Las recientes afirmaciones del ministro de Economía de la Provincia de Santa Fe, Pablo Olivares, han desatado una profunda preocupación en sectores empresariales, jurídicos y económicos. En un intento de responder a la decisión de Mercado Libre de visibilizar la carga impositiva provincial en sus plataformas, Olivares sostuvo que “las fotos de los allanamientos en la provincia de Santa Fe muestran una escena cada vez más frecuente: armas, droga y dispositivos de Mercado Pago”, vinculando de forma directa a herramientas legales de pago digital con el narcotráfico.
Esta declaración, además de ser impropia para un funcionario de alto rango, carece de rigurosidad y afecta gravemente los principios básicos de responsabilidad institucional. La sola mención de un instrumento financiero lícito y ampliamente extendido en el comercio formal como un elemento vinculado a la criminalidad implica una estigmatización sin fundamentos que pone en riesgo el vínculo de cooperación entre el sector privado y las autoridades estatales.
Las empresas proveedoras de servicios de pago digital, entre ellas Mercado Pago, mantienen desde hace años canales formales de colaboración con la Justicia y las fuerzas de seguridad. En numerosas investigaciones judiciales, estos actores han brindado información valiosa que permitió el avance de causas complejas, incluyendo delitos financieros y crimen organizado. Vincular sin distinción a estas plataformas con delitos penales no solo resulta irresponsable: debilita esa cooperación y desalienta la inversión tecnológica en un país que necesita con urgencia fortalecer su economía formal.
La controversia se encuadra en un contexto de tensión creciente entre la empresa y el gobierno santafesino, luego de que Mercado Libre anunciara que comenzará a desglosar en sus plataformas los tributos nacionales y provinciales que gravan las operaciones, buscando una mayor transparencia para consumidores y comerciantes. Esta decisión responde a las disparidades crecientes en las alícuotas de Ingresos Brutos entre provincias, un impuesto regresivo y distorsivo cuya acumulación encarece los precios finales y resta competitividad a las economías locales.
En lugar de abrir un diálogo productivo sobre el impacto de la presión fiscal provincial, el gobierno santafesino optó por una respuesta confrontativa, que intenta instalar en la opinión pública una relación falaz entre tecnología financiera y criminalidad. Las consecuencias de este tipo de discursos son múltiples: generan inseguridad jurídica, atentan contra el clima de negocios y profundizan la desconfianza en la política como herramienta para resolver problemas concretos.
Los desafíos que enfrenta Santa Fe, y el país en general, en materia de seguridad y desarrollo económico, requieren de responsabilidad, diálogo y articulación público-privada. Declaraciones como las de Olivares van en sentido contrario: desinforman, dañan la reputación de empresas que cumplen con la ley, y alejan las soluciones. La gravedad del problema del narcotráfico no se combate con acusaciones ligeras ni con discursos punitivistas vacíos, sino con inteligencia, coordinación y confianza institucional.
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