esta licitación completa".
Continuando la legisladora explicó que aunque el delito no se concretó si aplica la tentativa. Al mismo tiempo se explicó que el juez decida sobre los imputados tales cómo Marcelo Saín y los funcionarios denunciados en Marzo de 2021.
Actualmente las ONGs y varios de sus miembros siguen polulando por organismos públicos, siendo el caso más clave el de Horacio Verbitsky cuya vinculación le permitió obtener ser el célebre vacunado VIP que derivó en la renuncia del Ministro de Salud Ginés González García.
Verbitsk, ministro sin cartera por excelencia, pidió licencia en el CELS (ONG que realiza terrorismo ideológico y judicial mediante autodenominado de DDHH), para luego renunciar. Sin ninguna consecuencia sobre su accionar. Algo similar de lo que sucedió con José Schulman presidente de la Liga Argentina por los Derechos Humanos (LADH).
En la actualidad varios organismos públicos utilizan los servicios no públicos de diversas ONGs tales como el Ministerio Público Fiscal, la Agencia Federal de Inteligencia, autoridades del Poder Judicial y varios Ministerios.
Muchos políticos buscan tener el visto bueno de estos organismos, ya que saben que por la propia cultura de la cancelación que realizan sus carreras políticas podrían verse en picada en caso de no responder a lo que estos les solicitan.
De esta forma, mediante el Gobierno de las ONGs, se degrada la democracia: toman decisiones o influencian en las políticas públicas sin absolutamente ninguna responsabilidad sobre las consecuencias. Cualquier cosa el culpable será el funcionario que los convocó.
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