El Ministerio Público Fiscal imputó al empresario Gustavo Shanahan y a Jordi Pujol Ferrusola por utilizar la concesión de Terminal Puerto Rosario (TPR) para blanquear divisas ilícitas durante 16 años. Solicitan embargos por 100 millones de dólares.
Una extensa investigación llevada adelante por los fiscales federales Diego Velasco, Matías Scilabra, Juan Argibay Molina, Federico Reynares Solari y Matías Mené reveló que la terminal de Terminal Puerto Rosario (TPR S.A.) funcionó durante casi dos décadas como una plataforma para el blanqueo de capitales provenientes de la corrupción política española y, posteriormente, del narcotráfico local.
El Ministerio Público Fiscal (MPF) solicitó una serie de detenciones y dictó un embargo preventivo por 152.000 millones de pesos (equivalentes a unos 100 millones de dólares) destinado a garantizar el decomiso de los activos involucrados y la aplicación de multas.
Las personas, empresas e instituciones involucradas
El esquema investigado conecta el cobro de sobornos en Europa con la principal salida agroexportadora de la Argentina y estructuras financieras ilegales.
Principales imputados
Gustavo Pedro Shanahan: Contador público de 67 años y expresidente de TPR S.A. Actuó como el operador local y testaferro clave de la maniobra. En 2023 fue condenado a siete años de prisión por financiar las operaciones de compra de cocaína para la organización criminal encabezada por el peruano Julio Rodríguez Granthon, utilizando una cueva financiera en Rosario.
Jordi Pujol Ferrusola: Hijo de Jordi Pujol Soley (expresidente de la Generalitat de Cataluña). Según fallos de la Audiencia Nacional de Madrid, inyectó en Argentina fondos ilícitos provenientes de comisiones y sobornos adjudicados en obras públicas en España.
Entorno familiar de Shanahan: Su esposa, Graciela Niobe Tuero, y sus hijos Esteban Gustavo Shanahan (quien asumió la presidencia de la firma Pro Puerto S.A. en 2020) y Lucila Olga Shanahan, imputados por actuar en la transferencia simulada de inmuebles, vehículos de alta gama, lotes en barrios privados y contratos ficticios para ocultar el origen del dinero.
Iván Ferrarons ("Iván Dólar"): Exrugbier con pedido de captura internacional, señalado como el nexo operativo encargado de receptar, contabilizar y bancarizar el efectivo del narcotráfico en la cueva financiera de Shanahan.
Sociedades pantalla y firmas relacionadas
Brantridge Holdings Ltd.: Firma offshore utilizada por Pujol Ferrusola para la inyección inicial de 1.850.000 euros en 2005 hacia la firma argentina Loster Company S.A.
Pro Puerto S.A., Interlogística Portuaria S.A. e Inter Rosario Port Services S.A.: Sociedades constitutivas del paquete accionario de TPR. Salvo la primera, fueron radicadas en Tarragona (España) y compartían el mismo domicilio fiscal ficticio en Buenos Aires.
Vicentin: Grupo agroexportador argentino que adquirió tramos del paquete accionario de TPR entre 2010 y 2012, convirtiendo el capital invertido por la corrupción española en dinero legitimado por compraventa de acciones.
Increase S.A., Natural Food S.R.L. y Los Araucos S.R.L.: Empresas receptoras de falsos contratos de mutuo (préstamos intersocietarios) por más de $35 millones entre 2018 y 2019, diseñados para fragmentar y retirar el efectivo por ventanilla sin dejar rastro contable.
Bank of New York Mellon: Entidad financiera receptora en Estados Unidos de giros por USD 850.000 mediante falsos convenios de "reconocimiento de deuda" a favor de Shanahan.
La mecánica del blanqueo: de Cataluña y el narcotráfico a la hidrovía
La maniobra criminal se dividió en tres etapas operativas continuadas entre 2004 y 2020:
Inyección inicial (2004-2005): Pujol Ferrusola ingresó euros de la corrupción catalana a través de la offshore Brantridge Holdings Ltd. para financiar la ampliación de capital requerida por la concesión portuaria.
Transformación del activo (2010-2012): El paquete accionario de TPR se vendió de forma escalonada a firmas vinculadas al grupo Vicentin. El dinero ilícito original adquirió apariencia legítima bajo el concepto de "precio de venta de acciones".
Confluencia narco y triangulación (2015-2020): Shanahan reinsertó ganancias del narcotráfico mediante compras sistemáticas de fichas en salas VIP del Casino de Rosario por más de $23 millones. Asimismo, mediante simulaciones de deuda, repatrió capitales hacia Estados Unidos y movilizó cuotas restantes en el mercado local con prestamos simulados (mutuos).
Falencias institucionales y fallas de control estatal
La investigación expone graves vacíos de control institucional que permitieron la continuidad del esquema durante 16 años dentro de un puerto bajo concesión pública:
| Organismo / Entidad | Falencia / Inacción detectada |
| Ente Administrador del Puerto de Rosario (ENAPRO) | Omitió verificar la capacidad técnico-financiera real de las empresas adjudicatarias. Ignoró las alertas iniciales sobre la falta de vinculación institucional real con la Autoridad Portuaria de Tarragona. |
| Unidad de Información Financiera (UIF) y Control Bancario | Ausencia de monitoreo sobre las transferencias offshore entrantes y los fraccionamientos bancarios por ventanilla. |
| Banco de la Nación Argentina | Pese a que un informe técnico de 2020 detectó "valuaciones contables erráticas" e inconsistencias no declaradas en la valuación de TPR, la advertencia no generó denuncias ni investigaciones administrativas inmediatas. |
| Justicia Federal de Rosario | Ausencia de cruce de datos preventivo entre expedientes comerciales, bancarios y causas penales por narcotráfico en la jurisdicción. |
Mecanismos de control preventivo y pautas de no repetición
Para evitar la instrumentalización de infraestructura pública estratégica por parte de redes de delincuencia organizada, se sugieren las siguientes medidas de control:
Identificación obligatoria del Beneficiario Final (UBO): Imponer por pliego concesionario la obligación de auditar hasta el último eslabón de personas humanas detrás de cualquier estructura jurídica local o extranjera, prohibiendo la participación de firmas radicadas en guaridas fiscales o sin actividad comercial comprobable.
Auditorías externas continuas en el ENAPRO: Reestructurar los organismos de administración portuaria incorporando unidades técnicas independientes de auditoría contable e informática, desvinculadas de la política local.
Sistema de Alertas Cruzadas e Integración con la UIF: Implementar un protocolo de reporte automático obligando a los entes reguladores a cruzar datos de balances, mutuos comerciales e ingresos de capitales extranjeros con la UIF y los organismos de administración tributaria.
Supervisión en tiempo real de contratos de concesión: Disponer la caducidad automática de la concesión ante cualquier alteración accionaria opaca o cesión de cuotas no notificada formalmente al Estado.
Trazabilidad sobre flujos del sector de entretenimiento y casinos: Endurecer los montos máximos operativos y el seguimiento nominativo de divisas cambiadas por fichas en salones VIP de apuestas, vinculándolos directamente con las declaraciones juradas patrimoniales de los apostadores.
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